Panorama Económica Latinoamericano- Del 23 al 30 de noviembre 2022

Basta de socializar la desigualdad en Venezuela

Ricardo Miranda Carballo*

Tras ocho años consecutivos en caída, insertas en el fenómeno de estanflación –recisión más inflación-, la economía venezolana comenzó a registrar una mejoría en 2021. Ya el primer trimestre de este año mostró un crecimiento de 17,04% con respecto al del 2021, pero en este lapso creció la desigualdad y la pobreza..

Entre el 2013 –cuando murió el presidente Hugo Chávez- y 2020 el PIB cayó 75%, y en 2020 se producía la cuarta parte de lo que se produjo en 2013. Simultáneamente los precios registraron un incremento de 65.841.820.772% durante el mismo período. Desde los sectores oficiales esta caída se debió a la guerra económica de Estados Unidos y Europa occidental y cristiana, con el objetivo es derrocar el gobierno constitucional y apoderarse de sus riquezas naturales, especialmente el petróleo y el oro.

La guerra económica contra Venezuela incluye el bloqueo financiero y comercial, especialmente a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que genera el 90% de los ingresos por exportaciones y el ataque a la moneda, el bolívar, induciendo una depreciación que, desde el año 2013 hasta la fecha, asciende a 73.166.926.676.967%, a inestabilidad que desencadenó un conjunto de distorsiones

¿Socialismo?

La utilización del término «socialista» para definir al sistema venezolano es un lastre para las izquierdas de la región. Lo cierto es que hoy las desigualdades se ven en las calles con la proliferación de vendedores informales conocidos como “buhoneros”.

Desde hace unos años el gobierno de Nicolás Maduro ha venido impulsando reformas que fueron liberalizando la economía a través de distintos mecanismos. Son el resultado de dos cambios de políticas: la dolarización y la excepción de aranceles. Se suponía que iba a ser un período breve, pero se ha extendido.

Existe la noción de que el gobierno en Venezuela es socialista, pero todo sugiere que la economía que está emergiendo está basada principalmente en el principio de obtener ganancias.

¿Venezuela es un país socialista? No: es un país con una economía capitalista bodegonera. La economía de los bodegones no está dirigida por el gobierno, no son negocios del Estado. No hay una lógica alternativa al capitalismo. Sí, es una forma distinta de capitalismo de la que existe en otros países, donde el capitalismo está más regulado.

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira (fronterizo con Colombia)  aseguró que en Venezuela se está dando un socialismo con particularidades, construido por la gente, y que se da luego del fin de una polarización que le trajo a la gente tristeza.

«El empresario venezolano sabe que tiene mayor oportunidad de crecimiento con nosotros que con esa oposición enloquecida que los llevo a la quiebra y algunos a la cárcel. En Táchira pasamos de un discurso a una acción y se integraron sectores que hace años era imposible que se sentaran a dialogar. Lo primero que hemos logrado es la armonía social», dijo.

Venezuela es un país donde el 95% de los habitantes son pobres, el 70% está en pobreza extrema y la desigualdad es más aguda que en países como Colombia o Brasil, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la opositora Universidad Católica.

Una de las muestras más visibles de la nueva economía en Venezuela es la proliferación de tiendas que venden productos de lujo. Es lo que se llaman bodegas o bodegones, supermercados que venden productos importados en dólares a precios inalcanzables para la mayor parte de la población. Hace unos años la mayoría no conseguía los productos necesarios para subsistir. Ahora abundan, pero no puede pagarlos

Colombia amigo

La apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y el restablecimiento de relaciones políticas ha sido positiva para ambos países, y en tan solo mes y medio se han intercambiado 600 millones de dólares y se prevé que para 2023 esa cifra sea de 1.500 millones de dólares, según el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

Este proceso va a generar la repotenciación de la frontera en más de 630 empresas, tres mil empleos directos y se espera que en tres años genere 10 mil empleos directos, se fortalecerá el comercio, el transporte, los delivery, las posadas, los hoteles, el intercambio comercial y turístico.

Bernal explicó que en la frontera hay 630 empresas de las cuales el 10% estaban operativas  y las demás sobrevivían. «Ahora esperamos que todo esto se recomponga, en especial en textiles, marroquinería, madera, metalúrgica y ya hemos comenzado un intercambio directo entre los empresarios del Táchira y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sin intermediarios», acotó.

Dios petróleo

Las fuentes oficialistas señalan que la reversión de la tendencia descendente del PIB durante los últimos cuatro trimestres se debe al aumento del precio internacional del petróleo (70% más alto que en el primer semestre de 2021) en parte como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Todos sabemos que cualquier variación del precio internacional del petróleo tiene un efecto sobre las exportaciones y la producción nacional en Venezuela, por su condición de país monoexportador.

