Panorama Económico Latinoamericano – Del 6 al 13 de noviembre de 2024

Brasil fomenta un mercado mundial de biocombustibles más libre

Mario Osava 

La presidencia durante este año del Grupo de los 20 (G20), de grandes economías industriales y emergentes, está permitiendo a Brasil impulsar el viejo sueño de crear un mercado mundial de biocombustibles sin las barreras comerciales aún vigentes.Brasil intenta, por lo menos desde el inicio de este siglo, liberar el comercio internacional del etanol, pero hasta ahora sin éxito.

El escenario es más favorable ahora, ante el agravamiento de la crisis climática y otros países sumándose a la producción y al consumo de bioenergía.Con la presidencia del G20 este año, Brasil tiene a cargo los temas y proyectos a discutir, crea grupos de trabajo e impulsa acuerdos, que cristalizarán en la cumbre anual del grupo que se realizará el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado temas sociales e incluyó los biocombustibles como aspecto central de la transición energética. Varias de sus propuestas ya fueron aprobadas en los grupos de trabajo o reuniones sectoriales, de ministros, expertos y sociedad civil a lo largo de 2024.“El contexto actual, impulsado por el liderazgo más activo de Brasil en el G20 y el avance regulatorio en combustibles alternativos, ofrece una perspectiva más optimista al éxito del país en expandir su mercado de biocombustibles”, resumió Rafaela Guedes, integrante sénior del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri).

“El foco ya no se limita al etanol”, acotó en entrevista con IPS en Río de Janeiro. Nuevos carburantes, como el combustible sostenible de aviación (SAF en inglés) y el biobunker, para el transporte marítimo, abren múltiples mercados y reducen el riesgo de proveedores dominantes.A esos se suman el biodiésel y el diésel verde, ambos derivados de insumos animales y vegetales pero distintos en su proceso de producción y en sus propiedades, siendo el segundo químicamente idéntico al diésel fósil.

Además está el etanol, ya producido en gran escala, y el biometano, equivalente al gas natural y producto de la refinación del biogás extraído de excrementos animales, residuos agrícolas, la basura urbana y desechos industriales.Todos esos productos ganaron nuevas regulaciones y estímulos en Brasil por la conocida como Ley de Combustibles del Futuro, aprobada por el legislativo Congreso Nacional en septiembre y en vigencia desde el 8 de octubre de 2024.La nueva legislación debe atraer inversiones y reducir barreras comerciales, al definir reglas y normas en un país que lidera la producción de biocombustibles y se presenta como “proveedor y también como socio estratégico para la innovación y la seguridad energética”, evaluó Guedes, economista especializada en transición energética.

Temor a la dependencia

El etanol prosperó como carburante de libre comercio en parte por temor a quedarse como rehén de pocos productores. Brasil y Estados Unidos responden por cerca de 80 % de su producción mundial, con 35 400 millones de litros el primero y 58 000 millones de litros el segundo en 2023.Brasil intentó fomentar su producción en países de gran producción o potencial de incremento de la siembra de caña de azúcar, como India, Cuba y México, para aminorar las barreras al comercio internacional del etanol.

Además del temor a la dependencia, otro escollo eran y siguen siendo las preocupaciones ambientales y de seguridad alimentaria. La bioenergía resta tierras a la producción de alimentos, se argumenta especialmente en Europa.Esa fue la alegación de Cuba, que hasta los años 80 fue el mayor exportador mundial de azúcar, pero cuya producción cañera cayó posteriormente al punto de limitarse hoy prácticamente al abastecimiento del mercado interno de 10 millones de habitantes, que sufren una grave crisis energética.

Pero ahora India, antes reticente, se sumó a la producción de etanol, así como otros países, incluso porque su consumo, mezclado a la gasolina, se difundió por más de 70 naciones. Las inversiones se incrementaron en los distintos biocombustibles en el contexto del esfuerzo por reducir las emisiones de los gases invernadero.“Esa diversificación de productores reduce la posibilidad de monopolios” y por ende los temores a la dependencia, según Guedes, que agrega el aumento de la capacidad productiva de países emergentes y la consecuente expansión de la oferta global como factores favorables a un mercado más libre de biocombustibles en el mundo.

“India invirtió mucho en biocombustibles en su estrategia de seguridad energética y reducción de emisiones. Sus políticas volcadas al uso de residuos agrícolas para producir etanol y biodiésel contribuyen a incrementar su capacidad productiva, como un potencial exportador a mediano plazo”, citó como ejemplo.Otros países asiáticos y latinoamericanos aprovechan sus abundantes recursos de biomasa y desechos orgánicos en la producción bioenergética, de biometano y diésel verde, en lo que representa otro modelo.

Insumos son residuos, no alimentos

La restricciones basadas en la seguridad alimentaria se flexibilizaron también porque los biocombustibles en buena parte se hacen a partir de residuos, sean agrícolas, urbanos o industriales.El etanol de segunda generación (E2G), producto de residuos como el bagazo de caña, es otra solución para el dilema. Su producción ya cuenta con plantas en Estados Unidos y Brasil y tiende a una rápida expansión.

En Brasil, Raizen, una gran productora de azúcar y bioenergía con la participación del consorcio petrolero británico Shell, puso en marcha sus primeras plantas de E2G desde 2015 y estima que esa tecnología permite ampliar en 50 % la producción de etanol en una misma área sembrada de caña.Además, destacó Guedes, la Agencia Internacional de Energía definió prácticas sustentables de agricultura, como la integración cultivo-ganadería-bosque que se expande en Brasil, el rastreo en las cadenas productivas y criterios para definición de energías sostenibles,  fortalecen la confianza en los biocombustibles que benefician el clima.

Son políticas que promueven la llamada agricultura de bajo carbono, preservan la calidad del suelo y aseguran que las fronteras agrícolas en Brasil se puede expandir con sostenibilidad y sin afectar la seguridad alimentaria, sostuvo.Pero hay un desconcierto en la decisión brasileña de fomentar los biocombustibles incluso internacionalmente, según Pedro de Camargo Neto, un ganadero que lidera un movimiento del llamado agronegocio, el de los grandes agricultores, que busca conciliar su sector con el ambientalismo, tras décadas de antagonismo porfiado.

