Argentina: ¡Basta de corrupción! ¿Y si empezamos por casa?

Juan Guahán|

El gobierno puso sobre la mesa su principal carta para las elecciones: El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio, con lo que procura responder al clamor popular sobre la necesidad de combatir una corrupción que devora. Pero, difícilmente vaya a funcionar y puede terminar siendo “un tiro por la culata”.

¡Se acabaron las fiestas! Ahora viene la realidad y el gobierno se puso a revisar sus archivos para ver lo que tenía para mostrar. Revisaron una y otra vez, las consultas bajaban de los ministros a los funcionarios de menor rango y de éstos volvían a los ministros, con grandes espacios en blanco.

Cuando en la presidencia juntaron los datos se encontraron con que había muy poco de positivo para mostrar ¡Vaya decepción! Allí fue que aparecieron en escena los magos de la propaganda y “nada por aquí, nada por allá” sacaron de la galera  el Decreto de Necesidad y Urgencia–DNU- N° 62/2019.

Allí se plantea la posibilidad de la “extinción de dominio” respecto de bienes que sean propiedad de personas “acusadas” de delitos provenientes de la corrupción o el narcotráfico. El gobierno sabe del hartazgo del pueblo sobre los casos de corrupción, ahora se conocen detalles sobre la no desdeñable importancia económico-financiera de los mismos.

A partir que esta norma tomara estado público, el tema se convirtió en el hecho predominante en los comentarios políticos de la temporada. Se habló de sus alcances, justificaciones, constitucionalidad, posibilidad de aplicación, del escaso interés parlamentario. En fin… ¡objetivo alcanzado!

En la calle, en lugar de preguntarse por el pan y las tarifas, ahora había una cuestión para debatir: la corrupción, sobre la cual el gobierno se declara ajeno. Ahora tiene un nuevo horizonte para el debate, los propagandistas oficiales tienen un instrumento para sus campañas, sobre la eficacia y vigencia de la norma ya se verán sus límites pero, por ahora, cumple con las necesidades de sus creadores.

Justificaciones del DNU y alcances de la corrupción

Es obvio que existe una profunda demanda popular para poner fin a la corrupción. Ella viene de vieja data y está arraigada en el imaginario popular. Más allá que sea una verdad -no siempre comprobada- que “los políticos roban”, la inmensa mayoría del pueblo reclama por una mayor honestidad de la dirigencia.

Prácticamente no hay familia que no tenga un miembro de la misma que tiene conocimientos y pruebas de algún “político” que “metió las manos en la lata”. En los momentos de crisis económica, cuando cuesta “parar la olla” (como se decía décadas atrás), este tema alcanza una importancia inusitada. En tiempos algo mejores, aquel principio de “roban pero hacen” tranquilizaba las conciencias y debilitaba los reclamos.

Sobre los gobiernos políticos del progresismo cayó, en estos tiempos, el rayo fulmíneo de las acusaciones de corrupción. Más allá de la veracidad que tengan tales denuncias, es imposible no imaginar que también hay intereses económicos, ideológicos y estratégicos para desacreditar a esos gobiernos. Las denuncias que pesan sobre Lula en Brasil, Correa en Ecuador, los chavistas en Venezuela, el kirchnerismo en nuestro país, son la muestra más evidente de lo dicho.

En ese marco ,el macrismo tomó esa bandera y la utilizó, con relativo éxito, en estos tres años de gobierno. Frente a las próximas elecciones de fin de año la renueva, dando otra vuelta de rosca, como lo es plantear la devolución de los bienes mal habidos.

Ese reclamo ha sido fuertemente instalado constituyendo una bandera con la que esperan afrontar gran parte de la próxima campaña electoral. De ese modo confían en acorralar a la oposición poniéndola en el brete de aprobar la ley (muy difícil) o pagar el costo político de aparecer como cómplices de la corrupción.

