Trabajadores e indígenas rechazan el estado de excepción en Ecuador

Mariana Álvarez Orellana

El banquero y también presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción por 60 días en el marco de su Plan Nacional de Seguridad, lo que prende las alarmas pues las fuerzas de seguridad se mantendrán desplegadas en el país con sus armas. Lasso instó a las Fuerzas Armadas y de Policía a actuar con «valentía y contundencia.

Un día después de tomar la medida, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue recibido con alfombra roja y una calle de honor de los Granaderos de Tarqui en Palacio de Carondelet. “Sabemos que en las democracias hay momentos en los cuales hay circunstancias excepcionales y hacen falta ciertas medidas para bregar con situaciones urgentes como la situación que experimenta Ecuador en este momento”, dijo Blinken.

“Esto lo entendemos, lo apoyamos, pero también sabemos que estas medidas, por supuesto, se deben implementar con base en la Constitución, deben ser muy focalizadas en el objetivo que se busca, y deben tener un fin definido”, comentó el funcionario estadounidense quien analizó con Lasso –precisamente- la cooperación contra el crimen organizado y la situación de los migrantes venezolanos, a quienes algunos medios quisieron identificar como responsables de la inseguridad.

Pandora

Ni Lasso ni su familia acudieron este miércoles a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, donde debían comparecer como parte de las investigaciones en torno a la filtración relacionada con paraísos fiscales ‘Pandora Papers’. El mandatario expresó que “ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la Ley”.

Lasso ha justificado su presencia indicando que su “inversión en el Banco de Guayaquil se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100% ecuatoriana”. Sin embargo, una revisión de este fideicomiso muestra que además del presidente y sus hijos e hijas, la empresa Positano Trade LLC ubicada en Delaware, un reconocido paraíso fiscal de EEUU, formaba parte de él. Esta fue disuelta en 2015.

Lo cierto es que los fideicomisos que tienen los grupos económicos del Ecuador han significado la salida de divisas por más de 42 millones de dólares hacia paraísos fiscales y más de 480 millones millones de dólares en 2019 hacia territorios no considerados como paraísos fiscales. Entre estos últimos, el Fideicomiso GLM sacó nueve millones, mientras que el Banco de Guayaquil sacó tan solo 2,58 millones de dólares.

Los economistas Alberto Acosta y John Cajas señalan que el momento es oportuno para aclarar algunos momentos vividos en las últimas décadas en las que, gracias a varias decisiones de política económica, se permitió que la banca acumule riquezas como nunca. Riquezas que los banqueros siempre intentan presentarlas como “indispensables para el bien común” cuando solo son un grosero reflejo del desigual sistema económico.

Los ecuatorianos emigrantes se preguntan por qué quienes viven fuera del país deben hacer un gran esfuerzo por enviar dinero a sus familias en Ecuador (factor clave en la sostenibilidad de la dolarización), para que élites como el banquero Guillermo Lasso y otras lo saquen del país hacia paraísos fiscales.

Igualmente quedan flotando en el aire las repercusiones que esta reflexión podría provocar en potenciales inversionistas extranjeros que verán con estupor que el propio presidente ecuatoriano mantiene recursos en el exterior, demostrando que ni él confía en su propio país. ¿O acaso Lasso va a repatriar los recursos mantenidos opacamente en el exterior?, preguntan Acosta y Cajas.

Rechazo popular

Sindicalistas e indígenas rechazaron  el estado de excepción por 60 días impuesto por el el neoliberal Lasso, decretado en medio de movilizaciones sociales y la investigación al mandatario por su vinculación con empresas offshore destapadas en los Papeles de Pandora.

Durante la jornada se hizo evidente la presencia de militares en ciudades como Quito y Guayaquil, donde realizaron controles de armas y revisiones a pasajeros del transporte público y en las calles, en los sectores considerados más peligrosos.

El estado de excepción nacional decretado por Lasso permite que las fuerzas armadas se unan a la policía en las calles de todo el país para combatir “a narcotraficantes, la delincuencia y la violencia generada por grupos delictivos”, lo que generó suspicacias y rechazo entre indígenas y sindicalistas, que convocaron a jornadas de protesta contra la política económica del gobierno y el sistemático aumento del precio de los combustibles.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, (Conaie) declaró que hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales que están llevando a la gente a las calles, y más bien pretende aplacar la reacción de la población con una visión militar.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, señaló que con el estado de excepción el gobierno pretende bloquear la reacción popular a sus propuestas económicas, y lo que ha demostrado el presidente es que no hay diálogo.

Agregó que si bien los niveles de violencia e inseguridad son preocupantes, con el estado de excepción Lasso busca que el Consejo de Administración de la Asamblea Nacional (CAL) califique los dos proyectos económicos urgentes –en materia tributaria y laboral– que planea enviar al Congreso, y que luego pasen al pleno y se conviertan en leyes.

Gremios de campesinos y agricultores protestan desde el lunes en cuatro provincias del país y bloquearon carreteras en demanda de precios sustentables para sus productos y en contra del alza mensual del precio de la gasolina, que en poco más de un año ha subido de 1.48 dólares por galón a 2.50.

Nadie olvida el estallido de dos años atrás. Las manifestaciones  de 2019 fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional realizadas a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre, tras el anuncio de ciertas medidas económicas parte del gobierno de Lenín Moreno, y se desarrollaron como protestas en contra de las medidas. con esa justificación, el gobierno neoliberal de entonces también declaró el estado de excepción.

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)