Panorama Económico Latinoamericano – del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2024

La pobreza en América Latina en el informe de la CEPAL 2024

A pesar de los avances, todavía hay 172 millones de personas en situación de pobreza en la región y 66 millones no cuentan con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden del último informe anual de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que pone el foco sobre la crisis que enfrenta la región y que se plasma en las “tres trampas del desarrollo”. La primera refiere a la baja capacidad para crecer y apuntalar las capacidades productivas a mediano plazo. La segunda, por su parte, tiene que ver con las dimensiones socioeconómicas, en particular con la pobreza, la desigualdad y la baja movilidad y cohesión social. Por último, la tercera trampa identificada está asociada a la baja capacidad institucional y a los problemas de gobernanza.

La evolución de la pobreza

Según las estimaciones del organismo, la pobreza afectó al 27,3% de los latinoamericanos en 2023 (172 millones de personas) y la indigencia alcanzó al 10,6%. Esto implica una reducción con respecto a 2022 y prolonga una tendencia que viene desde 2021, tras el pico alcanzado en el marco de la pandemia (cuando la pobreza se situó en 32,8% y la pobreza extrema en 13,2%). De hecho, según enfatiza el documento, la tasa de pobreza es una de las más bajas desde que se tienen registros comparables, siendo similar a la de 2014 (previo al cambio del ciclo económico que se fue consolidando hacia 2015 producto del deterioro de las condiciones externas).

La caída de la pobreza constatada durante el año pasado se explica por una mejora bastante generalizada, en tanto fueron siete de los 12 países considerados que exhibieron una mejora en esta dimensión. No obstante, es importante destacar que el gran diferencial fue la disminución de las privaciones en Brasil, que explican cerca del 80% de la caída agregada regional. En ese caso, el papel de las transferencias no contributivas ha sido clave para reducir las privaciones materiales tras el shock de la pandemia. De acuerdo con la Cepal, si la situación de la pobreza en Brasil no hubiese cambiado, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4%, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en 2022, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios en 11,1%.

En cuanto a la distribución de la población cuyos ingresos no superan la línea de pobreza, la problemática alcanza al 22,2% de las mujeres y al 18,3% de los hombres. En ambos casos, estas cifras representan una mejora frente a los niveles vigentes en 2021 y 2022. Por otra parte, la incidencia de la pobreza entre los menores de 18 años asciende al 40,6%, luego de reducirse por segundo año consecutivo tras el pico de 46,1% alcanzado durante 2021. A este respecto, en 17 de los países considerados las tasas de pobreza de los menores de 18 años eran entre 1,3 y 2,5 veces más altas que las correspondientes a las personas de 18 a 59 años, y entre 1,3 y 10,4 veces más altas con relación a las personas mayores de 60 años.

Según advierte el reporte, las diferencias más relevantes entre las tasas de pobreza de los menores de 18 años y de las personas de 18 a 59 años se verificaban en Uruguay, Costa Rica y Panamá. Además, las brechas más grandes entre la pobreza en la infancia y adolescencia y la que afecta a los mayores de 60 años también se encuentran en Uruguay y Panamá, a los que se suma en este caso también Brasil. Finalmente, la pobreza está más concentrada en las zonas rurales (39,1%) que en las urbanas (24,6%).

Para este año, y dadas las modestas perspectivas de crecimiento (1,7% para el conjunto de América Latina), se espera una mejora gradual en el frente de la pobreza –que se reduciría hasta 26,8%– y una relativa estabilidad en el caso de la indigencia, que se situaría en torno a 10,4%, apenas dos décimas por debajo del registro previo.

En función de los cálculos realizados por la Cepal, para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión para la protección social no contributiva de entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% del gasto público total. “En promedio, los ministerios de Desarrollo Social de 20 países de América Latina y el Caribe gastaban en la protección social no contributiva 0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022”.

Evolución reciente de la desigualdad

En este caso, la actualización de la información no introdujo cambios significativos con relación a 2022: la desigualdad de ingresos continúa siendo persistentemente alta en la región. De hecho, entre 2014 y 2023 el índice de Gini ha mejorado apenas un 4%, pasando de 0,471 a 0,452.