Asimismo, progresivamente se fueron dando exenciones a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Desde agosto de 2019 el Departamento del Tesoro aprobó 28 licencias o exenciones a las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales aprobadas mediante las órdenes ejecutivas, como la autorización de ciertas transacciones relacionadas con Pdvsa.

A todo ello se suma la exportación de ciertos servicios, como software, hardware y tecnología incidente para el intercambio de comunicaciones por internet autorizada; emergencia y ciertos otros servicios médicos autorizados; ciertas transacciones relacionadas con patentes, marcas y derechos de autor autorizados. para las operaciones portuarias y aeroportuarias; la autorización de pagos de sobrevuelo, aterrizajes de emergencia y servicios de ambulancia aérea.

Estas “flexibilizaciones” del bloqueo bien pueden atribuirse al proceso de negociación que adelanta el gobierno bolivariano con los factores políticos de la oposición interna y con el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera han permitido la reactivación de algunas actividades, especialmente en PDVSA derivando en un impacto positivo en la producción venezolana

Una de las armas más poderosas que han activado contra el pueblo venezolano ha sido el ataque al bolívar, generando el incremento de los precios y con ello el deterioro del poder adquisitivo cuando el salario nominal no incrementa en la misma proporción que lo precios. A su vez, la caída del salario real implica una caída de la demanda agregada y con esta de los niveles de producción. La estanflación en Venezuela ha estado explicada –desde el gobierno- en un 60% por el ataque al bolívar.

La menor intensidad en el ataque al bolívar ha implicado cierta “estabilización” del tipo de cambio y con ella un menor aumento de los precios en 2021, una disminución de la velocidad del deterioro del salario real y por lo tanto de la demanda agregada, que, si bien no ha derivado en un repunte de la producción nacional por esta causa, por lo menos ha contenido la caída.

Pero en agosto de 2022 hubo una arremetida del ataque al bolívar que implicó la depreciación inducida de 60% en menos de una semana.

Recuperación

La recuperación económica de los primeros meses del año 2022 bien se le puede atribuir a la leve recuperación del poder adquisitivo ante al aumento del salario mínimo el cual pasó al equivalente a 30 dólares al mes en marzo de 2022. Pero la canasta básica era el equivalente a 384 dólares.

Decía Hugo Chávez que por encima de los indicadores macroeconómicos están los macrosociales. La desigualdad de la distribución de la producción, a su vez determinante de la pobreza. Lo cierto es que a pesar del crecimiento económico, la desigualdad ha registrado un aumento importante al igual que la pobreza

Hace cuatro años, antes de esta debacle, había escrito el maestro Simón Andrés Zúñiga: “Quizá sea hora de atacar el desaguiso económico con la nacionalización de los bancos, el comercio exterior, la expropiación de los saboteadores, la prisión de los corruptos”. Quizá se hubiera evitado esta situación.

* Economista venezolano de la Sociedad de Economía Política Radical (SER), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

 

Petro: “Por primera vez hablamos de impuestos

a los más ricos”

Camilo Rengifo Marín*

Poco más de un mes de discusión le tomó a las dos cámaras del Congreso colombiano aprobar la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que la nueva normativa fiscal impondrá tributos inéditos a quienes más dinero tienen y le servirá para financiar su plan de gobierno y varias de las promesas de campaña.

“Por primera vez, en muchas décadas, hablamos de ponerle impuestos a las capas más ricas de la población para financiar los gastos y las inversiones en la población más pobre del país”, mencionó el mandatario sobre la destinación de los 20 billones de pesos (unos 100 mil millones de dólares) que pretende recaudar entre el 2023 y el 2026.

En ese lapso se priorizará la “justicia integral” en el país, que equivalen al 26 por ciento del presupuesto de inversión del Gobierno. La reforma final del ministro José Antonio  Ocampo obtiene la mayoría de su recaudación con una mayor carga a las empresas, sobre todo al sector de hidrocarburos, y a las personas más ricas.

En ese sentido, cumple con su objetivo principal de hacer más progresivo el sistema tributario. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, el 57 por ciento de los recursos en 2023 provendrá de los impuestos (“saludables”) a las empresas de petróleo y carbón.

Tanto los impuestos como el gasto social, que denominó “riqueza nacional”, es su apuesta para que Colombia empiece “un camino hacia la justicia” y deje atrás su pasado como “uno de los países más desiguales de la tierra”.

Aprobada la reforma tributaria, viene el trámite de las reformas política y pensional, cuyo proceso de concertación inició este mes y finalizará en febrero, está planteada para dar resultados en tres años. En los dos primeros años, dijo, el objetivo es bajar la deuda para que a partir del tercero se implemente un sistema pensional de cobertura total para quienes cumplan con la edad de pensión. Así, tres millones de ancianos que no cuentan con pensión tengan, al menos, medio salario mínimo de pensión individual.