Ambiguedad

“Hay un conflicto de intereses, de personalidad dividida. Si Brasil quiere ser líder en biocombustibles, debe descartar nuevas exploraciones petroleras”, sentenció a IPS, por teléfono desde Bandeirantes, un municipio del centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde tiene una hacienda.

Condena de esa forma la intención de Petrobras, el grupo petrolero estatal, de hacer perforaciones cerca de la desembocadura del río Amazonas, en búsqueda de yacimientos.

Se cree en la existencia de grandes yacimientos de petróleo en la Margen Ecuatorial, al norte de Brasil, una extensión de la cuenca marítima que ya produce mucho crudo en Guyana y Suriname.

Nuevas y abundantes existencias abaratarían el petróleo y gas, en desmedro de los biocombustibles, argumentó Camargo, quien ya presidió la Sociedad Rural Brasileña, una importante representación de los agricultores, y ocupó funciones importantes en el Ministerio de Agricultura.

“Brasil no sabe lo que quiere”, realzó.

Ello porque promueve un mercado libre y mundial de biocombustibles, por razones económicas y ambientales, y la vez pretende ascender como productor petrolero, en desmedro del clima y de su propia estrategia.

Actualmente este país ocupa el octavo lugar mundial en la producción de petróleo, con 4,3 millones de barriles (de 159 litros) diarios como promedio en 2023.

El país debería defender medidas internacionales que encarezcan las fuentes fósiles. Eso viabilizaría un boom de biocombustibles en todas partes, con incremento de inversiones en un mercado en que Brasil ya es líder. Europa ya adoptó acciones que apuntan en ese sentido, comentó Camargo.

La exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas está bloqueada por exigencias de la autoridad ambiental, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, que consideró insuficientes las evaluaciones y garantías de la Petrobras.

Una autorización o negación de las perforaciones exploratorias será “técnica”, basada en análisis de los impactos ambientales locales, según la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Es un error, según Camargo, que reclama una evaluación más amplia, no por las consecuencias locales, sino por los efectos climáticos globales, es decir las emisiones de gases del efecto invernadero, y por la estrategia económica, de prioridad a los biocombustibles, que también favorecen la política externa del país.

Megapuerto Chancay en Perú al 98%: el riesgo para Chile

Jordan Arce 

Para los días en que se desarrollará el foro APEC en Lima, cuando también se tiene programada la inauguración del megapuerto, ya se anunció un paro nacional de transportistas y otros gremios económicos por la crisis de inseguridad en el Perú. En tanto, los expertos advierten repercusiones económicas en Chile.

Por “motivos de seguridad”, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su homólogo de China, Xi Jinping, inaugurarán el Megapuerto de Chancay en una ceremonia virtual, desde Palacio de Gobierno, en Lima.

Lo harán, posiblemente con un paro de transportistas en curso, marchas y plantones en la capital, durante la mañana del jueves 14 de noviembre y en plena la celebración de la nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC, que reunirá en territorio peruano a presidentes de diversos países, líderes políticos y ejecutivos de empresas mundiales.

En los últimos días, los ministros de Boluarte, Elmer Shialler, de Relaciones Exteriores, y Raúl Pérez-Reyes, de Transportes y Comunicaciones, brindaron detalles importantes de la tan esperada inauguración del megapuerto, que ha supuesto la inversión de unos 1,400 millones de dólares para contar con cuatro muelles, grúas especializadas y vehículos autónomos.

Desde las instalaciones de Chancay, ubicado a 80 kilómetros de la capital peruana, y a donde llegó para una supervisión, Pérez-Reyes informó que la importante obra “tiene un avance general del 98 %”.

“Estará listo para inaugurarse el 14 de noviembre y consolidará al Perú como el principal hub portuario del Pacífico Sur con salida directa al continente asiático”, dijo el titular del sector Transportes.

El canciller Shialler, por su parte, afirmó que “es una inauguración real”, pero con la salvedad que la participación de Dina Boluarte y Xi Jinping será virtual, aunque acompañados de “un nutrido grupo de peruanos y ciudadanos chinos”.

“No van a estar en Chancay por razones de seguridad del propio presidente chino”, detalló.

Paro, marchas y plantones

Para los mismos días que está programado el APEC y la inauguración del megapuerto peruano, diversos gremios, pero principalmente el de transportistas por los casos de extorsiones y sicariato en su contra, convocaron a un paro nacional de 72 horas y marchas en Lima y regiones.

BioBioChile contactó con dirigentes de la Alianza Nacional de Transportistas, uno de los principales gremios protestantes por la crisis de inseguridad en el Perú, y confirmaron que “el paro va porque va” en los días ya anunciados.

Los familiares de las decenas de personas fallecidas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte también participarán de la paralización y movilización contra la criminalidad y para exigir la renuncia de la mandataria peruana.

No solo la inauguración del Megapuerto de Chancay, sino también la organización del APEC podría verse opacado por el paro anunciado, ya advirtieron los expertos.

Para Miguel Ángel Rodríguez-Mackay, profesor de Derecho Internacional y exministro de Relaciones Exteriores, la decisión del presidente chino de no ir al mismo puerto es “extraña” y podría entenderse que no hay una buena imagen en el exterior de la seguridad en el Perú.

“No ir viniendo de tan lejos a un lugar tan solo a 40 minutos de Lima, me parece muy extraño. Es gravísimo como mensaje sobre la seguridad en el país”, declaró al diario Correo.

La agencia estadounidense Associated Press (AP) preguntó a la Cancillería peruana a qué tipo de razones de seguridad se refería y también pidió los comentarios de la embajada de China en Perú, pero —hasta la publicación del presente informe— no obtuvo respuesta.

Debilidad política

Luis Herrera, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y expositor en seguridad y gestión pública, aseguró que el Gobierno demuestra “debilidad política” al no poder garantizar la seguridad del presidente de China, Xi Jinping, para que viaje a Chancay a inaugurar el megapuerto.

“Esto nos muestra que la apreciación de los equipos de seguridad de los mandatarios que van a asistir a la APEC no solamente han señalado de que hay inseguridad ciudadana, sino que, además, hay debilidad política en el gobierno”, dijo a Exitosa.

Según Herrera, todos esperaban que la inauguración del puerto fuera “por todo lo alto”, pero la decisión de hacerlo vía Zoom muestra claramente que hay una “apreciación negativa” de la coyuntura en el Perú.

