Fujimori vs Fujimori, ¿por fin el fin del fujimorismo?/ Fujimori contra Fujimori, será o fim do fujimorismo?
Mariana Álvarez Orellana
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no promulgó, la ley aprobada por el Congreso el pasado 11 de octubre que habilitaba la liberación del exdictador genocida Alberto Fujimori, conocida mediáticamente como “Ley Fuji”.
Vizcarra fundamentó su decisión en el hecho de que el Parlamento no había dedicado tiempo suficiente para analizar una medida de esas características. “Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, indicó Vizcarra, quien se mostró a favor de crear una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.
El fujimorismo está herido y algunos dicen que de muerte, gracias a la serie de errores que se iniciaron desde la llegada del exdictador a Chile en 2005 y que culminaron con Alberto y su hija Keiko privados de su libertad, mientras los fujimoristas duros responsabilizan a Keiko por la caída de su líder histórico.
El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, aprobó de manera exprés y sin pasar por las comisiones correspondientes una ley para liberar, por “razones humanitarias”, con grilletes electrónicos a presos ancianos, lo que impediría el reingreso en prisión de Fujimori, de 80 años, cuyo indulto fue anulado a principios de este mes.
El exdictador se encuentra nuevamente internado en un hospital de Lima a la espera de que los médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión. Los partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.
Una semana atrás, mientras Keiko iba a brindar una declaración en el proceso que se le sigue, fue arrestada por casos de corrupción. El caso de los Cuellos Blancos del Puerto identificaba cada vez más a la “Señora K” como Keiko Fujimori y establecía su relación con el fugado exmagistrado César Hinostroza, sindicado como jefe de la organización criminal. El empresario Antonio Camayo se sometió a la colaboración eficaz y no paró de hablar.
Paralelamente, el caso Cocteles agregaba más indicios sobre la existencia de una organización criminal al interior de Fuerza Popular que perpetró una serie de acciones para el lavado de dinero ingresado de forma irregular, gracias al famoso “Aumentar Keiko para 500” de Marcelo Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez investiga a 49 integrantes de la organización de lavado de activos que Keiko Fujimori encabeza en Fuerza Popular, la que actuaba para obtener el poder político, recibir aportes ilícitos y, luego, estando en el poder, retribuirlos. Además de Keiko, a la cabeza de esta organización están Vicente Silva Checa (vinculado a Vladimiro Montesinos), Pier Figari y Ana Herz. El juez Richard Concepción debe decidir si otorga los 36 meses de prisión preventiva que solicitó el fiscal.
Francisco Pérez García se pregunta en La Otra Mirada, cómo el fujimorismo pasó a convertirse de una de las dinastías políticas más poderosas e influyentes en el país a una agrupación arrasada en las últimas elecciones y con dos de sus principales líderes coqueteando con la prisión.
Hoy el fujimorismo está perdiendo el control político de país, que mantuvo por más de una década, mientras se va dividiendo por el enfrentamiento entre los hermanos Keiko y Kenji, que precipitó, tras el indulto, la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski, antes de ser expulsado.
El retorno sin gloria
Para comprender este entramado, hay que remontarse al año 2000, cuando tras la difusión de los vladivideos (por el asesor de Seguridad del dictador, Vladimiro Montesinos), la convocatoria a nuevas elecciones, la fuga de Montesinos y la revelación de la corrupción del régimen, Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón, donde se escudó en su doble nacionalidad: el imperio japonés no entrega a sus súbditos, aun por crímenes de lesa humanidad.
Cinco años después Alberto Fujimori decide viajar a Chile, para luego entrar al Perú e una nueva campaña política. Pero Chile lo apresó y extraditó a Perú para ser procesado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, además de otros actos de corrupción que aumentarían su curriculum delictivo. Preso en la Diroes, siguió coqueteando con su regreso político, pero en 2007 fue sentenciado a 25 años de prisión.
