Otro 17 de octubre: Un balance de la coyuntura argentina con la mirada en la calle

Paula Giménez y Matías Caciabue|

El 17 de octubre de 1945 nos remonta a tiempos de transformación estructural, donde los países centrales, en plena guerra mundial, perdieron su capacidad productiva y debieron recurrir a los países periféricos para proveerse. Momento bisagra, que, bajo la conducción estratégica de Juan Domingo Perón, abrió la oportunidad para la emergencia de un  proyecto emancipador, nacional, popular.

Con Perón no sólo nace el programa político, sino también la fuerza social, cuyo sujeto principal fue el movimiento obrero organizado, “el subsuelo de la patria sublevada”. Perón tejió su estructura de poder colocando a la clase trabajadora como el sustento político para enfrentar a las oligarquías reaccionarias, que lo veían como el artífice de su despojo.

De allí hasta hoy se zanjó para siempre la división insalvable en nuestro país. Dos Argentinas distintas, diametralmente opuestas, profundamente contradictorias. Lo decía el mismo Perón, el 20 de agosto de 1945: “podemos decir que hoy el problema está planteado en dos grandes bandos, los que luchan aferrándose a su dinero y los que luchan para dar a sus hijos el pan para su cuerpo y para su espíritu”.

En el mismo año, Spruille Braden, entonces embajador de los EEUU en Argentina, fue el principal organizador de la oposición contra el entonces presidente de facto Edelmiro  Farrel, pero fundamentalmente contra Perón. En plena campaña presidencial, y en el marco de su regreso a los Estados Unidos, decía: “que nadie imagine que mi traslado a Washington significa el abandono de la tarea que estoy desempeñando. La voz de la libertad se hace oír en esta tierra y no creo que nadie consiga ahogarla”.

La tarea que desempeñaba era la de eliminar a Perón del juego, para seguir alimentando los negocios que ya desde Bernardino Rivadavia florecían en esta gran nación y que Estados Unidos estaba interesado en conducir. En nombre de la libertad, una vez más, usaron todos las maniobras, repetidas en el transcurso de la doliente historia de nuestro país para imponer, bajo la bandera del liberalismo, un programa de país dependiente, extractivista, primarizante y exportador.

Golpes de Estado, operaciones de inteligencia, económicas, jurídicas, criminalización del adversario y el enemigo, neutralización y aniquilamiento, imposición de una matriz irracional en lo político y ultra racional en lo económico, banalización de la vida cotidiana, cultivo de valores individualistas, y la lista sigue. Así como Mauricio Macri, así como JavierMilei y Patricia Bullrich, así como María Eugenia Vidal y Horacio Larreta. En nombre de la “libertad”.

Afortunadamente, los cálculos fallan, y emergen, hastiados a veces, empoderados otras, los despojados de todo. Eso sucedió el 17 de octubre de 1945. Intentaron despojar al pueblo de ese aire de dignidad que empezaba a asomar en las casas, en las fábricas, en los clubes;  los trabajadores no estaban dispuestos a resignar sus conquistas, sino que estaban decididos a ir por más.

Allí nacieron y hacen síntesis actores como Cristina Fernández de Kirchner, el Papa Francisco, La Cámpora, Sergio Massa, la CGT, Alberto Fernández, los movimientos sociales, el feminismo popular, que con sus matices y contradicciones, actúan en nombre de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

En 2021, todo parece una repetición neurótica, pero no, es la historia misma que cruje al calor de las nuevas contradicciones. Aparecen innumerables similitudes con aquella gesta histórica del 45. Transformaciones estructurales a nivel sistema (la revolución tecnológica y la pandemia cambiaron el mundo para siempre), una región que no sana su desintegración histórica, y, una vez más, una clase que se aferra vilmente al dinero, y otra, que lucha por el pan.

Especulación y muerte: las dos pandemias

En Argentina la herida sigue sangrando. El saqueo fulminante del gobierno macrista, la estrategia desestabilizadora judicial y los monopolios mediáticos y digitales con su terrorismo comunicacional, hicieron que las condiciones objetivas y subjetivas del pueblo argentino no puedan estar peor. Aun así, el resultado de las elecciones primarias y la posterior tensión hacia adentro del gobierno y del frente de Todos, indica que los sectores más concentrados del país lograron direccionar ese malestar en contra del gobierno nacional, construir relaciones de fuerza, e imponer sus consignas en la calle.