Actualmente, el 25 por ciento de la recaudación de impuestos en Colombia depende de las empresas y el seis por ciento de las personas naturales. Por eso, esta reforma es considerada por muchos empresarios (y sus repetidoras en la prensa hegemónica) como profundamente lesiva para el sector privado y el emprendimiento individual.

Francisco José Lloreda, presidente del gremio de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, ha dicho en varios espacios que la reforma tributaria asfixiará al sector y que el efecto será que el país “recaude menos en 3 o 4 años de lo que recauda ahora”

Felipe Bayón, ratificado presidente de Ecopetrol, afirmó que el efecto de la tributaria será “significativamente menor” que lo previsto. “Si los precios están más altos y a la industria le está yendo bien, nosotros consideramos que es absolutamente razonable que la industria pague más, y desde Ecopetrol, que paguemos más”.

El ministro Ocampo, por su parte, reiteró que el espíritu de la reforma fue avalado por organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo el visto bueno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y uno de sus puntos principales, el impuesto a las compañías de hidrocarburos, fue impulsado por el mismo Secretario de la ONU, Antonio Guterres.

La deuda de bajar la tarifa de renta a las empresas, que se quedó en 35 por ciento y es una de las más altas de los países miembro de la Ocde, quedó como un objetivo explícito para el futuro.

Una de las banderas de Gustavo Petro en campaña era que esta reforma sería más progresiva, en la medida en la que los que ganan más pagan más.Eso lo logró en cuanto a los impuestos a los más ricos y la creación de un impuesto al patrimonio permanente. En el cálculo inicial de la reforma, cuando recaudaba 25 billones, modificaba el Gini de 0,514 a 0,419, que es la medida para saber qué tan desigualdad es o no un país.

Con esa progresividad y la mayor recaudación, Colombia mejora su capacidad de financiar el crecimiento del Estado y mejorar su sostenibilidad fiscal. Un cálculo inicial señala que con la reforma tributaria de Petro la recaudación pasa del 18,7 por ciento del PIB al 20 por ciento (asumiendo que la reforma recauda el 1,3%). Aún así, sigue lejos del promedio Ocde de 34 por ciento, incluso por debajo del regional de 22 por ciento.

La otra deuda de la reforma tributaria y que fue un pedido de varios analistas, como los de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, es que se eliminen las exenciones que hay al IVA y que se desmonten beneficios preferenciales a unos sectores empresariales. La reforma no tocó el IVA para no afectar los precios de la canasta básica, que explican buena parte de la inflación que sólo cederá hasta el próximo año.

Para el ministro Ocampo, la reforma tributaria ha sido una de las más consensuadas y debatidas de la historia, pero donde el gobierno no cedió en los puntos clave como los impuestos a los hidrocarburos. “Los principales objetivos son contribuir a la equidad, la progresividad y eficiencia del sistema impositivo en Colombia. para ellos buscamos fortalecer la tributación y robustecer los ingresos del Estado para así desarrollar unos programas sociales más activos”, aseguró Ocampo.

Para los analistas, el gran golpe a la progresividad de la reforma fue la caída de un impuesto de renta a las pensiones altas. Ahí ganaron los congresistas y sus padrinos políticos que se ven directamente beneficiados de no tener que pagar impuestos por pensiones que superan los 13 millones de pesos y que para ellos pueden ser rentas que son de hasta 25 millones de pesos, señala La Silla Vacía..

Los ambientalistas también tuvieron su parte en la reforma. Lograron que la mitad de lo  recaudado del impuesto al carbono estuviera destinado a proyectos ambientales y la otra mitad se fuera para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Economía argentina, entre números macro y duras realidades cotidianas

Juan Guahán*

En estos tiempos, cuando hablamos de economía es imposible no hacer referencia a dos manifestaciones de este tema. Por un lado, los grandes números de la economía macro y su evolución. Por el otro, la realidad cotidiana de una gran parte del pueblo argentino y se prevé que al ritmo actual, cerrará 2022 superando el simbólico 100% de inflación anual.

Veamos algunos datos sobre crecimiento, inflación y pobreza. Los datos de la economía son bastante elocuentes. El tercer trimestre del año marcó el fin del crecimiento que la economía había tenido en el primer semestre. La continuidad de ese crecimiento alentaba las expresiones oficiales en el sentido de un incremento anual que estaría entre el 4 y 5%.

Pero en ese tercer trimestre se verificó un estancamiento, con el detalle de un decaimiento del 0,1%, respecto del trimestre anterior. De continuarse esa tendencia, en el último trimestre del año, estaríamos –técnicamente- en el inicio de un proceso recesivo y con una previsión anual donde el crecimiento rondaría el 2%, lejos de las expectativas iniciales que superaban el 4%.

Estas tendencias indican que las expectativas sobre el año 2023 también se han reducido. Las estimaciones actuales indican que el oficialismo estaría satisfecho con un crecimiento entre 1 y 2%, aunque ello suponga estar al mismo nivel que el incremento poblacional. Una de las causas principales de este enfriamiento de la economía es la restricción de divisas que nos viene ahogando. El nuevo swap con China, por otros 5 mil millones de dólares, recién hará sentir sus efectos en el próximo año.

En lo que respecta a la inflación, las cifras oficiales de octubre indican un crecimiento para ese mes del 6,3%, pero las canastas básicas –usadas para medir pobreza e indigencia- se incrementaron en un 9 y 9,5%.

Argentina marcha a la cabeza, en materia inflacionaria, entre el conjunto de países que forman parte del G 20. En la escala mundial solo registraron niveles más altos, para el mes de octubre: Zimbabue, Líbano y Sudán. En octubre, el 6,3% de inflación en Argentina superó –luego de largo tiempo- al registro de Venezuela que alcanzó el 6,2%.

En relación con los indicadores de pobreza la situación está desmejorando notoriamente. Para fines del primer semestre del año en curso la pobreza había disminuido al 36,5%. Al final del tercer trimestre ella se incrementó al 39,4% y –si no hay cambios en las tendencias en desarrollo- el año cerraría con un índice de pobreza del 43,4%. Para ese momento habría 28,9 millones de argentinos pobres.

Este aumento de la pobreza encuentra su mayor explicación con lo que está ocurriendo con los ingresos informales, su incremento es muy inferior al de la inflación medida en los productos de las canastas básica y alimentaria.

Como siempre, los sectores más pobres son el “pato de la boda” y sobre su indefensión recaen los peores efectos de la crisis que estamos atravesando. Ellos son la realidad que se esconde detrás de los números mencionados y de los programas de ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que cumple a pie juntillas el gobierno de Alberto Fernández.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Petroperú: las verdaderas razones de la crisis

 

Humberto Campodónico*

Se ha pretendido instalar la idea de que el origen de la crisis de liquidez que enfrenta Petroperú tiene su génesis en la decisión de modernizar la Refinería de Talara (tomada en diciembre del 2013 con la ley 30130). Supuestamente, el alto nivel de endeudamiento de Petroperú para financiar su construcción sería la causa de los problemas. Esa mala decisión sería la que habría llevado a que, hace tres semanas, el MEF diera un aporte de capital de S/4,000 millones a la empresa.

Pero hay hechos que muestran con claridad que esa no es la verdad.

Hasta antes del primer directorio nombrado por este gobierno, Petroperú era una empresa con líneas de crédito abiertas (por US$ 2,700 millones) con los principales bancos del país y del extranjero (como Deutsche Bank, Sumitomo, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas). Si fuese cierto que Petroperú no era una empresa solvente, ¿habría sido sujeto de crédito de bancos de ese prestigio?

Asimismo, a pesar de que desde la paralización de operaciones de la antigua refinería (diciembre del 2019), Petroperú es básicamente un comercializador de combustibles, ha estado en capacidad de cumplir con el pago del servicio de la deuda (desde el 2018) incurrida para financiar la nueva refinería. Se puede discutir sobre la necesidad de construir la refinería y sobre su monto de inversión, pero no se puede decir que existe una relación causa-efecto entre la decisión del 2013 y la iliquidez del 2022. Anotemos que nunca antes, en sus 53 años de existencia, Petroperú incurrió en iliquidez, ni siquiera durante la hiperinflación de 1985-90.

Los problemas comienzan con la administración que toma las riendas de la empresa desde setiembre del 2021 hasta marzo del 2022, la misma que, de un lado, tiene una carpeta fiscal abierta por corrupción por la importación de biodiésel y, de otro, fue responsable de que no se auditaran los estados financieros del 2021 con Price Waterhouse Coopers.
Fue esta última la razón (la no auditoría) por la cual, en marzo pasado, Fitch y Standard and Poor’s (S&P) rebajaron la calificación de riesgo de Petroperú debido “a la falta de transparencia financiera de la empresa y su débil gobernanza, lo que se evidencia por la demora significativa de la auditoría de los estados financieros del 2021″ (Fitch, 8 de marzo).

En su informe del 15 de marzo, S&P advierte sobre eventos de incumplimiento (“event of default”) si Petroperú no logra la auditoría de sus Estados Financieros.

Y fue esta rebaja la que gatilló la desconfianza del sistema financiero en Petroperú: de los US$ 2,700 millones aprobados con los que contaba la empresa como líneas de crédito, cerca de US$ 1,500 millones pasaron a la condición de evaluación, quedando en condición operativa solo US$ 1,220 millones.

