Argentina: ¿Perón y Kirchner estarían orgullosos del rumbo del gobierno libertario?

Last updated Jun 22, 2024

EmiliaTrabucco

El gobierno argentino volvió a festejar el supuesto superávit financiero: de la mano de su vocero presidencial. Manuel Adorni destacó en su conferencia del 19 de junio que «es la primera vez desde el 2008 que Argentina logra superávit financiero durante cinco meses consecutivos, aún sin haberse aprobado el paquete fiscal».

Como ya tiene acostumbrada a su audiencia, el gobierno libertario lanzó nuevamente una falacia y, esta vez, fueron por más en la construcción del relato: el vocero agregó que “21 años después, seguramente Néstor Carlos Kirchner estaría orgulloso de Milei y del programa económico liderado por (Luis) Caputo y su equipo de notables economistas”.

Una parte del relato es cierta. Cristina Kirchner, ex presidenta, lo corroboró en su discurso en Quilmes, en abril de este año: «en este país, en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y en 2008 se cayó el mundo, crisis global. No se pudo sostener». Pero apuntó contra el relato oficial: «se escuchó al presidente congratularse por el superávit fiscal. Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas.¿Superávit de dónde? No tienen superávit. Es un superávit que no tiene sustento», dijo.)

Lo que el gobierno libertario omite decir es cómo se está logrando, más allá de las deudas que lo niegan, el ahorro de las arcas del Estado. Como es de público conocimiento, fueron los recortes o “licuación” en jubilaciones, ayuda social y fondos provinciales lo que explica en mayor medida la disminución del “gasto público”. Eso sí, los fondos para pagos de intereses de deuda no los tocaron. Muy lejos está su estrategia de la instrumentada en aquellos años de superávit fiscal durante los años de los gobiernos kirchneristas.

La falacia lanzada por el vocero presidencial, en un marco de intentos de instalar un discurso de exitismo económico, llega en momentos cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) publica su informe (staff report) sobre la situación argentina, a días de aprobar el desembolso de 800 millones de dólares. Aunque el organismo “festeje” el cumplimiento de metas en relación al superávit, lo define como “endeble”. Vuelve a señalar los riesgos de hacerle pagar el ajuste a los que menos tienen -exigiendo a la vez bajar aún más los subsidios, poner más alta las tarifas y cobrar Ganancias- y “recomienda” al gobierno levantar el cepo y liberar todas las restricciones cambiarias.

Ello hace prever un panorama complicado para el gobierno, ya que las proyecciones aseveran un rebote inflacionario para julio – golpeando sobre eje central de su relato- , una profundización de la recesión y una posible segunda devaluación de la moneda local, paso necesario para responder a las exigencias del Fondo, el verdadero centinela y digitador de la política económica del presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo.

Como explicó Felisa Miceli, ex ministra de Economía, el escenario que el propio organismo augura es parecido al de la Argentina del fin de la convertibilidad (1991), con una caída de la actividad de 3,5% promedio, donde los costos sigan recayendo sobre la espalda de les trabajadores.

Tras las recomendaciones del FMI y las versiones de modificaciones en el dólar “blend” (conocido como “dólar soja”) -80% al tipo de cambio oficial, 20% al contado con liqui (CCL)-, para hacer más ventajoso el tipo de cambio y que eso empuje la liquidación de divisas, Caputo desmintió los rumores y ratificó que no habrá devaluación.

Sin embargo, Miceli explica que “el FMI insiste en que esto se desarme, porque significa que los exportadores liquidan muchos dólares por el CCL y lo sustraen de lo que le liquidan al Banco Central”, lo que va en contra de los intereses del Fondo, que solo pretende que el Banco Central engrose sus reservas y así pueda pagar los millonarios vencimientos de la deuda contraída durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Roberto Cachanosky, economista libertario -que viene mostrando diferencias con el gobierno-, también advirtió: «El panorama lo veo más complicado, el auge del mercado duró un día después de la Ley Bases. Cuidado con el tema inflacionario por el atraso del tipo de cambio. El tipo de cambio se traza y cuando lo ajustes vas a tener otra llamarada inflacionaria, el valor del dólar se hizo pelota».

