Prisión preventiva para Daniel Jadue: la justicia chilena otra vez bajo la lupa

Paul Walder

La prisión preventiva del alcalde de la popular comuna de Recoleta en Santiago, el militante comunista y ex precandidato presidencial Daniel Jadue, es una noticia esperada y de cierta manera estaba ya cantada. Para la derecha y sus medios de comunicación afines, que es la gran prensa hegemónica instalada en el status quo de las instituciones chilenas, pero también para el mundo de la izquierda, que veían con inquietud la instalación de esta maquinaria para la persecución de Jadue

El lunes 3 de junio el Tercer Juzgado de Garantía de Santiagodecretó la prisión preventiva del alcalde, tras ser formalizado por diversos delitos de corrupción. La decisión fue tomada por la jueza Paulina Moya, quien accedió a la solicitud de la Fiscalía, la cual argumentó que Jadue «representa un peligro para la sociedad».

Daniel Jadue enfrenta acusaciones de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco y arriesga una condena de hasta 15 años. Estos cargos se relacionan con su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), organización de la que fue presidente. La Fiscalía sostiene que durante su liderazgo en Achifarp, Jadue cometió múltiples irregularidades que justifican las graves imputaciones en su contra.

Jadue cumple desde el lunes  la medida cautelar en el anexo Capitán Yaber, una unidad especial de reclusión que también albergará a otro imputado en este caso, José Matías Muñoz. Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp y señalado como la mano derecha de Jadue, enfrenta cargos similares, con la adición de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

La Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, conocida por su labor en facilitar el acceso a medicamentos a bajo costo, modelo replicado en centenares de otros municipios chilenos, ha quedado bajo escrutinio debido a estos casos de corrupción.

La Achifarp, presidida por Jadue desde su creación en 2016, agrupa a 170 municipios de todo el país y fue establecida con el objetivo de obtener medicamentos a precios más bajos para la población.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, escribió Jadue en su cuenta de X.

¿Persecución política?

Desde el inicio del proceso judicial hubo grandes sospechas respecto no solo a los contenidos de la querella sino a su oportunidad. Un proceso levantado como gran titular en los medios y de cara a las elecciones municipales de octubre 2024. El engranaje judicial mediático, que el mismo Daniel Jadue y su equipo había percibido hace meses en acusaciones de prensa no comprobadas que él mismo desmintió con un muy escaso o nulo eco en esos medios, anunciaban este desenlace.

El caso de las farmacias populares, como lo ha llamado la prensa, se inserta en una escena judicial mucho mayor. Un escenario que se cae por el peso de la corrupción. Son decenas los municipios investigados y sus alcaldes procesados por miles de millones de pesos fiscales desaparecidos, la gran mayoría de partidos de derecha. De ellos, la UDI lleva la delantera en número de casos como en los montos de dinero defraudados. Encabeza la lista la pinochestista VirginiaReginato, exalcaldesa de Viña del Mar, y la sigue Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, una exbailarina de la televisión, que tiene como virtud personal ser la nuera de Joaquín Lavín, ese histórico camaleón de la UDI. Barriga, también procesada, cumple como medida cautelar un arresto domiciliario en una parcela cerca de Santiago desde donde se graba selfies y videos para Tiktok con sus nuevos pasos de baile.

La comparación de la prisión preventiva de Jadue con el suave arresto domiciliario de Cathy Barriga irrita no solo al entorno más cercano al alcalde de Recoleta sino a gran parte del mundo de la izquierda chileno, a observadores y organizaciones sociales. En especial, por ser la misma jueza, una mujer que ya arrastraba molestias desde organizaciones sociales por su lentitud y sesgo en el procesamiento de los asesinos de una joven periodista de izquierda hace dos años.

La oblicua mirada que los chilenos tenían con el poder judicial se ha vuelto cada vez más turbia. Según una encuesta de mayo de 2024, la mayoría de los chilenos (83%) confía poco (52%) o nada (31%) en el sistema judicial.Esta proporción aumenta entre las mujeres, en el Grupo Socioeconómico C3 y a medida que aumenta la edad.En 2012, un sondeo similar arrojó cifras similares, con un 80% de los encuestados calificando el sistema de justicia chileno como poco o nada confiable.

Esta evidente desconfianza se extiende también al Ministerio Público. El actual Fiscal Nacional,.Angel Valencia, fue ratificado por el senado tras dos intentos fallidos nombrados por el Ejecutivo. El gobierno del presidente Gabriel Boric, al no contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras, ha debido pactar con la oposición de derecha en oportunidades en muy débiles condiciones. Ha pasado con todas las reformas importantes, pero también sucedió en el nombramiento del fiscal hoy en funciones.

Por su trayectoria y vínculos Valencia es una figura que le genera toda confianza a la derecha. Desde que asumió el cargo en enero del 2023 hay una clara tendencia en apurar ciertas formalizaciones y archivar otras. Un movimiento que confirma un mal de la justicia chilena: mano suave con las elites y de hierro con los pobres o con los defensores de los débiles.

El abogado y académico Claudio Nash analizó la medida cautelar de prisión preventiva contra Daniel Jadue. “La jueza argumenta que hay peligro para la sociedad porque Jadue es alcalde y puede reincidir en actos ilícitos. Este argumento es errado. Por una parte, supone afectar la presunción de inocencia, por otra, la peligrosidad no se vincula con posibilidad de fuga o afectación del proceso. Además, la resolución tiene un problema de proporcionalidad. En efecto, si lo que se quiere es evitar la repetición de actos ilícitos, hay otras medidas que logran el mismo objetivo y son menos lesivas de la libertad personal; así, arresto domiciliario logra él mismo objetivo. En este sentido, parece razonable pensar que la Corte de Apelaciones modificará la cautelar”.

En el entorno más cercano a Jadue, la defensas se expresan en diversos tonos. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, presente durante las audiencias a las puertas del tribunal, comentó que “no era la resolución que yo esperaba, desde el punto de vista de una cautelar. Siempre, mi punto de vista, mi expectativa, fue que no ameritaba más que la cautelar más blanda”.

La diputada comunista Carmen Hertz fue más directa:“No es posible olvidar ni ignorar la campaña feroz anticomunista que se ha desarrollado, no en los últimos 15 días o tres semanas, en el último tiempo”.

Desde el gobierno las declaraciones han sido mucho más cautelosas. Pese a la postura del Partido Comunista sobre la medida cautelar, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, militante comunista, solo llamó a “respetar el trabajo de nuestras instituciones”.

Daniel Jadue, que fue derrotado en 2021 en las primarias por Gabriel Boric, ha tenido desde marzo del 2022 una visión crítica del gobierno. Jadue, a diferencia del Presidente Gabriel Boric, tiene un perfil de izquierda diferente a los progresismos del Frente Amplio y aún más con el Partido Socialista, acomodado con el statu quo neoliberal. Podríamos afirmar que Jadue mantiene también un pensamiento y sobre todo un estilo diferente con la oficialidad de su partido, que desde el gobierno suaviza la clásica narrativa comunista para asimilarla a los progresismos.

Este estilo, más confrontacional y crítico, lo ha mantenido, pese a las persistentes campañas de la prensa hegemónica, en una figura con un potencial futuro político. Bestia negra para los conservadores y la derecha anticomunista, pero también peligro para el futuro de los progresismos. Este relato está en pleno desarrollo.

*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)