BioBioChile conoció por fuentes allegadas a Palacio de Gobierno que, en realidad, habrá dos inauguraciones. La virtual que será “simbólica” y otra presencial, en paralelo, desde las mismas instalaciones del megapuerto con la participación de altos funcionarios de la Cancillería peruana y de la república popular de China.

“Singapur de América Latina”

En su visita a Chancay, además de comunicar la fecha de inauguración, el ministro Pérez- Reyes también manifestó abiertamente los planes que tiene el gobierno peruano con la operación de este megapuerto.

“Nuestro objetivo es convertirnos en el Singapur de América Latina, de forma tal que la carga portuaria pase por aquí cuando vaya a Asia. Cuando alguien, desde Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay o Argentina, quiera ir hacia allá, piense en Perú como un punto de salida. A eso apuntamos”, señaló.

En una entrevista con BioBioChile, Caupolicán Guerra, académico de la facultad de ingeniería marítima de la Universidad Andrés Bello, se refirió justamente a la posibilidad de que Chile pierda cabotaje hacia China.

“Claro que puede ocurrir, porque Chancay, si lo que tiene proyectado a futuro se da, que a mí no me cabe la menor duda porque está ubicado en un lugar estratégico, va a tener un movimiento realmente gigantesco”, afirmó.

Según el experto, es evidente que el Megapuerto de Chancay “va a poner en riesgo” la economía de Chile, a través de los exportadores e importadores.

“No olvidemos que los peruanos exportan plátano, arándano, uva, palta, café, cacao y cobre también. Por lo tanto, ellos con fletes mucho más atractivos, con costos menores, nos van a hacer una competencia que quizá no podamos superar”, advirtió.

Explicó que los buques de Chancay a China van a demorar en llegar menos tiempo, lo que se traduce en un menor gasto de toneladas de combustible y se reducirá de forma significativa el costo diario por embarcación, dando como resultado una disminución en el valor del flete (contraprestación económica por realizar un transporte por barco).

“Va a ser muy difícil que nosotros podamos competir en esas condiciones. Pensemos cuando tenga ya sus 15 terminales terminados. Entiendo que los políticos y las autoridades portuarias deben mantener un discurso muy optimista, pero la realidad técnica es otra”, acotó.

Competencia saludable

Una posición distinta a Guerra mostró Viviana Véjar, investigadora de la Universidad del Desarrollo de Chile, quien ve a la inauguración de Chancay como algo positivo para la región en general y no solo para el Perú.

“Ha habido algunos economistas y académicos que se han atrevido a decir que esto va a ser muy dañino para la economía chilena, pero la verdad de las cosas es que uno siempre tiene que pensar en los países vecinos como una competencia saludable”, indicó a TV Perú.

A fines de junio de este año, Eduardo Abedrapo, presidente del directorio de San Antonio, uno de los puertos más importantes de Chile, declaró que “Chancay no es rival” para ellos y descartó que el proyecto peruano se convierta un puerto hub.

“El Puerto de Chancay, al que tanto se ha hecho alusión en Chile, es un puerto que va a descongestionar el Puerto de Callao. Va a atender la carga doméstica, por tanto, la posibilidad de ser un puerto hub no es cierta. Hoy día, por lo menos, no existe”, afirmó.

Las intenciones del gobierno peruano parecen contradecirlo: el objetivo es convertirse en el “Singapur de América Latina” y lo tienen más que claro.

Advierten sobre inversión china en la industria automotriz mexicana

Dora Villanueva

En 12 meses el déficit comercial de Estados Unidos con China superó 30 mil millones de dólares, una disparidad que se ha sumado al discurso electoral. El gobierno chino ya ha comentado que, independientemente de quién gane, buscará mantener relaciones de respeto. No obstante, ni en la agenda de Kamala Harris ni en la de Donald Trump se ha hablado de una salida tersa a las tensiones crecientes con la potencia asiática.

Esta pugna se mantendrá independientemente de quién gane los comicios, consideró María Cristina Rosas, colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si bien fue el ex presidente Donald Trump quien declaró la guerra comercial a Pekín, los demócratas han continuado con la política de mayores sanciones, explicó.

De acuerdo con la académica, en lo que concierne a las relaciones con China no hay gran diferencia entre las presidencias de Donald Trump y de Joe Biden y la guerra comercial se extendería a una eventual administración de Kamala Harris. No obstante, si el republicano triunfa, lo más probable es que se intensifique el conflicto, destacó Rosas.

Las tensiones bilaterales se iniciaron en el ámbito comercial, pero se han ido expandiendo a otros aspectos, como la proveeduría de armamento a Taiwán por parte de Washington, así como acusaciones cruzadas de espionaje.

Durante la administración de Trump, Estados Unidos impuso aranceles por 370 mil millones de dólares a importaciones chinas y Huawei fue la principal cara de una guerra tecnológica. Para enero de 2020 se alcanzó un acuerdo tendente a reducir los aranceles parcialmente y en noviembre del año pasado el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con su homólogo estadunidense, Joe Biden, pero persisten el incremento de aranceles y restricciones al acceso de tecnologías críticas.

Los aranceles y bloqueos comerciales resultaron en una reducción de 26.9 por ciento del déficit comercial de Estados Unidos con China, al pasar de 382.3 mil millones de dólares en 2022 a 279.42 mil millones el año pasado. Sin embargo, dista de desaparecer.

Las exportaciones anuales de Estados Unidos hacia China se concentran en soya, medicamentos envasados y petróleo, mientras al país asiático se compran baterías eléctricas, juegos de video y autos, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica.

México se ha beneficiado ampliamente de las sanciones comerciales de Estados Unidos contra China, al grado que, impulsado por el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) se ha vuelto el principal exportador a su vecino del norte, explicó María Cristina Rosas. No obstante, Donald Trump ha advertido de sanciones económicas sobre autos chinos armados en México.

Si México mantiene las inversiones chinas en el sector automotriz, podemos experimentar tensiones muy fuertes con Estados Unidos, que incluso podría pedir que se active el mecanismo de resolución de controversias, como las que ya tenemos en el tema de los transgénicos y el energético, detalló la investigadora.