A nivel nacional, la desigualdad de ingresos en 2022 y 2023 fue mayor en los casos de Colombia (0,553) y Brasil (0,515), que se sitúan en el extremo más desigual del ordenamiento. Del otro lado aparecen Argentina y Uruguay, con un índice de Gini promedio de 0,403, y República Dominicana (0,387). Esto es lo que muestra la foto. Sin embargo, la película es un poco distinta. En ese sentido, al comparar la variación anual de este indicador, la desigualdad se mantuvo relativamente incambiada para el promedio regional (-0,1%), aunque los resultados por país son muy dispares. Por un lado, el índice de Gini cayó más en Colombia y Paraguay (-1,8% y -1,7%, respectivamente). Por el otro, El Salvador y Argentina experimentaron los aumentos más relevantes: 3% y 6,3%.

Naturalmente, la desigualdad de riqueza es significativamente más alta que la de ingreso. En 2021, el 1% más rico concentró el 33% de la riqueza total (32,7% en 2020) y el 18,9% del ingreso (19,9% en 2020). Con relación a 2014, año bisagra para la región, estos guarismos representan una mejora marginal, dado que por aquel entonces el 1% más rico capturaba el 35% de la riqueza y el 20,1% del ingreso.

Al desagregar la información, también quedan de relieve las heterogeneidades a nivel país. A modo de ejemplo, en Chile, Brasil y México el 1% más rico concentra aproximadamente el 50% de la riqueza total, porcentaje que desciende al 27%-28% en los casos de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Según las estimaciones del organismo, la concentración fue más baja en el caso de Ecuador, donde ese guarismo supera levemente el 20%.

Protección social

Esta es otra de las dimensiones sobre las que pone foco el informe, destacando también la fuerte persistencia de la problemática, más allá de los vaivenes del ciclo económico. En concreto, uno de cada cuatro hogares de la región no contaba con acceso a la protección social. En los hogares del primer quintil, es decir, en el 20% de los hogares más pobres, esa relación es de uno cada tres.

En el caso de la protección social no contributiva, el organismo enfatiza la necesidad de fortalecer las redes de sostén, dado que la mitad de los hogares más vulnerables accede a la protección por esta vía. “Esto quiere decir que las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales y avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad”. Para tener como referencia, el 27,1% de las personas vivía en un hogar que recibía algún programa de transferencias condicionadas. Sin embargo, en 14 de los países analizados esos montos no eran suficientes para compensar el déficit de ingreso necesario para alcanzar la línea de pobreza.

Los desafíos de la protección social ante la crisis de cuidados y de envejecimiento

Asociado con lo anterior, el informe dedica un capítulo al abordaje de estas dos crisis y su relación con perforaciones estructurales de la malla de protección social regional.

Por un lado, la institución advierte de las crecientes barreras para la autonomía de las mujeres que se desprenden de la actual organización social de los cuidados, lo que limita su inserción al mercado laboral y el acceso a la red de protección social. En ese sentido, el 53,5% de las mujeres en la región está por fuera de los contornos del mercado de trabajo y el 56,3% declara dedicarse exclusivamente al cuidado no remunerado. En el caso de los hombres, esa cifra apenas supera el 7%. En esa línea, las mujeres de 65 años y más padecen mayores privaciones que los hombres, pese a recibir pensiones contributivas y no contributivas, y el 70,3% que no recibe ninguna percibe ingresos insuficientes para salir de la trampa de la pobreza.

En efecto, como alerta el documento, “la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social”.

Las demandas por fortalecer la protección social derivan también de la problemática del envejecimiento, que continuará acentuándose en los próximos años: la población mayor de 65 años se duplicará hacia 2050, pasando del 9,9% al 18,9% (aproximadamente 138 millones de personas en 2050), siendo la mayoría mujeres.

De esta manera, la conjunción de estas dos crisis evidencia la importancia de promover políticas integrales de cuidado con mayor agresividad. Sobre esto, son cuatro los lineamientos sugeridos por el organismo para lograr este objetivo.

