Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, para operativizar la guerra jurídico-mediática
La Academia es un colectivo de instituciones de formación y entrenamiento cuya primera sede se instaló en 1995 en Budapest (para incidir en la desintegración de los países ligados a la URSS). Continuó en Tailandia en 1999 (para vigilar el proceso de integración de Hong Kong a la República Popular de China). Se extendió a Botswana a fines del siglo XX (para controlar la deriva sudafricana luego de la superación del apartheid). 
En 2005 se emplaza en San Salvador, luego que las autoridades de que Panamá decidiera expulsar a la Escuela de las Américas y que Costa Rica declinara la instalación de una sede del Departamento de Estado en su territorio. La sede centroamericana cuenta además con una dependencia en Perú, articulada con la base militar del Pentágono, la Naval Medical Research and Development (NAMRU), emplazada en Lima.
La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley depende en forma directa del Departamento de Estado y ofrece cursos, capacitaciones y entrenamientos a jueces, fiscales e integrantes de los organismos de seguridad. Sus receptores sólo pueden participar de dichas actividades a través de invitaciones personalizadas. Las embajadas en los diferentes países son las encargadas de seleccionar a los destinatarios, y la ILEA efectúa las convocatorias de acuerdo a la inserción presente o futura de los alumnos distinguidos. Según cursantes de los seminarios brindados por La Academia (así se la denomina en la jerga latinoamericana), los alumnos no están obligados a informar a las autoridades nacionales respectivas sobre los motivos de sus traslados a San Salvador o a Roswell, ni deben rendir cuentas sobre participaciones en capacitaciones remotas. Supuestos viajes de turismo, afirman ex graduados de la Academia consultados por El Cohete a la Luna, se transmutan en adiestramiento en ILEA, bajo la estricta cobertura de confidencialidad brindada por el Departamento de Estado.
En julio de 2005, la jefa del Departamento de Estado Condoleezza Rice anunció la apertura de la ILEA en Centroamérica, con el objetivo explícito de garantizar los intereses de Estados Unidos en la región. En el diseño de la Academia, participaron la totalidad de las agencias de seguridad e inteligencia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC, por sus siglas en inglés) ubicado en Fort Benning, en la ciudad de Columbus, Georgia. El SOA funciona como una instancia de posgrado de la Academia a nivel internacional. En la actualidad, el director de ILEA en la sede de San Salvador es Philippe Furstenberg, quien es presentado en el portal institucional como Agente Especial del Servicio de Seguridad del Departamento de Estado.
En febrero de 2011, el periodista argentino Horacio Verbitsky difundió la veladas capacitaciones de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la sede de ILEA de San Salvador. En esa ocasión el canciller Héctor Timerman solicitó formalmente a la Academia el listado de los alumnos argentinos, pero la solicitud fue rechazada. A raíz de la negativa, el entonces canciller exigió al ministro de Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro copias de los acuerdos firmados con ILEA que nunca fueron avalados por las instituciones federales como lo exige la Constitución argentina.
Uno de los cursos más recientes, brindado en ILEA San Salvador es el de Operación Internacional de la Ley (codificado como MASL ID No. B166150) fue propuesto para funcionarios judiciales con “capacidad para analizar, aplicar y resolver los problemas legales comunes [que permitan] exitosas operaciones multi-institucionales”. Para el 24 de mayo, los servicios de inteligencia (United States Secret Service, USSS) invitan a un taller sobre ciberseguridad, en el que se anuncia la participación de alumnos provenientes de Argentina, Honduras y Paraguay, entre otros.
En otra oferta presencial prevista para el 14 de abril, el FBI anuncia el Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, con eje en la lucha contra la corrupción y su relación con los medios de comunicación. El seminario orientado a jueces y fiscales se enfoca a la lucha contra el delito político y la recuperación de activos que hayan sido obtenidas por figuras de alto nivel político, “fomenta de denuncia de delitos de corrupción a través de informantes” para establecer “relaciones de cooperación entre la sociedad civil y los medios de comunicación”. El caso de los supuestos tesoros enterrados en la Patagonia y el de las fotocopias de cuadernos previamente quemados se asemejan a dos guiones elaborados en ILEA.