Debido a ello, desde el inicio de la nueva gestión, a principios de abril, Petroperú se dedicó a restablecer la confianza del sistema financiero. Se acordó la auditoría de los EE. FF. con Price y se obtuvo el consentimiento de los acreedores para la entrega (tardía) de los EE. FF. auditados. Pero el daño hecho ya era grande. Se calculó que el déficit de caja al 30 de abril sería de US$ 730 millones y que no se estaría en capacidad de pagar las importaciones de combustibles. Para no caer en el desabastecimiento, se gestionó un préstamo con el MEF de US$ 750 millones, otorgado el 12 de mayo (DU-010-2022). Esta fue la primera vez que Petroperú recurrió al Tesoro Público.

La obtención de los EE. FF. auditados por Price a principios de setiembre debía contribuir a restablecer la confianza del sistema financiero, así como el restablecimiento de líneas de crédito por US$ 1,040 millones. Pero el problema de iliquidez no estaba resuelto y aumentó cuando el 7 de setiembre, en un nuevo informe, Fitch le quitó el grado de inversión a Petroperú, por los siguientes motivos: persistencia de la iliquidez, pocas líneas de crédito, excesivo apalancamiento e insuficiente apoyo del soberano (Estado) a su principal empresa energética.

El objetivo del Directorio que me tocó presidir era no volver a recurrir al MEF, lo que manifesté públicamente. Pero, en setiembre, quedaba claro que la estrategia tenía que cambiar. La confianza se construye y tarda años en establecerse. Pero, si no hay buen gobierno corporativo, se pierde en pocas semanas.

Por ello, Petroperú elaboró un plan de acción, que fue presentado a la Junta General de Accionistas el 16 de setiembre. Uno de los escenarios contemplaba un importante apoyo del soberano: ya no otro préstamo, sino un aporte de capital.

Sin embargo, el plan de acción no se discutió. En conversaciones con el ministro Burneo, se nos dijo que la salida a la crisis era un tema de gestión, a cargo de la gerencia y del directorio de la empresa y no de la Junta de Accionistas.

A mediados de octubre, su enfoque cambió y anunció que habría un aporte de capital de 4,000 millones de soles y líneas de crédito del Banco de la Nación por US$ 500 millones, a través de un decreto de urgencia. En buena hora, pues ello permite mitigar la crisis de iliquidez y terminar con el desabastecimiento. Lo que sí sorprende es que ahora el ministro Burneo nos diga que la crisis se origina en el 2013 (por la construcción de la refinería) y ya no se mencione a la anterior gestión. Dicho de modo explícito: se atribuye al Directorio ingresado en abril la responsabilidad de la crisis, en especial a mi persona.

Sabemos que un aporte de capital -en las circunstancias actuales- tiene un elevado costo político. Y eso fue lo que asumí con mi renuncia al Directorio por no haber dimensionado de manera adecuada la profundidad de la crisis creada por la administración anterior. Ello, a pesar de los logros obtenidos: los EE. FF. auditados, las líneas de crédito que se lograron reabrir y que ayudaron a que el aporte del Tesoro Público fuese menor y, también, la aprobación por parte del Directorio de Petroperú de una propuesta de proyecto de ley -que ya ha sido enviado al Ministerio de Energía y Minas- para la elección meritocrática de su Directorio y su presidente. Solo su aprobación evitará que nuevamente la injerencia política ponga en riesgo a la principal empresa pública del país.

El aporte de capital mitiga los daños, pero no soluciona los problemas de Petroperú. Además de la aprobación del proyecto de ley mencionado, hay un hito importante para que la empresa puede revertir la actual crisis de liquidez: la puesta en operación de la Refinería de Talara en las próximas semanas. La nueva refinería es parte de la solución, no la causa del problema de liquidez (sobre ese punto, volveremos en un siguiente artículo).

También es parte de la solución el regreso de Petroperú a la explotación de petróleo, acompañado, de ser necesario, de un socio privado que asumiría el costo de las inversiones. En principio, con el Lote 192 y los lotes de Talara, que vencen el próximo año, tema que debe ser decidido por Perupetro.

Todo ello pasa por abordar un tema de fondo: lograr un consenso de largo plazo sobre el rol que debe cumplir la empresa estatal en la transición energética. Ese consenso existe en todos los países vecinos como Chile, Colombia y Ecuador, mas no en el Perú. Ese es el telón de fondo que debe guiar la reestructuración de Petroperú, lo que debiera incluir, de manera explícita, la apertura del capital social a una participación del capital privado (con un máximo de 20%, como en Colombia), así como la reafirmación de la no privatización de Petroperú.

El problema de Petroperú no se va a solucionar con el triunfo de una posición extrema (la privatización o su impulso total). Necesitamos construir un consenso sobre el rol que le toca a cumplir y asegurar que, en adelante, la elección de los directorios se hará con criterios meritocráticos y sin injerencia política.

