Argentina: Los festejos por el acuerdo que legitima una deuda fraudulenta
Juan Guahán|
Alberto Fernández había avisado: “no voy a ser el Presidente del default” y cumplió. Ahora se olvidó decir que se había “olvidado” del compromiso de “investigar la legalidad de la deuda”. De este modo seguimos legitimando lo que es fraudulento e impagable, renunciando a conocer los nombres de los autores y beneficiarios de tamaños crímenes e injusticias.
Alejandro Olmos Gaona, colaborador del expresidente Rafael Correa en la auditoría y negociación de la deuda de Ecuador e hijo de quien lograra que la “deuda” argentina fuera declarada judicialmente como fraudulenta, señaló “cuando ellos festejan, Argentina siempre pierde”
Queda claro que Fernández no va a ser el presidente que pague la deuda. Ello va a ser así por dos razones: Una porque los pagos -en serio- recién empiezan después de este mandato. En segundo lugar, porque a poco de andar se va a saber que –una vez más- no podremos pagar y volveremos a esta eterna calesita que nos acogota y que se llama “deuda externa”.
Lo más llamativo de este acuerdo, arribado luego de varias “últimas propuestas”, es la cantidad y calidad de apoyos que ha recibido. En este tema, la famosa “grieta” prácticamente desapareció, como suele pasar cuando se discuten los temas donde entran en juego los intereses del poder. Ahí suelen coincidir quienes cotidianamente se agreden.
Entre los apoyos y aplausos están los de aquellos que pueden ser reconocidos como “gorilas”, de las centrales empresariales; también quienes nos endeudaron (los Caputo, Prat Gay y Dujovne) y ahora son aplaudidores de esta medida; tampoco faltan los “nacionales y populares” de gran parte del sindicalismo y del actual oficialismo. No están ausentes los apoyos de los grandes partidos políticos dirigidos desde los intereses del poder.
También dieron su aval los poderosos medios periodísticos controlados por los dueños de todo y asentados en el área portuaria. Ni hablar del festejo de los más importantes economistas y de los organismos financieros internacionales, incluyendo las felicitaciones de las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). Todos ellos festejan; el pueblo humilde y los intereses de la Argentina, nada tienen para hacerlo.
El contenido del arreglo
Es muy difícil hablar sobre este tema cuando solo se han difundido algunas generalidades de lo pactado y nada del acuerdo final y menos aún de la letra chica del mismo. De todas maneras hay algunas cuestiones en las cuales la información existente permite hacer las evaluaciones del caso.
Uno de los primeros temas que aparece consiste en saber si este arreglo encauza todo el problema de nuestra deuda. En ese sentido, corresponde hacer dos aclaraciones. La primera es que solo abarca a los bonistas privados (los famosos “buitres”) con los cuales se renegocian los bonos del acuerdo firmados por Néstor Kirchner (2005), los de Cristina (2010) y endeudamientos desmesurados de Mauricio Macri como el famoso Bono a 100 años (2017).
En segundo lugar, no entra en este acuerdo el demencial compromiso macrista con el FMI por 44 mil millones de dólares (que con intereses ya suman 49 mil millones), que tendríamos que pagar fundamentalmente en 2022 y 2023. A esos fines será necesaria otra negociación. Allí se definirán las mentadas “condicionalidades” que impone el FMI y que son las garantías para que cumplamos con lo que el gobierno está acordando.
Al “coro de aplaudidores” estas cuestiones no les hacen mella por diferentes razones. Al mundo financiero solo le interesa la continuidad del actual sistema. Éste les garantiza el cobro de lo que reclaman, lo cual les da seguridad y previsibilidad a sus negocios.
Para la mayor parte de lra dirigencia argentina pareciera que su mayor preocupación pasa por cubrirse sus espaldas y asegurarse la impunidad pasada, actual y futura. Es por eso que todos y cada uno de los acuerdos pasados -seguramente el actual correrá la misma suerte- fueron aprobados por las grandes mayorías parlamentarias.
Las opciones
Naturalmente que todos ellos tienen el derecho a preguntar: ¿Había otras opciones? La respuesta es un rotundo sí, lo que está avalado en 3 razones complementarias y de distinta naturaleza.