El primero pasa por “diseñar e implementar políticas de cuidados orientadas a una nueva organización social de los cuidados que garantice el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género”. El segundo pone el foco sobre el fortalecimiento de las prestaciones para facilitar el cumplimiento de los derechos de quienes reciben y brindan cuidados (transferencias, licencias y permisos, servicios sociales, regulaciones en materia de tiempos, entre otras). En tercer lugar, se requiere además un mayor despliegue de políticas de cuidados de largo plazo y, finalmente, es fundamental eliminar la precarización de los empleos del sector de los cuidados en el mercado laboral. Esto implica “mejorar la formación y certificación de competencias de acuerdo a las demandas de las transformaciones demográficas y los cambios epidemiológicos”.

*La Comisión Económica para América Latina (Cepal) es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas y busca contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe.

 

Brasil exporta más de la mitad del petróleo producido

Las exportaciones de petróleo en el Brasil han mostrado un crecimiento significativo. En agosto y septiembre de 2024, por ejemplo, incluso superó el agronegocio y la minería. A pesar de la alta producción y exportación de crudo, Brasil sigue importando derivados, tendencia que debería persistir en la próxima década.Entre enero y septiembre de 2024, el país exportó 1,8 millones de barriles diarios de petróleo (MMb/d), lo que representa aproximadamente el 54% del volumen de petróleo producido en el país. Este volumen es un 260% superior al de 2014. Este crecimiento de las exportaciones en el último decenio se debe principalmente a la expansión de la producción previa a la sal, en contraste con la modesta expansión de la capacidad nacional de refinación

.Este aumento de la producción no fue acompañado de una correspondiente expansión de la capacidad de refinación, resultando en una contradicción. Brasil se afirma como exportador de crudo, mientras está condicionado a importar derivados para satisfacer su demanda interna, dijo el Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (Ineep).El IV Boletín de Exploración y Producción de Petróleo y Gas, publicado el martes, de frecuencia trimestral, muestra que la perspectiva es que el país mantenga su desempeño como exportador en los próximos años, incluyendo la ampliación, en términos absolutos, el volumen exportado.

China se llevó más del 46% del petróleo exportado

El principal destino de exportación en 2024 fue China, que absorbió cerca del 46,2% del total exportado. Estados Unidos y España destacaron como otros destinos significativos, recibiendo el 13,1% y el 10,2% del volumen exportado respectivamente.A pesar de la alta producción y exportación de petróleo, Brasil sigue importando derivados, una tendencia que debería persistir en la próxima década. Aunque las exportaciones generan ganancias financieras en el corto plazo, especialmente en momentos de alto precio de los productos básicos, la falta de una política industrial articulada que busca desarrollar la cadena de valor interna limita el desarrollo económico y productivo del país a largo plazo, manteniéndolo dependiente de las importaciones, destaca el boletín.

La dependencia de los derivados importados hace que los precios de los combustibles sean más susceptibles a oscilaciones causadas por la dinámica geopolítica y económica mundial. La planificación explopada e integrada de la industria del petróleo y el gas, con inversiones en exploración, producción y refinación, es crucial para asegurar el suministro interno y la seguridad energética del país, además de posicionar estratégicamente a Brasil en el mercado petrolero internacional, dijo el boletín en un comunicado.El volumen exportado por Petrobras ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. En 2013, la compañía exportó cerca de 0,21 millones de barriles de petróleo al día, lo que equivale al 11% de su producción total. En 2023, el volumen exportado alcanzó los 0,59 millones de barriles diarios, lo que representa el 27% de la producción total de Petrobras y un aumento del 181% en comparación con 2013.

Petróleo y gas natural

En el tercer trimestre de 2024, con base en los datos publicados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la producción media de petróleo fue de 3,35 millones de boe/d. Este volumen representa un aumento del 1,2% en comparación con el 2T24. En el mismo período, la producción promedio de gas natural alcanzó 1,01 millones de boe/d, un volumen que es un 11,2% superior al del 2T24. Cabe destacar que septiembre de 2024 fue el mes con mayor volumen de gas producido en el año.La producción media de petróleo y gas natural en el tercer trimestre de 2024 (3T24) fue de 4,36 millones de barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).

