Argentina puso en peligro sus reservas de oro: las reclaman los fondos buitre

Claudio della Croce

El holdout Bainbridge Fund, considerado un fondo “buitre”, solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, que le pida a la Argentina brindar información del destino y el uso del oro de las reservas del Banco Central (BCRA) que el gobierno libertario argentino de Javier Milei envió a  Europa. Bainbridge reclama 95,6 millones de dólares, pero se teme que otros fondos buitres quieren participar del botín

El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en la paraestatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a su favor, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país.

Este recurso  debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos. El gobierno libertario argentino ordenó el traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1.400 a 1.500 millones de dólares. Se señaló extroficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea.

«Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia», indicó  el diario Página/12. Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año.

El 2 de setiembre el Banco Centra (BCRA) confirmó que terminó de enviar al exterior el oro de las reservas por la decisión de Caputo. El ministro ignoró todas las advertencias sobre los riegos que implicaba mandar 4.800 millones de dólares en lingotes de oro a Londres y Basilea.

“Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos”, dijo Caputo. Voces del mercado alertaron que esta era una jugada riesgosa porque se corría riesgo de embargo, sobre todo dado que la reputación de Argentina como deudor es mala.

BlackRock, el fondo de inversiones que lidera Larry Fink emitió el 27 de setiembre su informe con los datos consolidados de mitad de año vinculado a los mercados de América latina. Las perspectivas para la Argentina no son buenas. “Vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio”, puede leerse en el reporte que lleva las firmas de Christoph Brinkmann y Sam Vecht, quienes también vaticinan un salto inflacionario.

Un fallo anterior de la misma jueza Prieska –conocida como la jueza de Wall Street- les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda.

En un nuevo revés contra la Argentina, en agosto último la jueza le ordenó al país pagar 142 millones de dólares a un grupo de bonistas, beneficiando a aquellos acreedores que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, con Cristina Fernández de  Kichner como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.

El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de 95,8 millones de dólares para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el litio por los bonos defaulteados de 2001. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central argentino en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady.

Estos títulos, emitidos en la década de 1990, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región. Ese monto aún no fue cobrado y es por eso que Baindbridge Fund mantiene el interés sobre los activos argentinos. Sobre esa base, todo indica que el acreedor busca saber qué hace el país con sus reservas para garantizarse el pago de lo que le debe.

El robo del oro venezolano

Un reportaje de Desclassified UK reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña gastó 80 mil 697 libras esterlinas de fondos públicos para apoyar la cruzada del exdiputado venezolano Juan Guaidó cuyo propósito era incautar aproximadamente dos mil millones dólares en oro (31 toeladas) en el Banco de Inglaterra.

Todo empezó en 2018 cuando el Banco de Inglaterra –supuestamente una entidad apolítica- se negó por primera vez a liberar el oro de Venezuela, amparado en suopuestas dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue reelecto ese año.

A principios de 2019, basado en la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, el Banco de Inglaterra consiguió la justificación necesaria para seguir congelando el oro venezolano: asumió el discurso del «vacío absoluto de poder» supuestamente dejado por Maduro.

El gobierno de Estados Unidos actuó rápidamente para reconocer a Guaidó y apuntalar el golpe contra el país al que se sumó el gobierno del Reino Unido y que le proporció al Banco de Inglaterra una «cobertura aérea política».

La mecánica de robo imperial

En enero de este año, la jueza de Nueva York rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en EEUU por la nacionalización de YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

La decisión fue tomada por la jueza Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Buefoird Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares.

En febrero, el gobierno argentino, representado en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y en consonancia con la estrategia planteada por la Procuración del Tesoro conducida por Rodolfo Barra, plantearon ante la Corte de Apelaciones que la jueza podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina». Además, cuestionaron el monto que la magistrada ordenó pagar.

El argumento de Argentina que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)