Piden 34 años de prisión para Pedro Castillo, tras liberar al genocida Fujimori

Mariana Álvarez Orellana

La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, y de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Castillo fue acusado de perpetrar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Mientras, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó a principios de diciembre la puesta en libertad «inmediata» del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, acusado entre de genocidio y de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, donde un grupo de militares dirigido desde el gobierno asesinó a 25 personas.

Ya en marzo de 2022, el Constitucional peruano falló a favor de la liberación de Fujimori, pero una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frenó la puesta en libertad.

El fallo de la fiscalía contra Castillo se produce en momentos en que la popularidad de la presidenta Dina Boluarte está por el piso y el Congreso tiene un rechazo mayor al 90 por ciento. Los juristas defensores del expresidente señalan que criminalizan a Castillo, porque crece en las encuesta, con fallos arbitrarios sin ningún asidero jurídico.

Añaden que el  Tribunal Constitucional peruano –que incumple con el sistema interamericano- está ocupado por jueces fujimoristas. Por eso el expresidente y dictador genocida Alberto Fujimori está libre pese a sus crímenes y Castillo, que no hizo nada, está preso.

“Se violaron todos los procedimientos constitucionales; hay procedimientos establecidos en la Constitución para destituir a un presidente y no fueron respetados», dijo Guido Croxatto, abogado defensor.

La acusación fiscal fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien en los próximos días deberá iniciar la etapa de control del contenido de este documento con la participación de las partes involucradas a fin de determinar si el caso ingresa a la etapa de juicio oral.

Asimismo, la Fiscalía  pidió 25 años de prisión por el delito de rebelión para la entonces primera ministra, Betssy Chávez, quien está desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses y la misma pena para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

De momento, Castillo  afronta 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate. Del mismo modo, Chávez Chino cumple 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario anexo de mujeres en Chorrillos.

No declaran nula la vacancia de Castillo porque son fujimoristas y lo mantienen preso, porque justamente es quien derrotó a Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador genocida Alberto Fujimori, recientemente liberado pese a sus crímenes de lesa humanidad. Para la casta gobernante, los indios y los cholos no pueden hacer política, no pueden cambiar la Constitución: como en épocas de la Conquista, deben callarse y agachar la mirada. La moraleja jurídica es que Fujimori está libre y Castillo preso.

Castillo está recluido desde ese 7 de diciembre en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

Ese día Castillo anunció en un discurso a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto. Por esa decisión fue destituido por el Congreso y arrestado por su propia escolta.

La semana pasada el Poder Judicial de Perú rechazó la solicitud  presentada por el expresidente para revisar la petición de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra. El magistrado Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación en curso es compleja y que existe la posibilidad de riesgo de fuga y obstaculización por parte de Castillo.

Guido Croxatto –abogado argentino que lidera la defensa internacional de Castillo— dijo que en Perú “se violaron todos los procedimientos constitucionales en la vacancia de Castillo porque hay procedimientos establecidos en la Constitución para destituir a un presidente y no fueron respetados.

Añade que el hecho no es punible porque no es delito. Tampoco hay flagrancia si antes no hay delito. Es una persecución política para distraer la atención. El juez Chekley interpreta en forma extensiva el delito de rebelión que se le imputa, pero eso pervierte el principio de legalidad. Croxatto señala que la conducta de Castillo no encaja en el tipo penal.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)