EEUU, el narcotráfico  y el ocultamiento de la verdad en el juicio a García Luna

Gerardo Villagrán del Corral

De manera inesperada y sorpresiva- incluso para el equipo de abogados de Genaro García Luna-, el juez federal Brian Cogan anunció el miércoles que el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública mexicano García Luna concluirá la próxima semana, mientras crece la convicción de que la intención de Washington es la de esconder la verdad.

En México, en el centro de todo esto está Felipe Calderón, el presidente que del 2006 al 2012 protegió a García Luna. Una de las acusaciones principales es que miembros del cartel de Sinaloa le entregaron a García Luna seis millones de dólares en efectivo. El juicio es para probar si esto es cierto, y si García Luna se quedó con el total o repartió el dinero con funcionarios del gobierno mexicano o con el mismo presidente Calderón.

Los impedimentos en la presentación de evidencia que ha venido dictando el juez Cogan, crecen la duda de si todo lo anterior, se ventilara al aire libre como los fiscales habían planeado. Lo cierto es que este juicio puede abrir los ojos a muchos mexicanos y estadounidenses, acerca de porqué la supuesta guerra a las drogas lanzada desde Washington ha sido durante décadas totalmente inefectiva.

La presión creció cuando la prensa estadounidense comenzó a preguntar si podría ser llamado a testificar al juicio Felipe Calderón o Vicente Fox, el presidente que le dio fuerza inicial a García Luna. Durante el juicio del Chapo Guzmán, el juez Cogan aceptó el testimonio de otros traficantes y criminales que claramente cooperaron para reducir sus sentencias y obtener favores adicionales por su cooperación.

Pero ahora en este nuevo juicio, revirtiendo sus procedimientos, el mismo juez está impidiendo el uso de criminales como testigos de cargo y ordenó a los fiscales no informarle al jurado la vida extravagante, cara y llenas de lujos que García Luna tuvo en sus años de residir en Estados Unidos, porque “no está comprobado que esos lujos fueron pagados con dinero mal habido”.

Tapar todo

Este giro abrupto e inesperado en el proceso, ocurrido al día siguiente de que un testimonio alcanzó por primera vez al ex presidente conservador Felipe Calderón, obliga a preguntarse si el Departamento de Justicia Estados Unidos ha decidido cortar de tajo la cascada de revelaciones que ha venido fluyendo en el curso del juicio.

La única conjetura posible en esta circunstancia es que hay la determinación de cortar la divulgación de nuevos testimonios antes de que evidencien el papel del gobierno estadounidense y varias de sus dependencias en los ilícitos por los que se juzga al hombre fuerte del calderonato, señala un editorial del diario La Jornada.

El juicio contra García Luna comenzó el 23 de enero pasado, después de tres años de haber sido arrestado en Dallas, Texas, y acusado por cargos relacionados con el narcotráfico, en el que se incluyen sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ya fue juzgado en la misma corte y condenado a cadena perpetua.

En principio, se contemplaba que las audiencias se prolongaran por 24 días, tiempo en que la fiscalía proyectaba presentar a sus testigos, pero ésta notificó que únicamente hará subir al estrado a uno más el próximo lunes, con lo que sólo habrá convocado a 26 de los 76 que había preparado.

Lo más notable por ahora es que, después de preparar este caso a lo largo de tres años, los fiscales no han presentado al jurado pruebas que corroboren las declaraciones de varios de sus testigos cooperantes sobre sobornos multimillonarios. Según las acusaciones, esa conspiración siguió hasta que efectivos de la agencia antidrogas (DEA) arrestaron a García Luna en Dallas, en diciembre de 2019.

César de Castro, uno de los abogados defensores, expresó su sorpresa al juez Cogan. Comentó que las indicaciones de la fiscalía eran ocupar 24 días de juicio y apenas van 10 y que eso obligaba a la defensa a repensar de inmediato sus próximos pasos.

Las manipulaciones del juez Cogan

Estas decisiones del juez, Brian Cogan, quien presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a los fiscales en la primera semana del juicio al restringir que el jurado escuche algunas pruebas, qué fueron listadas por los fiscales contra el acusado.

Los Angeles Times lo calificó como “un golpe inesperado”. En la documentación del juicio los fiscales afirmaron tener en su poder más de 1.2 millones de páginas de documentos, miles de grabaciones y una lista de testigos que cooperaron y que podrían testificar sobre la entrega de sobornos multimillonarios a autoridades mexicanas.

Es un golpe grave: si bien la decisión del juez no hace desaparecer ni las pruebas ni los elementos de culpa, al no permitir que los jurados los vean o los escuchen, los hace invisible a toda esa evidencia y por lo tanto, para este juicio, es como si no existieran.

Si no hay un cambio de curso, todo indica que el juez espera que la fiscalía y la defensa presenten sus argumentos ante el jurado, con un resumen de sus posiciones; para que luego él instruya al jurado sobre su tarea y que con ello comience la deliberación a puerta cerrada y sin tiempo límite para llegar a un veredicto sobre cada uno de los cinco cargos que enfrenta García Luna. Pero el juicio puede alargarse por una decisión clave: que García Luna decida sentarse en el banquillo de testigos para declarar en su defensa.

El ex secretario de finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, aseguró el lunes en el tribunal de Nueva York que García Luna pagaba mensualmente 25 millones de pesos mexicanos (1,3 millones de dólares al cambio actual) al periódico El Universal para limpiar su imagen. Asimismo, la fiscalía estadounidense subió al estrado al agente especial de la DEA Miguel Madrigal, quien aseguró que desde el 2010 esa agencia federal tenía conocimiento que García Luna colabora con el Cártel de Sinaloa.

Todos recuerdan que García Luna actuó con el total y entusiasta respaldo de su jefe, pero también con el de las autoridades de Washington, que reiteradamente lo ubicaron como un interlocutor privilegiado y lo convirtieron en el brazo ejecutor de sus políticas injerencistas en materia de narcotráfico.

El aparato neocolonial

La Jornada indica que hay que dejar de lado la versión idealizada que Estados Unidos propaga en torno a la conducta de las agencias que conforman su aparato neocolonial, a fin de situarlas en su justa dimensión como instituciones solapadoras e incluso perpetradoras de toda suerte de ilícitos.

Sólo respecto a México, está documentado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) colaboró con el cártel de Guadalajara en la década de 1980, al cual le permitió ingresar drogas a territorio estadounidense como parte de su esquema de financiamiento a los sanguinarios grupos paramilitares que operaban en Nicaragua (el escándalo conocido como Irán- contras).

También se sabe que la Administración para el Control de Drogas (DEA) lavó dinero del cártel del Pacífico y que la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) hizo llegar a la misma organización miles de armas de alto poder, en ambos casos, como parte de operativos supuestamente diseñados para rastrear el destino de los bienes y dar con los principales capos.

Tampoco se puede olvidar que la estrecha cooperación de Washington con García Luna se desenvolvió en el marco de la Iniciativa Mérida, el acuerdo firmado por Calderón y el entonces presidente estadounidense George W. Bush, para institucionalizar el intervencionismo estadunidense y la cesión de la soberanía nacional con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.

“Por ello, es obvio que ahondar en la vida criminal del expolicía implica sacar a la luz complicidades de alto nivel entre las clases políticas de ambos lados de la frontera, y los ciudadanos bien pueden preguntarse qué información pretende dejar oculta y a quiénes protege el Departamento de Justicia al acallar a dos terceras partes de los testigos que consiguió para convencer al jurado de la culpabilidad del acusado en los cinco cargos que se le imputan”, añade La Jornada.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)