En estado de excepción, El Salvador aprobó juicios colectivos a maras

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Victoria Korn

El Congreso de El Salvador aprobó que los presuntos pandilleros detenidos sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. La oposición rechazó la medida por ser violatoria del debido proceso y advirtió que solo responde a la necesidad de descolapsar el sistema penal tras los miles de arrestos bajo el régimen de excepción, que superan los 70 mil.

La norma aprobada ordena el «sometimiento de imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción», desde marzo de 2022.

La decisión fue rechazada por organismos de derechos humanos y jueces, que afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele. La Constitución no permite la reelección, pero la Sala de lo  Constitucional de la  Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024.

«Transcurrido más de un año [del régimen de excepción], hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«Seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye un continuum de violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados», añadió.

Además, Bukele construyó una megacárcel para encerrar a 40.000 pandilleros, considerada la prisión más grande de América, donde rige un duro régimen de reclusión que también es denunciado por organismos de derechos humanos.

Esta «disposición transitoria» fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del polémico presidente Nayib Bukele, de 84 en total. La norma, iniciativa del mandatario, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. Con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales.

Los diputados oficialistas y sus aliados también aprobaron, a petición del Gobierno del presidente Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas. La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión. En marzo de 2022, habían establecido penas de entre 40 y 45 años de cárcel para «los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas». Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras eran de 6 a 9 años.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)señaló que estas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos. se da en un contexto de grave deterioro del estado de derecho, continuas violaciones a derechos humanos y falta de acceso a la información pública.

Es alarmante que el régimen de excepción se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin ningún control,añade.»La reforma aprobada evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno salvadoreño, ya que ha saturado las instituciones del sistema de justicia penal que, debido al volumen de trabajo, no dan respuesta efectiva en la resolución de casos», señaló.

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción asciende a más 71.770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Al menos 5.490 personas fueron víctimas directas de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción implementado para acabar con las pandillas en El Salvador, vigente desde marzo de 2022. El número surge de las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias.La mayoría de las víctimas son personas jóvenes de entre 19 y 30 años (53,48 %), mientras que «la identidad de género» es principalmente masculina (79,98 %).

El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y se ha extendido en 16 ocasiones. Las muertes de personas detenidas en el marco de este régimen suman 174, de las que han registrado que «muchas de ellas presentaron señales de torturas, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento».

El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo. «Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso», apuntó.

Asimismo, la parlamentaria Claudia Ortiz indicó que la reforma «únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar».

Para la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con los juicios colectivos será imposible garantizar un juicio justo y un derecho a la defensa. «Esto nos hace preguntarnos si la posición y la política del gobierno es que se tiene que perseguir a las pandillas, la criminalidad organizada, dando muerte al Estado de Derecho y la democracia», señaló  Marcela Martino, directora adjunta de CEJIL.

Las encuestas oficiales muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan la gestión de Bukele, pues se sienten más seguros, pero en la ciudadanía no hay consenso sobre los juicios colectivos.

**Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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