 

El agro uruguayo y las políticas para la diversificación productiva

Santiago Cayota

El sector agropecuario y agroindustrial, o dicho sintéticamente “el agro”, tiene un potencial para promover la transformación de la matriz productiva del país que no ha sido plenamente aprovechado hasta el presente. La concreción de ese potencial puede contribuir a impulsar un proceso de desarrollo sostenible, pero no se logrará “espontáneamente”, sino mediante la implementación de un conjunto integrado de políticas específicas orientadas a ese fin.

Las ideas expresadas en este artículo se basan en un trabajo publicado recientemente, que fue llevado adelante por el Instituto Juan Pablo Terra con el aporte de un grupo muy amplio de referentes sectoriales. El propósito del documento, titulado Agro y Desarrollo. Aportes para la transformación productiva del país, es identificar y formular propuestas que permitan, desde el sector agropecuario y agroindustrial, contribuir al desarrollo integral del país.

¿Por qué poner el foco en el agro?

El agro, considerado en sentido amplio, tiene un peso significativo en la economía del país. Concretamente, su participación se sitúa en el entorno del 20% del PIB, considerando sus efectos directos, indirectos e inducidos.

No obstante, su mayor importancia deriva de que es el origen de más del 50% de las exportaciones totales y de aproximadamente el 70% de las exportaciones de bienes. Esto es resultado de que la mayor parte de la producción agropecuaria es competitiva en los mercados internacionales. Y ello quiere decir que tiene las condiciones para continuar expandiendo la producción y la colocación de sus productos en esos mercados, sin la limitación impuesta por el reducido tamaño del mercado interno.

Sin embargo, esta economía basada en recursos naturales ha tenido dificultades históricas para sostener niveles de crecimiento económico en el largo plazo que nos permitan aproximarnos al nivel de bienestar al que aspiramos para nuestra sociedad. En ese sentido, varios factores propios o del contexto han limitado históricamente el crecimiento y han mitigado sistemáticamente el impacto del sector como dinamizador global de la economía.

Entre ellos, uno de los principales ha sido la volatilidad de precios que es característica de los mercados de productos básicos, y que se traduce en ciclos recurrentes de expansión y retroceso en términos de la actividad económica. Adicionalmente, el bajo grado de sofisticación tecnológica de los productos del agro no promueve una creación significativa de empleos directos de alta calificación y productividad. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta la tendencia recurrente a la sobrevaloración de la moneda local (“atraso cambiario”), que ha operado a lo largo del tiempo como una limitante a la inversión, al agregado de valor y a la innovación en toda la cadena productiva.

Por esas razones, se entiende que sólo el “crecimiento acumulativo” del agro no será suficiente para promover una transformación productiva que asegure el crecimiento sostenido y sostenible del conjunto de la economía en el mediano y largo plazo.

¿Qué tipo de transformación productiva se propone?

En términos sintéticos, lo que se propone es avanzar en la diversificación de la matriz productiva a través del desarrollo de nuevas actividades económicas relacionadas con el agro que por su naturaleza puedan generar productos y servicios de alto contenido tecnológico. La idea de base es superar la especialización de una economía basada en recursos naturales, apoyándose en las posibilidades y oportunidades que se abren por la competitividad y el potencial de desarrollo de esa misma actividad basada en ese tipo de recursos.

Dicho en otras palabras, lo que se propone es el desarrollo de ventajas competitivas basándose en la plataforma que brindan las ventajas comparativas del agro. No se trata entonces de desarrollar las ventajas competitivas en detrimento de las comparativas, sino de generar un círculo virtuoso fruto de la interacción y el dinamismo de ambas. Esto no supone postular que esta sea la única estrategia posible, pero sí se entiende que sería una manera de contribuir a la necesaria diversificación de la matriz productiva nacional desde el agro.

Para ello, el proceso que se propone está basado centralmente en lograr instalar una dinámica sistémica de innovación. Como lo evidencia crecientemente la experiencia nacional e internacional, el mercado por sí solo es normalmente un proveedor subóptimo de innovación. Por lo tanto, se asume que para viabilizar esta transformación es necesario implementar un conjunto de políticas públicas coordinadas que la impulsen. Y no se trata de diversificar la matriz productiva a cualquier costo, sino que, para ser consistentes, las políticas a implementar deben necesariamente integrar armónicamente las dimensiones económica, social y ambiental en su diseño y ejecución.

¿Qué áreas deben abordar políticas para impulsar la diversificación productiva?

El abordaje se implementa descomponiendo esquemáticamente en dos dimensiones el objeto de las políticas. Una dimensión corresponde a los sectores productivos, que es la “vertical”, y la otra se refiere a temas transversales, que es la “horizontal”.

Para la primera dimensión, son tres las áreas de intervención que se identifican. La primera está vinculada al desarrollo de actividades de base tecnológica para la provisión de insumos, servicios y el procesamiento de los productos del agro. La segunda, por su parte, está asociada a la promoción del crecimiento de los sectores competitivos. Finalmente, la tercera pasa por el fortalecimiento de los sectores que actualmente no son competitivos. En el caso de la segunda dimensión, las tres áreas identificadas tienen que ver con la provisión de bienes públicos, la sostenibilidad ambiental y la inclusión y el desarrollo socioterritorial.

¿Por qué se proponen estas áreas de intervención por sector productivo?

El desarrollo del sector de empresas de base tecnológica conformado por los “encadenamientos hacia atrás y hacia adelante” del agro podría generar un aumento significativo de la productividad de los factores de producción. Puntualmente, nos referimos a la producción de bioinsumos, vacunas, variedades mejoradas, aplicaciones, equipamiento, nuevos materiales de base biológica, etcétera.

El desarrollo de estas empresas de base tecnológica no solo contribuirá al crecimiento del propio sector agropecuario y agroindustrial, sino que con el tiempo podrá adquirir una dinámica independiente. Por un lado, los bienes y servicios tecnológicos que se produzcan para abastecer a la producción local podrán también ser exportados en algún momento. Por el otro, las capacidades en microbiología, biotecnología, informática, ingeniería, biología, química y en el resto de las áreas necesarias para la producción de esos bienes y servicios son transversales a muchos sectores de la actividad económica. Por eso, una vez alcanzado cierto desarrollo, podrán aplicarse en otras actividades más allá del vínculo que tengan con el sector agroexportador.