La producción previa al sal en el período fue de 3,48 millones de boe/d, una cifra que representa alrededor del 79,7% de la producción nacional en el período.En relación con el segundo trimestre de 2024 (2T24), la producción nacional registró un aumento de aproximadamente el 3,6%. En la presal, se observó un aumento de alrededor del 5,5%, mientras que el post-sal mostró una reducción del 11,4%. Además, la producción en tierra creció aproximadamente un 19%.Considere los tres trimestres de 2024, la producción media fue de 4,32 millones de boe/d, una marca que es un 1,4% superior a la registrada en el mismo periodo de 2023.

Producción de petróleo por cuenca

En el 3T24, la Cuenca de Santos destacó como la principal región productora de petróleo y gas del país, representando el 78,2% de la producción nacional, totalndo un promedio de 3,36 millones de boe/d. Luego, la Cuenca de Campos registró la segunda mayor producción promedio en Brasil, alcanzando 683.2 mil boe/d.En el tercer trimestre de 2024, Petrobras fue el principal responsable de la producción nacional tanto en la posición de operador como en la concesión. Como operador, Petrobras lideró la producción con un promedio de 3,91 millones de boe/d, lo que representa alrededor del 90% de la producción total del periodo. El resto de compañías petroleras, nacionales y multinacionales, operaron la producción de 0,45 millones de boe/d, que correspondieron a aproximadamente el 10% del total.

Nuevo momento: ¿Venezuela se abre al capital privado?

Victoria Korn *

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, dijo que hay entre 500 y 600 empresas a las que el gobierno de Nicolás Maduro quiere incorporar capital privado, en principio, nacional.Según el jefe de los industriales privados venezolanos, citado en el medio especializado Banca y Negocios, un primer lote de 350 empresas públicas será evaluado «para definir los esquemas de participación de inversionistas particulares».«El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, señaló que el propio jefe del Estado, Nicolás Maduro, le comunicó el interés del Ejecutivo en dar prioridad al capital privado en esta iniciativa, que está coordinando el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab». Así lo asegura el medio.«El Presidente me mostró un proyecto referido a una ampliación de la Siderúrgica en Guayana, con la incorporación de equipos modernos para incrementar su capacidad de producción 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero», aseguró Pisella según Banca y Negocios.«Se me manifestó la pertinencia de que también se involucrara la parte privada en esta inversión, lo cual me pareció bien. Evidentemente, había muchos ceros y le dije que podríamos montar un grupo para traer un conjunto de inversionistas. El presidente me dijo que la prioridad era conseguir inversionistas venezolanos», dijo Pisella.

Contra las sanciones

El considerado «líder de la industria nacional» por algunos medios privados venezolanos presentó el «mapa del comercio exterior» de Venezuela y estimó que los industriales nacionales terminarán el año con un crecimiento del 13,6%.Previo al retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, Pisella, pidió a la nueva administración que mantenga la flexibilización de las «sanciones» que impulso el gobierno Biden.«Las sanciones hicieron mucho daño y lo que hemos hecho es exhortar a que la flexibilización se mantenga porque también uno de los perjudicados, como lo dije, es el pueblo y la primera consecuencia es la inflación», dijo Pisella en Unión Radio.De cualquier forma, en el misma entrevista Pisella eligió no pronunciarse sobre la «Ley Bolívar» aprobada en el Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que analistas consideran la antesala del endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra la economía venezolana.

