Marchas y tensión política en Bolivia y amenazas de desestabilización

Boris Acosta Reyes

El presidente boliviano Luis Arce afrontó este lunes su primer paro, convocado contra un proyecto de ley que combate el blanqueo de las ganancias ilícitas y contra la «persecución política» que denuncia la oposición, una medida que el gobierno ve como un nuevo intento de desestabilización desde el golpe de Estado de 2019, que depuso el gobierno constitucional de Evo Morales.

Arce acusó a la oposición de pretender impulsar un nuevo golpe de Estado con la convocatoria, pero confía en que la «gran mayoría» de los bolivianos ya dejaron atrás esos «periodos nefastos de nuestra historia como fue el golpe de Estado de 2019 o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías».

Para el mandatario, las minorías «solo conciben democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas de la participación política», pero eso «nunca más volverá a suceder».

Pero la tensión política subió otro escalón el martes, con la manifestación convocada los movimientos sociales en santa Cruz, la Paz, Cochabamba y otras regiones, que reivindican la wiphala y de las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El martes marcharon la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (las Bartolinas),que tomarán las calles para desarrollar un acto de desagravio del emblema de los pueblos originarios y en “defensa de la democracia” y para «consolidar la unidad del país».

El paro opositor del lunes tuvo mayor contundencia en Santa Cruz, el departamento gobernado por Luis Fernando Camacho, uno de los principales artífices del golpe de Estado de noviembre 2019 contra el gobierno constitucional de Evo Morales. Allí no hubo transporte público ni privado y la mayoría de los comercios cerró.

A la protesta convocada contra el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas se sumaron gobernadores y alcaldes opositores que denuncian al gobierno por utilizar la justicia para castigar la disidencia y perseguir a los opositores que protagonizaron las protestas de 2019 que derivaron en el golpe contra Evo Morales, aseguró Manuel Morales, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

En el caso de la capital, La Paz, el alcalde opositor Iván Arias se sumó a última hora a la protesta, pero los servicios municipales operaron con normalidad y las actividades urbanas solo fueron fugazmente afectadas por una marcha de comerciantes minoristas informales contra la ley sobre ganancias ilícitas. En la vecina El Alto, la alcaldesa Eva Copa, distanciada del MAS, llamó a «reconstruir el país en vez de parar».

En las ciudades de Potosí, Tarija y Sucre se registraron esporádicos puntos de bloqueo. Mientras. Cochabamba presentó algunos cortes, sobre todo en la avenida Circunvalación, donde la policía intervino un punto de bloqueo con el uso de gases lacrimógenos y en medio de empujones detuvo a algunas personas.

La oposición y las ganancias ilícitas

La oposición había convocado al paro del lunes fundamentalmente en rechazo a un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que consideran «draconiano», porque permite indagar conductas sospechosas de esos delitos, además de prohibiciones para evocar reserva, secreto de fuente y profesional cuando la Unidad de Investigaciones Financieras solicite alguna información.

El ministro de Justicia, Iván Lima, desmintió que la legislación vulnere la Constitución boliviana y señaló que mejora el control del Estado sobre organizaciones criminales y el posible blanqueo de dineros ilícitos.

La conspiración antidemocrática no ha sido derrotada con los comicios del año pasado, vuelve a alzar la cabeza, provocando disturbios y la desunión entre bolivianos para crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado que, de prosperar, echaría por tierra toda nuestra lucha por impulsar las acciones anunciadas, sostuvo Arce en el Encuentro Mundial de los Pueblos por Nuestra Madre Tierra, en La Paz.

Todas las acciones y esfuerzos que realizamos en nuestro país corren el riesgo de diluirse y paralizarse, porque afectan intereses económicos de los privilegiados de siempre, subrayó tras rechazar el paro y las movilizaciones contra el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, añadió.

Arce, heredero político de Evo Morales, impulsa procesos judiciales contra varios de los golpistas, entre ellos, la expresidenta de facto Jeanine Áñez, presa desde marzo acusada de terrorismo, conspiración y sedición. El proceso se retrasó por meses debido a la pandemia.

Persiste el golpe y se busca el conflicto, señala el analista Oscar Rojas Thiele. En Bolivia no les fue bien ni les sirvió el golpe de Estado de 2019, no lograron que Evo Morales dejará el poder con un rosario de muertos, que es lo que querían para destruir una imagen.

Ahora van por más, el golpe suave persiste, la posverdad se perpetúa para neutralizar la memoria colectiva y, con otros mecanismos para el saqueo y la dependencia, pretenden cercar al presidente Luis Arce, aunque los resultados de las políticas gubernamentales sean positivos. El plan final parece buscar que cunda en la población la idea de aceptar un gobierno militar, funcional como en el pasado. Por otra parte, puede estar en juego la unidad del Estado, donde resurge la idea de la secesión de la Media Luna.

Para los analistas, los escenarios de conflicto van a ser promovidos por los sectores más reaccionarios y golpistas porque esa es la única carta que pueden jugar la derecha, que ha dejado todo lo que podría ser la formalidad del debate y la confrontación política democrática pata optar, nuevamente,  por el camino violento.

*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)