El 2006, Keiko, la hija de Fujimori, postuló al Congreso, desde donde comenzó a reorganizar la fuerza naranja. En 2011, con Fuerza 2011 (semilla de Fuerza Popular), con la “K” en el logo, Keiko asumió la dirección, acompañada de su hermano Kenji y se postuló a la presidencia en dos oportunidades, fallando en segundas vueltas ante Ollanta Humala y Kuzcynski, mientras , Kenji era el congresista fujimorista más votado.
En 2016 Keiko se deshace del ala dura del fujimorismo en busca de los votos de los liberales de la derecha. Pensaba que así le daba otra cara al fujimorismo, de acuerdo a las exigencias de Washington. Es más, ofreció un discurso en la Universidad de Harvard donde saludaba el informe de la Comisión de la Verdad y “renunciaba” a usar su poder político para beneficiar a cualquier familia.
Los hermanos sean unidos…
De allí en más, todo fue guerra fratricida entre Keiko y Kenji, quien buscaba a toda costa negociar un indulto para la liberación de su padre, con acercamientos a Kuczynski, sumando a su campaña al ala dura que habían sido alejada por su hermana y sus asesores Pier Figari y Ana Hertz.
La bomba fratricida explotó durante el primer pedido de “vacancia” contra Kuczynski (implicado en los sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht) el 17 de diciembre de 2017, promovido por el Frente Amplio y respaldado por casi todas las agrupaciones, incluyendo a fujimoristas y apristas. Durante la votación, la televisión mostró a diputados fujimoristas peleando con Kenji , mientras se hablaba de la negociación de un indulto al exdictador.
Kucxynski fue salvado por Kenji y 12 legisladores más. Una semana más tarde, el presidente pagó el salvataje, indultando en Nochebuena al exdictador. A principios de enero de 2018, una serie de videos y audios presentados por el hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry, revelaron que un grupo de “kenjistas” había negociado votos a cambio de favores políticos.
En ellos, el mismo Kenji ofrecía a un congresista –Moisés Mamani- dádivas para votar en contra de la vacancia. Mala puntería: era el hombre elegido por los “keikistas” para sembrarle la trampa a Kenji y sus aliados. La mayoría fujimorista pidió la cabeza de Kenji y los implicados en los videos.
Pocas semanas después, Kuczynski seguía mintiendo y no tuvo más remedio que renunciar. Tampoco le fue bien a Kenji: Keiko, Figari, y Vega lo desaforaron, dejándolo fuera del Congreso. La guerra civil entre los hermanos produjo un tremendo hoyo en el fujimorismo.
Pero sin proponérselo, los videos grabados por Mamani a pedido de Keiko, sirvieron para que los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, sustentaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el indulto era irregular. Ésta exigió al Estado peruano que se revisara si se cumplió o no con los requisitos necesarios para un indulto humanitario. La sentencia de la sala Penal anuló el indulto.
Los fujimoristas duros quedaron molestos con los errores Keiko Fujimori y le pasaron la factura en las elecciones regionales y municipales. Mientras, las encuestas de opinión muestran que su desaprobación ha alcanzado niveles máximos.
¿Será el fin del fujimorismo? ¿Se hará justicia para los familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura? Sólo el tiempo lo dirá, pero la capacidad de negociación del fujimorismo va en caída libre.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
Fujimori contra Fujimori, será o fim do fujimorismo?
Por Mariana Álvarez Orellana
O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou que o Executivo está analisando – e por isso ainda não promulgou – a lei aprovada pelo Congresso no dia 11 de outubro, que habilita a liberação da prisão do ex-ditador e genocida Alberto Fujimori, conhecida midiaticamente como “Lei Fuji”.
Vizcarra fundamentou sua posição – que basicamente é a de adiar a decisão e ganhar tempo – no fato de que o Parlamento não dedicou tempo suficiente para analisar uma medida dessas características. “É uma medida que requer maior debate, para buscar o consenso necessário entre as diversas forças políticas”, indicou o mandatário, que se mostrou favorável a criar uma lei possibilite a pessoas de idade avançada com problemas de saúde que cumpram sua pena em regime domiciliar.
