Sergio Ferrari
En los últimos años, las grandes empresas agroquímicas internacionales han estado redirigiéndose hacia la producción de insumos biológicos para la agroindustria. Más que una conversión ecológica, todo indica que se trata del hallazgo de una nueva y suculenta veta para ampliar sus ya multimillonarias ganancias.
Si bien hace apenas 20 años las compañías activas en el mercado mundial de insecticidas de tipo “bio” se contaban con los dedos de las manos, en la actualidad superan las 1.200. La ONG internacional Grain (Grano), con sede en Barcelona, en un estudio publicado la segunda quincena de agosto, confirma que todas las grandes corporaciones de agroquímicos —como Bayer, BASF, Corteva, FMC, The Mosaic Group, Syngenta, UPL y Yara, entre otras— ya operan en este rubro. Bajo el nombre de Bioinsumos corporativos, el nuevo negocio tóxico de la agroindustria,el estudio constata que dicha “penetración en este mercado tiene lugar de manera agresiva por su forma típica de proceder, a través de compras, acuerdos de licencias y fusiones”.
La historia de las últimas décadas del sector agroquímico está repleta de paradojas. Hasta fines de los años ’90, Monsanto (que desde 2018 pertenece a la alemana Bayer) producía y vendía, exclusivamente, pesticidas químicos destinados a combatir de forma drástica las plagas en las grandes superficies de monocultivos, con impactos desastrosos para el ser humano y el medio ambiente. Ahora se propone controlar el mercado mundial de insecticidas de tipo “bio”. Durante todo ese tiempo fue fundamentalmente el campesinado quien utilizó pesticidas no químicos, como los elaborados a base del microorganismo Bacillus thuringiensis (Bt), de impacto más lento y apropiado a unidades productivas más pequeñas.
Negocios sumamente lucrativos
Según el informe Bioinsumos, oportunidades de inversión en América Latina, publicado en 2023 por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el mercado global de insumos biológicos alcanzó en 2021 los 10.600 millones de dólares, mientras que el de insumos agroquímicos llegó a los 245.000 millones. Se prevé que en 2026 el sector de bioinsumos represente unos 18.500 millones de dólares, casi el doble que cinco años antes, resultado de un crecimiento acelerado de proporciones debido a la voracidad transnacional.
Grain sostiene que una buena parte del mercado global de bioinsumos ya se encuentra en manos de las principales multinacionales de pesticidas. En 2022, Bayer comercializó insumos de tipo bio por un valor de 214 millones de dólares y proyecta 1.600 millones en 2035. Las ventas de la estadounidense Corteva en 2023 alcanzaron los 420 millones de dólares, y las del grupo Syngenta, con sede en Suiza, 400 millones. A estas corporaciones, así como al resto de sus competidores, les interesan los biopesticidas porque son los productos que más venden: aproximadamente la mitad del mercado global de bioinsumos.
La otra mitad incluye biofertilizantes para nutrir los sembrados y bioestimulantes para potenciar su capacidad de absorción de nutrientes. A fin de asegurar este acelerado crecimiento, las grandes empresas han concentrado su interés solo en unos pocos productos, aquellos que contienen el microorganismo Bt: un 90% del mercado global de biopesticidas.
En cuanto a su impacto regional, el mercado más amplio de los insumos de tipo bio se sitúa en Estados Unidos y Canadá, seguido por Asia-Pacífico, Europa y América Latina. Caso emblemático, el de Brasil, uno de los mercados de más rápida expansión y, por lo tanto, importante objetivo de las transnacionales agroquímicas. En junio de 2024, Brasil registró la venta de 1.273 insumos bioagrícolas: una mitad biopesticidas, la otra, biofertilizantes. Mayormente destinados a los principales monocultivos, como soja, maíz y trigo, el 82% de estos insumos fue producido por empresas extranjeras. Según del Ministerio de Agricultura de Brasil, hoy se emplean biofertilizantes en casi 40 millones de hectáreas y biopesticidas en 10 millones de hectáreas. El área cultivable actual en ese país sudamericano es de casi 79 millones de hectáreas.
