Argentina: La presión popular impidió la sanción de una nueva ley de minería en Mendoza
Rodolfo Koé Gutiérrez
El gobernador de la provincia argentina de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará la ley 9209, que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras en la provincia, lo que fue interpretado como un triunfo de la movilización popular contra la megaminería y un paso en la dirección del veto a la ley, que es el objetivo de las Asambleas por el Agua.
Las asambleas mendocinas por el Agua tienen claro que el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez está lejos de responder al reclamo popular porque la ley 9209, que habilita el uso de químicos tóxicos para el desarrollo de la megaminería, «sigue vigente».
Desde las asambleas saben que el lobby minero no fue afectado con el anuncio y que el estudio de los proyectos de explotación ya están en marcha. El plan de las asambleas será continuar en las calles, como ocurrió este jueves en toda la provincia, exigir la derogación de la ley vía Legislatura e iniciar el camino judicial para que la norma sea declarada inconstitucional.
Esta marcha atrás es indudablemente una victoria del pueblo en la defensa de su conquista por la preservación del medioambiente contra la destrucción del extractivismo. Una victoria de las Asambleas mendocinas en Defensa del Agua, que lucharon por la ley conquistada en 2007 y luego contra la pretensión de declararla inconstitucional por el lobby minero hasta que la Corte Suprema provincial garantizó su legalidad, y ahora contra esta avanzada del gobernador radical recientemente elegido.
La reforma a la ley fue votada en la Legislatura provincial el viernes 20 y generó el repudio generalizado de la población, que inmediatamente se movilizó, desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia hasta el Arzobispado de Mendoza, cuyo titular, Marcelo Colombo, envío una carta abierta a los legisladores y luego otra al gobernador para pedirle que vete la ley.
“No voy a reglamentar la ley, no estará vigente», afirmó Suárez –opositor al gobierno popular nacional de Alberto Fernández- en conferencia de prensa, y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia “para una gran convocatoria al diálogo e información de la gente». Y criticó los “hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos», aunque no hizo referencia a la represión a la mayor movilización en la provincia.
La nueva norma pretendía anular la ley 7722, sancionada el 20 de junio de 2007, que señalaba que «A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».
En la nueva redacción, de la ley 9209, el artículo 1º establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales».
Las reacciones contra el levantamiento de la prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes abarcaron todo el espectro social. Tras la decisión de Suárez de reprimir brutalmente la movilización, reinas de la Fiesta de la Vendimia se sumaron al reclamo popular y solicitaron que no se realice ningún acto vendimial previsto para el 2020 hasta que no se dé marcha atrás con la reforma. “Sin agua no hay vendimia”, señalaron.
Los asambleístas debatieron en las plazas, realizaron ruidazos, cortes de ruta informativos, acampes y talleres a lo largo y ancho de la provincia, cuya principal producción es la vitivinícola. «No van a lograr avanzar con los proyectos mineros porque estamos organizados y vamos a utilizar las herramientas legales para acompañar la movilización popular», aseguró Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea por el Agua de Mendoza capital y una de las detenidas durante la represión del lunes.
La abogada afirmó que el articulado de la 9209 no precisa de su reglamentación para ponerse en marcha, en particular, porque la Secretaría de Ambiente cuenta con el poder de aprobar los proyectos mineros de forma unilateral y «lleva años incumpliendo la ley ambiental». Señaló que la nueva norma, ya promulgada, seguirá vigente hasta que la Legislatura no vote una nueva ley que la derogue y reponga la 7722.
«Las acciones legales no las va a iniciar ni el gobernador ni las empresas mineras, que está siendo beneficiadas. Las acciones 
legales que sí se van a llevar adelante son las acciones de las asambleas intentando recuperar la vigencia de la 7722″, advirtió Lavarello, respecto de los pedidos de inconstitucionalidad que presentarán los asambleístas.
Las asambleas de toda la provincia se reunirán en los próximos días para decidir un camino común que, adelantan, será rechazar el supuesto diálogo si no está sobre la mesa la derogación y el análisis de los modelos alternativos a la megaminería, que muchas asambleas ya transformaron en realidad, las áreas protegidas. De los cerca de 20 proyecto en estudio, la mayoría están dentro de esas áreas o en zonas periglaciar.
Les asambleístas confiaron en la capacidad de movilización para continuar reclamando hasta recuperar la 7722, apoyados en la «cultura del agua» que existe en la provincia reflejada en dichos populares como «por las venas de los mendocinos corre agua».
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
