Reacción ante una ley de Texas que estimula la cacería racista en la frontera

Gerardo Villagrán del Corral

La pugna legal sobre una ley estatal en Texas que permite que la policía y otras fuerzas de seguridad del estado arresten, encarcelen y hasta deporten a México a toda persona sospechosa de ser indocumentada, tuvo un día alocado: primero la Suprema Corte permitió su aplicación, mientras un tribunal federal evaluaba su legalidad, lo que causó alarma y protestas del poder Ejecutivo tanto en Washington como en México.

Pocas horas después un tribunal federal de apelaciones frenó temporalmente al gobierno estatal para aplicar su nueva ley. En un fallo emitido la noche del martes, el tribunal federal del quinto circuito en Nueva Orleans frenó a Texas para implementar su ley migratoria, extendiendo así la pugna legal sobre esta medida.

El lunes el gobernador de Texas Greg Abbott, del Partido Republicano, firmó un proyecto de ley migratorio que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren en el estado de forma irregular, lo que se convirtió en la ley de este tipo más restrictiva de Estados Unidos. La ley fue promulgada en diciembre y estaba bloqueada por las autoridades judiciales estadounidenses, luego entró en vigor el martes, pero horas después volvió a quedar congelada.

Abbott declaró que «la entrada ilegal a Texas era un delito sujeto a expulsión o prisión» y señaló que su gabinete «también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas». Aseguró que Texas era «el único estado en la historia» del país que construirá su propio muro fronterizo.

El proyecto de ley, conocido como SB4, convierte la migración irregular en delito estatal, aunque hasta ahora era delito federal. De entrar en vigor, cruzar a Texas estará castigado con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta dos mil dólares. El reingreso sería un delito grave castigado de dos a 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante, informó la cadena CBS.

Esta medida es un nuevo esfuerzo de Texas para desafiar a Biden en materia migratoria, ya que anteriormente el gobernador republicano había transportado en autobuses a decenas de miles de migrantes a ciudades gobernadas por los demócratas, como Chicago o Nueva York. También construyó una barrera conformada por boyas gigantes en el río Bravo, instalada para intentar evitar el cruce de migrantes.

Mientras tanto, las medidas de control migratorio ya existentes aún antes de la controversia por esta nueva ley han llevado a incrementos dramáticos las muertes en la frontera en los pasados tres años. Esta pugna legal es sólo un indicador más de la creciente disfunción del sistema migratorio estadounidense, que  empeora al acercarse la elección presidencial, donde el control migratorio es un tema central del debate.

Mientras, las consecuencias mortales de las políticas sobre control del flujo migrante siguen creciendo. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reportó al menos 895 muertes de migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza  y señaló que el número de migrantes muertos se ha duplicado en los pasados cuatro años y la tendencia sigue a la alza.

Es el resultado de las políticas de control fronterizo que obligan a migrantes a usar rutas más peligrosas.

Legislación xenófoba y discriminatoria

El gobierno de México reprobó la ofensiva antinmigrante en Estados Unidos y anticipó que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del gobierno texano.El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno impugnará una reciente ley antiinmigración del estado estadounidense de Texas que considera delito penal el ingreso ilegal en ese territorio desde un país extranjero. «Nosotros vamos estar siempre en contra de estas medidas», agregó.

Al participar en la 41 Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Bárcena insistió en que la Ley SB4, el intento más drástico de un estado de controlar la inmigración, es xenófoba y discriminatoria, y advirtió que de deportar mexicanos al país, como ha amagado el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la economía estadounidense está en riesgo de perder una parte importante.

La canciller comentó que México está trabajando para cambiar la narrativa negativa que existen en Estados Unidos sobre los migrantes mexicanos, en la que son calificados de delincuentes. Eso no es justo no puede ser, dijo.

México reprobó este viraje que habilita la persecución de las personas migrantes “mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y ‘perfilamiento racial’, que atentan contra los derechos humanos” de esa comunidad. Asimismo, la cancillería informó que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas, una medida estipulada en la SB4.

La norma transgrede todas las convenciones internacionales en torno al asilo, la migración y los derechos humanos. Es conocida como ley Abbott, por el gobernador texano que la ha impulsado en su permanente golpeteo y extorsión contra la Casa Blanca del demócrata Joe Biden.

La norma es abiertamente contraria a las leyes estadounidenses y contiene la tipificación de la migración irregular como delito, la promoción del encarcelamiento masivo (hasta 20 años de prisión por cruzar la frontera sin los documentos requeridos) y la normalización del perfilamiento racial, una práctica que causa gran repulsa en ese país debido a su pasado de esclavitud, segregación y negación de derechos a la población negra.

Esa táctica acarrea el hostigamiento policial contra una persona a partir del color de su piel y sus rasgos físicos, lo que sucederá de manera inevitable con la disposición que habilita a las fuerzas del orden a detener a cualquier persona sospechosa de haber ingresado a Estados Unidos sin papeles en regla.

El hecho de que la Corte Suprema cambiase su postura de un día para otro fue calificado de sorpresivo por la canciller Alicia Bárcena y la pobre justificación ofrecida por la mayoría conservadora de ese tribunal abona a las suspicacias en torno a la imparcialidad de los togados.

Para los analistas, conocida la sintonía ideológica con Abbot de los miembros de la Corte nombrados por el ex presidente Donald Trump, combinada con la cercanía de los comicios en los que el magnate intentará volver a la Casa Blanca, hacen pensar en la existencia de componendas y pactos inconfesables entre la cúpula judicial y la clase política republicana.

No se duda que hayan entrado en juego presiones corporativas por parte de las empresas que hacen fortunas con la operación de cárceles privadas, cuyas ganancias son cubiertas por el presupuesto público y aumentan según el número de reclusos.

En un duro editorial, el diario mexicano La Jornada, señala que México no debe confiar en la institucionalidad estadounidense ni limitarse a activar su red consular.

Para proteger de manera efectiva a los connacionales que pudieran ser víctimas de esta cacería racista (incluidos los que ya se encuentran asentados legalmente, pero son vulnerables por su origen étnico), el gobierno mexicano tiene que acudir ante diversos organismos internacionales para denunciar a Texas como violador de derechos humanos y agresor contra la soberanía nacional, asevera.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)