Control privado

Pisella enfatizó que no existe un esquema definido para el paso a manos privadas de empresas estatales.«Todo está sobre la mesa. Pueden ser ventas directas o alianzas público-privadas, donde el Estado conserve una participación. Nada está descartado» adelantó Pisella citado por Banca y Negocios.«Tenemos que hacer el levantamiento de cada empresa. En algunos recorridos que hemos hecho, de manera puntual, en muchos de los casos el mantenimiento se ha hecho y por eso es que de 600 que podrían salir a oferta, ya están listas 350. Presumo que estas 350 son las que ya están más o menos en condiciones adecuadas para colocarse en el mercado», señaló el presidente de Conindustria.«En todo caso, creo que esta es una iniciativa muy importante y va claramente en la dirección correcta, porque es necesario que estas empresas pasen a la administración de gente con experiencia y capacidad de gestión», precisó Pisella.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Improductividad agropecuaria aflige la seguridad alimentaria en Cuba

Dariel Pradas-IPS

La seguridad alimentaria en Cuba se ve cada vez más comprometida por el encarecimiento de los alimentos, la falta de diversidad en la dieta y la baja capacidad productiva agrícola, dificultando los esfuerzos por alcanzar estándares positivos en este sector social básico .

“Gasto prácticamente todo mi salario en sacar los mandados (productos estatales racionados), comprar algunos productos en el agro (mercado agropecuario privado), alguito más y, todavía así, no puedo decir que tengo una buena alimentación”, dijo a IPS Roberto García, un informático de una empresa estatal, residente en La Habana.

Varios estudios coinciden en que la ciudadanía cubana destina entre 55 % y más de 70 % de sus ingresos a la compra de alimentos esenciales.

El salario medio en esta nación insular caribeña es de 4 648 pesos, que equivale a 38,7 dólares, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar, y a 14,3 dólares, según la tasa del mercado informal de divisas, por la cual se establecen los precios de muchos productos y servicios.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria, en la escala de un país, significa que “todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

En la isla, alcanzar esa meta es un propósito claro del gobierno. El artículo 77 de la Constitución vigente, aprobada en 2019,  establece el derecho a la alimentación y el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria para todas las personas.

“Gasto prácticamente todo mi salario en sacar los mandados (productos racionados), comprar algunos productos en el agro (mercado agropecuario), alguito más y, todavía así, no puedo decir que tengo una buena alimentación, señala Roberto García.

De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA), durante los últimos 60 años, los programas integrales de protección social de Cuba y el acceso universal a los servicios básicos han erradicado principalmente la pobreza y el hambre.

Sin embargo, la crisis económica crónica del país, agudizada en la actualidad, con una contracción en 1, 9 % y una inflación de 30 % al cierre de 2023, se sobrepone a esos esfuerzos y dificulta que los platos lleguen a la mesa de la ciudadanía con una calidad nutricional adecuada.

Datos del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, previos a la pandemia de covid-19, evidenciaron una alta prevalencia de anemia entre niños de 6 a 23 meses en la capital y en las provincias orientales y centrales.

Un estudio publicado en 2022 por la Revista Cubana de Tecnología de la Salud –certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente– indica que la desnutrición había figurado durante más de una década entre las primeras 35 causas de muerte en la mayor isla del Caribe.

La investigación arrojó que, en el periodo de 2011 a 2021, ocurrieron como promedio 48, 64 defunciones anuales por desnutrición. A su vez, 0,43 personas de cada 100 000 habitantes (la población del país es de unos 10 millones) tuvieron riesgo de morir por esa causa.

Percances de la agricultura nacional

“Producir alimentos cuesta caro: las semillas, el abono… pero el mayor problema de los precios está en los intermediaros, que los suben demasiado”, afirmó en diálogo con IPS Virginia Creach, pequeña agricultora y dueña de la finca La Mambisa, en el municipio habanero de Marianao.

Múltiples factores entorpecen la eficiencia agropecuaria, como la erosión de los suelos, la salinidad, acidez, mal drenaje, baja fertilidad o la escasa retención de humedad. De las tierras del país, 77 % clasifican como poca productivas.

Asimismo, afectan los huracanes, sequías y otros eventos climatológicos extremos, además del éxodo de personas del campo a las ciudades, impagos a agricultores y contraproducentes estructuras burocráticas.

La escasez de divisas, agudizada por las sanciones de Estados Unidos hacia la isla, dificulta el acceso a créditos para invertir en el sector y entonces importar fertilizantes, piensos, maquinaria moderna, sistemas de riego más tecnificados, exponen las autoridades.

