Ser imputado de cargos penales, ¿un negocio financiero y politico?

Mirko C. Trudeau|

Luego de convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado con 34 cargos por delitos penales graves, Donald Trump aseguró que apelará la decisión del que fue un juicio amañado, al tiempo que su equipo de campaña informó que el magnate recaudó 52.8 millones de dólares en donaciones por Internet en 24 horas, después de conocerse la decisión del tribunal.

Los delitos por los que ha sido condenado acarrean penas de hasta cuatro años de cárcel. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio, apenas cuatro días antes de que sea previsiblemente aclamado como candidato del Partido Republicano a la presidencia por tercera vez, algo que será por sí mismo insólito sin contar con el hecho de que puede ir a la cárcel.

Nadie especulaba hasta pocos meses atrás sobre la posibilidad de imputar un delito a un expresidente que, además, es nuevamente candidato a la presidencia. Era tema para un debate académico –quizá- entre constitucionalistas, que durante 250 años se abstuvieron de plantear la posibilidad. No es que entre los presidentes de Estados Unidos no hubieran desfilado desde corruptos hasta genocidas, pero ninguno de ellos había forzado así los límites.

El desprecio de Trump hacia la ley, es lo que lo llevó a estar imputado también en otros tres causas penales: una en Florida por los papeles sustraídos de la Casa Blanca, otra en Washington por la incitación al asalto al Capitolio, y una tercera en Georgia por su intento de revertir el resultado electoral de 2020. Pero fue una causa menor en un juzgado local de su ciudad la que lo convirtió en convicto.

La dimensión desconocida

Ahora, la campaña electoral entra en una dimensión desconocida. Pareciera que los procesos judiciales no lo perjudican, sino que fortalecen el apoyo de sus bases a Trump, quien se autocalificó de “preso politico” y comenzó a pedir dinero a sus seguidores. Quizá no pierda votantes, pero difícilmente gane alguno, aunque nadie se anima a vaticinar sobre el efecto final sobre la campaña presidencial.

Cabe estacar la prudencia de los demócratas, que se ha abstenido de tratar de escandalizar a unos votantes curados de espanto y se centran en el mensaje de que un regreso de Trump a la Casa Blanca amenaza la democracia misma, entendida como el imperio de la ley.

La ausencia de antecedentes juega a su favor, pero la actitud desafiante ante la justicia hace muy real esa posibilidad. Las leyes no impiden a Trump ser candidato desde la cárcel, incluso ser presidente: ese es el circo asfixiante en el que Trump mantiene la democracia estadounidense desde hace una década.

Ese circo ya estaba armado a gusto del exmandatario: Trump se presentó como víctima tras ser declarado culpable y señala a las cámaras que «el juez fue un tirano», tras el veredicto en el que fue declarado culpable de tratar de influir ilegalmente en la elección de 2016 al falsificar registros comerciales para ocultar el pago a cambio de silencio a la actriz porno Stormy Daniels, quien afirmó haber tenido relaciones sexuales con el magnate.

Quedó ratificada así la teoría del fiscal, discutida por los expertos, de que al ocultar esos pagos Trump buscaba influir en las elecciones, lo que eleva la falsedad contable a un delito electoral.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar nuestro país y salvar nuestra Constitución. No me importa, añadió. Así que continuaremos la lucha”, clamó ante las cámaras, escoltado por un generoso muestrario de banderas estadounidenses.

Y el actual presidente, Joe Biden, entró en su juego y consideró irresponsables las afirmaciones de Trump sólo porque no le gustó el veredicto, y afirmó que el republicano gozó de todas las oportunidades para defenderse durante el caso.

Señaló que el hecho de que Trump haya sido declarado culpable en Nueva York por hacer pagos a cambio de silencio reafirma el principio de que nadie está por encima de la ley en EEUU, y consideró imprudente y peligroso que su predecesor diga que el sistema jurídico está amañado.

Trump, quien enfrenta otros tres procesos penales, afirmó que el veredicto fue ilegítimo y que estuvo impulsado por la política. Trató de restar importancia a los hechos subyacentes del caso. “No es dinero a cambio de silencio. Es un acuerdo de confidencialidad. Totalmente legal, totalmente común”, dijo desafiante. Y para aparecer más heroico se autodenominó mártir, y declaró que “Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera”.

«No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano», dijo en clara alusión al juez Juan Merchan, que presidió el tribunal. «Vamos a apelar esta estafa«, alardeó.

Biden señaló que “es imprudente, es peligroso, es irresponsable que alguien diga que esto fue amañado sólo porque no les gusta el veredicto. Nuestro sistema judicial ha perdurado durante casi 250 años, y literalmente es la piedra angular de Estados Unidos”, dijo. El sistema judicial debe ser respetado. Y nunca debemos permitir que nadie lo derribe, añadió.

Un sistema judicial que ha perurado por 250 años, tiene en su haber miles de casos de injusticia. Esta semana, un militar veterano que fue declarado culpable de herir a un agente de policía en la mano durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, fue sentenciado a cinco años de prisión. Es lo que en Estados Unidos se llama igualdad ante la ley.

Hoy Trump, con discursos insultantes, trata de excitar a sus seguidores, pero si la táctica del expresidente es que la tormenta retórica distraiga de lo esencial -Trump es, ahora sí, oficialmente, un delincuente-, algo que deberá tener en cuenta el cuerpo politico y, sobre todo, la administración de Joe Biden.

*Politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)