Un gobierno que gestionó tan sólo 99 días, antes de imponer las medidas de aislamiento decretadas a causa de la expansión planetaria del Covid-19. El 1 de marzo de 2020, cuando el presidente habló en el inicio de sesiones legislativas, el diagnóstico sobre el país que dejó el macrismo ya era devastador, con más de 53% de inflación, casi 10% de desempleo y más de cinco millones de argentinas y argentinos endeudados con Anses. Todavía no se había declarado el confinamiento y el país ya estaba destruido. El Frente de Todes enfrentaba así el desafío de las “dos pandemias”

El gobierno macrista “desordenó la vida de los argentinos” y aun antes del confinamiento, el Ejecutivo debió declarar la emergencia pública y social y garantizar bonos a los sectores más vulnerables (Jubilados, beneficiarias de la AUH), congelamiento de tarifas, baja de tasas de interés, subsidios para Pymes, doble indemnización en caso de despidos, un programa de lucha contra el hambre, entre otras medidas.

El 20 de marzo se decretaron las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) para evitar el crecimiento abrupto de la curva de casos y ganar tiempo en el acondicionamiento del sistema de salud. En el entorno mediático se planteó una dicotomía: ¿La economía o la vida? El gobierno se pronunció públicamente por la vida.

A la sombra de los vencimientos de pago de la deuda y en medio del aislamiento, la parálisis productiva, el cese laboral, la crisis sanitaria y social, el Estado intervino para amortiguar el caos y evitar que siguieran cayendo los indicadores económicos.

El 29 de diciembre de 2020 Argentina inició de manera simultánea y para todo el país el Plan Estratégico de Vacunación, en el marco de una estrategia geopolítica multilateral y con acciones para lograr una producción nacional y regional de vacunas. Una campaña épica que hoy coloca a la Argentina entre los primeros países de la región en el ranking de la población alcanzada; que evitó una catástrofe humanitaria y garantizó respuestas del sistema de salud, que fue integrado de hecho y contuvo (a fuerza de aislamiento, quizás) lo que podría haber resultado en un estallido social.

Frente a los esfuerzos de gestión de la pandemia sanitaria por parte del gobierno, basada en el cuidado de la vida y la salud, se articuló una contraofensiva de la fuerza social de oposición a través de su conglomerado mediático “militante”. Desarrollaron infinidad de operaciones de “desinformación”, generando miedo e incertidumbre en el sentido común. El encierro fue aprovechado como caldo de cultivo, ya que en tiempos de confinamiento los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en la principal mediación de los hogares argentinos.

Repitieron hasta la saturación y de manera orquestada “El gobierno administró de manera autoritaria e ineficaz las medidas de aislamiento”; “hubo corrupción en el proceso de negociación”; “El gobierno envenena a la población con las vacunas”; “Las vacunas no son efectivas”; “El gobierno cerró las escuelas, No hubo clases durante la pandemia”. “Las medidas de confinamiento son anticonstitucionales”. El caso paradigmático fue la acusación pública de Patricia Bullrich sobre los “chantajes a Pfizer”, que el gobierno decidió llevar a instancias judiciales.

Lo que no contaron los monopolios comunicacionales, fue que en medio del aislamiento social se produjo un proceso de concentración de riqueza aún mayor, un proceso de transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más acumulan. No todos perdieron en la pandemia.

Durante los primeros meses de este año, se anunció en reiteradas oportunidades el crecimiento de la economía, aunque esto no alcanzó para traducirse en los indicadores sociales.  Los aumentos sostenidos de precios, especialmente el precio de tarifas y  alimentos (en particular la carne), no dieron aire al salario argentino. A los actores económicos del modelo agroexportador, alimentario, energético, tecnológico o de plataformas y de especulación financiera, con sus representantes políticos, tan “preocupados por la República” en las pantallas, no se los vio vacilar ni un minuto en su estrategia de enriquecimiento por despojo.

