Milei quiere derogar la Constitución: ¿un golpe de Estado poselectoral?

Rubén Armendáriz

El ultraderechista presidente Javier Milei envió  al Parlamento un paquete de leyes a cambiar que incluye la derogación de 664 artículos de la Constitución nacional, entre ellos que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta fines de 2025 pero con posibilidad de continuar hasta el final de su mandato, lo que, según los juristas, harán implosionar al Estado y la soberanía del país.

El Presidente, que envió al Congreso el megaproyecto donde propone quitar facultades al Legislativo a favor del Ejecutivo, privatiza 41 empresas estatales y podrá pedir intervención de fuerzas extranjeras. Asimismo pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta  2025.

Esta mañana, Milei se reunió con su Gabinete en la Casa Rosada (de gobierno). Tras el encuentro, salió al balcón con sus funcionarios a saludar a una Plaza de Mayo … desierta.

Milei no encontró mejor momento para presentar el proyecto: fue mientras se realizaba en Buenos Aires la multitudinaria marcha encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y todas las centrales sindicales para entregar ante los tribunales una solicitud de derogación de estos decretos, que son anticonstitucionales y terminan con toda posibilidad democrática en el país. La CGT reclamó que la justicia intervenga para que todas las reformas se discutan en el parlamento

El portavoz del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, afirmó  que el Gobierno quiere «un país que tenga un Estado limitado, que gaste poco y que sólo se financie con impuestos bajos» al justificar el contenido de la Ley Ómnibus enviada al Congreso. Remarcó que se apunta a que el Estado «deje de molestar a los ciudadanos» y que «no nos digite la vida»

La bronca popular crece al conocerse los artículos que se quieren derogar, que incluyen la solicitud de declarar la emergencia pública y tener facultades para legislar en materias energética, económica, fiscal, social, de seguridad y de defensa, que en este caso incluye la facultad de solicitar ayuda de tropas extranjeras cuando Milei (o la embajada de EEUU) considere necesario. También la congelación de salarios y jubilaciones.

El proyecto de ley faculta al ejecutivo para permitir acciones bélicas “de carácter combinado” con otros países dentro del territorio nacional. El gobierno permitiría la entrada al país de tropas extranjeras para participar de ejercicios militares y «actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado», según el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» enviado al Congreso de la Nación.

En el capítulo II de la Defensa Nacional, el artículo 345 autorizaría «la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025».

Se estipula también que una «comisión auditora» conformada por el Poder Ejecutivo controle «la totalidad del sistema de Defensa Nacional, a fin de determinar su estado de alistamiento y su capacidad para cumplir la misión encomendada; debiendo efectuar un primer informe preliminar ante las comisiones de defensa del Congreso en un plazo de tres meses; y un informe definitivo en un plazo de seis meses». Cumplido ese plazo «la comisión será disuelta», destaca el documento.

Seguridad social

En este entorno, el Congreso tiene que estudiar en uno o dos días esta cantidad de artículos, donde incluso figura apoderarse del estatal Fondo de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) previsional, seguramente para que lo administren manos privadas.

La movilización y el acto ante tribunales se realizó en una zona militarizada, con todo preparado para la represión anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que incluyó policías de la ciudad, Federal y Gendarmería, que comenzaron a actuar cuando las protestas se desconcentraban a fin de impedir la salida de los últimos manifestantes, a los que era más fácil reprimir.

No fueron los manifestantes ni los piqueteros: fue la policía la que cortó las calles y hubo un momento en que había más agentes que manifestantes. Hubo seis detenidos, entre ellos dos periodistas, mientras los uniformados provocaban a los manifestantes en desconcentración. Las protestas siguen en la capital y varias ciudades del país, y se e renovaron los cacerolazos  en contra del gobierno de Milei y sus polémicos decretos.

Milei plantea desprenderse de las acciones que posee el Estado en 41 sociedades claves para el entramado económico y productivo, además de separarse de un enorme fondo anticíclico calculado en 76 mil millones de dólares, con el fin (obviamente no declarado) de abrir las puertas a Black Rock y otros fondos de inversión interesados en comprar barato los activos argentinos.

Las empresas con participación estatal que festejan la decisión oficial son Molinos Río de la Plata, donde ya participa el fondo de Larry Fink, Cresud, del empresario Eduardo Elsztain –financista de Milei y representante internacional del sionismo–, dueño del hotel donde se aloja hasta ahora el presidente. También, Pampa Energía, el grupo Techint, Clarín, Telecom y Aluar, entre otros.

Prohibido protestar o divergir, En el capítulo de Seguridad Interior, el proyecto de ley establece modificaciones al artículo 94 del Código Penal, que implicarían un endurecimiento a las condenas por la protesta social: penas de prisión de entre uno y tres años y seis meses a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

Quienes dirijan o participen en un manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe, señala el decreto, que demás indica otra perogrullada: En caso de ser una movilización espontánea, los responsables deberán dar aviso al ministerio de competencia lo antes posible.

Incluye el absurdo de que si se juntan tres personas o más en el espacio público, deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Además, amplía el abanico de pretextos de los policías para disparar sin preguntar.

También el Ejecutivo se atribuye facultades de emitir deuda sin consultar al Congreso. A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes. Los analistas califican estas medidas como el mayor saqueo de un país. Para los que salieron a protestar pese a la represión prometida, se trata de  la entrega de un país, con su pueblo con las manos y los pies atados, para concluir que en Argentina hay golpe de Estado poselectoral.

*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)