Simultáneamente, el impulso a la innovación y el crecimiento de los sectores competitivos (como ganadería, agricultura, lechería, arroz, forestación, citrus, entre otros) es esencial por su aporte directo a la economía nacional y porque del dinamismo de estos sectores depende la viabilidad del desarrollo de las empresas de base tecnológica que se vinculan con los mismos.

En el caso de los sectores actualmente no competitivos (como horticultura, fruticultura de hoja caduca, vitivinicultura, avicultura y producción porcina), se plantea el objetivo de lograr gradualmente una mejora de la productividad física y económica, que permita en un cierto plazo competir genuinamente con los productos importados, potenciando a su vez algunos emprendimientos de exportación.

¿Por qué se proponen estas áreas de intervención transversales?

Con la provisión de “bienes” públicos, cuya prestación requiere un rol activo del Estado, se busca desarrollar bienes y servicios orientados a dotar de eficiencia, estabilidad y previsibilidad a la producción agropecuaria y agroindustrial. Esta área comprende, entre otras, a las actividades de investigación y desarrollo, riego, seguros, salud animal y vegetal, inocuidad de alimentos, infraestructura, acceso a la tierra, tributación, entre otras.

Por su parte, en lo referido a la sostenibilidad de los sistemas productivos, se considera necesario tender hacia sistemas de producción que preserven y regeneren la provisión de servicios ecosistémicos y posibiliten el restablecimiento de algunos equilibrios ecológicos que se han deteriorado como resultado de la intensificación, adaptándose a la variabilidad y el cambio climático.

Finalmente, pero no menos importante, el área de inclusión y desarrollo socioterritorial pretende dar respuesta a un triple desafío. Por un lado, se busca promover en los territorios no solo la producción, sino la multiplicidad de dimensiones del desarrollo, con base en el concepto de ruralidad. Por otro lado, se busca compensar las asimetrías territoriales que pueden generarse como resultado de la desigual dinámica económico-productiva. Y, a su vez, se prioriza la inclusión de los diferentes actores en el proceso, especialmente los productores familiares, mujeres y jóvenes.

En cada una de estas seis áreas se proponen lineamientos y acciones específicas que iremos desarrollando en futuros artículos. Pero más allá de que las políticas públicas en cada una tienen sentido en sí mismas, el máximo impacto se logrará si se formulan e implementan de manera integrada en todas las áreas que fueron descritas. Se podrán discutir las medidas específicas, pero lo central es que se articulen las acciones con una visión global para que realmente se pueda impulsar un proceso integral y virtuoso desde las políticas sectoriales y transversales.

La importancia crucial de la innovación

Como resultado de lo expuesto, queda claro que el impulso a la innovación es esencial para lograr las mejoras de productividad, sostenibilidad e inclusión que se busca promover con las políticas que aquí se proponen.

Ello requiere, por un lado, un aumento de la inversión pública. Para ser eficaz, este incremento deberá estar precedido de una actualización de la estructura y el funcionamiento de la institucionalidad especializada. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que se plantean a las políticas tiene que ver con la promoción de la inversión privada, ya que es ahí donde se presentan los mayores déficits. De ahí la necesidad de crear las condiciones para que la investigación, y particularmente el desarrollo de nuevas tecnologías, pueda constituirse en un negocio atractivo y rentable para los inversores privados.

La relevancia de creer que es posible cambiar

Finalmente, vale subrayar que estas políticas son indispensables, pero para que sean eficaces deben lograr orientar las conductas de los diferentes agentes en el sentido deseado. Para eso se requiere convicción y una orientación estratégica clara desde el gobierno nacional, además de una masa crítica de actores diversos −políticos e institucionales, productores, empresarios, inversores, emprendedores, académicos− que, bajo el espíritu de los “animal spirits” de John Maynard Keynes, crean firmemente que una transformación como la aquí propuesta es posible y necesaria, actúen en consecuencia y la conviertan así en una verdadera “profecía autocumplida”.

 

Exportaciones de banana boliviana suman $us 409 millones en 10 años

 

En el período 2013-2023, las exportaciones de banana acumularon 409 millones de dólares en ventas de 1,4 millones de toneladas; pero a agosto de este año las ventas tienen una caída del 30%.

Según el reporte del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el registro más alto en valor fue en 2022, cuando las exportaciones superaron los $us 47 millones por la venta de 138.000 toneladas.

Las exportaciones bolivianas de bananas hasta agosto de 2024 sumaron $us 20 millones, equivalentes a 70 mil toneladas, representando una caída del 30% en valor y 19% en volumen comparado con enero-agosto de 2023.

Hasta agosto de 2024, el principal destino fue Argentina con una participación del 99%. Las ventas al país vecino totalizaron $us 20 millones.

Bolivia produce banano en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, y Pando.

La mayor producción se concentra en el Chapare, departamento de Cochabamba, donde los suelos y bosques subtropicales son favorables para el cultivo.

En la actualidad, la región enfrenta un bloqueo de caminos desde hace 20 días por parte de Evo Morales y sus seguidores que buscan la repostulación del expresidente y su liberación de procesos penales, entre ellos por haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015.

Por estas medidas, varios productores, entre ellos los bananeros, tiraron su producción en plena carretera.

Entre enero y agosto, las ventas externas de banana casi en su mayoría fueron realizadas por Cochabamba, utilizando la vía de Arica– Charaña –Tambo Quemado.

Elección en EEEU frenó el flujo de remesas a México

Alejandro Alegría

Los ingresos por remesas sumaron 5 mil 359 millones de dólares en septiembre, monto que si bien significó una reducción anual de 4.6 por ciento, contribuyó para establecer un nuevo máximo en el acumulado del año, informó el Banco de México (BdeM).

El dato del envío de dinero de mexicanos que residen en el extranjero correspondiente al noveno mes de 2024 también representó una caída de 11.9 por ciento respecto a agosto pasado, cuando se reportaron ingresos por 6 mil 87 millones de dólares.

Analistas de BBVA comentaron que el menor dinamismo se puede explicar por las condiciones coyunturales en Estados Unidos, de donde provienen la mayor parte de los recursos, debido al tenso ambiente electoral que repercute en el flujo de nuevos migrantes y en la población migrante residente en ese país.