El gobierno recibió un revés de estos sectores concentrados, apoyados por los medios y el poder judicial, cada vez que intentó regular en estos terrenos, como fue el caso de Vicentín, la declaración de las telecomunicaciones como un servicio esencial oel cierre de las exportaciones de carne como medida para garantizar el plato lleno que falta hoy en la mesa de les argentines.

Aunque el año inició con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, producto de las luchas del movimiento feminista; la regulación para la implementación del Cannabis medicinal, la aprobación del cupo laboral travesti trans y la Ley de Teletrabajo, presentada por iniciativa sindical, el gobierno argentino perdió batallas fundamentales, que mostraron una posición de debilidad ante sectores que no pararon de lucrar.

En el fallido intento de expropiación de Vicentín en 2020, por ejemplo, pudo observarse claramente la puja de intereses y la capacidad de lobby del sector agroexportador. Una vez anunciada la expropiación, se inicia una contraofensiva que se tradujo en banderazos, operaciones mediáticas y presión política, movilizando a su base, principalmente de clase media reaccionaria a las calles.

La disputa desencadenó la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), quien a los pocos días de emitido el Decreto sobre Vicentín se reunió con Cristina Fernández, luego de lo cual se acordó la liquidación de divisas, que alcanzó para este año un récord histórico. Una pulseada con los sectores concentrados que al fin y al cabo cumplió el objetivo manifiesto de dicha intervención: la obtención de divisas.

El proyecto de Patria que representa el Frente de Todes – con su heterogeneidad -, que ensaya alianzas con actores económicos variados, desde el CAA (alianza táctica coyuntural débil) hasta la mesa Pymes, y que contiene en su base a las organizaciones populares sindicales y sociales, se ha enfrentado desde el inicio de su gestión en el Estado nacional con el Proyecto político neoliberal y antipopoular, representado en la política por el partido Propuesta Republicana (PRO), y la Mesa de Enlace agroexportadora, fracciones de la Unión Industrial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y la Asociación Empresarial Argentina como principales personificaciones visibles del poder fáctico en nuestro país.

La deuda con el FMI. Esta vez no fue pizza con champán pero se la llevaron toda

En 2018 se concreta, con Macri como presidente de Argentina, el mayor préstamo de la historia del FMI con nuestro país, violando su propio estatuto y con la bendición de Trump, de la mano de su asesor y operador Mauricio Claver-Carone, que casualmente se reunió con Larreta en la semana post-PASO. Con este dinero Mauricio Macri no solo financió su campaña presidencial de 2019, sino que se destinó a engordar los bolsillos de unos pocos, que fugaron el 80% de los 44 mil millones de dólares que se desembolsaron.

Cuando hablamos del modelo macrista, hablamos de un programa político sustentado en la denominada valorización financiera, la dolarización de servicios públicos, la depredación de los recursos naturales y la transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y pymes al gran capital. Se permitió así la entrada al país de los grandes fondos de inversión, como BlackRock,  garantizando la alianza del capital transnacionalizado y los grupos oligopólicos locales, implementando un modelo económico sustentado en una acumulación por desposesión. Por primera vez en la historia, dichos sectores ocuparon por vía democrática, sin intermediarios, los puestos de decisión del Estado nacional.

En diciembre de 2019, a pocos días de asumir la presidencia, Alberto Fernández rechazó, con el fin de amortiguar las consecuencias de la estafa, el desembolso por 11 mil millones del Fondo monetario Internacional, producto de las negociaciones que llevó adelante el macrismo.

En febrero de 2020, desde Cuba, Cristina Fernández de Kirchner denunció la ilegalidad de la deuda con el FMI y exigió la investigación tanto del organismo como de los responsables locales; también Alberto Fernández en la apertura de sesiones en marzo 2021 avanza con el pedido de investigación de Macri y los funcionarios que orquestaron el préstamo.

Desde 2020 se vienen llevando adelante las negociaciones desde el gobierno, encabezadas por el Ministro de Economía Martín Guzmán, no sin tensiones. Las sostenidas reuniones en la agenda internacional con funcionarios de países centrales, del FMI y del Club de París dieron como resultado un aplazamiento de los vencimientos, mediante un Programa de Facilidades Extendidas y la negociación para quita de intereses y capital que reduzcan la deuda; un “entretiempo” para seguir pagando.

