Expertos internacionales alertan sobre crisis tributaria de América Latina

Claudio della Croce

Un panel de especialistas y economistas puso en evidencia el agravamiento de las finanzas públicas de los países de América Latina y el Caribe, tanto por el deterioro de condiciones  económicas  como   estructurales de  sistemas impositivos nacionales  regresivos e injustos , con altos niveles de elusión y evasión, además de déficits normativos y de control, en el foro Los Desafíos de América Latina y el Caribe en Materia de Transparencia Tributaria y Frente a los Flujos Financieros Ilícitos.

En el foro organizado por  el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la Fundación para la Integración Latinoamericana ( FILA), los especialistas coincidieron en  alertar que el desequilibrio de las cuentas públicas se ha profundizado enormemente en la región  en el último período.

A los costos asumidos por la pandemia,  se ha sumado ahora la inestabilidad, desequilibrios  e incertidumbre que está provocando a nivel mundial la guerra en Ucrania. El cuadro de situación, afirmaron, convoca a medidas inmediatas que requieren no solo definiciones técnicas, sino determinación política para definir cómo asumir la crisis, determinar prioridades de atención económica y social,  y quién y cómo deben asumir sus costos en relación a la capacidad contributiva.

El  costarricense Jorge Coronado (de la Red de Justicia Fiscal de America Latina y el Caribe, Latindadd)) presentó un informe basado en cifras oficiales  poniendo de relieve la aceleración de los déficits fiscales de los países latinoamericanos (11% más que antes de la pandemia) en paralelo a un aumento de la desocupación del 10,7%,  pobreza del 33,7% , y, más grave aún, de la pobreza extrema, la indigencia, que supera el 12,5%.

En forma paralela, se evidencia una caída de los  ingresos tributarios (0,5% del PBI de América Latina ) mientras ha crecido el endeudamiento público en un 11% que lleva su pasivo al 56,7% del PBI.

El Foro puso el foco de atención la magnitud la evasión fiscal  que se estima rondar el 6,1% del P BI regional, un poco más de 300 mil millones de dólares anuales. En paralelo al crecimiento del desequilibrio de las cuentas públicas, se observa un crecimiento de flujos financieros ilícitos, no registrados impositivamente,  que supera los 93 mil millones de dólares, y que conlleva pérdidas tributarias de más de 23 mil millones de dólares anuales.

Susana Ruiz, de Oxfam (España) destacó que el ocultamiento de activos a través de las denominados paraísos fiscales implica severos daños a las sociedades, no solo por retacear ingresos que son indispensables para asumir obligaciones estatales -como el costo total de los gastos que han debido asumir los Estados por la pandemia-,  sino también, y sobre todo, por ser vías de evasión de fiscal de  sectores que paradójicamente están  beneficiados por la crisis, tienen grandes excedentes y cuentan con asesoramiento y apoyo sofisticado para realizar la evasiones y/o  elusiones impositivas.

Los especialistas reconocieron algunos avances iniciales latinoamericanos en  Punta del Este en 2018  para el intercambio automático de  información financiera y la implementación de un número de acuerdos bilaterales de colaboración entre administraciones tributarias nacionales. Pero señalaron también  las falencias y limitaciones de los mecanismos, la calidad y actualización informativa, que  requieren avances más sustantivos para ser efectivos.

Asimismo, se  puso de relieve la  significación de  vacíos legislativos y de información y se  reconoció la  existencia de  poderosos de grupos económicos y financieros que se oponen en los países de la región  a la imprescindible  introducción de mayores controles y mecanismos de cooperación entre administraciones tributarias. Lo hacen en  nombre del  secreto informativo y del falso supuesto que la presión impositiva inhibe la actividad económica y las inversiones.

