América Latina y el Caribe: Crimen y violencia cuestan 3.44% del PIB

Mariana Álvarez Orellana

El costo económico directo del crimen y la inseguridad en América Latina asciende a 3.44% del PIB desde el año 2022 y no ha mejorado desde entonces, estimaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este costo que incluye la pérdida de capital humano por homicidios, gastos en seguridad de empresas y el gasto público en prevención del delito en 22 de los 33 países de la región.

En América latina y el Caribe, que alberga al nueve por ciento de la población del mundo y ocurre un tercio de los crímenes del mundo, el número de homicidios por persona es cinco veces mayor que en América del Norte y diez veces más alto que en Asia.

El crimen y la delincuencia se relacionan con factores estructurales como la pobreza y la desigualdad, la falta de oportunidades (educación, empleo), el mal funcionamiento de las instituciones o los espacios ingobernados donde no llega la acción del Estado, así como con la disponibilidad de armas de fuego.

La violencia social y doméstica es muy extendida y afecta especialmente a las mujeres. La violencia política, incluidas protestas violentas, brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas también es frecuente. Desde inicios del milenio, el rimen organizado pasó a ser la principal fuente de violencia en la región..

Desde el 2000 fueron asesinados violentamente más de 2,5 millones de latinoamericanos, según el instituto Igarapé,  con sede en Brasil. La cifra es comparable a la población de ciudades como Medellín, Guayaquil o Belo Horizonte.

Varios gobiernos latinoamericanos han impulsado una «guerra a las drogas» con políticas represivas que incrementaron la violencia y la corrupción en sus propias fuerzas de seguridad.A esto se suma un acceso fácil a de armas de fuego,casi todas provenientes de Estados Unidos, utilizadas en tres de cada cuatro homicidios cometidos en las Américas en 2017, muy por encima del promedio global.

Latinoamérica también es la región más desigual del mundo y esto puede influir en su problema de violencia, de acuerdo a los especialistas.»Los países con mayor desigualdad en los ingresos tienen más probabilidades de tener mayores tasas de homicidios que los países con menos desigualdad», sostuvo la Undoc.

Frente al crimen y la violencia, los gobiernos gastan más en seguridad y menos en desarrollo; la violencia destruye el capital humano afectando el mercado laboral y daña a las sociedades al reducir la productividad. Doce año atrás, el Banco Mundial estimó el costo de la violencia en un ocho por ciento el PIB en seis países de la región y que una reducción del 10% en la violencia conduciría a un aumento de un punto porcentual en el crecimiento anual en los dos países más violentos

La región necesita mejores sistemas policiales y judiciales protegidos de la captura por parte de organizaciones criminales, programas para atender la salud mental de las víctimas y reparar el tejido social, una producción sistemática de datos para comprender los patrones de violencia del crimen organizado e identificar rutas de políticas. Los problemas de carácter supranacional requieren soluciones coordinadas que vayan más allá de las fronteras nacionales.

El costo promedio del crimen y la violencia equivale a 78 por ciento del presupuesto de educación pública de América Latina y el Caribe y representa el doble del gasto en programas de asistencia social y 12 veces la inversión en investigación y desarrollo, de acuerdo con Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Son recursos que en lugar de invertirse a la innovación o mejora en infraestructura, son absorbidos por las consecuencias del crimen y la violencia”, advirtió el Presidente del BID, Ilan Goldfajn, al inaugurar el seminario Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas.

Explicó que también hay costos indirectos de este flagelo, como es la disminución de la inversión, la menor productividad empresarial, el aumento de la migración así como el impacto que se genera en el turismo, un sector clave para las economías de la región.

La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, señaló que la creciente inseguridad en la región se ha vuelto un determinante también para la prosperidad y el desarrollo económico. Y tomó el caso de la integración de las mujeres al mercado laboral, pues puede ser un inhibidor de su integración al empleo formal.“La delincuencia es una barrera fundamental para la prosperidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe y afecta a economías enteras”, dijo..

Raphael Espinoza, subjefe en la división de América Central del FMI expuso que el crimen y la violencia elevan el costo de la deuda de los países, desalientan la inversión extranjera, reducen la productividad y el crecimiento de las empresas; incluso, llevan a que los negocios cierren y las oportunidades de empleo queden limitadas.

Sostuvo que es fundamental que los responsables de las políticas públicas de cada país, y de manera regional, aborden la delincuencia violenta y la inseguridad en esa parte del continente, ya que las pérdidas y el gasto de las empresas ante estos problemas es cercano a 7 por ciento de las ventas anuales.

Los fenómenos de inseguridad pública perturban sectores económicos específicos, como el turismo; afectan la salud de las personas y aumentan el riesgo de angustia mental y conductas de riesgo y violentas. Un análisis del BID explica que al sumar los gastos de empresas privadas para prevenir los delitos más el gasto público, para responder al crimen y prevenirlo, y el capital humano, por los homicidios, promedió entre 3 y 3.5% del PIB en 17 países de la región en el año 2014.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)