En busca de solucionar este problema, el gobierno aprobó en octubre de 2022 la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que propone una mayor descentralización, modelos sostenibles de producción y disminuir la elevada dependencia de las importaciones de alimentos, junto con la pérdida cada año de significativos volúmenes de las cosechas debido a una gestión deficiente.

Cuba importa 80 % de los alimentos que consume, y los producidos en el país no cuentan con una adecuada infraestructura para su almacenamiento, conservación y procesamiento, por lo que su oferta está condicionada por la estacionalidad, por lo que aproximadamente 70 % de las cosechas se obtiene en los meses de invierno.

Alimentos subsidiados

Un sector amplio de la población solventa el hambre por un sistema de distribución racionada y subsidiada de alimentos que Cuba mantiene desde marzo de 1962, en el que se provee mensualmente, a cada ciudadano, productos esenciales de su dieta.

El gobierno dedica más de 2000 millones al año a importar los víveres racionados que, por falta de financiamiento y problemas con la transportación, han sufrido escasez y retrasos en su distribución.

Según un artículo publicado en 2020 por la economista cubana Betsy Anaya, entonces directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, el consumo racionado cubría las recomendaciones nutricionales para la población menor de siete años de edad, pero no garantizaba la necesaria diversidad en la dieta pues no aportan alimentos ricos en fibra dietética, así como tampoco frutas y vegetales frescos.

Las personas debían entonces complementar los nutrientes necesarios en otros tipos de puntos de venta, a precios mucho más altos. En el contexto actual lo hacen a través de mercados privados o de estales en divisas, inaccesibles para la mayoría de la población.

Educación nutricional

Los hábitos alimentarios también dificultan el problema de la comida en Cuba. Numerosas familias no llevan ni incentivan una dieta balanceada y sana, sea por cuestiones culturales o meramente económicas.

“El vegetal no debe faltar a la mesa, y el cubano no los come. Esos hábitos hay que cambiarlos”, dijo la agricultora Creach.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el PMA, lanzaron en octubre una serie audiovisual sobre educación nutricional, en promover dicho conocimiento en los jóvenes, y de motivarlos a producir sus alimentos y los de su familias en entornos comunitarios y escolares.

“En el proyecto, fuimos al campo con los niños, cosechamos, trajimos las cosas y con lo que había, cocinamos. La dieta balanceada y sana es clave para no enfermar. Los niños no comen verduras, pero si los vinculas al proceso productivo, las comen”, dijo a IPS el chef Enrique Suárez, un protagonista del serial y dueño del restaurante Tocamadera.

El escenario de los 10 episodios del proyecto ocurrió en las granjas agroecológicas Finca María y Finca Vista Hermosa, ambas de La Habana, las cuales también donan parte de sus producciones a hospitales, asilos de ancianos, escuelas, hogares de atención a la maternidad y áreas vulnerables de sus comunidades.

“Es necesario prestar más atención a la salud mental, a la promoción de la actividad física, al apoyo a las y los estudiantes con enfermedades crónicas y con discapacidad, y a los enfoques eficaces para abordar el sobrepeso y la obesidad”, comentó ante IPS Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba.

Desde hace décadas, la Unesco ha apoyado la creación de huertos escolares y materiales didácticos sobre educación nutricional.

El PMA, por su parte, solo en 2023 asistió a unas 760 000 personas y ha contribuido a la consolidación de cadenas de valor agrícolas, así como a brindar capacitación, asistencia técnica y equipos a pequeños agricultores.

 

COP16 | Avance indígena y Marco Global de Diversidad Biológica

Sandro Chávez *

Más de un tercio de las especies de árboles se enfrentan a la extinción en la naturaleza, el número de árboles amenazados ahora supera a todas las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios amenazados juntos, según la última la lista roja oficial de extinción2.

El 77% de los arrecifes del mundo están afectados por el blanqueamiento, debido principalmente al calentamiento de las aguas oceánicas en medio del cambio climático provocado por los seres humanos3.

En los últimos 50 años (1970-2020), el tamaño medio de las poblaciones de fauna silvestre analizadas en las mediciones del Índice Planeta Vivo (IPV) de la WWF, se ha reducido en un -73 %, lo que está basado en el seguimiento de casi 35 000 tendencias poblacionales de 5495 especies de anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles. El IPV para el caso de América Latina y el caribe es lamentablemente de -95%4.