Justicia de veredicto anticipado
Para limitar la expansión del delito organizado, puntualiza la bibliografía distribuida entre los cursantes, aparece como imprescindible la homogenización de las normativas de los diferentes países en un plexo común coherente, compatible con las regulaciones de Washington. Esa complementariedad convergente, sugieren, permite enfrentar con mayor eficacia las nuevas amenazas planteadas por los Actores Estatales Extrarregionales (Rusia y China) y aquellos que les ofrecen mayores espacios de cooperación, los Actores Estatales Regionales Malévolos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según la información brindada por los organizadores, la capacitación virtual fue seguida por ex alumnos provenientes de Argentina, Bahamas, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y El Salvador.
El enfoque de ILEA es el que han desarrollado los últimos años quienes han impulsado la guerra jurídica en América Latina y el Caribe. Su principio rector es la exportación del modelo de justicia de Washington, para hacerlo compatible con los interés estratégicos de la Guerra de Amplio Espectro consignada dentro de la doctrina de la Revolución de los Asuntos Militares (RMA). Se trata de extender las actividades de la defensa a la sociedad civil, utilizando en forma prioritaria la trascendencia de la comunicación, operada por empresas mediáticas afines, en permanente articulación con las concepciones consagradas de justicia corporativa.
Uno de los materiales de estudio ofrecidos como bibliografía para el seminario de Operación Internacional de la Ley es la Visión conjunta 2020 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En uno de sus párrafos se advierte el cambio de los conflictos globales a partir de “una profunda articulación entre la cultura, la política y lo militar en relación a las características económicas de una región”. Para enfrentar las nuevas amenazas, hay que “desarrollar una formación compartida con socios clave (…). En general por lo tanto, la eficacia de las operaciones multinacionales depende de la interoperabilidad entre organizaciones, procesos y tecnologías”.
Los programas de formación para operadores judiciales promocionados por la ILEA buscan promover las siguientes dimensiones:
- Exportar los criterios de justicia de los Estados Unidos para adecuar las normativas a sus intereses estratégicos vinculados al acceso a los recursos naturales, la protección de las inversiones de sus corporaciones y la defensa de los mecanismos financiaristas que garantizan la fuga de capitales hacia sus costas.
- Modelar y ajustar (utilizan el término modernizar) los mecanismos procesales para hacerlos complementarios con las necesidades del Departamento de Justicia y/o permitir que los tribunales de Estados Unidos se constituyan en jurisdicciones de instancia superior de las justicias domésticas.
- Apalancar y difundir como beneficiosas las prioridades políticas del Departamento de Estados, mediante esquemas de cooperación mediático-jurídicos.
- Articular la persecución a nivel global “en la lucha contra la corrupción”, caracterizando y definiendo como punible todo cuestionamiento de las políticas impulsadas por Washington.
Los conflictos de amplio espectro se enseñan e inoculan en la ILEA instituyendo lo que Orde Kittrie denominó en 2016 “códigos legales convertidos en balas”. La guerra judicial o lawfare es un término acuñado en 2001 por el general de la fuerza aérea Charles Dunlap, quien sugería utilizar las legislaciones “como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico”. El lawfare –consideran sus impulsores– es menos sanguinario y más económico.
Ejecuta en términos políticos, criminaliza según las necesidades tácticas de cada etapa. Opera en forma prioritaria para dañar o destruir los vínculos entre dirigentes populares y sus bases de referencia, fomentando al mismo tiempo la fragmentación de las mayorías populares. Promueve la difamación y utiliza cualquier dato particular, ejemplo irrisorio o falta nimia para amplificar su impacto y contaminar a las fuerzas sociales que buscan identidad de representación.
En el recomendable libro Lawfare: guerra judicial-mediática de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, se señala que la “principal artillería es la manipulación de los magistrados (y la que estos hacen de su tarea, que es impartir justicia). Los protagonistas del lawfare no son las leyes, sino los jueces, que las interpretan sesgadamente al servicio del poder. Han sido cooptados por el poder en reemplazo de los militares, que ya estaban demasiado desacreditados a los ojos de la población por su protagonismo en materia de violación a los Derechos Humanos, durante las dictaduras”.
Lo que Washington denomina nuevas amenazas no es más que un eufemismo para referirse a las intenciones soberanas de los pueblos que insisten, desde hace dos siglos, en construir caminos libres de tutelas e injerencias. Las academias al estilo ILEA solo imparten cuadernillos aptos para tratar de impedir esos trayectos emancipatorios.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Artículo publicado en elcohetealaluna.com