El monto acumulado de los ingresos por remesas entre enero y septiembre de este año ascendió a 48 mil 386 millones de dólares, monto mayor a los 47 mil 91 millones reportados en el mismo lapso de 2023, dato que no sólo significó un aumento anual de 2.8 por ciento, sino que estableció una nueva marca para periodos comparables.

El banco central indicó que el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses, es decir, entre octubre de 2023 y septiembre pasado, fue de 64 mil 614 millones de dólares, monto menor al valor acumulado a 12 meses, registrado en agosto pasado, de 64 mil 872 millones de dólares.

El BdeM reveló que en el noveno mes, los ingresos por remesas se derivaron de 13 millones 800 mil transacciones, con un envío promedio de 388 dólares, dato inferior a los 407 reportados en agosto y a los 404 dólares observado en septiembre del año pasado.

El monto reportado en los primeros nueve meses fue resultado de 122 millones 367 mil transacciones, en las cuales el promedio enviado fue de 395 dólares, cifra superior en una unidad de la divisa estadunidense respecto a igual lapso de 2023.

De acuerdo con BBVA Research, las variaciones en el tipo de cambio agregan otro factor de variabilidad a las remesas, por lo que prevén que la volatilidad continúe en lo que resta del año.

Comentaron que debido a la retórica hostil del candidato demócrata Donald Trump contra los migrantes, existe el temor de que las remesas que llegan a México y a muchos países de América Latina y el Caribe pudieran tener afectaciones, ya sea de forma directa o indirecta.

Apuntaron que las remesas en México tuvieron una fuerte afectación entre 2008 y 2013, por efectos de la recesión financiera causada por bonos subprime en Estados Unidos.

Monex destacó que el poder adquisitivo de las remesas registró su cuarto mes de incrementos a tasa anual, por lo que continuarán como un factor clave para el dinamismo del consumo doméstico.

Analistas de Valmex indicaron que el poder adquisitivo de las remesas, ya en pesos, podría continuar viéndose favorecido en el corto plazo por una mayor depreciación en el tipo de cambio frente a los resultados electorales en Estados Unidos.

Panorama internacional

 

COP16: economía del Norte ligada a la biodiversidad del Sur

Por Sandra Weiss – Deutsche Welle

En la COP16, el Sur exige más dinero a países y empresas del Norte, con el objetivo de proteger la biodiversidad.

La conferencia de las partes sobre biodiversidad de la Organización de Naciones Unidas (COP16), que se celebra en Cali, debatió el lunes (28.10.2024) sobre cómo financiar la protección de la naturaleza.

Hace dos años, 190 países se comprometieron a proteger el 30 por ciento del planeta hasta 2030, pero, hasta el momento, solo 35 (entre ellos Colombia, México, España y la Unión Europea) han presentado planes de acción.

Una oportunidad para América latina

Para crear más incentivos que impulsen a los Estados a proteger el clima, hace falta dinero. Preguntas claves como ‘¿quién paga cuanto y a quién?’ ponen a prueba la solidaridad global. Pero también son una gran oportunidad para países megadiversos, como los de América Latina, consideran expertos consultados por DW.

«América Latina puede mostrar liderazgo y empujar la discusión sobre cambios profundos en el sistema financiero internacional», dice a DW Oscar Soria desde Cali, activista argentino y director del grupo de reflexión internacional The Common Initiative.

«Hay básicamente dos fuentes de financiamiento, privado y público», recuerda, por su parte, Brian O’Donnell, director de la organización no gubernamental Campaign for Nature, con base en Estados Unidos, quien acompaña las negociaciones en Cali.

Promesas rotas y pésima ejecución

En la parte pública, los países industrializados prometieron en 2022 ingresar un mínimo de 20 mil millones de dólares anuales al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Esta es una asociación con sede en Washington de 18 agencias de la ONU, bancos multilaterales de desarrollo y oenegés internacionales.

«Han cumplido con apenas el 1 por ciento y hay muy poca transparencia en la gestión de esos fondos”, critica O’Donnell en entrevista con DW.

Por su parte, Soria lamenta que «otra vez los países ricos han roto sus promesas; y no es por falta de dinero». El año pasado, «los países del G7 gastaron 1,2 billones de dólares en armamento», apunta.

Pero los países ricos no solo fallan en la cantidad del dinero, sino también en la gestión. En un estudio, la ONG Survival International encontró que la burocracia se devora el 24 por ciento del dinero y que, de los 22 proyectos aprobados hasta ahora, apenas uno ha beneficiado a los pueblos originarios, mientras que una tercera parte fue para proyectos de la sección estadounidense del WWF.

«Creemos que todo el mecanismo de financiación debe ser reconsiderado», exige Fiore Longo, investigadora y activista de Survival International.

Lo mismo piensan los países del Sur. Liderados por Brasil, Argentina y Colombia, exigen un nuevo organismo, con sede en el Sur, con el objetivo de priorizar proyectos los países con más biodiversidad. Algo que los donantes rechazan por «ser supuestamente muy costoso y lento», según relata O’Donnell.

Empresas que eluden su responsabilidad

La segunda fuente es el financiamiento privado. Las grandes empresas ganan miles de millones con productos basados en datos genéticos de la naturaleza. Los países en desarrollo exigen un fondo al que vayan parte de esas ganancias.

En este momento, se está debatiendo si ese aporte ha de ser voluntario – como quieren las grandes farmacéuticas y la industria cosmética, secundada por Gobiernos como Canadá, Japón y Suiza – u obligatorio como piden los países del Sur.

Muchas de estas empresas son más ricas que los propios Estados. «Tienen que asumir su responsabilidad”, exige el activista Óscar Soria. «Renuncian a un poco de ganancia, pero preservan la biodiversidad, que es la base de su negocio», señala el experto argentino.

En Cali se habla de un gravamen del 1 por ciento sobre facturación o ganancias. La farmacéutica multinacional AstraZeneca gasta, según Soria, nada más en publicidad mil millones de dólares por año. Por su parte, la alemana Bayer-Monsanto facturó en 2023 unos 47 mil millones de dólares. «Nos resulta muy difícil creer que a las empresas les impacte tanto pagar un gravamen por recursos genéticos. Es avaricia irresponsable y cortoplacista», prosigue el experto.