Las relaciones hasta ahora vienen desarrollándose en un clima “cordial”, pero el FMI y sus acreedores no van a dar el brazo a torcer. Hacen lobby y tensionan, ajustan y aprietan, mientras negocian las condiciones que les dé una mejor posición a fondos de inversión y países   centrales, sin considerar la delicada situación en que quedó el pueblo argentino.

El gobierno pone a jugar las herramientas de la política para enfrentar el flagelo (histórico) de la deuda externa. Una es la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, que se votó en la cámara de diputados casi por unanimidad; lo central de esta ley es que toda toma de deuda en dólares tiene que ser aprobada por el Congreso. Se vio en estos últimos días al jefe de gabinete Juan Manzur reunido con representantes de los fondos tenedores de deuda en el país y a Guzmán nuevamente de gira en Washington.

Mientras tanto, la candidata porteña del neoliberal frente Juntos María Eugenia Vidal afirma livianamente en el debate electoral que si el macrismo hubiese ganado en 2019, hubiesen gozado de la “confianza” del mercado para acceder al crédito: pagar deuda con más deuda.

La otra cara, es el endeudamiento de las familias trabajadoras; el 80% de les argentines tomaron deuda para alimentarse. Una espiral de generación de pobreza. Una deuda ilegal e ilegítima de los sectores concentrados, una verdadera estafa que el pueblo argentino identifica y expresa en sus consignas de movilización en las calles: “el sistema financiero es terrorista”, “libres, organizades y desendeudades” o “nosotres no debemos nada”, “Patria o FMI” se lee en las banderas, los tuit y las paredes.

Lawfare, la doctrina de seguridad nacional del siglo XXI

La revolución tecnológica transformó también la órbita de la estrategia. Cambió completamente la forma en que se desarrollan las guerras; sus formas subordinadas de épocas anteriores hoy adquieren carácter principal. La dimensión militar es tan sólo una más dentro de la guerra multidimensional, en la que también se observan enfrentamientos en la dimensión política, cultural, jurídica, entre otras. En toda Latinoamérica y el Caribe pueden observarse, en mayor o menor medida, expresiones de esta guerra multidimensional.

Las denominadas estrategias del softpower, o poder blando, han impulsado la doctrina del Lawfare o guerra jurídica. En esta doctrina, la cuidada articulación de actores judiciales corrompidos, medios masivos de comunicación internacionalizados en sus composiciones accionarias, algoritmos de redes sociales virtuales, y servicios y paraservicios de inteligencia configuran un cóctel de ataque sobre la “opinión pública”. Sin ánimos de exagerar, el Lawfare es la doctrina de la seguridad nacional del siglo XXI y la Justicia es la institución pública sobre la que maniobran los intereses inconfesables de actores oligárquicos e imperialistas.

Esta forma de poder blando, ha sido utilizada como instrumento desestabilizador a través de la criminalización y el montaje de causas a líderes y lideresas sociales, como es el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya en tiempos de su gestión presidencial. Luego del exiguo triunfo del macrismo en diciembre de 2019, el lawfare se desplegó con una virulencia y una potencia directamente proporcional al despliegue del saqueo implementado.

En su momento más hegemónico, el macrismo se vanagloriaba públicamente de tener una “mesa judicial” y un presidente que apretaba públicamente a jueces y fiscales. Su gestión obligó a reflotar causas cerradas, a intentar nombrar por Decreto presidencial (fuera de todo el marco legal) dos Jueces de la Corte Suprema, a hacer renunciar a la Procuradora General de la Nación (jefa de los fiscales) amenazando públicamente a sus hijos y a detener a una treintena de dirigentes sociales, funcionarios y figuras políticas y empresariales del kirchnerismo.

El ex-vicepresidente y ex-ministro de economía Amado Boudou –responsable de la re-estatización de las sistema de Aseguradoras de Fondos y Pensiones (AFJP), los fondos privados de pensión, el equivalente de las Administradora del Fondo de Pensiones (AFP) contra las que lucha el pueblo de Chile- y los dirigentes sociales Luis D´Elía y Milagro Sala fueron los casos más resonantes.

Pero el montaje del lawfare fue tan violento como vulgar. Operadores disfrazados de “periodistas” –como Daniel Santoro- montaban supuestos “hechos de corrupción” en la prensa escrita y en la televisión, armados por operadores de servicios de inteligencia paraestatales –como Marcelo D´Alessio- o “paladines del Poder Judicial” –como el Fiscal Stornelli- quien montaba en causas cuyas decisiones y sentencias llegaban a la prensa antes que a los abogados defensores de los acusados. Las maniobras eran monitoreadas por los coordinadores de la “mesa judicial” del Presidente –como Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, hoy prófugo en Uruguay-, y en el circuito de complicidades nunca faltó la mano amiga de un sector de la oposición parlamentaria –como Miguel Pichetto, presidente del bloque peronista en el Senado y candidato a vicepresidente del propio Mauricio Macri en 2019-.

El desmontaje del lawfare por parte del gobierno del Frente de Todos sigue teniendo serias dificultades, ya que se enfrenta al poder concentrado. Los avances se han dado en relación a la caída de algunas de las causas judiciales más escandalosas. Quien ha encabezado el enfrentamiento con la corporación judicial ha sido precisamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impulsando en la agenda la Reforma Judicial y en el desenmascaramiento de la trama narrativa (ficcional) de las causas contra su persona, el blanco de los principales ataques.

Entre las causas que cayeron se destaca la del memorándum de entendimiento con Irán, que culminó en el sobreseimiento de la vicepresidenta junto con los 11 imputados más, entre ex funcionarios y dirigentes políticos y sociales. En abril se sobreseyó a Cristina Kirchner, al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y al resto de los acusados de cometer irregularidades en la compra-venta de dólar futuro. También se han caído algunas de las causas armadas sobre la dirigente social Milagro Sala, pese a que aún no se le ha dado libertad, siendo la más vergonzante presa política del país.

En relación a la remoción de actores judiciales corruptos, la situación es escandalosa. Sigue estando en funciones el Procurador General (jefe de los fiscales) Eduardo Casal, abiertamente macrista, que se encuentra “interino” desde noviembre de 2017. La mayoría en el senado luego de las próximas elecciones será determinante para avanzar en el nombramiento del sucesor de Casal.

Lo mismo sucede con el titular de la Fiscalía Federal N° 4, Carlos Stornelli, promotor de la conocida “causa de los cuadernos” y con la permanencia en los cargos de los camaristas del Tribunal de Casación (máxima instancia de la justicia penal del país) Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, cuestionados por sus reuniones con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

En contraparte, Mauricio Macri sigue gozando de una impunidad absoluta. Hace pocos días, se ausentó de una indagatoria que debía cumplir en el juzgado federal de la Ciudad de Dolores, bajo la imputación por escuchas ilegales realizadas a los familiares y allegados de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017. Claudio Rodríguez, hermano del submarinista del ARA San Juan Hernán Rodríguez, apuntó con dureza: “Macri se maneja como un capo mafia y hace lo que quiere. Maneja todos los poderes del Estado para zafar de todas estas cuestiones”.

Este es el estado de situación del Lawfare en Argentina, que no se ha desactivado durante los casi dos años de gobierno del Frente de Todos. Así lo demuestran los montajes mediático-judiciales de los denominados “vacunatorio VIP” y “Olivos Gate”, construidos a partir de propias debilidades y errores del alto funcionariado, incluido el propio presidente Alberto Fernández, y reproducidos hasta el hartazgo, de manera selectiva, omitiendo hablar de otros hechos también escandalosos como la “Fuga Gate” de toda la familia Macri.

De las calles brotará el poder

Las medidas de aislamiento social por la pandemia COVID trajeron dilemas en torno al escenario de calle como el territorio histórico donde el campo popular defiende su proyecto de patria y sus intereses. El “Quedate en casa” fue respetado por quienes pusieron  en primer lugar el cuidado de la vida. Sin embargo, bajo estas condiciones y mediante un permanente fuego de operaciones mediáticas de alto impacto, primaron las iniciativas de protesta de la oposición, coordinadas a través de las redes sociales. Movilizaron a la calle a sectores medios reaccionarios de la población, excluidos sin embargo del reparto de la riqueza acaparada por los grandes empresarios y financistas que los dirigieron a manifestarse.

