Lacalle, el hijo pródigo del neoliberalismo depredador

Nicolás Centurión

El presidente derechista Luis Lacalle Pou es fiel representante del accionar político de la década del 90. Por más que se muestre moderno, avanzado, de buenos modales; no es más que la continuación del linaje político que dejó trunco su padre, Luis Lacalle Herrera, en su período de gobierno (1990-1995).

Luego de entregar el puerto por 60 años a una multinacional belga, de iniciar un proceso de privatización del agua, de conceder permisos a megaproyectos inmobiliarios para grandes capitales y subir los combustibles de manera frecuente; Lacalle y su gobierno le quitaron el monopolio de internet a la estatal Antel.

Pero no es sólo eso. El gobierno de Lacalle va dejando a su paso una alarmante entrega de soberanía: el agua, el petróleo, la tierra y la costanera están en subasta y no siempre al mejor postor. Un país en venta.

Ya dio el visto bueno al proyecto de la construcción de una isla artificial privada a pocos metros de la rambla costanera montevideana. También un consorcio de cuatro empresas pretende extraer y purificar agua, y privatizarla. Lacalle también firmó la adjudicación de la licencia por 40 años sin cánones y con limitada participación de la estatal Ancap en la futura explotación de petróleo, a la empresa Challenger Energy.

Una joya más y van…

Ahora, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet). Se trata de una opción que, hasta ahora, solo tenía Antel, que había invertido para llevar la fibra a todo el país, por lo que implica la ruptura del monopolio estatal para que lucren empresas privadas de sus amigos y benefactores.

Las empresas beneficiadas fueron Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Estas dos últimas son prestadoras de servicio en las ciudades de Colonia y Pando.

Las empresas de cable venían pidiendo prestar el servicio de internet desde el primer gobierno del centroizquierdista Frente Amplio (2005-2010). En 2014 se promulgó la Ley de Medios: en su artículo 56 prohíbe de manera expresa ofrecer el servicio. Tras esto, varias firmas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional la normativa.

Lo curioso de esto es que las empresas reclamantes son las únicas beneficiadas por la sentencia de la SCJ. Eso deja otra muestra más, que incluso dentro de los capitalistas, la competencia es feroz. Las pequeñas empresas de cableoperadores quedaron afuera de la jugada.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, dijo al diario oficialista El País que la noticia de que estas empresas quedaran habilitadas les generó, por un lado, “una alegría bárbara”. Pero, por el otro, una “desazón, porque la enorme mayoría de las compañías del interior” siguen a la espera “sin tener en claro cómo sigue el panorama”.

El País, al otro día de la resolución, salió expreso a defender al oficialismo. Otra curiosidad con escozor incluido, es la frase que eligió para brindar soluciones para su gobierno: “debe desaparecer el artículo 56 de la Ley de Medios”. ¿Justo ese verbo en un  país que reclama permanentemente por los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985?

En caso de no derogarse el famoso artículo 56, el gobierno tiene dos alternativas. Una de las opciones es la “derogación total” de la Ley de Medio, lo que podría hacerse en la próxima Rendición de Cuentas. La otra opción es aprobar una ley que modifique solo el artículo 56.

¿Negocio para quién?

Antel negocia con los canales privados  4, 10 y 12 para poder transmitir sus señales en su señal de streaming Vera TV. Es decir, Antel va a pagarle a los canales privados para que ellos engrosen la lista de contenidos en la plataforma de la propia Antel, un verdadero sinsentido.

El investigador y consultor Gustavo Gómez informó que Antel pagaría nueve millones de dólares en tres años a los canales 4, 10 y 12. El costo es de un millón de dólares por año por cada señal, aunque después del primer año Antel puede rescindir los contratos. El Estado financia los negocios de las empresas privadas de comunicación hegemónicas.

Libertad y mercado

Libertad y mercado son dos palabras que vienen sonando como tema de moda en emisoras de radio. Alto rodaje y repetición sin sentido. Eso es lo que aducen desde el oficialismo: libertad de los usuarios de optar por distintas empresas. Antel compitiendo en el mercado, según los tecnócratas oficialistas, la fortalecerá.

El director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo que la medida “no va a afectar a Antel de ninguna manera”. En tanto, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, defendió la postura del gobierno y afirmó que “había una demanda por parte de los cableoperadores de poder brindar también servicios de transmisión de datos e internet”.

La Intendenta de Montevideo y ex presidenta de Antel, la frenteamplista Carolina Cosse, dijo sobre habilitación a cables para ofrecer internet: “Es una medida antipatriótica. Estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel. La empresa ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”

Añadió que “Antel es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajados del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones”.

Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto lo que hace es “privatizar el internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal. “La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica”.

Recordó que  Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (de 410 millones de dólares) dependen del internet fijo. “Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, cuestionó el jerarca en Twitter.

Se adelantó la navidad

Cualquier lector semiatento puede advertir que este negocio sólo beneficia a los canales privados. No por desidia ni torpeza del oficialismo, sino por una devolución de favores por la anterior campaña electoral y por la siguiente de 2024. Todo bajo una pátina de modernidad y progreso.

Los neoliberales tienen esa dualidad: por un lado hablan de futuro, modernidad, progreso, avance. Por el otro, no paran de reproducir políticas y prácticas dignas de tres décadas atrás, en el mejor de los casos. Ghettos de ricos como feudos de la edad media, solo que ahora se llaman “countries” o “barrios privados”.

El neoliberal promete futuro y prosperidad pero con sus políticas genera todo lo contrario. Con el discurso de achicar el Estado a su expresión mínima; llevarlo solamente a funciones de gendarmería y justicia;  proteger sus bienes y propiedades  para que luego todo lo (des)regule el mercado. Su sueño húmedo.

De allí que miles de millones queden entrampados en la selva del sálvese quien pueda, mientras la desigualdad galopa en zona liberada. Las generaciones que vienen pelearán contra megaempresarios con tentáculos en todo el mundo por recursos naturales que tendrían que ser derechos humanos consagrados.

A esa realidad se llegará por los laderos locales del capital. En este caso y en este gobierno, por Luis Lacalle, heredero de la dinastía Lacalle-Herrera, la de la estancia, el campo y las grandes exportaciones en la historia del Uruguay. Y la represión, la corrupción, la venta de lo público, las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos (perdón por la tautología).

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)