O fujimorismo está ferido, e alguns dizem que de morte, graças à série de erros que se iniciaram desde a chegada do ex-ditador ao Chile, em 2005, e que culminaram com Alberto e sua filha Keiko privados de liberdade, enquanto os fujimoristas duros responsabilizam a herdeira do clã pela situação atual do seu líder histórico.
O Parlamento peruano, dominado pelos fujimoristas do partido Força Popular, aprovou em tempo recorde, e sem passar pelas devidas comissões, uma lei para liberar presos de anciãos e com problemas graves de saúde, alegando “razões humanitárias”, e defendendo o regime de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica para esses casos. Isso impediria o retorno à prisão de Fujimori, de 80 anos, e cujo indulto foi anulado no começo deste mês.
O ex-ditador se encontra novamente internado em um hospital de Lima, à espera da alta médica, que depois o obrigaria a retornar à prisão. Os partidos Peruanos Pela Mudança e Ação Popular (ambos de centro-direita), e os grupos de esquerda Novo Peru e Frente Ampla, questionaram o fujimorismo por promover esta polêmica lei, alertando que ela fomenta a impunidade.
Na semana passada, a própria Keiko Fujimori for presa, por casos de corrupção, após dar uma declaração em meio a um processo ao qual responde. O chamado “Caso dos Colarinhos Brancos do Porto” identificava uma tal “Senhora K” como sendo Keiko Fujimori, e estabelecia sua relação com o foragido ex-magistrado César Hinostroza, apontado como chefe da organização criminosa. O empresário Antonio Camayo também se submeteu à colaboração no caso, e entregou mais detalhes a respeito.
Paralelamente, o “Caso dos Coquetéis” ganhou novos indícios que comprovam a existência de uma organização criminosa dentro do partido Força Popular, que realizou uma série de ações de lavagem de dinheiro através da ordem “Aumentar Keiko para 500”, encontrado nas planilhas de Marcelo Odebrecht.
O promotor José Domingo Pérez investiga 49 integrantes da organização de lavagem de ativos que Keiko Fujimori encabeça dentro do partido Força Popular, que atuava para obter o poder político, receber financiamento ilícito e logo, estando no poder, retribuir esses apoiadores. Além de Keiko, também faz parte da liderança desta organização o operador político Vicente Silva Checa (vinculado a Vladimiro Montesinos, histórico operador político de Alberto Fujimori), Pier Figari e Ana Herz. O juiz Richard Concepción deverá decidir nos próximos dias se aceita o pedido de 36 meses de prisão preventiva que a promotoria solicitou.
O analista Francisco Pérez García, em artigo para o La Otra Mirada, questiona se o fujimorismo está passando por uma transição, deixando de ser uma das dinastias políticas mais poderosas e influentes do país a uma agrupação que pode ser arrasada nas próximas eleições, e com dois do seus principais líderes flertando com a prisão.
Hoje, o fujimorismo está perdendo o controle político do país, mantido por mais de uma década, enquanto se divide, também, pelo enfrentamento entre os irmãos Keiko e Kenji, que foi um dos elementos surgidos após o indulto, em dezembro do anos passou, que levou à renúncia do então presidente Pedro Pablo Kuzcynski.
O retorno sem glória
Para compreender esta história complexa, é preciso voltar até o ano 2000, ano de casos tão marcantes como a difusão dos vladivideos (em referência ao assessor pessoal do ditador, Vladimiro Montesinos, filmado pedindo propina e ameaçando opositores e aliados desobedientes), a convocação de novas eleições, a fuga de Montesinos e a revelação dos casos de corrupção no regime. Naquele cenário Alberto Fujimori renunciou por fax, quando estava no Japão, onde se estabeleceu, aproveitando sua dupla cidadania. O império japonês não entrega os súditos, mesmo que seja por crimes de lesa humanidade.
Cinco anos depois Alberto Fujimori decidiu viajar ao Chile, onde faria uma parada tática antes de voltar ao Peru, para iniciar uma nova campanha política. Mas foi preso em terra chilena, e logo extraditado ao Peru, para ser processado pelos crimes de La Cantuta e Barrios Altos, além de outros atos de corrupção que aumentariam seu currículo delitivo. Em 2007, recebeu a primeira sentença definitiva: 25 anos de prisão.