Durante el 2021 consignas tales como “Por la libertad, por escuelas abiertas y presenciales”, “Por la República”,  “Las calles son nuestras», «La educación debe ser un servicio esencial», “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”, “Basta de atropellar los derechos constitucionales, no a la expropiación” fueron vociferadas por los manifestantes que se concentraron en ocasión de fechas patrias en algunas ciudades del país, con epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, territorio principal del proyecto “republicano” y conducido por Horacio Rodriguez Larreta.

Movimientos sociales y partidos de izquierda, también protagonizaron protestas en reclamo de mayor asistencia social por parte del gobierno ante la crisis y el estado de situación principalmente de trabajadores informales, el 50% del país. Bajo la mirada porteña de los medios “los planeros que cortan el tránsito”, como sujeto, los sectores más proletarizados de la sociedad organizados bajo el clientelismo y la administración de la pobreza.

Como contraparte, la fuerza social popular que se expresa en el frente de Todos se inmovilizó en pos del resguardo de la vida, perdiendo así momentáneamente la capacidad de articular políticamente y tensionar en la disputa entre los dos modelos de país, en favor de las reivindicaciones propias. Las medidas de fuerza fueron paros sectoriales, y una serie de comunicados y solicitadas en relación principalmente a la situación salarial. En consecuencia, el gobierno nacional careció del elemento central de sostén de las políticas estructurales y de emergencia implementadas para afrontar las dos pandemias. Medidas que sistemáticamente fueron boicoteadas.

Lo cierto es que una simple revisión de los indicadores objetivos, arroja un saldo positivo de la gestión. Pero tal como afirmó Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, “en este contexto de incertidumbre y miedo que impuso la pandemia, la derecha logró fragmentar la política”.

Cabe destacar el rol que cumplió el feminismo como movimiento social de avanzada en esta situación. Fueron las organizaciones de mujeres y diversidades sexuales las que convocaron masivamente a la protesta de calle, aún en situación de confinamiento, en reclamo por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, exigiendo justicia por los feminicidios, las desapariciones forzadas y denunciando el empobrecimiento de la clase trabajadora, que golpea selectivamente a las mujeres y niñas argentinas, profundizando la desigualdad estructural.

Aparecen también en el primer plano de la voluntad colectiva de hacer oír las voces populares, nuevas formas de protesta, cargadas de intervenciones artísticas  callejeras y performances que buscan tensionar e impactar quebrando el relato hegemónico de los medios masivos de comunicación, históricas armas de guerra de las clases dominantes: la “enfermedad crónica”.

Como aquel 17 de octubre de 1945 cuando el pueblo trabajador argentino ingresó masiva y organizadamente a la política del país, para empujar un programa de justicia social y liberación nacional convirtiéndose en el actor central, heterogéneo y consciente de las cuestiones del poder, este tiempo nos convoca una vez más a profundizar la lucha articulada en el campo popular en contra un puñado de aristócratas financieros y tecnológicos que pretenden subordinarnos a su voluntad mediante -entre otros mecanismos- la odiosa deuda contraída con el FMI por Mauricio Macri y sus funcionarios para la fiesta privada de unos pocos, muy pocos.

Hoy el pueblo se vuelve a convocar a las plazas y las calles para defender el proyecto de Patria, para romper el aislamiento, para celebrar la fiesta popular, porque así vivimos  nuestras luchas históricas. Nuestras Madres de Plaza de Mayo tomaron nuevamente la iniciativa, nos llaman a encontrarnos en su día, desde el amor y la igualdad, poniendo en escena el enemigo común y marcando la urgencia ante el hambre que no espera.

La calle no es de la derecha reaccionaria y rancia -aunque se vista de jóvenes libertarios-, la calle es de las mayorías dispuestas a profundizar el proyecto de país que cierre con todas, todos y todes adentro, esa es la deuda urgente.

Comprender la continuidad dialéctica de nuestra historia, plantearnos las preguntas correctas, y asumir las tareas que pongan en movimiento esa fuerza construida históricamente, al calor de la lucha, es el acto más leal que podemos demostrar. En aquella plaza se forjó el programa de las mayorías. Allí en la Plaza, como siempre, iremos a encontrarnos,  y a construir la fuerza material y moral para su realización.

* Giménez es Psicóloga, Mg. en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores de Argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) Twitter: @paulagimenez_ok @matiascac