Una es la actual crisis mundial que atraviesa Occidente. Ésta es agravada por esta pandemia que coloca a muchos países al borde situaciones de cambios impredecibles. El gobierno debería aprovechar esa circunstancia para avanzar en nuestra emancipación y no para regalarle la soga a nuestros verdugos.
Dos, deberíamos tener presente que hay cerca de 90 países con agudos problemas en sus pagos internacionales. En otros tiempos se intentó y ahora es la hora de reflotar ese “Club de Deudores” que discuta de un modo global el estilo y características de las relaciones con el mundo financiero internacional.
Tres, no son pocas, ni desconocidas, las razones que se tienen para demandar una investigación sobre la legalidad y legitimad de tales reclamos. Sobre muchos de los cuales pesa el argumento de tratarse de deudas fraudulentas y “odiosas”, es decir contraídas contra el interés de nuestros pueblos y con la complicidad de los prestamistas.
Nada de ello ha sido invocado o puesto en práctica, en consecuencia nos sometemos mansamente a los designios que el gran capital nos viene imponiendo desde hace décadas. Claro está que los más humildes, sus descendientes y la Patria toda son los grandes perjudicados.
La reforma judicial y la tela de araña
Tal como se esperaba la decisión oficial de meterse en el tema de la Justicia no iba a pasar inadvertido. Semanas atrás se había removido el avispero con dos decisiones del Ejecutivo. Por un lado ponía en manos del Parlamento la propuesta para una Reforma Judicial. Simultáneamente, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) creaba un Consejo Consultivo (no vinculante) para que haga un Informe sobre la reorganización del sistema judicial, incluida la Suprema Corte.
Ahora la cuestión va tomando cuerpo. Ya están designados los 11 miembro del Consejo Consultivo, que tienen 90 días para expedirse. En el Senado comienza el debate sobre la Reforma Judicial. Sobre estos temas hay dos formas de abordarlos. Desde adentro de los problemas técnicos sobre el funcionamiento del sistema judicial o también se lo puede observar desde afuera del mismo, como lo ve la mayoría del pueblo.
Resulta claro que a cualquier gobierno le interesa tener alguna forma de control sobre las decisiones judiciales. Siendo, según el sistema institucional, uno de los tres poderes del Estado, su rol –muchas veces- resulta determinante para asegurar el funcionamiento de cualquier gobierno. No es distinto el caso que nos ocupa.
Es por eso que los gobiernos, cualquiera sea su signo, tienen la pretensión de asegurarse la mejor relación con dicho poder. Es por eso que los cambios de gobierno producen tensión con el mismo.
Es sabido que gobierno y oposición manifiestan algunos acuerdos, por ejemplo en temas vinculados a esta peste o al tratamiento de aspectos de la deuda. Pero ello no significa olvidar aquellas cuestiones que se van generando con la “grieta” que les conviene mantener en temas de la coyuntura.
El gobierno actual tiene, en este sentido, un par de temas que procura resolver. Entre ellos las cuestiones judiciales vinculadas a causas de corrupción de kirchnerismo y macrismo. En el primer caso para exculpar a aquellos que muchos miembros del propio gobierno consideran “presos políticos” o involucrados en causas políticas. Respecto del macrismo para avanzar en su enjuiciamiento por algunos actos de su gestión.
En este sentido es difícil no tener presente que la propia vice presidenta y líder del oficialismo gobernante tiene causas penales en debate y que Macri le ande gambeteando a la Justicia.
Es posible que esta caracterización explique los dos grandes cambios en la Justicia que están en marcha. Uno referido al desmembramiento de los Tribunales Federales de Comodoro Py, reconocidos por el uso, mal uso y abuso del gran poder que tienen y donde recaen la mayoría de las causas por corrupción.
Más importante aún es la integración de la Suprema Corte, cuya actual composición no le garantiza al gobierno la suficiente confianza. Aunque se lo esté negando, es muy difícil pensar que el oficialismo carece de interés en lograr algunos cambios en su composición.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