En estos días, en llamativo paralelo con la propuesta de este DNU para la “extinción de dominio”, tomaron estado público los valores de los bienes afectados por medidas cautelares (condición necesaria para iniciar la acción civil por “extinción de dominio”) en diferentes causas judiciales en curso.

Según información del Ministerio de Justicia, los bienes sujetos a medidas cautelares, pedidas por la Oficina Anticorrupción, rondan los 200 mil millones de pesos. A ese monto se le podrían agregar otros 600 millones de dólares vinculados a causas por narcotráfico. La contundencia de las cifras hablan por sí mismas.

La constitucionalidad

Hasta ahora existía el criterio que solo se podían decomisar los bienes producto de acciones delictuales una vez que tal hecho estuviera definitivamente sancionado en una causa penal (Art. 23 del Código Penal). En Argentina se consideraba, en términos generales, que eso acontecía cuando existía la “cosa juzgada”.

Eso hizo que los decomisos judiciales fueran una cosa poco común y de baja incidencia, sobre todo si tenemos en cuenta que una condena penal definitiva tarda más de 10 años.

Los sectores populares siempre desconfiaron de esa Justicia. Ahora el macrismo quiere sacarle jugo a ese escepticismo y plantean otro mecanismo que les cae como anillo al dedo para la próxima campaña. Se trata de la extinción de dominio, una especie de decomiso, pero planteado por la vía de una acción civil.

Con ello quieren darle algún viso de legalidad, bajo el concepto que en sede penal se discute sobre la responsabilidad de las personas y en la extinción de dominio se lo hace sobre los bienes. Así entramos en la legalidad o ilegalidad de este DNU.

Aquí aparecen dos cuestiones que difícilmente permitan que este DNU alcance plena vigencia. Una, es que no existe la “urgencia” que exige el Art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. En efecto el gobierno tiene la posibilidad de sacar una ley por la vía legislativa. En el Parlamento está radicado el debate en torno a una ley sobre el tema.

En segundo lugar, al final de la norma señalada, la Constitución le prohíbe al Presidente dictar un DNU cuando el mismo tiene que ver con cuestiones penales. El gobierno pretende salvar ese obstáculo haciendo que este juicio sea en la vía civil, pero no puede omitir su vínculo con el tema penal cuando alude que solo se podrá establecer sobre bienes donde haya medidas precautorias dictadas en sede penal.

Por todo ello es muy difícil que esta norma pueda funcionar legalmente, aunque al gobierno le alcanza con el debate de la misma. De todas maneras recuperar los bienes mal habidos por los funcionarios estatales debería ser una política de Estado. Lamentablemente es difícil que se la pueda aplicar por la convivencia solidaria de la mayor parte de las fuerzas políticas.

Este DNU, su destino y las denuncias sobre este gobierno

Por todo lo dicho es difícil que este DNU, ya vigente, supere el estadio de un uso propagandístico. El gobierno no tiene el menor interés que este tema avance seriamente. No lo tiene porque ellos mismos podrían quedar involucrados en variados casos donde ya han sido denunciadas.

En este sentido, en estos días, circularon –por las redes sociales- variadas comunicaciones donde se menciona esa situación. En ellas se comienza destacando la frase presidencial: “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace las paga”.

A renglón seguido se mencionan una serie de temas que estuvieron o están judicializados y que podrían caer en la órbita de este DNU y en donde está involucrada la familia presidencial, varios miembros (actuales y pasados) del gabinete, notorios empresarios promcaristas.

Entre esos variados casos, sin agotar el repertorio, se pueden mencionar: El perdón de la deuda por el caso del Correo argentino; las cloacas de Morón; el contrabando de autopartes de Sevel; las transferencias de parques eólicos; la Autopista del Sol; el blanqueo de capitales; los Panamá Papers. Luego de esas menciones, las redes sociales terminaban pidiendo: “Empecemos por casa”

 *Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)