Em 2006, sua filha Keiko se candidatou ao Congresso, onde começou a reorganizar a força laranja. Em 2011, com o partido Força 2011 (semente da Força Popular), Keiko assumiu definitivamente a liderança do fujimorismo, acompanhada por seu irmão Kenji, e se lançou à presidência duas vezes, perdendo em dois segundos turnos seguidos: contra Ollanta Humala, em 2011, e contra Kuzcynski, em 2016. Nos mesmos anos, Kenji foi o congressista fujimorista mais votado.
Também em 2016, Keiko se desfez da ala dura do fujimorismo em busca dos votos dos liberais de direita. Pensava que assim daria outra cara ao fujimorismo, de acordo com as exigências de Washington. É mais, ela deu um discurso na Universidade de Harvard onde valorizou o informe da Comissão da Verdade, e garantiu que não usaria seu poder político para beneficiar a sua família.
Que os irmãos sejam unidos…
Daí por diante, tudo foi guerra fratricida entre Keiko e Kenji, que tentam negociar a qualquer preço um indulto para a liberação de seu padre, inclusive se aproximando de Kuczynski e da ala dura que haviam afastado anteriormente.
A bomba fratricida explodiu durante o primeiro pedido de impeachment contra Kuczynski (envolvidos no caso das propinas da empreiteira brasileira Odebrecht), promovido pela Frente Ampla em dezembro de 2017 e apoiado por quase todas as agrupações, incluindo fujimoristas e do PAP (Partido Aprista Peruano). Durante a votação, a televisão mostrou deputados fujimoristas brigando com Kenji, enquanto se falava da negociação de um indulto para o ex-ditador.
Kuczynski foi salvo do processo de impeachment por Kenji e outros 12 legisladores. Uma semana depois, o presidente retribuiu o favor, indultando o ex-ditador na véspera do natal. No começou de janeiro de 2018, uma série de vídeos e áudios apresentados pelo atual presidente do Congresso, Daniel Salaverry, revelaram que um grupo de “kenjistas” havia negociado votos em troca de favores políticos.
Nas imagens, o próprio Kenji aparecia oferecendo a um congressista (Moisés Mamani) dádivas para votar contra o juízo político do então presidente. Má pontaria: aquele era o homem escolhido pelos “keikistas” para servir de isca na armadilha contra Kenji e seus aliados. A maioria fujimorista pediu a cabeça de Kenji e os implicados nos vídeos.
Nas semanas seguintes, Kuczynski manteve a estratégia de fugir das polêmicas com mentiras e negações, até que não teve outra saída a não ser renunciar. A situação também atingiu Kenji: Keiko, Figari e Vega o desaforaram, deixando-o fora do Congresso. A guerra civil entre os irmãos produziu uma enorme fissura dentro do fujimorismo.
Contudo, e involuntariamente, os vídeos gravados por Mamani a pedido de Keiko serviram para que os familiares das vítimas de La Cantuta e Barrios Altos, sustentassem o argumento de que o indulto era irregular, e apresentassem a tese à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que exigiu ao Estado peruano que revisasse o cumprimento ou não dos requisitos necessários para um indulto humanitário, que terminou sendo anulado.
Os fujimoristas da ala mais dura repudiaram os erros de Keiko Fujimori e expressaram isso ao marginar sua figura das campanhas nas eleições regionais e municipais – na qual o fujimorismo sofreu uma queda importante. As pesquisas de opinião mostram que a rejeição a Keiko, Kenji e todo o partido Força Popular atingiu seus níveis máximos.
Será o fim do fujimorismo? Poderão os familiares de assassinados e desaparecidos durante a ditadura conseguir justiça? Só o tempo dirá, mas a capacidade de negociação do fujimorismo está claramente em queda livre.
Mariana Álvarez Orellana é antropóloga, docente e investigadora peruana, analista associada ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
*Publicado em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli
