40 años de democracia formal y los condicionantes de la deuda externa

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Horacio Rovelli*

El partido radical y su presidente, Raúl Alfonsín, asumen el gobierno el 10 de diciembre de 1983,  pero no al poder y, tampoco gravitó en las decisiones el llamado a una suerte de mayoría silenciosa para que lo apoye, sin un cuerpo concreto y con la participación formal del voto, no significó el armado de una alianza social que lo respalde. Si eran claro los objetivos de fortalecer las pequeñas y medianas empresas industriales y transferir la abultada renta agraria, generando un fuerte mercado interno, democratizando la economía y la sociedad.

Pero no contemplaron que el poder económico se había concentrado, centralizado y extranjerizado mucho más que en la década del sesenta y, por otro lado, que los supuestos beneficiados de la apertura democrática se encontraban en extrema debilidad y dependiendo y subordinándose, por lo general, a las grandes empresas.Plan Austral: una mirada 37 años después | Perfil

Bernardo Grinspun, el primer ministro de economía de la naciente democracia, propuso investigar la deuda externa y separar la legítima de la ilegítima, esto es, investigar y saber en qué se había endeudado el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional y, cuestionaba severa y terminantemente los seguros de cambio de las empresas residentes en el país que habían tomado deuda externa.

Los seguros de cambio se generaron desde 1981 cuando el Estado  nacional ante la falta de divisas por un comercio deficitario y un egreso mayor que los ingresos por servicios reales (turismo, fletes, royalties, comunicaciones) y financieros (intereses, giro de utilidades) comenzó a hacerse cargo de la deuda privada, esto es, las empresas endeudadas en el exterior firman un contrato con el Estado nacional para pagar la deuda externa en pesos y, el Estado nacional se hace cargo de pagarle la acreedor externo en divisas.

El problema fue que la devaluación en nuestra moneda fue mucho mayor que el ajuste de la deuda en pesos del contrato que se llama “seguro de cambio” produciendo una transferencia de la deuda externa del deudor privado al Estado y esa estafa Bernardo Grinspun no quiso pagarla.

Los grandes grupos económicos que operan en el país (Techint, Eurnekian, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Pagani, Macri, Madanes Quintanilla, Bagó, Ledesma, etc.), y el sector agroexportador, también ligado a los grupos referidos y a las empresas extranjeras, al igual que la banca acreedora (liderados por el FMI –Fondo Monetario Internacional), presionaron para que no se investigue la deuda heredada de la dictadura militar, que era de unos 46.000 millones de dólares, exigían el reconocimiento de toda la deuda y el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma.

Ante la insistencia de que el gobierno acepte toda la deuda externa, el 18 de febrero de 1985 Bernardo Grinspun echó del Ministerio de Economía a Joaquín Ferrán representante del FMI en la Argentina, al día siguiente el Presidente Alfonsín le pidió la renuncia al ministro, el plan de legitimar la deuda externa y de acordar con los grupos económicos locales se ponía en marcha.Imagen

Pero la deuda externa era de tal magnitud y los intereses tan altos (rondaban  el 16% anual en dólares) que se empleó todo el superávit comercial en el período 1985-1988 (U$S 8.530 Millones), y sin embargo la deuda externa pública creció a U$S 63.200 millones.  Más pagábamos y más debíamos.

El 6 de febrero de 1989 el Presidente del BCRA, José Luis Machinea, dijo que no tenía más reservas disponibles, la paridad oficial era de 17,62 australes y en un  poco más de dos años, el 1 de abril de 1991, el tipo de cambio se fijó en 10.000 australes por un dólar y  es la causa directa que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en el año 1989 y de 2.314% en el año 1990.

Esencialmente y con el pretexto de la crisis, Carlos Menem hizo aprobar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades para racionalizar el gasto público, que era el verdadero objetivo de grandes empresarios nacionales y extranjeros, quedarse mediante las privatizaciones, con activos públicos a precio vil, tras el medio explícito de restablecer el pago a los acreedores externos.

El Estado Nacional al absorber la deuda de las empresas que se privatizaron dejó las mismas saneadas por un lado y, por otra parte, fue acompañado con los “planes de retiro voluntario”, jubilaciones anticipadas, despidos y cesantías, lo que ocasionó, por un lado inmejorables condiciones para la obtención de renta de dichas empresas, pero por el otro, perfiló una importante regresión del ingreso, expulsando trabajadores a la desocupación y a la pobreza.

En términos reales las privatizaciones sirvieron para que ingresaran a las arcas del Tesoro de la Nación (dólares en efectivo) unos U$S 6.000 Millones, pero el Estado debió incrementar la deuda externa de la administración nacional, es cierto que en títulos de mediano y largo plazo,  en unos U$S 20.819,8 Millones.

El gobierno de Menem con los ingresos en  divisas fortaleció las reservas del BCRA y aplicó un rígido plan de convertibilidad en la que nuestra moneda “vale” un dólar, pero nosotros no tenemos la productividad de los EEUU, por ende se tornaba más barato importar que producir, de esa manera, mientras en 1974 la Industria representaba el 22,9% del PIB, en 1983, al fin de la dictadura era el 19,2%, durante la democracia y esencialmente en el período de Menem-Cavallo la desindustrialización fue tal que en el año 2002 representaba el 15,4% del PIB, esa brutal desindustrialización se refleja en la tasa de desocupación y de pobreza de dos dígitos. Paralelamente la deuda externa nacional pasó de U$S 52.739 millones en el año 1991 a U$S 88.259 millones  en el año 2001y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior de U$S 54.936 millones a U$S 137.806 millones en el mismo período.

La crisis del año 2001 fue el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economía, con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del Gobierno, cinco presidentes en 12 días de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100 mil millones de dólares. El día 19 de diciembre de 2001 renuncia el Ministro Domingo Cavallo y el 20 renuncia el Presidente De la Rúa.

Dimite Fernando De la Rúa y finalmente tras diversas asunciones y renuncias, asume la Presidencia de la República Eduardo Duhalde, que era el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y nombra ministro de economía a Jorge Remes Lenicov, pero como el mismo Remes reconociera después, lo condicionaron a devaluar nuestra moneda y a la vez, los deudores que eran grandes empresas nacionales, fueron beneficiadas con la pesificación asimétrica, por la conversión 1 a 1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión conjunta de empresarios y banqueros sobre el presidente Eduardo Duhalde

Lo cierto es que produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de los empresarios endeudados, principalmente el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri,  Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima, Coto, etc., todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos convirtiéndolo a la paridad 1 = 1, cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de $ 3.- y el paralelo de $ 4.-, licuando la deuda a los empresarios a un tercio o menos de la realidad  y, el Estado se hizo cargo de la diferencia acrecentado la deuda pública.

La contraparte fue que los niveles de pobreza, desocupación, marginalidad que implican la brutal transferencia de recursos a favor de los sectores más favorecidos en desmedro de la población, en un marco  en que el PIB descendió un 10,9% (caída similar a las más altas de la historia argentina como las del año 1914 y a los años 1931 y 1932).  La tasa de desempleo abierto en mayo de 2002 fue del 21,5% la mayor que se tenga registro.

El descontento de la población se manifestaba en las calles de todo el país y, ante una manifestación en el Puente Avellaneda que une esa localidad con la ciudad de Buenos Aires, la policía corre a los participantes de la misma y  en la Estación del FFCC Roca en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) el 26 de junio de 2002, la policía federal asesina a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, además de las decenas de heridos con bala de plomo y más de un centenar de arrestos, ese fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde y debió convocar a elecciones en la que resultó Presidente Néstor Kirchner.

El kirchnerismo verdadero

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2003 y 2008 la Argentina contrajo la tasa de desempleo urbano abierto de 53,8 %. Desde 2003 se verificó un incremento exponencial en la cantidad de beneficiarios que participaban en las políticas activas de empleo y formación profesional que llevaba adelante el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación).Se pasó desde apoyar a alrededor de 16 000 personas (en 2003) a más de 900 000 (en 2014): el incremento fue del 5700 %. La estrategia fue poner en marcha a fines de 2003 el Plan Integral para la Promoción del Empleo «Más y Mejor Trabajo».

La creación de empleos para reducir la desigualdad social a raíz de la pobreza, fue una de las premisas del proceso iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. El salario mínimo que era en 2003 de $360 (con un dólar oficial de $ 3,50) se elevó a $1.240 en el 2007 (con un dólar de $ 2,90).

En el período 2003-2007 la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3 % en términos del Índice de Volumen Físico (IVF), acompañando la dinámica de la economía en su conjunto. La persistencia del avance del sector manufacturero constituye una característica que sobresale en relación a otros períodos de crecimiento industrial.

Valga como ejemplo que ​en julio de 2004, gracias a la gestión del presidente Kirchner y su par de Venezuela, comandante Hugo Chávez, se firmó un acta compromiso para reflotar el astillero Río Santiago y en 2005 fue firmado el contrato que estableció la construcción de dos buques de 47 mil toneladas cada uno. Gracias a los contratos firmados con Venezuela para la construcción de buques petroleros, el astillero pudo ser reactivado, que implicó la incorporación inmediata de 250 nuevos operarios (entre soldadores y caldereros). ​

Financió la política de igual a igual con los dueños de este país, renegoció inteligente y patrióticamente la deuda espuria, creo puestos de trabajo, hizo crecer el producto y distribuyó en la población, pagó jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo lo había dejado sin trabajo y sin aportes, estableció relaciones fraternales con los países de la región, se opuso al ALCA, impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Trabajó de sol a sol por sus convicciones, en el año 2010 había sufrido dos operaciones por obstrucción en las arterias, le recomendaban reposo absoluto y se levantaba igual, hasta que la muerte lo sorprendió (y nos sorprendió) el 27 de octubre.

La tasa de crecimiento del PIB que fue en torno al 9% anual en la Presidencia de Néstor Kirchner, dado el conflicto con el campo y luego el comienzo de la crisis internacional de subprime (hipotecas segundas y terceras para generar créditos y la venta de esas carteras, sobre todo en los EU), el PIB del año 2008 se incrementó solo en un 4,1% y generó un aumento de los precios internos.  Se recupera la economía en el segundo semestre de 2009 siendo Ministro de Economía Amado Boudou, pero se frena desde 2012 en adelante en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La vuelta del endeudamiento externo

La administración de Cambiemos que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015 incrementó sideral y terminantemente la deuda externa. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos y, comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo.

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, no teníamos deuda con el FMI al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y, 31% con el  sector privado (unos 69.038 millones de dólares)  Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 44.599 millones de dólares) y 37,3% sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos.

Al 30 de septiembre 2023 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación a enero 2024) la deuda bruta asciende a 406.603 millones de dólares, de los cuales en moneda extranjera es de 266.933 millones de dólares (incluye 74.731 millones de dólares con organismos internacionales de créditos, principalmente el  FMI). Pero la deuda en moneda nacional que es equivalente al tipo de cambio oficial a 139.670 millones de dólares, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).

Por lo tanto la situación es peor aún que la heredada del gobierno de Cambiemos y, ello se debe  a que el gobierno presidido por Alberto Fernández, a su vez:

a) No investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos[1]:

b) Con reservas internacionales del BCRA, merced a un superávit comercial que en los años 2020 a 2022 superó los 34.000 millones de dólares, le vendió  de esas reservas 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (Datos del Balance Cambiario al 30/09/2023).

c) El déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia de Covid-19 (en este caso justificadamente), fue financiado con la colocación de títulos de deuda en  pesos, en el mercado interno,  pero  ajustables por inflación o por dólar oficial o por las dos cosas (Bonos dual) por un monto total de $ 57,5 billones (es en pesos pero equivalente a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) cuando se había heredado deudas en pesos por un monto mucho menor[2].

d) Más la deuda con los Importadores a quienes se les permitió comprar del exterior (mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía y las automotrices,  más las armadurías de productos electrónicos de Tierra de Fuego) y que el mismo gobierno del Frente de Todos mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA le consintió a esos importadores suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked  (se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial y se devaluó nuestra moneda en  más de un 100%).

El gobierno de Milei extiende el beneficio en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante que recién se está armando el registro de quienes son los beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.

Como resultado del acrecentamiento de la deuda externa y el aumento de la pobreza y la indigencia, gran parte de la  población eligió para Presidente de la República a Javier Milei, quién profesa la defensa del libre mercado, donde el hambre sin recursos no se tiene en cuenta y solo se contempla a los que tienen capacidad para comprar los bienes y servicios al precio que el mercado diga.

Si no se vende en el mercado interno, se exporta y si no se puede exportar se deja de producir.

En síntesis

El gobierno de Alberto Fernández no investigó la deuda externa generada por el macrismo y aceptó la totalidad de la misma acordando primero con los tenedores privados, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, prácticamente por 105.000 millones de dólares, que se canjearon por títulos que devengan interés y comienza a amortizar capital en el segundo semestre de 2024 y vencimientos en escala desde este año hasta el año 2041. Y en segundo lugar, acordó  con el FMI para transformar un crédito Stand By a 3 (tres) años por un Plan de Facilidades Extendidas, en que cada vencimiento de capital se refinancia a 10 (diez)  años, de esa manera y de cumplir con todos los pagos, la deuda con  el FMI se cancelaría en septiembre de  2034.

No bien asumió el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei devaluó nuestra moneda en más de un 100% y liberó los precios, a la par que impuso el DNU 70/23 asumiendo plenos poderes y facultades y, a la vez, envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley (Mensaje 7/23) con el fin de avasallar derechos laborales mediante una reforma que anula el sistema de indemnizaciones y restringe el derecho a la huelga, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo. Suspende la movilidad previsional. Convierte sociedades del Estado (Incluido el Banco de la Nación Argentina) en sociedades anónimas. Anula la ley de abastecimiento y la ley de góndolas. Modifica la ley de alquileres permitiendo su contratación en divisas. Deroga la ley 26.737 de tierras rurales para permitir su extranjerización. Modifica la ley 24.523 de minería. Modifica al Código Aduanero.  El uso de cielo abierto. Etcétera.

