Eloy Osvaldo Proaño| CLAE

El gobierno del banquero-presidente Guillermo Lasso rechazó las peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para iniciar un diálogo con vistas a terminar con el paro nacional que ya cumplió 11 días y que mantiene en jaque a amplias zonas del país.

Las protestas han subido de tono y han dejado cuatro muertos, decenas de heridos y detenidos. Además, desabastecimiento de alimentos y locomoción en las grandes ciudades. A nivel nacional, principalmente en las provincias de la Sierray la Amazonía, se registra el cierre de vías desde el inicio del paro nacional. Los medios hegemónicos reclaman la intervención militar contra los indígenas, trabajadores y estudiantes.

Mientras, se mantienen las grandes marchas de indígenas, trabajadores, campesinos y estudiantes…y también cargas represivas de policías y militares, la Conaie, frente al llamado del gobierno al diálogo solicitó el cese a la criminalización de la protesta, se derogue el estado de excepción y se atiendan los 10 puntos de la agenda, entre otros aspectos.

En seis puntos, dirigidos a la ciudadanía nacional e internacional, la dirigencia indígena condicionó el diálogo público insistiendo en que se respeten los derechos más básicos para una supervivencia con dignidad. Considera la Conaie que el diálogo debe ser frontal y directo, sin necesidad de mediadores ni intermediarios, pero sí de veeduría de colectivos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Precisó la voluntad al diálogo siempre que existan las condiciones de buena fe y garantías para su realización y recordó que durante un año entregó al Gobierno las demandas y que a pesar de los acercamientos se ha insistido en una narrativa racista que se ha replicado en los medios públicos.

La Conaie insistió en la dotación de medicinas, la atención a la infraestructura educativa, al desempleo, al alto costo de la vida, al precio de los combustibles que repercute en una economía inalcanzable para la mayoría de los ecuatorianos, la inseguridad, el extractivismo violando el derecho a la vida, al consentimiento previo de los pueblos indígenas, así como a los 21 derechos colectivos.

Asimismo, exhortó al gobierno que escuche al pueblo, luego que impone el neoliberalismo y cumple la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una manera “ciega” que golpea a la población con las medidas de ajuste.

Precisó que debe cesar la represión para sentarse a dialogar, se derogue el estado de excepción y se dé nuevas garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional, así como se frene el ataque a las zonas de paz y se cumplan los 10 puntos de la agenda.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a impulsar un diálogo en Ecuador para abordar los reclamos de la comunidad indígena. Considera que el sistema político debe dar una respuesta inmediata, y expresó su preocupación por los “discursos golpistas” que se están instaurando defendiendo la salida del presidente Lasso del poder como única solución para esta crisis

Pero el clima es de guerra. La misión de los militares es clara, señala el derechista El Comerio: cerrar todos los posibles pasos que llevan al Palacio de Carondelet. Más de dos mil militares, equipados con fusiles y armas de dotación, se concentran desde el lunes en los alrededores de la Plaza Grande, en Quito, con un plan en caso de que las movilizaciones intenten traspasar los piquetes de seguridad.

A Quito han llegado unas 18 mil personas por las movilizaciones, cifra que supera con amplitud a los 5.323 policías empleados para el control de las protestas y por eso se han puesto en alerta a los militares, con la excusa de que llegaron alertas de un posible intento de derrocamiento del presidente. Lasso mismo ha dicho que quieren botarlo, lo que no deja de ser verdad.

Cerrazón peligrosa del gobierno

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien fuera detenido en el segundo día del paro y debió ser liberado,  había exigido que el Ejecutivo elimine el estado de excepción en seis provincias, desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde los manifestantes se hospedan en la capital, y que les permitan concentrarse para mantener asambleas.

El ministro Luis Lara señaló que “las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia”. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se negó a atender las condiciones de la Conaie aduciendo que “no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital… primero hay que sentarse a conversar, a hablar, hay que poner los temas sobre la mesa”.

La respuesta refleja ignorancia o falta de voluntad política –o una combinación de ambas– en un gabinete con más orientación empresarial y represiva que política, que no entiende de democracia ya que para decidir los siguientes pasos en su lucha y alcanzar acuerdos, el organismo indígena y los movimientos sociales que se sumaron a la lucha requieren celebrar asambleas: Lasso suspendió el derecho de reunión.

La posición cerrada al diálogo del gobierno neoliberal de Lasso y su apuesta por la estrategia represiva no ofrecen ninguna perspectiva de solución; por el contrario, invitan a la radicalización de la protesta y evidencian que este banquero da la espalda no solo al pueblo sino a la historia reciente del país.

Entre 1997 y 2005 la Conaie fue un actor clave en el derrocamiento de los presidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, un dato que no debería pasar inadvertido a Lasso habida cuenta de que su ingreso en la política se produjo precisamente porque Mahuad lo nombró gobernador de la provincia del Guayas (donde reside la oligarquía del país) y después –apenas pro un mes- ministro de Economía.

El sector indígena organizado también jugó un papel central en las revueltas de octubre de 2019 que obligaron al ex presidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en su plan de ajuste neoliberal instigado por el Fondo Monetario Internacional y que suponía un duro golpe a la economía popular.

Esta tendencia autoritaria se tornó más preocupante el martes, cuando el ministro de Defensa, el general Luis Lara, flanqueado por los jefes del ejército, la marina y la fuerza aérea, afirmó que la democracia está en riesgo por la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos, y aseguró que detrás de las protestas está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada, tras amenazar con más represión de las fuerzas armadas.

El gobierno de la nación andina debe entender la legitimidad del descontento social, propiciar las condiciones para el diálogo y sentarse con los dirigentes opositores a buscar una salida pacífica a las protestas, es decir, todo lo contrario del atrincheramiento en posiciones autoritarias y el uso de las fuerzas armadas para mandar mensajes de alarma y amedrentamiento velado. La muerte de un manifestante y los 55 heridos en la jornada de movilizaciones del martes debería ser un incentivo de peso para emprender sin dilaciones la búsqueda de soluciones reales en un contexto democrático.

* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)