El gobierno argentino garantiza renta financiera a quienes tienen capital excedente

Horacio Rovelli

 Cuando asumió como ministro de Economía el miércoles 3 de agosto de 2022, Sergio Massa planteó un fuerte ajuste fiscal, que no era necesaria la devaluación de nuestra moneda y que se iban a recomponer las reservas internacionales del BCRA.

El fuerte ajuste fiscal lo está ejecutando, lo inició con las Decisiones Administrativas 826 y 827 que, en la primera, cercena del magro presupuesto de la Administración Nacional para este año (en torno al 20% del PIB) en $ 210.000 millones, recortando en educación, salud y vivienda.

En la segunda decisión, dispone el congelamiento de la planta de personal de la administración central en 73.985 cargos, más los 87.284 de los organismos descentralizados del sector público (AFIP, ANSeS, INTA, INTI, Agencia Nacional de Discapacidad, etc.), más los 91.870 de las empresas públicas y, se infiere, que dicho congelamiento se extiende a las fuerzas armadas y de seguridad que superan los 210.000 efectivos.

A ello se suma un atraso en los pagos del sector público que, por ejemplo, hizo que en el área de Discapacidad se demoraran las erogaciones desde junio y lentamente comienza a cubrirse las mismas a fines de agosto de 2022, un sector que durante la gestión de Cambiemos se le dio de baja a 170.000 pensiones por discapacidad y entre 2017 y 2019 se demoraron 130.000 trámites de pensiones.  Que en la actualidad el ajuste también se advierte en las demoras en las autorizaciones de los tratamientos y la falta de cobertura en las prestaciones y la reducción por parte de las obras sociales de las sesiones indicadas a los pacientes.

En ese marco trascendió la propuesta para que la Agencia Nacional de Discapacidad [1] absorba el costo de las prestaciones por educación y transporte que actualmente cubren las obras sociales. Se trata de un pedido expreso que le hizo la CGT al Presidente de la Nación para evitar que las deficitarias obras sociales sufran mayores pérdidas, quienes estiman que sólo en esos dos rubros se destinan unos 10.000 millones de pesos por mes.

El presupuesto anual de la Agencia Nacional de Discapacidad es de $ 367.546,8 millones y básicamente el 85% de la misma son pensiones no contributivas por invalidez laboral, por más ajuste que le hagan no puede pagar el servicio a las obra sociales.

En un alarde de que va a cumplir lo prometido, el ministro Massa decidió devolver la suma de 10.000 millones de pesos al BCRA para cumplir la meta establecida con el FMI de que la autoridad monetaria solo va a financiar el gasto público en el 1% (uno por ciento) del PIB. Es en pesos, pero lo máximo que financia el BCRA al Tesoro de la Nación ronda los 4.000 millones de dólares, ante un gasto anual estimado en 16 billones de pesos (el financiamiento por parte del BCRA representa el 4,2% del presupuesto).

Por supuesto que el menor financiamiento del BCRA exige al Estado colocar títulos de deuda en pesos, razón por la cual el 8 de agosto 2022 el gobierno hizo un canje de gran parte de los vencimientos de bonos del Tesoro de la Nación por 2 billones de pesos, bonos que debían pagarse en agosto, septiembre, octubre, y noviembre de este año pasándolos para el año 2023, pero les asegura a sus tenedores que ganan siempre, porque los canjeó por bonos dual que se ajustan por el IPC (índice de precio al consumidor) del INDEC o por dólar oficial, a elección del bonista.

Por ejemplo en agosto de 2022, tras ese canje, vencían títulos en  pesos por 256.437 millones y, logró renovarlos en su totalidad más una ampliación de la deuda que se destina a paliar el déficit fiscal de 212.326 millones, por nuevos títulos por 468.763 millones de pesos. Para ello emitió LEDE (Letras de Descuentos) que vencen en enero de 2023 a una tasa fija del 98% efectiva anual, y LECER (Letras ajustadas por el CER que a su vez se conforma por el IPC del INDEC) más un plus de 0,51%, con vencimiento en junio de 2023.

Y lo mismo pasa con las inmovilizaciones (encajes remunerados) del BCRA, que suman 7,1 billones de pesos y que hace que el BCRA deba pagar de intereses a los bancos por 461.000 millones de pesos por mes (cifra que es más del doble del ajuste fiscal de la Decisión Administrativa  826).

Obviamente que desplazar al BCRA de financiar al Tesoro beneficia a los que poseen capital líquido que especulan con el dólar (ya sea en billetes o fugarlo mediante el Contado con Liqui [2]), se trata de una minoría de la población y que solo aceptan colocarse en bonos si perciben un rédito mayor y seguro que el de comprar dólares. Y lo mismo sucede con los grandes bancos privados que utilizan gran parte de los depósitos captados para prestarle al BCRA en forma segura, sin riesgo alguno, y a tasas cada vez mayores.

El gobierno nacional les garantiza renta financiera a los que tienen capital excedente, pero a cambio realiza un ajuste desproporcionado sobre el gasto público, en medio de un proceso inflacionario que no se detiene y que el mismo gobierno alimenta con la estratificación de las tarifas, los aumentos de precios que autoriza y/o convalida con un cada vez más “light” control de los mismos e investigación de costos que justifiquen dichos aumentos.

