Petro denunció el robo de dos millones de armas de dos bases militares

Camilo Rengifo Marín

Más de dos millones de artefactos –de equipamiento militar– y municiones desaparecieron de las bases de Tolemaida (Cundinamarca) y de la Décima Brigada de La Guajira: el presidente Gustavo Petro aseguró que se hizo una revisión y encontraron un faltante de armas, granadas y municiones. que atribuyó a redes de tráfico vinculadas a grupos ilegales colombianos y extranjeros,

Las armas fueron sustraídas «con destino a subdemandantes como grupos armados en Colombia (…) y probablemente conflictos extranjeros, el más cercano el de Haití (…) a siete horas en lancha rápida de la base de La Guajira», declaró el mandatario, quien denunció que «ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas».

Cabe recordar que el 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos y estadounidenses asesinó a tiros al presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada de Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas.

A finales de 2022, el coronel del Ejército Óscar Alexánder Amado Pinzón fue capturado por traficar armamento militar que ha terminado en manos de organizaciones criminales y acusado de pertenecer a una red que extraía armas de Tolemaida, del que Amado fue director de la escuela de entrenamiento táctico. El arsenal robado era enviado a Cali y terminaba en manos de las disidencias de las Farc.

Según el matutino El Tiempo, el oficial era el uniformado número 12 acusado de fortalecer a organizaciones criminales con la venta de armas, material de intendencia y, en otros casos, con la entrega de información clasificada.

En Colombia, un país atravesado por medio siglo de conflicto armado, la fuerza pública ha sido salpicada por frecuentes escándalos de corrupción y complicidad con narcos y guerrillas. El país vivió un conflicto armado que en seis décadas dejó 9,5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.

A comienzos de este año, la Fiscalía General de la Nación reportó que dos hombres señalados de participar en el delito de tráfico de armas extraídas del fuerte militar Tolemainda y vendidas a bandas criminales y disidencias de las Farc, fueron enviados a la cárcel. Según la Fiscalía, Pablo Mateus y José Ignacio Rodríguez, conseguían fusiles, ametralladoras, pistolas y revólveres en Tolemaida, unidades militares de Bogotá y otros batallones del país, estaban implicados en una red de traficantes de armas.

Redes de civiles y militares

“La única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido, durante un largo tiempo, redes integradas por gente de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado. El destino sería a grupos armados en Colombia”, señaló el presidente Petro durante una declaración pública.

Petro no ha dudado este martes en denunciar un caso gigantesco de supuesta corrupción en el Ejército colombiano. El presidente ha sostenido en una rueda de prensa que dos inspecciones llevadas a cabo por su Gobierno han descubierto el robo a gran escala de balas, lanzagranadas y misiles.

Fuerza pública y ciminalidad

“Uno de los ejes consiste en separar la Fuerza Pública de cualquier asociación criminal. La política de cero corrupción es esencial para contribuir a la tranquilidad, la convivencia y la construcción misma de la nación. Dentro de esta política de lucha contra la corrupción se realizaron dos labores propias de inspección. Una hecha en Tolemaida y otra en la Brigada 10 para ver los inventarios de armas y explosivos. Para ver qué está allí y si se les ha dado uso”, explicó Petro.

Después, leyó un inventario con el armamento faltante, que sumaría más de un millón entre municiones, explosivos y demás artillería.

Hasta la base militar de Tolemaida acudió personal de inspección del Ejército el pasado 12 de febrero. Encontraron el faltante de millonarios insumos de equipamiento militar que son usados para hacer frente a la criminalidad y el accionar de los grupos armados ilegales. Solo en Tolemaida faltaron 746 granadas de calibre 81 milímetros, 3.712 granadas de mano M-26, 2.880 granadas de 40 mm, 1.500 granadas de 60 mm, 797 granadas 40 mm eslabonadas y 808.139 municiones de distintos calibres.

En la Décima Brigada del Ejército, por su parte, la inspección ocurrió el pasado 1 de abril. Solo en esta sede militar hay un faltante de 1.216.433 insumos militares, entre los que se encuentran granadas, municiones, misiles, cohetes y hasta cargas antitanques.

Una de las sospechas para dar con este hallazgo, explicó el presidente, es que los explosivos que se utilizaron en atentados de hace algunos meses provenían de la base militar de Tolemaida. “También creemos que estas armas podrían estar siendo destinadas a conflictos extranjeros, como el de Haití, que está a siete horas en lancha rápida desde la base de La Guajira”, señaló el presidente Petro.

Limpieza

Petro aseguró que desde hace algunos días el Ejército endureció los controles de sus inventarios internos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró, por su parte, que algunos miembros del Ejército serán apartados de sus funciones sin entregar nombres.

“Necesitamos separar la Fuerza Pública de cualquier hecho de corrupción, es la única manera de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de las propias Fuerzas Militares. Lo más triste de esto es que con estas municiones terminan matando e hiriendo a los miembros de la Fuerza Pública”, puntualizó el presidente, quien aseguró que el prófugo exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, sería uno de los hombres detrás de esta red criminal.

La teoría más obvia y plausible es que esas armas han acabado en el mercado de contrabando. Esta acusación directa en boca de Petro tiene una enorme repercusión. El Ejército colombiano, tras décadas de lucha contra las guerrillas, tiene en gran parte de sus miembros una mentalidad anticomunista y antisubversiva que se fortaleció con los gobiernos de Álvatro Uribe e Iván Duque, que limitaron la figura de Petro al de un exguerrillero que se había enfrentado a los propios militares.

Si bien Petro militó en el M-19, su vida la marca mucho más la política, a la que se ha dedicado durante 30 años con un discurso a favor de la paz y contra los desmanes de la derecha, los militares y sus socios paramilitares, desde su escaño en el Congreso.

El excomandante del Ejército colombiano, el general Eduardo Zapateiro, el representante del ala más dura y guerrerista de las Fuerzas Armadas, renunció a su cargo un mes antes de la toma de posesión de Petro para no tener que caminar a su lado. Para su grupo, Petro era un intruso que había usurpado el poder: a ellos no les importa las urnas ni el ejercicio democrático.  Zapateiro escribió después un libro que refleja un pensamiento reduccionista.

Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez han tratado de imponer en un enfoque basado en la paz y los derechos humanos que contrasta con la antigua mentalidad bélica, pero después de décadas de enfrentamiento interno, el Ejército goza de mucha autonomía y no permite demasiadas injerencias.

Ahora  Petro cuestiona de forma directa la gestión de los cuarteles. Obviamente, la corrupción castrense no es nueva, y su aceptación era parte de la componenda de supuesta gobernabilidad utilizada por los gobiernos conservadores, los grandes empresarios y los militares.

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)