Lawfare a la ecuatoriana: piden extradición de Correa y Bélgica le da asilo

Eloy Osvaldo Proaño

El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, firmó la orden de extradición del expresidente Rafael Correa (2007–2017), acusado por el actual gobierno neoliberal de Guillermo Lasso de recibir sobornos durante su última campaña presidencial. En respuesta, Bélgica, donde Correa reside desde 2017, concedió asilo político al expresidente.

Con un comunicado de prensa Bélgica dio a conocer que reconoce la persecución política contra Rafael Correa y que el Gobierno federal de aquel país europeo concede asilo político al exmandatario ecuatoriano, debido a lo que llamó la persecución política en su contra, bloquendo  un nuevo pedido de extradición.

Correa ya tenía sus derechos políticos suspendidos por 25 años, en un proceso denunciado internacionalmente como un caso de lawfare, de persecución política judicial. En noviembre último, la Procuraduría General informó del embargo de las cuentas y los bienes muebles e inmuebles de Correa y quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas.

El exmandatario recibió esta semana la condición de refugiado en Bélgica, la cual había solicitado hace varios años, de acuerdo con una copia del certificado expedido por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas. El documento lleva fecha del 15 de abril.

El progresista Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Ese delito, así como los de peculado, la concusión y el enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en este país.

Desde el equipo de defensa del expresidente señaló que esta medida “pone de manifiesto el Lawfare cometido contra él y su movimiento”. Carlos Poveda, abogado que lleva el caso de Julian Assange, explicó que el asilo concedido por Bélgica a Correa complicará que pueda seguir adelante el pedido de extradición de la Corte Nacional de Justicia.

“Sí podría impedir porque es una persona protegida y no podría enviarle a un país donde puede existir persecución. Se llama principio de no devolución”, sostuvo. Enfatizó que la Comisión de control de ficheros Interpol ha negado a Ecuador todas las alertas rojas en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios, por la flagrante denegación de justicia en el país sudamericano.

“Bruselas, capital política de la Unión Europea y reconocida internacionalmente como respetuosa de las instituciones democráticas, ha dado un importante paso en el reconocimiento de la persecución política en el Ecuador, la cual ha tenido como principal objetivo la proscripción política de Rafael Correa y su movimiento político denominado Revolución Ciudadana”, señaló el comunicado de la defensa de Correa.

En septiembre de 2020, la Corte de Casación de Ecuador ratificó la sentencia de ocho años de prisión contra Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, acusados ​​de recibir 7,5 millones de dólares en sobornos de empresas privadas para financiar la campaña electoral de la coalición Alianza Alianza Ecuador.

En tono jocoso, Rafael Correa respondió a la frase en sus redes sociales diciendo: «Creo que es la cuarta vez. Espero que también publiquen la respuesta de Bélgica. Payasos».

De acuerdo al comunicado, «Bélgica se suma así a países como México y Bolivia, quienes también han acogido como asilados políticos a varios exfuncionarios del Gobierno y miembros del partido de Correa, víctimas de una evidente persecución».

Al mismo tiempo, plantea que «tras convertirse en principal opositor del nuevo Gobierno, comenzó a recibir al igual que sus coidearios, un brutal acoso judicial, cuyo punto culminante fue una espuria sentencia y suspensión de sus derechos políticos pocos horas antes de su inscripción como candidato para las elecciones del año 2021».

Puntualizan, en ese sentido que la Comisión de control de ficheros Interpol niega a Ecuador todas las alertas rojas en contra de Rafael Correa y sus exfuncionarios por lo que llaman la flagrante denegación de justicia en el país sudamericano.

Ecuador y Bélgica mantienen un tratado de extradición desde 1887, pero como el derecho penal en ambos países ha evolucionado durante el último siglo, si el delito por el que se quiere extraditar a Correa no consta en el tratado, deberá argumentar la “solidaridad internacional”. Obviamente, la voluntad política es clave para que se acepte el pedido. Y la respuesta de Bélgica fue “no”.

Como argumento de su persecución, las autoridades ecuatorianas también han sustentado el pedido en el Convenio Internacional Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, que explica cómo podrán actuar los países cuando reciban solicitudes de extradición.

Pero también detalla que la convención no impone una obligación de extraditar si hay “motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”.

Mientras, el 10 de abril último, el exvicepresidente Jorge Glas recuperó su libertad en medio de un cuestionado proceso. Glas, que fue vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, fue sentenciado por asociación ilícita, cohecho y peculado. Sin embargo, un juez aceptó un pedido de habeas corpus, lo que permitió que el político correísta abandone la cárcel en la que ha permanecido por más de cuatro años. Aunque la decisión jurídica será apelada por el gobierno de Guillermo Lasso.

* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)