Tanto el DNU70/23, como el Mensaje 7/23 y proyecto de ley ómnibus, fueron redactados en beneficio del gran capital que opera en la Argentina por grandes estudios de abogados como el de Bruchou y Funes de Rioja, y  Marval, O’Farrell & Mairal; y contables como KPMG, y Lisicki, Litvin & Asociados, quienes trabajaron el tema durante meses para el gobierno de Cambiemos, derrotada Patricia Bullrich, el irresponsable de Javier Milei lo adopta como propio.

Los funcionarios del actual gobierno encabezados por Luis Caputo y Nicolás Posse acordaron el día 11 de enero 2024 con el equipo de FMI dirigido por el Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental de ese organismo, Luis Cubeddu, una revisión del acuerdo firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger el 20 de junio de 2018.

En la revisión del acuerdo  se fija para este año 2024 un superávit  fiscal primario del 2% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 10.000 millones de dólares) y, a la par, las reservas internacionales netas del BCRA se deben incrementar, con respecto al año pasado, en 10.000 millones de dólares.

Por un lado el gobierno devalúa nuestra moneda para favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, pero al devaluar también liberó los precios (demostrando el  profundo desconocimiento  de las leyes económicas en general y en particular, en su aplicación en nuestro país), por ende la escala inflacionaria del 25,5% en el mes de diciembre, se reproducirá  una tasa similar en el mes de enero y otra igual en febrero 2024, hace que la devaluación no recompone en términos reales el poder adquisitivo de las divisas en la Argentina y, por lo que seguramente deben volver a devaluar y así sucesivamente.

La prueba está que “el campo” como le  gusta llamarse  a los productores agropecuarios, están liquidando lo estricto y necesario para cubrir los costos fijos  y otros gastos, pero no hay operaciones a futuro de venta de soja y  de maíz.

Por ende es incompatible cumplir con las metas fiscales y, paralelamente con  el acrecentamiento de las reservas internacionales del BCRA.  Al devaluar tanto el Estado nacional como a las provincias endeudas en dólares, al recaudar en pesos, le es cada vez más caro comprar esas divisas. Por ende la inflación le “licua” el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y  pensiones, etc.) a lo que se suma la suspensión de parte de la obra pública, por lo que si la población soporta estoicamente sin oponerse, es probable cumplir la meta fiscal, pero no la cambiaria, máxime que el gobierno nacional en 2024, el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 16.698 millones de dólares

  • Fondo Monetario Internacional: 7.258 millones de dólares (Intereses: U$S 2.798 millones y Capital: U$S 4.460 millones)
  • Títulos públicos: 4.440 millones de dólares (cerca de la mitad está en manos del sector público)
  • Club de París y otros organismos internacionales de créditos: 5.000 millones de dólares

El gobierno nacional podrá renegociar una parte de la deuda externa, pero no puede de los ingresos del erario público, comprar la cantidad de dólares para pagar las obligaciones externas y a la vez acrecentar las reservas netas en 10.000 millones de dólares.

Salvo que vendan las acciones de empresas públicas y el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES como se propone en el Mensaje 7/23 del PE conocido como Ley Ómnibus.

En síntesis, el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la séptima revisión del Memorándum, pero  debe ser aprobado por el “Board” del FMI a fin de mes. Exactamente después del miércoles 24 de enero de 2024, en que las distintas centrales de los trabajadores van a decir en la calle si aceptan mansamente el despojo de sus ingresos, de los jubilados y pensionados y, la venta del patrimonio nacional.

Notas

[1] Con esa deuda se hubieran podido recuperar los puertos, volver a tener marina mercante, se hubiera podido construir un millón de viviendas, pero no se compró un ladrillo y  no hay ningún  informe sobre el destino final de la misma.

[2] La deuda interna (títulos en pesos) a diciembre de 2019 era en Bonos en pesos (de ese año) 2.113.247 millones (de los cuales el 60,8% era en títulos ajustables por CER  y el 39,2%  a tasa fija) y a ello se le debe sumar las Letras por 561.577 millones de pesos (89,11% ajustable y 10,89% a tasa fija) Secretaría de Finanza de la Nación. Ajustando dichos montos por el IPC del INDEC  no es no tan siquiera la tercera parte de la deuda en pesos que generó el gobierno del Frente de Todos.

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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