Se llega a la confusión, destacaron los panelistas,  de plantearse la evasión  como un mérito a la sagacidad, sin contemplar  que los ingresos deben financiar gastos públicos imprescindibles, brindando ejemplos muy  significativos  de países como  Argentina., Chile y Ecuador, en que no solo se plantean presiones y lobbies de grupos de interés, sino que figuras políticas relevantes (como los presidentes Mauricio Macri, Sebastián  Piñera, Guillermo Lasso)  han sido puestas al descubierto en reconocidas investigaciones ( Panamá y Pandora Papers) pero sin poder avanzarse en la indagación  ni tener sanción o consecuencia alguna por la falta de normativas y mecanismos legales  para hacerlo.

Ricardo Martner (ICRIT), presentó la iniciativa de un Registro Global de Activos  que debería implementarse sin demora   como base de datos integral pública y con datos abiertos de activos, empresas y otros vehículos legales para poseer activos con las personas que realmente los poseen/controlan o se benefician por ellos, beneficiarios finales que pueden ser distintos de los legales.

El reconocido experto chileno sintetizó: “la opacidad offshore permite que el abuso fiscal, la corrupción y el lavado de dinero suceda en impunidad drenando recursos para el desarrollo”, agregando “ la capacidad de los super ricos para ocultar su riqueza en el exterior empeora la desigualdades y daña la confianza pública, genera inestabilidad política y social y socava la gobernabilidad”.

Brindando una perspectiva internacional más amplia la presentación del finlandés Matti Kohonen, Director de la Financial Transparency Coalition, puso eje en la existencia de obstáculos que no son imaginarios sino políticos reales. Se refirió  al hecho que los  países compiten por inversiones brindando ventajas tributarias, limitando las exigencias informativas  y ofreciendo  la  mayor liberalidad para el ingreso o egreso de capitales, y por lo tanto cerrando el camino de hecho a  avances  hacia una  imprescindible mayor  apertura informativa colaborativa .

Kohonen puso de relieve el ocultamiento como fenómeno mundial, teniendo en consideración que analistas del  Fondo Monetario Internacional (FMI)  han calculado entre 500 y 600 mil millones de dólares las pérdidas por recaudación fiscal denunciados por los Panama y Pandora Papers.

Señaló que  “un ejemplo de la sofisticación de los mecanismos de ocultamiento de activos lo pone de manifiesto la imposibilidad de ubicar  activos de supermillonarios rusos, los denominados “oligarcas”, cuya fortuna  en países occidentales se ha estimado en un billón de dólares, siendo que  se han podido detectar hasta el momento tenencias por solo 17 mil millones de dólares”.

El investigador finlandés señaló que 80 países en el mundo, siendo una excepción entre los más importantes EEUU,  han dado pasos para establecer mayor transparencia informativa, y muchos están avanzando en la creación de registros públicos de activos. Consideó lógico que el próximo paso en América Latina sea también el de avanzar en la transparencia  y los estándares informativos para compartir registros y datos.

Por su parte, el diputado nacional y economista argentino Itai Hagman,  presentó  motivos y bases argumentales de proyectos de ley actualmente en tratamiento en el Congreso de Argentina y detalló el proceso que llevó  a la actual situación del país de especulación financiera y fuga de capitales y a un endeudamiento récord  con el FMI.

Indicó que el propósito actual es  avanzar en un proyecto de ley para establecer un aporte especial de emergencia para los bienes y activos –no declarados- de contribuyentes argentinos en el exterior, paralelo al propósito de otra propuesta legislativa para avanzar en el levantamiento  del secreto financiero, impositivo y  bursátil y la mayor colaboración entre ámbitos responsables de las investigaciones de irregularidades.

En las conclusiones, el economista argentino Jorge Marchini, coordinador del foro y vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA),  destacó  la necesidad de coordinar  investigaciones, establecer mayores canales de información, y  ampliar ámbitos de intercambio con la sociedad civil.

Afirmó que  “el análisis de la  crisis tributaria debe ser transparente  y la determinación de propuestas superadoras no debe ser dejado solo al arbitrio y negociación de grupos influyentes priorizando sus intereses individuales, sino que debe ganar en forma insustituible la  atención, participación  y toma de posición del conjunto de la sociedad. En los temas impositivos el diablo está en los detalles”, concluyó.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)