Injerencismo marca Washington

El ataque contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se focalizó en cuestionar un nuevo plexo normativo relativo al sistema electoral, aprobado por mayoría en el Senado. En el nuevo esquema, sancionado semanas atrás, la mayoría legislativa del partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desmontó el andamiaje corporativo forjado alrededor del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar, ejecutar, avalar y legitimar escandalosos fraudes electorales llevados a cabo durante las dos últimas décadas.

Fiel a su costumbre monroista de violar la soberanía de los países latinoamericanos, respaldó la marcha convocada por la oposición unificada, que reclamó la continuidad del INE, cuyos consejeros, además, gozan de salarios que triplican los honorarios del Presidente mexicano y administran en forma arbitraria e inconsulta recursos derivados a los partidos políticos.

El documento del gobierno estadounidense difundido el lunes 27 de febrero le reclama al de México la necesidad de contar con “un sistema electoral independiente” y “con recursos suficientes”, exactamente las consignas esgrimidas por los manifestantes de la oposición unida, conformada por los tres partidos que buscan debilitar al Presidente, quien goza de una popularidad inédita en la historia contemporánea de ese país. Según todas las encuestas, la imagen pública del mandatario se ubica entre el 60 y el 70% de aprobación, cuatro años después de haber asumido. La marcha opositora tendrá, según los partidarios de la Cuarta Transformación (4T), una respuesta masiva el próximo 18 de marzo, cuando se lleven a cabo los actos por el 85º aniversario de la expropiación petrolera impulsada por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

El Presidente mexicano le respondió al gobierno estadounidense advirtiendo que sus autoridades “siempre se inmiscuyen en los asuntos que no les corresponden”; advirtiendo además que “no somos colonia, ni protectorado. Somos un país libre, independiente y soberano”. AMLO aprovecha la oportunidad para sumarse a quienes han responsabilizado a la embajadora en Perú, Lisa Kenna –ex funcionaria de la CIA–, de ser responsable de la detención de Pedro Castillo y de la represión que se cobró más de 60 muertos desde que Dina Boularte ocupó la presidencia:

“Ahí [en Perú] la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país destituyendo injustamente al Presidente y encarcelándolo”, aseveró desde el atril del Palacio Nacional, donde remató aseverando que dicha “mala costumbre” provendría de las élites estadounidenses. “No es nada más el Departamento de Estado. Es la naturaleza, la costumbre, que viene de siglos en el gobierno de Estados Unidos y en las élites de Estados Unidos”. En otro tramo de su conferencia mañanera, dedicada a cuestionar el atropello a la soberanía, el mandatario recurrió a una pregunta retórica: “¿En Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México?

Otra de las organizaciones que funciona como mascarón de proa de los intereses de Washington es la OEA, que se mostró también solidaria con la oposición: en un comunicado difundido por su órgano electoral –el mismo que propició el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales– consideró que “el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno de los sufragios”.

Para aparecer como neutral e imparcial, avaló y destacó –además– el profesionalismo de los integrantes del INE, aquellos que han sido responsables –según los historiadores– de viabilizar la apertura irregular de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y la compra de votos. Otra de las medidas del actual gobierno –en un país donde la pobreza alcanza la tercera parte de la población– es la reducción salarial de los integrantes del INE, cuyos honorarios exorbitantes triplican el del Presidente de la Nación.

Pobres ricos que pagan impuestos

El Departamento de Estado, el INE, la OEA y la oposición unificada comparten motivaciones comunes ligadas a intereses económicos que han sido regulados por el gobierno de Morena. Uno de los que más han atormentado a las minorías es la prohibición de la condonación de impuestos, que se transformó en una práctica habitual de los gobiernos que precedieron a AMLO. En mayo de 2019 se informó que, en los dos sexenios presidenciales previos al actual gobierno, asumido en 2018, se condonaron alrededor de 400.000 millones de pesos en impuestos, gracias a una facultad presidencial de índole discrecional que benefició, mayoritariamente, a las empresas y personas físicas más acaudaladas del país.

Otra de las medidas tomadas por el actual gobierno, que derivó en una unánime impugnación por parte de los medios de comunicación corporativos, fue la prohibición de la subcontratación de personal por parte de las empresas, que permitía a las compañías la evasión impositiva y el escamoteo de las cargas sociales de sus empleados. El tercer motivo del fastidio de los grupos concentrados es el intento por parte de AMLO de renacionalizar el sector energético, privando a empresas extranjeras –españolas y estadounidenses– de lucrar con la generación y distribución de la electricidad, de la producción hidrocarburífera y del litio.

En enero de 2022 la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, viajó a la Ciudad de México para expresar las “serias preocupaciones de la administración Biden-Harris con respecto al potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México sobre las inversiones privadas estadounidenses”. Pocos meses después, la jefa del Departamento de Comercio, Katherine Tai, envió una misiva a la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, con el objetivo de presionar a los mexicanos respecto de las crecientes regulaciones impuestas por AMLO.