El estudio de la FAO destaca la magnitud del uso de plaguicidas en América Latina. “Si bien la producción agrícola mundial se apoya en un uso intensivo de agroquímicos”, sostiene, “según cifras de 2019 al menos nueve países de América Latina duplican o triplican la cantidad de kilogramos de plaguicidas por hectárea utilizada por países como los Estados Unidos y Canadá”. Y señala que el aumento de las temperaturas —como resultado del cambio climático—, acelera la forma en que se reproducen las plagas, lo que genera una mayor presión sobre los sistemas de producción de la región.
Datos que refuerzan la importancia que le asignan a América Latina las corporaciones productoras de insumos agroquímicos tradicionales y de los nuevos bioinsumos. Y el doble rol que juegan las mismas: por una parte, promoviendo la gran producción y el agronegocio (o agroindustria para la exportación) y, por otra, aportando al calentamiento global y la crisis climática.
Nuevas tecnologías, poder multinacional
La carrera de las grandes corporaciones agroquímicas en el desarrollo y la promoción de bioinsumos va de la mano con formidables avances tecnológicos y científicos. Como la capacidad de editar genéticamente, la biología sintética y la ciencia de datos, todo lo cual facilita la identificación de microorganismos para la formulación de nuevos productos bio. Aún más: los avances tecnológicos les permiten asegurar el control monopólico a través de las patentes. Según Grain, estas corporaciones apuestan a llevar estos productos genéticamente modificados al mercado sin tener que confrontar obstáculos regulatorios.
Una patente es un título de propiedad industrial mediante el que se reconoce el derecho exclusivo sobre una invención. Impide que otros fabriquen, vendan o utilicen dicha invención sin consentimiento de su propietario. Entre 2000 y 2023 se registraron más de 44.000 solicitudes para el reconocimiento oficial de patentes de bioinsumos a nivel mundial.
Ante esta avalancha de las multinacionales que tratan de penetrar e imponerse en el mercado de insumos biológicos a cualquier precio, poco pueden hacer los pequeños y medianos productores agrarios. Según Grain, este proceso en marcha “puede provocar una nueva ola de privatización de formas de vida” que han sido hasta ahora propias a comunidades campesinas y sus conocimientos ancestrales.
Las patentes sobre procesos y secuencias genéticas de microorganismos crearán un mercado de bioinsumos dominado por las corporaciones, otorgándoles derechos monopólicos. Esto significa, precisa Grain, que quienes quieran usar productos con ciertos componentes o procesos patentados “deben obtener autorización o pagar por el derecho de uso”. Como ya lo advertía en 2015 La Vía Campesina y Grain en su documento conjunto sobre La criminalización de las semillas campesinas: resistencias y luchas, en caso de incumplimiento de los mecanismos establecidos por el derecho internacional de patentes, puede imponérsele al campesinado el pago de multas onerosas e incluso sentencias de prisión.
Alternativas
El tema es de relevancia mundial, con un impacto significativo particular para América Latina y el Caribe, que sigue siendo clave para la seguridad alimentaria y la preservación de la biodiversidad en el mundo. De hecho, una región que produce alimentos para unos 1.300 millones de personas (más del doble de su población), reúne el 50% de la biodiversidad del planeta y alberga a seis de los países del planeta con mayor biodiversidad: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Y, al mismo tiempo, cuenta con el mayor número de especies alimentarias silvestres amenazadas, así como 200 millones de hectáreas de tierras ya degradadas.
Las grandes empresas agroindustriales son parte de los principales responsables de la crisis climática y de otros muchos problemas globales. Para Grain, “la solución no consiste en la mera reducción de pesticidas y fertilizantes químicos”, debido a que ambos son componentes inevitables del modelo de una agricultura industrial inserta en un sistema alimentario global injusto y predatorio, controlado por unas pocas corporaciones multinacionales. La solución pasa por definir un nuevo paradigma de producción y distribución agraria.
En este marco, como desde décadas proponen los movimientos sociales rurales, el gran desafío consiste en lograr una transición hacia la agroecología basada en los saberes campesinos, la innovación colectiva y la soberanía alimentaria, desestimando las soluciones tecnológicas caras y con patentes corporativas que solo perpetúan la agricultura industrial y sus consecuencias devastadoras. Se trata, simplemente, de reubicar el cursor social poniendo en el centro la salud de cada ser viviente y de la madre tierra.
*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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