Jeffrey Frankel, economista y profesor de la Harvard Kennedy School (y que escribió papers con Federico Sturzenegger, sesor principal de Milei), explicó en mayo de este año que ningún gobierno quiere devaluar por temor a las consecuencias electorales. Por eso, las devaluaciones ocurren después de los comicios, como en la Argentina de Milei, y en Nigeria, Turquía, Egipto e Indonesia. «La inflación argentina sigue siendo muy alta, pero el Banco Central dejó de perder reservas después de la devaluación, como predecía la teoría».

Acto seguido, hace referencia al ejemplo nigeriano: «El nuevo presidente, Bola Tinubu, asumió el cargo el 29 de mayo de 2023. Dos semanas después, el gobierno devaluó el naira en un 49%. Pronto resultó que esto no era suficiente para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos. A finales de enero de 2024, el gobierno abandonó su esfuerzo por apuntalar el valor oficial del naira, devaluándose otro 45%, señala Horacio Verbitsky. Un ejemplo en el que podemos proyectar una situación bastante lejana a ser “país potencia” (como promete el presidente Milei) y suponer que los rumores de una segunda devaluación son probables.

Lo cierto es que los y las trabajadoras en Argentina conocieron en diciembre las consecuencias de un 118% de devaluación de la moneda local, lo que significó cerca del 50% de pérdida real del poder adquisitivo de las familias, situación que se fue agravando con el correr de los meses, aunque los libertarios se esfuercen en demostrar lo contrario. Milei declaró el 19 de junio que «ya van dos meses donde la evolución de los salarios y las jubilaciones le gana a la inflación», asegurando que en la segunda mitad del año bajará la cantidad de pobres.

No hace falta ser economista para reconocer la falacia de esas declaraciones; el bolsillo de les trabajadores no miente y los índices de caída libre del consumo interno y de aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia de todas las consultoras muestran lo contrario. No hay ningún indicador económico que permita afirmar que “el sacrificio” al que intenta someter al pueblo argentino logre la esperada y falsa recuperación. Lo cierto es que ni el FMI puede declarar a su favor y las ganancias extraordinarias de las grandes empresas demuestran que no todos están haciendo el sacrificio que pide reiteradamente el gobierno.

El experimento anarcocapitalista

Cristina Kirchner analizó el rumbo de la política del Ejecutivo como un “experimento anarcocapitalista”, conducido por intereses internacionales que pretenden volver a un proyecto de economía primarizada, sin agregado de valor, con destrucción del Estado para avanzar en convertir al país en un paraíso fiscal para las empresas globales, en un momento de crisis mundial marcada por profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, donde las consecuencias de la pandemia del Covid, como punto de inflexión de la época, están en pleno desarrollo.

Como analizó la exvicepresidenta, «creer que el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía ni el mundo. De todos los países del mundo solamente tres tienen superávit fiscal […] ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de EE.UU. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, te podés dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo».

Milei está planteando una salida de la crisis a través de un programa de inserción en el mundo con crecimiento económico pero de dependencia, endeudamiento y sin inclusión social. Un programa antagónico al que iniciaron los gobiernos del kirchnerismo, con el que el vocero intentó la comparación y que se desarrollaron también en un panorama global de profunda crisis estructural.

Según el Centro de Estudios Agrarios (2023), durante el período 2003-2015, hubo un grave impacto en la producción agroindustrial por importantes sequías, crisis climáticas y político-económicas de escala global, por ejemplo, la caída de la producción de cereales y oleaginosas de casi el 40% anual en 2008, o la crisis financiera internacional del mismo año, pasando luego por la crisis de los PIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Sin embargo, los índices de pobreza y exclusión se redujeron año tras año, el crecimiento de la economía nacional se distribuyó, los salarios le ganaban a la inflación y el consumo interno motorizaba la economía.