En la misiva, Tai advierte que la orientación dispuesta por el líder de Morena podría “estorbar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y de medio ambiente”. Renovando la presión, el gobierno de Joe Biden envió, en abril del año pasado, a un ex secretario de Estado –John Kerry, actual representante especial para temáticas ambientales– para presionar desde el parámetro más legitimado de las problemáticas ligadas al clima.

Una semana antes de la ofensiva opositora impulsada desde el Departamento de Estado, el 21 de febrero, declararon culpable por actividades ligadas al narcotráfico a Genaro García Luna, ex jefe de la lucha contra las drogas durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa, hoy recluido en España. Las imputaciones a García Luna incluyen la protección al cartel de Sinaloa controlado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien aportó al jefe de la guerra contra el narco un millón de dólares mensuales durante el sexenio que acompañó a su amigo y confidente Calderón Hinojosa.

El actual líder de la oposición mexicana es Claudio X. González, heredero del capítulo local de la multinacional Kimberly Clark, que tiene sede en Dallas. Gracias a sus contactos con los funcionarios estadounidenses, ha logrado articular en una misma lógica antagonista a los tres partidos de la oposición: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —ambos de centroderecha—, y el Partido de Acción Nacional (PAN), de extrema derecha.

El lunes posterior a la movilización del 26 de febrero, al ser preguntado por la manifestación del día anterior, AMLO se refirió a los opositores como actores sociales a los que “no les importa la democracia, sino que quieren que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo porque eso es en esencia lo que significa la democracia”. Y agregó: “La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco-Estado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios”.

Soberanía versus persecución

En los últimos dos años, un importante sector del Poder Judicial –en forma similar a lo sucedido en la Argentina– se ha sumado al conglomerado opositor congregado en torno a las sugerencias y mandatos provistos por Washington. En la última semana, un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Alberto Pérez Dayán, dictaminó en forma individual que determinadas regulaciones respecto al INE no deberán aplicarse a las próximas elecciones regionales de Edomex y Coahuila.

Al igual que en la Argentina, los magistrados del más alto tribunal intentan restringir la voluntad popular expresada por el Poder Legislativo. La Secretaría Jurídica de la presidencia respondió a Pérez Dayán que “las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros, conforme a los criterios de la propia SCJN”.

Las medidas promovidas por el actual gobierno se orientan a privilegiar el sector público y limitar las concesiones energéticas otorgadas una década atrás por Enrique Peña Nieto, recuperando las empresas públicas como vectores de desarrollo productivo. Otra de las características del gobierno morenista es la política social basada en sostenidos incrementos del salario mínimo, la garantía de pensiones para la población de la tercera edad, la ampliación de becas para los estudiantes y subsidios alimenticios. En términos estructurarles, una transferencia persistente de los sectores más acaudalados hacia los grupos más vulnerables.

AMLO cuestiona las políticas neoliberales y define su proyecto como parte de una filosofía humanista, enmarcada en la Cuarta Transformación mexicana, posterior a las tres etapas anteriores: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ese modelo incluye una cruzada contra la corrupción política de los partidos tradicionales, una reducción de los privilegios de los grupos concentrados y una prioridad dispuesta a combatir la pobreza (“primero los pobres, por el bien de todos”). Su política internacional tiene un énfasis latinoamericanista y ha impulsado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ofreciendo asilo a Evo Morales luego del golpe de 2019 y a Pedro Castillo, aún detenido en Perú. Se expresó de forma permanente contra los bloqueos a Cuba y Venezuela, y mantuvo una posición neutral respecto del conflicto en Europa Oriental.

Mientras Washington continúa con su política injerencista en la región –en los planos económico, mediático, diplomático, jurídico– algunos de sus congresistas, como María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, se dedican a atizar la demonización de otros líderes latinoamericanos. La última semana, Salazar, representante del Partido Republicano por Florida, denunció los oscuros vínculos entre el gobierno de Alberto Fernández y Xi Jinping, propiciados –según especificó– por la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

En su mensaje, la ex periodista de CNN nacida en Little Habana dijo que la Casa Rosada estaba llevando a cabo pactos “con el diablo” a raíz de acuerdos para la fabricación conjunta de aviones con China. Para ser coherente con la doctrina Monroe, que cumple este año dos siglos de propagación, advirtió que “Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos, y que se los venda a los vecinos”.

El brillante economista e intelectual egipcio Samir Amin, fallecido en 2018, sugirió la desconexión de todo vínculo con la toxicidad geopolítica, como prólogo a una emancipación posible y auténtica. Cuanto más cerca de Estados Unidos, más lejos de la soberanía.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com