En discusión está también la repartición de este gravamen. Hay una propuesta sobre la mesa que habla del 30 por ciento para los pueblos originarios. El lunes durante el debate, Noruega propuso aumentarlo al 80 por ciento.

¿Cómo escapar de la trampa de la deuda?

Luego está el tema de la deuda externa.»Sin un debate serio sobre la condonación, es difícil salir adelante», considera Soria. «Hoy el sistema financiero funciona para destruir la biodiversidad y no para protegerla», subraya. En la COP, el tema no está sobre la mesa, pero se ha colado en los pasillos.

Por ejemplo en la presentación del ‘Informe sobre la Deuda, la Naturaleza y el Clima’, encargado por los Gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania. Los autores allí insisten en que la triple crisis de la carga de la deuda externa, la pérdida de la naturaleza y la crisis climática llevan a los países del Sur a un círculo vicioso.

Las perturbaciones ambientales y subsecuentes tensiones socio-económicas encarecen los préstamos y ralentizan el crecimiento económico, escriben los autores. En consecuencia, países con elevadas cargas de deuda tienen menos recursos para seguir una vía de desarrollo sustentable y se ven obligados a seguir en la trampa extractivista y destructora.

Economía del Norte, ligada a la biodiversidad del Sur

¿Qué se puede esperar de la COP16 entonces? «En el mejor de los casos, los países donantes pondrán más dinero sobre la mesa y acordarán una estrategia para mejorar la transparencia», considera O’Donnell. «Así podremos avanzar en la implementación, en lugar de pelearnos por la financiación», estima el ambientalista.

En el peor de los casos, añade, la financiación seguirá en el aire, habrá retrasos en la implementación y se profundizará la desconfianza entre el Sur y el Norte, con el peligro de que este ambiente tóxico se traslade a los debates sobre cambio climático en Bakú en diciembre.

Soria considera que los debates en la COP16 pueden abrir la puerta a un debate real sobre cambios en el sistema financiero y económico internacional. «La mitad de la economía mundial depende de la biodiversidad, rubros como alimentación, farmacéutica o construcción”, señala el experto. Por lo que, si se destruye la naturaleza en el Sur, también sufriría la economía en el Norte.

El Banco Mundial atrapado en sus contradicciones sobre la pobreza

Eric Tousaint – CADTM

En una publicación de abril de 2024, el Banco Mundial señalaba que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, 23 millones de personas vivirían en la pobreza extrema en 2020-2021: “En 2022, un total de 712 millones de personas vivían en la pobreza extrema en todo el mundo, un aumento de 23 millones en comparación con 2019.” [1] El 15 de octubre 2024, el Banco mundial declaro que “El objetivo mundial de poner fin a la pobreza extrema —que se define en USD 2,15 por persona al día— para 2030 está fuera de alcance: podría llevar tres décadas o más eliminar la pobreza de este umbral, que es pertinente en especial para los países de ingreso bajo.” [2]

Menuda confesión de impotencia para una institución que se supone debe contribuir a reducir la pobreza en el mundo.

La verdad es que, en lugar de contribuir a reducir la pobreza, las políticas financiadas por el Banco Mundial y su gemelo, el FMI, la reproducen y acentúan.

Los dirigentes del Banco Mundial y del FMI nunca reconocen el papel eminentemente negativo de las recetas y del modelo que recomiendan o incluso imponen a los países que recurren a sus créditos.

Este artículo pretende demostrar que el Banco Mundial tiende desde hace décadas a subestimar el número de personas afectadas por la pobreza. Merece la pena volver sobre un acontecimiento que tuvo lugar hace más de quince años, cuando el Banco Mundial admitió que se había equivocado sobre el número de personas que vivían en la extrema pobreza. De hecho, en 2008, el Banco Mundial reconoció que había cometido errores importantes en sus cálculos sobre la situación de la pobreza en el mundo. Al tiempo que afirmaba que «las estimaciones de la pobreza establecidas por el Banco Mundial mejoran gracias a datos más fiables sobre el coste de la vida», la institución había descubierto que «viven en la pobreza 400 millones de personas más de lo que nosotros pensábamos». [3]

En 2008, el Banco Mundial admitió que había subestimado en 400 millones el número de pobres: ¡el equivalente a más de la mitad de la población del África subsahariana en ese momento!

¡Y eso era el equivalente a más de la mitad de la población del África subsahariana en ese momento! Eso refleja la falta de fiabilidad de las estadísticas publicadas por el Banco Mundial, estadísticas que sirven, sobre todo, para avalar las políticas neoliberales dictadas o impuestas a lo largo y ancho del mundo por sus propios expertos. [4]

Según su comunicado de 2008, «1.400 millones de personas que viven en el mundo en desarrollo, o sea 1 de cada 4 personas, subsistían con menos de 1,25 dólares por día en 2005», mientras que las estimaciones precedentes estaban alrededor de los 1.000 millones de personas. Sin embargo, el Banco Mundial no dejaba de alegrarse, ya que lo que cuenta para esta institución no es el número de pobres sino la proporción de personas pobres. ¿Por qué? Porque con la demografía mundial en progresión, esa cifra permite hacerse ilusiones con mayor facilidad. Si, por ejemplo, el número de personas pobres es constante, la proporción de pobres bajará mecánicamente a lo largo de los años dado el aumento de la población mundial. Esa es la razón por la que el objetivo «del milenio» era reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de pobres cuyo ingreso era menor a 1,25 dólares por día.

