Nada cambia en Chile

Maximiliano Rodríguez

Muchos tenían la esperanza de que se comenzara a transitar un camino de un país más justo, para todos. Pero nada cambia en Chile, que eligió, por amplia mayoría seguir con la Constitución del dictador Augusto Pinochet de 1980 hasta que el Gobierno logre reencauzar el proceso de reforma. En las calles celebró la derecha, y los partidarios del Apruebo fueron corridos de la emblemática Plaza Dignidad por la represiva policía de Carabineros.

Rabia, impotencia: las urnas marcaron la derrota del movimiento social que comenzara con el estallido social de octubre de 2019. Todo parece seguir igual: En las redes sociales, organizaciones sociales denunciaron las detenciones selectivas contra estudiantes secundarios, muchos menores de edad, en el centro de la capital.

La integrante del departamento de Derechos Humanos. del Colegio de Psicólogos, Raquel Torres, hizo un llamado al gobierno a detener la “violenta represión” contra niñas y niños que este martes se sumaron a las manifestaciones convocadas por organizaciones estudiantiles que demandan un nuevo proceso constitucional con participación de la gente.

Si bien el rechazo era esperable, el resultado que más sorprendió fue el del conglomerado urbano de Santiago de Chile. El oficialismo y los partidos y convencionales por el Apruebo confiaban en los votos de la Región Metropolitana de la capital. Apostaban por amalgamar el voto urbano progresista con el de las barriadas pobres, construir un “obreros y estudiantes, unidos y adelante” como en la época del presidente socialista Salvador Allende. Pero no era 1973 y Gabriel Boric no es Allende.

Pero 29 de las 34 comunas del Gran Santiago le dio la espalda al texto constitucional de los derechos, el reconocimiento a los pueblos originarios, el Chile “Estado social y democrático de derecho”, “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”.

 Diez puntos le sacó el Rechazo al Apruebo en la región metropolitana: 54,1 por ciento a 45,9. Hasta en las cárceles ganó el no: un 58,3 por ciento de los presos no se mostró permeable a la propuesta constitucional que, según la derecha serviría para dejarlos libres con un sistema judicial laxo y al servicio de los delincuentes.

En el análisis del día después, queda claro que la victoria del rechazo marca una derrota del movimiento social iniciado en 2019, lo que allana el camino a un acuerdo entre liberales.

“No es una derrota histórica como en 1973. El movimiento está en condiciones de recuperarse y proseguir la movilización por una constitución que no solo declare derechos democráticos y sociales, sino que además los garantice. Esto requiere un Estado con recursos, es decir propietario de las riquezas básicas del país, como el cobre, el litio, el mar, y otras, señala Jorge Magalich en ElClarin.

Boric obtuvo 4,62 millones de votos en 2021; el “apruebo” 4,86 millones en 2022. Un resultado bastante próximo. El ultraderechista José Antonio Kast consiguió 3,75 millones de votos; en las elecciones presidenciales, el “rechazo” 7,88 millones. Esto significaría que, de los 4,5 millones de nuevos electores, 4,1 votaron rechazo, agrega.

En las comunas acomodadas se mantuvo la tendencia: ganó el rechazo en la misma proporción que Kast en 2021. Pero en las comunas humildes, donde vive el 20% más pobre y donde aumentó fuertemente la participación, el rechazo ganó con porcentajes de 70% a 90%, igual que en las comunas con mayoría mapuche. Conclusión: sobre 10 nuevos electores, 8 o 9 votaron rechazo. Y se trata de sectores populares.

Juntos en el rechazo

La “campaña del terror” para desprestigiar la Convención y el proyecto de constitución efectuada a través de los medios dominantes y de las redes sociales, ha sido sin duda la más virulenta de la historia, y tuvo efectos importantes.

Una investigación del portal CIPER identificó 29 cuentas de Facebook e Instagram, no declaradas al Servicio Electoral, que durante cinco meses emitieron mensajes afirmando que el proyecto de Constitución amenazaba los ahorros en los fondos de pensión privados, la vivienda propia, los colegios privados subvencionados y la atención en los hospitales.

La derecha que hizo parte de la dictadura pinochetista tuvo la habilidad de ponerse en segunda línea, sin dejar de financiar la apabullante publicidad contra el nuevo texto constitucional. La campaña por el rechazo fue protagonizada por los liberales de la ex Concertación, dándole un halo reformador, hasta “progresista”.

El voto “rechazo” consiguió unificar diferentes rechazos: para expresar un malestar contra el gobierno por incumplimientos: el porcentaje del “rechazo” coincide con el desapruebo al Gobierno. También votaron rechazo los que están contra la legalización del aborto y de la eutanasia, quizá por motivos religiosos y quienes se oponen a transformar al Senado en una Cámara de Regiones, disminuyendo sus poderes.

Súmese la desconfianza hacia la “plurinacionalidad”, la justicia indígena, y las zonas con autonomía para los pueblos autóctonos, ya que caló en la población más humilde el argumento que “el indio” tendría más derechos que el chileno ya que en Chile siempre ha existido una alta dosis de racismo hacia “los indios”, como si no fueran chilenos

También los frustrados por no ver en el proyecto la nacionalización del cobre, del litio… y por otras razones. Quizá el texto sometido al voto era un proyecto inacabado. Contenía errores de redacción, ambigüedades, repeticiones, y demasiados adjetivos. A tal punto que sus promotores reconocieron insuficiencias, pero llamaron a “aprobar para reformar”, relegando así la propuesta a la condición de un borrador.

Pero sin duda este proyecto constitucional rechazado, incluso con sus defectos, es mejor que la actual constitución de Augusto Pinochet y Ricardo Lagos: declara derechos democráticos y sociales, introduce mecanismos de transparencia y democráticos como los referéndums de iniciativa popular, locales y nacionales, entre otros.

Golpe al gobierno

Muchas imperfecciones del texto, dicen los analistas del día después, son imputables a la falta de tiempo. Quizá tres o seis meses suplementarios habrían permitido presentar un texto claro, bien redactado, con autonomías mejor delimitadas. Pero quizá la falta de iniciativas del gobierno quiso hacer de la nueva constitución su estandarte de victoria y se convirtió en su Waterloo, obligando a Boric a una remodelación de su gabinete.

Las salidas más significativas fueron la de Izkia Siches del Ministerio del Interior y la de Giorgio Jackson, que dejó la Secretaría General de la Presidencia. En su reemplazo fueron confirmados dos nombres asociados a la ex Concertación: la socialista Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá, del Partido por la Democracia.

Ahora, de los seis integrantes del comité político, cinco serán mujeres. Además, las dos coaliciones del Gobierno quedaron equilibradas en el comité político, que tendrá tres representantes del Socialismo Democrático y tres de Apruebo Dignidad.

Tras la reunión que sostuvieron los líderes de partidos el martes en La Moneda, convocados por el mandatario Gabriel Boric, los presidentes de ambas cámaras del Congreso y el Gobierno, Álvaro Elizalde (Senado) y Raúl Soto (Diputadas) dieron las primeras luces sobre los pasos a seguir para dar continuidad al proceso constitucional tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del domingo.

La oposición derechista, que se resistió inicialmente a participar en el encuentro,  reafirmó finalmente el compromiso al diálogo en pos de dar continuidad al proceso constitucional, aunque también descartaron dar plazos fijos sobre cuando se podría llegar a un acuerdo final.

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*Economista y politólogo chileno, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)