En medio de este preocupante contexto, en la CP 16, tras una negociación histórica que durante años han demandado los pueblos indígenas, fue la creación de un órgano subsidiario del Convenio sobre Diversidad Biológica, para implementar el artículo 8j sobre conservación de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales, así mismo también se alcanzó el reconocimiento de los afrodescendientes como protectores de la biodiversidad.

En el caso de las delegaciones peruanas destaco la presencia del Grupo Perú de PPII formado por ANECAP, AIDESEP y CONAP, principales organizaciones indígenas peruanas que desarrollaron varias actividades y eventos durante la COP, entre ellos podemos destacar la suscripción de un convenio entre el MINAM y el Grupo Perú de PPII para la conservación de los bosques que promueve la implementación de la 1ra propuesta mundial de REDD+ Jurisdiccional Indígena en zonas con alta cobertura forestal y baja deforestación (HFLD).

Es importante resaltar las propuestas que impulsa ANECAP (representante de los Ejecutores de Contrato de administración (CA) de 10 Reservas Comunales), ha logrado destacar el avance de su propuesta de REDD Indígena Amazónica (RIA), que se muestra como una mejor opción para el aprovechamiento de los créditos de carbono en beneficio directo de la comunidades indígenas, así mismo, la cogestión como un modelo de gestión participativa, que ahora se va ampliando a otros CA, como los que se impulsa en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y el Bosque de Protección San Matías San Carlos.

La COP16 cierra, sin un acuerdo sobre una hoja de ruta para aumentar la financiación para la protección de la biodiversidad. Esto debido a la falta de definición de un modelo de financiamiento para llevar el plan de protección de la biodiversidad a la realidad, identificando las fuentes de recursos, los mecanismos de acceso y de ejecución. Los cálculos indican que para la implementación del marco se requieren 700.000 millones de dólares. Sólo se prometieron 163 millones de dólares al Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica de los 200 000 millones de dólares necesarios al año. Este inero eleva el total del fondo a 400 millones de dólares, que es apenas el 0,2% de lo que se necesita cada año.

Se aprobó un acuerdo global para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales luego de ocho años de negociaciones. Este representa un paso significativo hacia el objetivo de conservar el 30% de las áreas marinas para 2030.

Se ha creado un fondo mundial para establecer pagos por el uso de secuencias genéticas digitalizadas, denominado Fondo de Cali, que garantizará el reparto de los beneficios obtenidos por la biodiversidad. Este fondo incluye pagos por parte de grandes farmacéuticas, agroindustrias y biotecnología por el uso que hagan de los recursos genéticos, según los expertos podría recaudar hasta 1.000 millones de dólares al año para la conservación y restauración de la biodiversidad.

A pesar de lograrse establecer un Marco de Evaluación y Seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que incluye una serie de indicadores y fuentes de información que permitirán recopilar datos sobre el progreso en el cumplimiento de sus 23 metas concretas, falta definir los mecanismos de monitoreo para medir los avances de los países en el cumplimiento de la hoja de ruta para la protección de la biodiversidad.

Al final en Cali, se habían presentado 44 Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP) revisados y 119 Partes habían enviado Metas Nacionales revisadas, lo que representa alrededor del 63% de los países, un aumento sustancial frente a los días previos a la COP, cuando menos de la mitad de los países habían publicado planes u objetivos.

La COP16 debió ser la cumbre de la implementación y desarrollo del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, establecido en Canadá en el 2022 para proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030, pero lamentablemente solo se ha avanzado una parte, lo cual deja nuevamente en serio riesgo a la gran biodiversidad del planeta que como se ha venido indicando desde la ciencia está en serio peligro, y que los retrasos en las decisiones políticas solo abonan en su casi inexorable desaparición.

Notas

1  Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024 (PNUMA)
2  https://www.iucnredlist.org/
3  Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
4  Informe Planeta Vivo 2024 (WWF)

(*) Biólogo, Magíster en gestión Pública.