Pero con esos errores enormes del Banco Mundial en los cálculos sobre la pobreza, era toda la estructura de las políticas internacionales contra la pobreza la que se derrumbaba. Las políticas de ajuste estructural (la reducción de los presupuestos sociales, la recuperación de costes en los sectores de salud y de educación, la agricultura volcada a la exportación y la reducción de los cultivos de huerto, el abandono de la soberanía alimentaria, etc.), impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde comienzos de los años 1980, deterioraron las condiciones de vida de cientos de millones de personas en el mundo. No faltaron las críticas hacia el Banco Mundial sobre ese tema. Así Thomas Pogge, profesor de la universidad de Columbia escribía en 2008:

«Los métodos de cálculo del Banco Mundial son extremadamente dudosas. Hay razones para pensar que con un método más aceptable, se observaría una tendencia más negativa y una pobreza mucho más extendida. (…) En tanto que el método actual del Banco Mundial y los datos que surgen del mismo conserven su monopolio en las organizaciones internacionales y en la investigación universitaria sobre la pobreza, no podremos pretender tomar realmente en serio ese problema.» [5]

La poca seriedad de los cálculos del Banco Mundial aparecía muy claramente en esta declaración de Martin Ravallion, uno de los principales autores del Banco sobre la cuestión de la pobreza:
«Las estimaciones más recientes de la pobreza fueron establecidas a partir de las encuestas realizadas a 675 familias en 116 países en desarrollo que representan el 96 % del mundo en desarrollo.» explicaba Ravaillon. [6] ¿Cómo se puede pretender publicar cifras fiables que conciernen a varios miles de millones de personas sobre la base de una encuesta a 675 familias? ¡Eso sí que es admitir falta de seriedad! El propio autor reconoce también que a comienzos de los años 1990, el Banco Mundial se limitaba a encuestas llevadas a cabo solamente en 22 países.

En tono diplomático, el propio Martin Ravaillon escribía: «Unos importantes datos nuevos revelaron que el coste de la vida en los países en desarrollo es más elevado de lo que pensábamos, lo que explicaría la magnitud sin precedentes, hasta ahora, de las modificaciones aportadas a las cifras relativas a la pobreza en el marco de la última revisión… ». [7]

En el momento en que se escriben estas líneas en 2024, el Banco Mundial calcula que una persona no vive en la extrema pobreza si, residiendo en un país en desarrollo, dispone de más de 2,15 dólares diarios. Es evidente que eso es totalmente discutible. Esa cifra fija muy bajo el ingreso diario que permite determinar si una persona vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. En conclusión, ese baremo de 2,15 dólares por día no constituye un indicador fiable y los métodos para extrapolar a escala del planeta el número de pobres no son serios.

Como escribe el economista británico Michael Roberts, si en lugar de 2,15 dólares al día fijáramos el umbral de la pobreza extrema en 5 dólares al día, el 40% de la población mundial se consideraría extremadamente pobre; si fijáramos el umbral en 10 dólares al día, esta proporción sería del 62% y en 30 dólares, del 85%. [8]

Si fijamos el umbral de la pobreza extrema en 5 dólares al día, el 40% de la población mundial se consideraría extremadamente pobre; si fijamos el umbral en 10 dólares al día, esta proporción aumentaría al 62%

En un informe publicado en 2020, el Banco Mundial escribía : «la lucha contra la pobreza registra su peor regresión en 25 años. En 2020, el porcentaje mundial de extrema pobreza debería aumentar por primera vez en más de 20 años, debido a la pandemia de coronavirus». En el mismo artículo, los autores del Banco agregaban: «el cambio climático podría arrastrar de 68 a 135 millones de personas a la pobreza hacia 2030». [9]

Esos cálculos que realmente se habrían de tomar con pinzas, visto los métodos utilizados por el Banco Mundial, indican, no obstante, una evolución dramática que exige soluciones radicales y urgentes a favor de los derechos humanos.

El Banco mundial considera que: “Al lento ritmo actual, podría ser necesario más de un siglo para eliminar la pobreza tal como se la define en casi la mitad del mundo”

El comunicado de prensa publicado por el Banco Mundial el 15 de octubre de 2024 se titulaba: «Al ritmo actual, se tardaría más de un siglo en sacar a la mitad del mundo de la pobreza». [10] En el artículo del Banco Mundial de 2010 citado anteriormente, uno de los subtítulos decía: «El mundo en desarrollo sigue en vías de reducir la pobreza a la mitad para 2015 en comparación con los niveles de 1990». [11]

Ya es hora de que nos deshagamos del dúo Banco Mundial-FMI y lo sustituyamos por otras instituciones al servicio de la humanidad.

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Notas:

[1] Fuente: https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview consultado el 22/10/2024

[2] Banco Mundial, «Poner fin a la pobreza en la mitad del mundo podría llevar más de un siglo», publicado el 15/10/2024, https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/10/15/ending-poverty-for-half-the-world-could-take-more-than-a-century consultado el 22/10/2024

[3] Banco Mundial, «Estimaciones de la pobreza en el mundo en desarrollo (puesta al día)», publicado el 17 febrero 2010 https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2010/02/17/estimates-of-poverty-in-the-developing-world-updated consultado el 22/10/2024.

[4] Damien Millet y Éric Toussaint, «El Banco Mundial descubre, de un golpe, 400 millones de pobres más» , publicado el 29 de agosto de 2008, https://www.cadtm.org/El-Banco-Mundial-descubre-de-un consultado el 22/10/2024 .

[5] Sanjay G. Reddy and Thomas W. Pogge, ‘How not to count the poor’, 29 October 2005, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893159 consultado el 15/10/2024 Para un análisis de conjunto, Thomas Pogge, Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric, Cambridge, PolityPress, 2010. En castellano, dos libros del autor sobre el tema: La pobreza en el mundo y los derechos humanos, Paidos Ibérica, Barcelona, 2005; Hacer justicia a la humanidad, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009.

[6] Martin Ravaillon, director del grupo de investigación sobre el desarrollo económico en el Banco Mundial, «Estimations de la pauvreté dans le monde en développement (mise à jour)»
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2010/02/17/estimates-of-poverty-in-the-developing-world-updated , ya citado consultado el 22/10/2024

[7] Martin Ravaillon, op. cit.:
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2010/02/17/estimates-of-poverty-in-the-developing-world-updated consultado el 22/10/2024

[8] Michael Roberts, «Cómo medir la pobreza global», publicado el 14 octubre 2024, https://www.cadtm.org/Como-medir-la-pobreza-global , consultado el 22/10/2024

[9] Fuente: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction consultado el 22/10/2024.

[10] Banco Mundial, «Poner fin a la pobreza en la mitad del mundo podría llevar más de un siglo», publicado el 15/10/2024, https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/10/15/ending-poverty-for-half-the-world-could-take-more-than-a-century consultado el 22/10/2024

[11] Martin Ravaillon, op. cit.: https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2010/02/17/estimates-of-poverty-in-the-developing-world-updated consultado el 22/10/2024

*Doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, portavoz del CADTM internacional y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.