Insiste Lacalle en derogar la Ley de Medios, pero ni sus legisladores lo acompañan

Luvis Hochimín Pareja

El ministro de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Omar Paganini, planteó a diputados de la coalición del gobierno la posibilidad de derogar la Ley 19.307 -Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios- a través del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que actualmente analiza esa Cámara.

Imprudente”, fue la respuesta de los legisladores de la coalición de gobierno ante el planteo de incluir la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas cuando  ya está a estudio del Parlamento uruguayo.

El oficialismo no logró los votos necesarios en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de Ley de Medios que envió el Poder Ejecutivo en abril de 2020 -con nuevas modificaciones en septiembre de este año-, por lo que el tratamiento se retomará el año que viene. Dentro de la coalición de gobierno persisten diferencias sobre el texto vigente.

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) expresó que la propuesta oficialista «no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación». El proyecto oficial parte de la defensa del modelo de negocios (concentrado en pocas manos), en detrimento de la libertad de expresión, garantías de la pluralidad de voces, así como de la participación ciudadana en el otorgamiento de licencias del espectro de radio (un bien público, finito).

La Unesco manifestó al gobierno uruguayo que derogar la Ley de Medios sería un retroceso. El organismo de Naciones Unidas expresó que la ley vigente es reconocida como un referente internacional y la forma en que se propone la derogación conlleva “amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión”.

Asimismo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 19.307  contiene aspectos “problemáticos” en materia de derechos humanos y la regulación que se propone contiene “amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión”.

Los organismos de la ONU alertaron que la derogación permitiría una mayor concentración mediática en pocas manos y “menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión”y que también se debilitaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias -dentro de los que se incluyen derechos a niños, niñas y adolescentes-, y se produciría una flexibilidad ante los discursos de odio.

El Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) señaló que existen retrocesos importantes en materia de límites de concentración mediática que se plantea, algo que se considera perjudicial e inaceptable en una sociedad democrática, además de incompatibles con estándares interamericanos de libertad de expresión.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom,  manifestó su preocupación por la posible “extranjerización de los principales medios del país”, ya que los cambios habilitan a que el poder Ejecutivo actúe discrecionalmente para “autorizar la venta del 100% del paquete accionario de una empresa uruguaya a una empresa extranjera”.

Lo que sugirió Paganini es coincidente con lo que desde el Poder Ejecutivo y el Partido Nacional -principal partido de la coalición derechista de gobierno- se insistió durante el año pasado en la anterior discusión por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, sin éxito. Apenas se aprobó una modificación al artículo 56 de la Ley de Medios, para que empresas de cable puedan tener licencias de Internet.

Antes de realizar esta propuesta, el ministro había manifestado que una de sus prioridades era lograr acordar en la coalición algunos cambios sobre la Ley de Medios “que atenúen algunos de los principales problemas que tiene la ley”.

“Siempre me preocupó el tema de los órganos de contralor, que hoy no están funcionando. Porque si bien son para controlar cuestiones que no hacen a los contenidos, salvo en el caso del contenido nacional, indirectamente son herramientas que pueden ser negativas para la libertad de prensa”, sostuvo Paganini.

Cabe destacar que en abril de 2020 el Poder Ejecutivo -con nuevas modificaciones en septiembre de 2022-, envió un proyecto al Parlamento para aprobar una nueva de Ley de Medios, el cual nunca logró los votos necesarios para salir de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)