El FMI le exige una tasa de interés positiva (por encima de la inflación) para aminorar la brecha entre el dólar oficial y los distintos precios paralelos de las divisas, que debe combinar un aceleramiento de la devaluación oficial de nuestra moneda. Dicho mecanismo que se aplicó varias veces en nuestro país desde 1956  (primer acuerdo con el FMI) siempre terminó mal, con una inflación de tres dígitos anuales, con tasas confiscatorias del capital y de los créditos personales, generando una distribución de ingreso que beneficia a los fondos especulativos en desmedro de la población y que propicia el modelo extractivista, agropecuario exportador y financiero que se esconde tras la falta de divisas.

Falta de divisas

Es realmente increíble pensar que este año vamos a tener récord de exportaciones, por más de 90.000 millones de dólares, con el consabido superávit comercial de más de 15.000 millones de dólares, que se suma a los superávit de 12.528 millones de dólares del año 2020 y los 14.750 millones de dólares del año 2021 y que las reservas internacionales del BCRA sean hoy menores a diciembre de 2019 en 8.350 millones de dólares.

Así como desaparecieron por arte de magia en el gobierno de cambiemos los 44.500 millones de dólares del crédito del FMI, desaparecen los 38.628 millones de dólares a la fecha del superávit comercial acumulado y de disminución de reservas del BCRA.

Es obvio que no es un problema de competitividad argentina y tampoco del valor del dólar, lo demuestran claramente los números de la Balanza Comercial, es un problema autoinfligido por no saber defender las reservas internacionales.

Entonces, como no se investigó la deuda heredada de la gestión anterior, tampoco se estudia cuál es el agujero negro por el que se pierden los altos rendimientos comerciales, obligando a la población a restringir el consumo de maíz, aceite, carne, etc., y se lo hace vía inflación. El aumento de los  precios es mayor que el de los salarios y genera un excedente (Marx lo llamaría plusvalía) porque el costo laboral es cada vez menor en la estructura de costos y de precios de las empresas, que emplean ese excedente para convertirlo en dólares y fugarlos o prestarle al Estado a tasas positivas.

El gobierno podrá cumplir con las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI, pero no lo va hacer con el aumento de la reservas internacionales del BCRA que este año 2022 y según lo acordado y firmado con el organismo internacional, deberían crecer en 5.500 millones de dólares y en cambio, desciende hasta el 29 de agosto de 2022 en 2.176 millones de dólares (de 38.016 millones el último día hábil de 2021, contra los 36.840 millones al 29 de agosto de 2022), elemento no menor y que sin embargo ni el gobierno ni al FMI parece importarle y, su explicación, es hacernos cada vez más dependientes del ingreso de las divisas y que solo se obtiene mal vendiendo nuestros activos, nuestro trabajo y nuestra producción.

De allí el viaje de Sergio Massa y referentes de su equipo a los Estados Unidos, para cerrar acuerdos con las empresas Livent y Río Tinto en la explotación del litio y los llamados minerales raros, para lo que se va habilitar un régimen de disponibilidad de divisas en que las empresas puedan girar dividendos a sus casas matrices ubicadas en diferentes partes del mundo y, en cumplimiento de lo que expresara sobre el sector, en su visita al país, la Jefa del Comando Sur de ese país, Laura Richardson, impidiendo que China «juegue al ajedrez» con los recursos naturales de Sudamérica.

También en Houston se analizarán proyectos en ejecución y oportunidades de inversión en Vaca Muerta con representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses, como Exxon y Chevron.

Por último, los encuentros con los titulares de los organismos multilaterales, David Malpass (Banco Mundial) y Mauricio Claver-Carone (BID), para destrabar créditos al país.

En síntesis

El gobierno dista de resolver el tema cambiario, depende de la voluntad de grandes productores y empresas nacionales y extranjeras que liquiden la soja retenida, que convaliden un precio del dólar para realizar inversiones en sectores claves como es el minero y el hidrocarburífero, en otra vuelta de “oro por espejitos”, nuestros recursos naturales por el papel verde que imprime y hace circular la FED (Reserva Federal) de los Estados Unidos.

Incluso de ser así, tampoco será fácil controlar la mayor emisión monetaria que implica la liquidación (ingreso) de divisas [3], por ejemplo cuando plantean que serían 5.000 millones de dólares de acá a fin de año, se lo debe multiplicar por el tipo de cambio oficial y en ese caso la base monetaria se expandiría en más de un 20%, en un nuevo negocio para los bancos por encajes remunerados que pagamos todos.

Notas

[1] La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, tiene a su cargo el desarrollo, articulación e implementación de las políticas públicas en materia de discapacidad desde una perspectiva integral, tendientes a promover el acceso de las personas con discapacidad al conjunto global de las herramientas propuestas por el Estado Nacional en la materia.

[2] CCL: Consiste en la comprar de una acción o de un título público que cotiza en Bolsas de Comercio de otro país, por ejemplo, se compra en el mercado de valores local una acción por un dólar ($ 145) y se la vende en el exterior a 0,50 centavos de dólar (o sea que el precio de dólar pasa a ser de $ 290), esos dólares se fugan porque quedan depositados en el exterior y, la economía se extranjeriza porque el que compra afuera sabe que esa acción vale un dólar. Por ejemplo, el mismo Larry Fink, CEO de Blackrock, dice que nunca lo vio ni a Armando Braun, ni a los Escasany, ni a los Ayerza, los principales dueños del Banco Galicia, y en esas operaciones bursátiles les compró el 18,8% de su paquete accionario.

[3] El asiento contable es ingresan “Oro y Divisas” a Billetes y Monedas

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).