Los indicadores de aquel período ponen en evidencia que hubo un programa de gobierno que se decidió a que la clase trabajadora no pagara las consecuencias de dicha crisis, con la implementación de más de 200 leyes, un Estado presente, la reactivación del sistema productivo nacional y una importante inversión en educación, ciencia y tecnología.

Hay que decir que el gobierno de Alberto Fernández no siguió aquella herencia, mostrando nuevamente las consecuencias de no avanzar con decisión en una política de desendeudamiento frente al préstamo ilegal otorgado por el FMI y la profundización de políticas que torcieran la puja distributiva hacia los y las trabajadoras argentinas, los verdaderos productores de la riqueza. El programa nacional y popular quedó subordinado, esa es la verdadera razón del fracaso detrás de las excusas frente a la crisis internacional y las promesas de resolución a través de mesas de consenso donde solo se sentaron los sectores concentrados y aquellos que se pusieron a disposición de sus exigencias.

Ya transcurriendo seis meses de gobierno libertario, resulta útil volver a retomar los ejemplos donde se han implementado políticas similares al experimento anarcocapitalista argentino, para poder proyectar el rumbo de su programa económico y las consecuencias para los y las trabajadoras, más allá de los relatos que le permiten sostener su imagen positiva en amplios sectores.

Si tomamos el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), parte del paquete fiscal que se aprobó en la Cámara de Senadores y está pronto a tratarse en Diputados con modificaciones, dos países africanos vuelven a aparecer como los ejemplos de Estados con legislaciones similares, donde su implementación también vino acompañada de saqueo de recursos y falsas promesas para sus pobladores.

En Angola se aprobó la Ley de Inversiones Privadas en 2015: para 2022 más de 15,1 millones de angoleños vivían en la pobreza extrema, subsistiendo con apenas 1,90 dólares diarios, con un salario medio de 21.454 Kwanzas o 22.639 pesos argentinos. El otro país es, nuevamente, Nigeria, que ha seguido una ruta similar, ofreciendo exenciones fiscales para “atraer inversiones”. El salario mínimo es de apenas 25.000 nairas (31.000 pesos argentinos, unos 30 dólares).

Está claro que estos resultados no dejarían orgulloso a Néstor Kirchner, como pretende el vocero presidencial. Estamos ante modelos antagónicos de país, donde las profundas transformaciones económicas, y sobre todo, políticas, ameritan comprender qué está en juego, detrás de las falsas contradicciones que inundan la agenda pública.

Y principalmente, los intentos de mostrar que el peronismo, como proyecto popular histórico, podría tener algo que ver con el programa libertario. Juan Domingo Perón, Néstor y Cristina Kirchner estuvieron en las antípodas de La Libertad Avanza. Solo pueden sostener este relato aquellos cuyo objetivo es destruir, desde las propias filas, la herencia de una reserva material y moral necesaria para rearticular el proyecto de las mayorías.

El sostenimiento en el tiempo de un proyecto de país dependiente y absolutamente excluyente, que condena a les argentines a condiciones de vida cada vez más dramáticas, va a depender de cuantos sectores políticos estén dispuestos a otorgarle legitimidad a cambio de acuerdos, concesiones o dádivas para el negocio propio. Desde el acto en la ciudad de Rosario, en el Día de la Bandera, el presidente Milei anunció la puesta en marcha del Consejo de Mayo: nuevamente, una “amplia mesa” donde partidos políticos, sindicatos y empresas están llamadas a acordar, con fecha probable de firma el 9 de julio en Tucumán.

La velocidad con la que este gobierno ha implementado el ajuste sobre les trabajadores y sectores más desprotegidos, combinado con una política represiva y de criminalización de la protesta -sumado a los errores de la historia reciente- deberían ser prueba más que suficiente para que aquellos que dicen defender los intereses populares se nieguen a ocupar una silla en la mesa de la concertación.

*Psicóloga, Magister en Seguridad de la Nación. Analista de l Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.