*Ingeniero peruano especializado en temas de economía de hidrocarburos. Actualmente es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue asesor de Ollanta Humala, presidente electo en las elecciones generales del Perú en 2011.

Otra Mirada

Reforma laboral brasileña cumple cinco años

con menos empleos

Vinicius Konchinski

La Reforma Laboral completó cinco años de vigencia. El cambio en la legislación laboral brasileña, propuesto y aprobado durante el gobierno del expresidente Michel Temer (MDB), redujo los derechos de los empleados y contribuyó a la caída de sus ingresos. Por este motivo, debe someterse a una revisión durante el próximo gobierno.

El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva prometió, en una carta difundida días antes de la segunda vuelta de las elecciones, construir una nueva legislación laboral que “garantice derechos mínimos, –tanto laborales como de seguridad social– y salarios dignos”.

La reforma de 2017 pretendía exactamente lo contrario. Eliminó de la ley las garantías laborales para reducir el costo de contratación de empleados para los empresarios y generar hasta 6 millones de puestos de trabajo –lo que al final no sucedió–.

Según el abogado Ricardo Mendonça, doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, en España, la reforma terminó precarizando las relaciones laborales y fomentando la tercerización.

También dificultó el acceso de los trabajadores a la Justicia Laboral, reduciendo el libre acceso a los tribunales e incluso disponiendo que los trabajadores tengan que reembolsar a los empleadores si pierden los casos.

Finalmente, redujo el poder de negociación de los sindicatos y también comprometió la sostenibilidad financiera de las entidades, quitándoles, por ejemplo, el monto que se recaudaba a través del impuesto sindical.

“Todas fueron medidas para reducir los derechos de los trabajadores y ampliar el margen de ganancias de los empresarios”, resumió Mendonça. “El resultado fue el desempleo, la informalidad y la concentración del ingreso.”

Los números evidencian el fracaso

Según Patrícia Pelatieri, subdirectora del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), los datos recogidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) prueban las consecuencias que la reforma generó para el trabajador.

Recordó que, en el segundo trimestre de 2017 –o sea, antes de la Reforma Laboral–, un trabajador brasileño ercibía en promedio 2.744 reales (valores ajustados por inflación) o aproximadamente 515 dólares estadounidenses. Cinco años después, en el 2º trimestre de 2022, recibía 2.652 reales (unos 500 dólares).

También mencionó que la tasa de desempleo llegó a bajar desde 2017, pero sigue por encima de la registrada hace diez años. Además, esta caída no necesariamente debe verse como algo totalmente positivo para el trabajador. “Muchos trabajadores fueron empujados a la informalidad, que alcanzó un récord este año, llegando a 39,3 millones de personas”, afirmó.

Según el IBGE, cerca del 39% de los trabajadores brasileños son informales. Actualmente, forman un contingente mayor que el número de trabajadores del sector privado formalmente registrados: 36,3 millones, según datos oficiales.

“La reforma salió mal porque lo que aumenta el empleo es el crecimiento económico”, agregó el economista David Deccache, asesor del Partido Socialismo y Libertad en la Cámara de Diputados y director del Instituto de Finanzas Funcionales para el Desarrollo (IFFD). “Y lo que aumenta el crecimiento es la inversión pública, que ha caído en los últimos años”.

Expectativa de reversión

Deccache defiende una revisión de la reforma y afirma que sí es posible durante el próximo mandato de Lula. Según el economista, el expresidente fue elegido nuevamente prometiendo revisar la reforma. La movilización de las entidades gremiales debe, por lo tanto, presionar por ello.

Pelatieiri también ve espacio para esta revisión y espera que se proponga pronto, al inicio del nuevo gobierno, cuando históricamente el nuevo presidente goza de más prestigio político. Según ella, la revisión haría bien en que el país señalara el tipo de empleos que quiere generar en el futuro.

“No hay manera de generar empleo sin crecimiento”, dijo. “Ahora bien, no cualquier crecimiento genera empleos. Se necesita intencionalidad para generar trabajo de calidad.” Según la subdirectora, Brasil necesita revisar principalmente la precarización de los contratos de trabajo creada por la reforma. También defendió que se devuelva a los convenios colectivos la importancia de definir salarios y otros derechos.

Ejemplo español

Pelatieri recordó, además, que España hizo lo mismo en 2021, revirtiendo las reformas laborales de 2008 y 2012. Allí los resultados fueron buenos.

En agosto, Brasil de Fato publicó un reportaje sobre la contrarreforma española. En ese momento, la cantidad de trabajadores desempleados había caído de alrededor de 3,1 millones a 2,9 millones solo durante 2022, hasta el mes de julio.

En julio de 2021, había alrededor de 3,4 millones de desempleados en España.

Tanto Pelatieiri, del Dieese, como el abogado Mendonça defienden que España debe ser vista como un ejemplo para Brasil en este eventual proceso de revisión. “Es necesario reconstruir un ambiente de inclusión social a través del trabajo”, dijo Mendonça.

Brasil de Fato

 

Déficit de la cuenta corriente de Chile, el mayor en varios años

Verónica Reyes

De acuerdo al informe de “Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional” publicado por el Banco Central (BC), durante el tercer trimestre de 2022 la cuenta corriente registró un déficit de 9.428 millones de dólares, explicado por el “saldo negativo de la balanza comercial de bienes y servicios y por las rentas de la inversión extranjera en Chile”.

El saldo de la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión, o entre el ingreso nacional y la demanda interna. Si el ahorro nacional no alcanza para financiar la inversión, o si la demanda interna supera el ingreso nacional, se requiere ahorro externo para financiar la diferencia. Es decir, un déficit de la cuenta corriente

Lo anterior, Sobre ello, un análisis redactado por Pablo García y Markus Kirchner, vicepresidente y gerente de análisis macroeconómico del BC, respectivamente, explicó que el déficit de la cuenta corriente es significativo: 6,6% del PIB en 2021 y 9,9% del PIB —acumulado en doce meses— en el tercer trimestre de 2022.

“Esta última cifra es la mayor en varios años. Por componentes, muestra un bajo nivel del saldo de la balanza comercial de bienes y saldos negativos en servicios y rentas. Un conjunto de antecedentes sugiere una reducción sustancial del déficit en lo venidero”, detallaron García y Kirchner en su texto.

Las proyecciones del IPoM de septiembre 2022 consideran que baje a 3,6 y 3,3% del PIB en 2023 y 2024, respectivamente.

La cuenta financiera registró entradas netas de capital por US$11.177 millones, “lideradas por una disminución de los activos de reserva del Banco Central, asociada al programa de intervención cambiaria”.

Al cierre de septiembre 2022, agregó por su parte el reporte del BC, la posición de inversión internacional (PII) neta aumentó su saldo deudor respecto del trimestre precedente, hasta ubicarse en US$44.557 millones.

El resultado respondió mayoritariamente a una disminución en el stock de activos, principalmente por las desinversiones realizadas por el Banco Central y los efectos de valoración en los activos de los Fondos de pensiones.

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Análisis del panorama internacional

 

1.- Escenario Económico Internacional del 22-11-2022

-Tope al precio de petróleo ruso perjudicaría a Europa: estaría afectando el precio del transporte de metaneros que ya se multiplica por cuatro, de la media de los últimos cuatro años.

-Petróleo por debajo de 80 dólares: el precio clave estaría en 75 dólares, cayendo debajo de este valor podría regresar a los 55.

-Mercado seguirá a la baja indica Goldman Sachs: plantea que puede alcanzar su punto mínimo a finales de 2023.

-Gas más caro en Alemania: las plantas flotantes estarían costando más del doble de lo que se pensaba.

-Nueva ola de Coronavirus podría afectar la economía china: el nuevo brote por COVID-19, estaría originando nuevos confinamientos, y ralentizando la economía.

-Tope del precio al petróleo ruso se ubica en 30 dólares: esto sacaría del mercadoa los hidrocarburos.

-FTX arrastra otras empresas en el mercado de criptomonedas: Blockfolio, Liquid y LedgePrime se declararon en bancarrota, y Quantia, Genesis, Multicoin Capital y Paradigms poseen dinero retenido. Grayscale puede hundir el mercado de criptomonedas: el principal fondo de inversiones en Bitcoin podría estar afectada por la quiebra de FTX, y se han negado a hacer prueba de reserva.

-Argentina evalúa tipo de cambio especial para productores de soja: con el objetivo de incrementar las liquidaciones para el sector productivo argentino.

-CAF emite 800 millones de dólares en Bonos: para los planes de activación económica y social de América Latina y el Caribe.

Indicadores más relevantes
Þ Futuros de crudo: caída del 1,11 % durante la semana ubicándose alrededor de los 79,38 dólares.
Þ Bitcoin: caída de 1,33% ubicándose alrededor de los 16.054 dólares

*Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de
Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía

2.- En un juego de la soja dominado por el capital, nadie gana

Wáng Shàoguāng (王绍光)

China ha pasado de ser el mayor productor mundial de soja a su mayor importador mundial. Está atrapada y no puede salir del “juego de la soja”, dominado por cuatro grandes comerciantes internacionales de granos. El capital internacional se convirtió en el único jugador rentable de este juego.

China debe alimentar más de un quinto de la población mundial con menos de un décimo de la tierra cultivable del mundo. En los últimos diez años, la producción de granos de China creció constantemente. Mientras que la demanda de granos crece con la industrialización y la urbanización del país, las limitaciones de recursos y del medio ambiente son cada vez mayores y la contribución del sector agrícola al PBI está disminuyendo. Estos desafíos afectaron el desarrollo estable de la economía nacional, señala Chén Wénshèng, del Instituto para la Revitalización Rural de China de la Universidad Normal de Hunan.

La crisis alimentaria mundial puso la capacidad de producción agrícola en el centro de la competencia. Al mismo tiempo, la agricultura debe jugar un rol en la protección ecológica, la regulación ambiental y el desarrollo de la bioenergía, como parte de la transformación en una sociedad más moderna. Estos desafíos ponen cada vez más de relieve el rol estratégico de la agricultura para fortalecer la supervivencia nacional, consolidar la economía nacional y aumentar la competitividad internacional, añadió.

China: del dominio a la dependencia de la soja

• China contaba con alrededor del 90% de la producción mundial de soja hasta la Segunda Guerra Mundial.
• De 1964 a 2010, la producción anual de soja en China se mantuvo relativamente estable en un promedio de 16 millones de toneladas, pero su participación en el mercado cayó del 23,3% en 1961 al 5,55% en 2011. Estados Unidos, Brasil y Argentina se han convertido en los tres mayores productores de soja en el mundo.
• En marcado contraste con su producción estable, el consumo de soja del país pasó de menos de 8 a 70 millones de toneladas entre 1964 y 2010, y luego a 108,72 millones en 2021. La brecha entre el consumo y la producción se ha cubierto totalmente con las importaciones.
• Ahora, el 60% de las exportaciones mundiales de soja van hacia el mercado chino, y el país se ha convertido en el mayor importador del cereal.

La soja, de alimento a commodity

• Entre los millones de campesinos productores de soja de todo el mundo y los miles de millones de consumidores, existe una compleja y altamente desarrollada cadena de suministro (de los nuevos descubrimientos en biología a la producción y distribución de la soja) que es controlada por unas pocas grandes empresas internacionales. Ellas monopolizan el mercado en cada eslabón de la cadena, incluyendo la genética, las semillas, los pesticidas, los fertilizantes, el comercio, la producción y las ventas al por mayor y la distribución al por menor, con el fin de maximizar las ganancias. Para estos monopolios capitalistas, el mayor atractivo de acaparar el mercado de la soja es que es apta para su cultivo con uso intensivo de capital y a gran escala.
• Los cuatro mayores comerciantes internacionales de granos, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, and Louis Dreyfus, llamados “ABCD”, controlan el 80% del volumen comercial de granos y el 90% del volumen comercial de soja globalmente. De estas cuatro empresas, las primeras tres tienen sede en EE. UU. y la última es francesa. Cada una de ellas controla los diferentes eslabones de la cadena mediante varias formas de alianzas estratégicas, eliminando así cualquier competidor a sus monopolios.
• Mediante la concesión de préstamos para la producción, la construcción de facilidades de transporte (vías, rutas, puertos) y el monopolio del mercado, “ABCD” ha tomado el control de la producción de soja en Norteamérica y Sudamérica, forzando a los productores a vender soja a precios extremadamente bajos para devolver sus préstamos. Comprar barato y vender caro, en el mercado internacional de futuros, es el “juego financiero” más familiar para el capital.

Consumidores, productores y la naturaleza pagan el precio de la codicia del capital

• Los consumidores son las víctimas de la conducta monopólica del capital transnacional. Especialmente en países con un alto nivel de concentración del mercado, la brecha entre el precio al por menor y el precio de producción de la soja está creciendo, y los consumidores son los que están pagando por este monopolio capitalista.
• Paso a paso, el capital internacional se hizo de los campos de los campesinos pobres a gran escala, reemplazando los pequeños y diversificados métodos de producción. La propiedad de la tierra se concentró profundamente en las manos de grandes terratenientes e inversores. Un gran número de familias campesinas se quedaron sin tierras, y las oportunidades de empleo ofrecidas por las granjas se redujeron drásticamente. Mudarse a la ciudad significaba vivir en los barrios marginales, pero quedarse en el campo implicaba morir de hambre.
• Asimismo, el monopolio del capital en la cadena de suministro, producción y distribución de la soja ha tenido un gran impacto negativo en la naturaleza. El rápido crecimiento de la producción de soja en Brasil ha sido una de las principales razones para la deforestación y quema masiva de la selva amazónica, convirtiendo este “pulmón del planeta” en un “emisor de carbono”, y haciendo de Brasil uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. El 75% de las emisiones de carbono de Brasil son resultado de la destrucción de la selva tropical.

*Wang Shaoguang es profesor emérito del Departamento de Gobierno y Administración Pública de la Universidad China de Hong Kong.