Mecanismos de censura previa y concentración mediática en la Ley de Medios uruguaya

Luvis H. Pareja

La Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que comparte las preocupaciones de diversos organismos internacionales y locales sobre la reforma a la Ley de Medios aprobada en el Senado uruguayo, asegurando que «podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana»

El Senado uruguayo aprobó este martes el proyecto de nueva ley de Medios de Comunicación, que salió adelante solo con los votos del oficialismo y en medio de una fuerte polémica por el procedimiento utilizado por la coalición de gobierno. El texto, que obtuvo media sanción de Diputados en diciembre pasado, nunca llegó a discutirse en la Comisión de Industria de la cámara alta.

Sin embargo, y sin avisarlo en la habitual reunión previa de coordinación, la coalición derechista decidió ingresarlo en medio de la sesión, con el rótulo de “grave y urgente”. Esta movida molestó al Frente Amplio, que denunció un atropello y horas más tarde resolvió que dejar de participar en la coordinación interpartidaria semanal en el Senado.

La bancada del centroizquierdista Frente Amplio (FA) votó en contra de aceptar la discusión, por no haber sido tratada previamente en comisión. “La única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos electorales, esa sensación en el aire de que la coalición (derechista de gobierno) no va a volver a gobernar se ve que está apurando el período de los mandados”, dijo la senadora Silvia Nane (FA)

Anteriormente, la UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), advirtieron en una carta que el proyecto “es contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, y que, a su vez, fue aprobado “sin un debate previo” en la cámara alta.

El documento firmado por Ernesto Fernández Polcuch, representante de la UNESCO en Uruguay y Jan Jarab, representante regional para América del Sur del ACNUDH, destaca que es preocupante la eliminación de medidas para limitar la concentración mediática, la derogación de toda participación ciudadana de control de la gestión pública, así como la reducción de transparencia gubernamental en el otorgamiento de licencias.

Alertaron que la obligación a los medios de brindar “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones” de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” -lo que dispone artículo 72 del proyecto-, “supondría una restricción a la libertad de expresión que podría implicar una censura previa”.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesto públicamente su rechazo al artículo 72 que regula opiniones políticas en periodos electorales, e instó a senadores oficialistas y autoridades gubernamentales a que no voten la iniciativa, “por considerar que vulnera la libertad de expresión y de prensa”

Roberto Rock, presidente de la SIP, aseguró que esta imposición que se pretende instaurar sobre los medios audiovisuales y sus periodistas “es inadmisible”.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) rechazaron la propuesta y sostuvieron que “consagra aún más la concentración en las grandes empresas nacionales” y profundiza la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación.

“Advertimos lo que se constituye en una preocupante violación a la Ley de Libertad de Prensa que responde a convenios internacionales suscritos previamente por el Estado uruguayo”, expresaron.

También la organización Reporteros sin Fronteras se manifestó sobre la iniciativa, asegurando que el proyecto fue aprobado con urgencia y sin transparencia, buscando “facilitar la concentración de medios, debilitar a los medios públicos y censurar los contenidos políticos que ofrecen los medios a la población”.

Mayor concentración y extranjerización

El martes 14 de mayo el Senado de Uruguay aprobó, con los votos de la mayoría que conforma la coalición de gobierno, una “ley de medios” que consagra aún más la concentración en las grandes empresas nacionales al tiempo que posibilita que capitales extranjeros adquieran licencias de televisión y radio.

Esta concentración implica desandar la normativa de defensa de la libertad de expresión consagrados en estándares iberoamericanos, profundiza la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación. Paralelamente se reduce, cuando no se elimina, la participación social. En suma, se vulnera parte de los derechos humanos de la ciudadanía.

Con dicho proyecto queda cuestionada severamente la transparencia, la democracia, y la defensa de la cultura, en suma, la soberanía del país. Paralelamente se reduce, cuando no se elimina, la participación social.

En el texto se establece expresamente que “los servicios de difusión regulados por la presente ley, tienen el deber de brindar a los ciudadanos, información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones, de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

Agrega que esta obligatoriedad regirá para “todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral”.

La ley elimina el pago que los grandes medios debían efectuar por el uso de las frecuencias. Quedan por el camino los mecanismos que permitían defender los derechos del público, por ejemplo en cuanto a contenidos y desaparecen definitivamente las exigencias de producción nacional.

Rechazo a nivel local

Desde la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, expresaron su “honda preocupación y firme rechazo ante el tratamiento apresurado y la aprobación del proyecto”, asegurando que “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”.

Por su parte, la Coalición por una Comunicación Democrática, cuestionó gran parte de la iniciativa asegurando que tiene un “impacto negativo en la diversidad y el pluralismo de nuestro sistema mediático”. Mientras que el artículo 72 del proyecto “implica un control estatal indebido sobre expresiones de carácter político en los medios de comunicación, el cual configura una clara violación a la libertad de expresión e implica un retroceso significativo en materia de derechos humanos, exponiendo a Uruguay a serios cuestionamientos internacionales”, aseveraron.

La central sindical única del Uruguay (PIT-CNT), sostuvo que “esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de la libertad de expresión que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)