Uruguay:  cableoperadores podrán ofrecer internet y van por la derogación de la ley de medios

Luvis Hochimin Pareja

Privatización y vaciamiento de empresas públicas, es la consigna del gobierno de la coalición derechista que encabeza Luis Lacalle, quien autorizó a cinco empresas privadas de cable brinden servicios de internet, lo que significa que la estatal Antel pierde el monopolio de la prestación de la transmisión de datos,

Ahora, el gobierno busca avanzar rápido sobre las modificaciones o derogación de la ley de medios con la excusa de equiparar la situación para todos los cables del país. Pero la idea principal es derogar completamente la ley.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, aprobada en 2014 y que el gobierno actual buscó reformar –aún no obtuvo los votos en el Parlamento–, prohíbe en su artículo 56 que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar al mismo tiempo “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”.

Sin embargo, este artículo fue impugnado por varias empresas privadas de cable y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo declaró inconstitucional. Hasta 2018, la SCJ tenía una integración no favorable al reclamo empresarial, pero tras el cambio de ministros varió la postura.

Las empresas beneficiadas son tres de Montevideo: Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA), ligadas a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, respectivamente; y dos del interior: Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando.

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones dijo que el Poder Ejecutivo quería “subsanar” el tema con la nueva ley de medios y hacerlo “en forma rápida”. Desde mediados de 2020 el gobierno ha insistido con aprobar esta normativa, a estudio de la Comisión del Industria de Diputados, pero no ha tenido apoyo ante reparos de sus socios en la coalición, el partido Colorado y el ultraderechista Cabildo Abierto.

Cabildo Abierto viene insistiendo con que en la próxima Rendición de Cuentas se modifique el artículo 56 de la ley de medios, justamente para que los cableoperadores puedan brindar internet.

Acosta y Lara señaló que pretende derogar “toda” la ley de medios en la próxima Rendición de Cuentas y, si se llega a los acuerdos, luego promulgar una nueva norma de servicios audiovisuales.

“Privatizan el internet y rompen con una política de Estado histórica de Uruguay. Desprotegen totalmente la inversión realizada por todo el pueblo uruguayo”, dijo Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio (FA). Sostuvo que es “una barbaridad” lo que hizo el Ejecutivo, “sin ningún justificativo”, porque “a nivel mundial, tanto en calidad como en cobertura y precio no hay equivalencia: estamos primeros o segundos en casi todos los rankings” en materia de provisión de internet.

“Acá hay un modelo, que lo acaban de romper, donde el Estado hace 100 años que realiza los servicios públicos más esenciales, que se han protegido en todos los gobiernos y mediante plebiscito”, y ahora “lo rompen con una resolución de Presidencia”.

Larrosa sostuvo que el monopolio deriva de la propia ley que creó la empresa estatal en 1974, se trata de “un monopolio que había de hecho, porque es el que tiene el 99% de la fibra óptica. Es de hecho, y también de derecho, porque la transmisión de datos es la continuidad histórica de la telefonía fija”.

“Pero con esto el monopolio de hecho lo destruyen, porque dejan ingresar a otros. Hasta ahora nadie podía hacer esa transmisión de datos fijos. Se les había dado a algunos pero no que a su vez tuvieran canales de cable, canales de aire y telefonía móvil”, sostuvo.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresidenta de Antel, denunció el vaciamiento de Antel por parte del gobierno de Lacalle. Subrayó que la empresa invirtió “durante toda su existencia, pero en particular en la última década, fuertemente en una infraestructura del primer mundo de las telecomunicaciones. Esta es una medida de legalidad cuestionable”, añadió.

“Es lamentable que se vuelva a una costumbre de darle a dedo, como en el año 1992, a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones», dijo Cosse. quien subrayó que “sigue en pie la ley de creación de Antel, que establece “la exclusividad de las telecomunicaciones” para la empresa estatal “a través de los medios físicos”. Por último, dijo que la medida del gobierno es “antipatriótica”, por lo que significan “las empresas públicas”.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)