Migrantes venezolanos, una realidad muy manipulada para lograr una intervención extranjera/ Migrantes venezuelanos: uma realidade manipulada para justificar uma intervenção estrangeira
Victoria Korn-CLAE
Desde hace meses, pero sobre todo en las últimas dos semanas, Venezuela ha sido víctima de una poderosa campaña propagandística dirigida a imponer la narrativa de que una “crisis de refugiados” -producto de la migración- que sigue en desarrollo, y trata de justificar una intervención “humanitaria”.
Posverdades, fotos trucadas, emigrantes mostrados como en una publicidad de Benettton, fake news, hacen parte de este arsenal de manipulaciones en esta guerra de quinta generación que alimenta a gobiernos neoliberales latinoamericanos pero también europeos y el terrorismo mediático cartelizado.
Y se agita también mediáticamente el fantasma de una crisis de «refugiados», gente que huye de la opresión o de un Estado fallido, con el fin de crear el caso para una intervención humanitaria.
La realidad muestra que miles de venezolanos varados en otros países (Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador) quieren acogerse al plan Retorno a la Patria (algunos centenares ya lo hicieron), lanzado por el gobierno de Caracas, que solicitó ayuda a los países de la región y al programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para que brinden facilidades al retorno de los connacionales.
Organismos multilaterales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de Migraciones (OIM) divulgaron, paralelamente, informes que descarrilan la agenda del relato de la “crisis humanitaria”. En junio, ACNUR, reflejó que sólo 5.661 venezolanos (menos del 1% de los habitantes del país) habían sido reconocidos como “refugiados” por los principales países receptores de la región.
En agosto de 2018 la OIM señaló que desde 2015 hasta 2018, 600.000 solicitudes de visados temporales u otros mecanismos de regularización han sido presentados por los venezolanos en los países receptores de América Latina y el Caribe. La OIM y ACNUR, reconocen que la migración está motivada por razones económicas, lo que nada tiene que ver con la condición de “refugiados” que se intenta proyectar hacia el mundo.
La cifra total de emigrantes venezolanos (de 1.5 millones a 2.3 millones, aproximadamente), calculada inicialmente, podría ser menor, de acuerdo a estos informes de organismo multilaterales. Hay una evidente manipulación respecto a las cifras para justificar un escenario de intervención internacional. La OIM pone en relieve que el centro de la gestión migratoria se inclina hacia la regularización de venezolanos que buscan consolidar su estatus de permanencia en los países receptores, mas no hacia la instalación de “campos de refugiados”.
La OIM, asimismo, exigió a Colombia la regularización de venezolanos que han emigrado recientemente, mas no implementar la creación de campos de refugiados masivos para atenderlos que, como afirman medios y voceros políticos, huyen de algún tipo de persecución gubernamental o de una “crisis humanitaria”.
Mientras, el gobierno venezolano acordaba con Jorge Baca, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los recursos técnicos necesarios para resguardar los derechos humanos de los migrantes, bajo un marco de respeto a la institucionalidad venezolana.
Terrorismo mediático y el Grupo de Lima
Por ejemplo, The Economist, representante de la oligarquía financiera británica, aseguró, con base a proyecciones, que la “crisis migratoria” venezolana podría superar la de una Siria, un país que sufre aún los desmanes de una guerra mercenaria, terrorista, financiada por Estados Unidos y la OTAN.
Relato que sirvió como insumo base para la campaña usada por la derecha mundial y por el sector radical de la oposición venezolana, guionada, patrocinada y financiada por Washington, Bogotá y Madrid, logrando un alto nivel de cartelización que perfilara la “crisis de refugiados” como la única forma de representar la migración venezolana.
Tres días después, el ultraconservador senador estadounidense Marco Rubio –pese a la fuerte caída de su credibilidad- argumentó que Venezuela era una “amenaza a la seguridad nacional de EEUU”. Lo mismo dijeron en sus giras latinoamericanas los altos funcionarios del área de defensa y seguridad como James Mattis, John Bolton, Kurt Tidd y repitió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien jugó la carta de convocar a una nueva sesión del Consejo Permanente de la organización panamericana, bajo el mismo código.
Una “reunión técnica” desarrollada a principios de semana en Quito, con representantes de países agrupados en el Grupo de Lima (GL), pasó prácticamente inadvertida. En estos países decenas de millones pasan hambre, sufren analfabetismo, se ven forzados a emigrar, son víctimas de crisis de salud pública, los jóvenes –sin educación ni trabajo digno– carecen de toda esperanza, flagelos agravados escandalosamente por el modelo neoliberal. Pero eso no preocupa a la OEA ni a los gobiernos del GL, señala Ángel Cabrera en La Jornada.
No hay que olvidar que Venezuela está considerada «una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos» mediante un decreto emitido por el presidente Barack Obama y ratificado por Donald Trump.
La reunión fue otro paso en la agenda de guerra híbrida contra Venezuela, diseñada por el estadounidense Comando Sur en distintos planes, como Venezuela Freedom I, Venezuela Freedom II y el llamado Golpe Maestro. Ese aparato militar, dirigido para que avance la militarización estadounidense en América Latina y el Caribe con fines de control de poblaciones, recursos naturales e intervención armada, directa o camuflada.
El GL se ha convertido en el brazo político del Comando Sur y es cómplice de la agresión militar que se gesta contra Venezuela. No es ningún secreto el gran interés del presidente Donald Trump por realizar una intervención directa en el país caribeño, idea de la que lo habrían disuadido sus más altos jefes militares razonando el costo político y el extraordinario esfuerzo militar que requeriría.
Los radicales de la oposición venezolana, creyendo que su oportunidad está en la intervención extranjera, se sumaron a la campaña: los ex alcaldes prófugos como David Smolansky y Antonio Ledesma, Gaby Arellano, María Corina Machado, y Julio Borges.
Varias ONGs financiadas por Washington, como fue la ONG Human Rights Watch, se sumaron al coro. Ésta señaló el 3 de septiembre que “urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”, y convocó a los países de la región a atender la “crisis de refugiados venezolanos” con el objetivo de permitir la permanencia y atención necesaria que justifique un desembolso mayor por parte de los organismos multilaterales encargados de gestionar el asunto migratorio.
“Ésta fue una experiencia dolorosa, pero de aprendizaje. Aprendimos realmente qué es el capitalismo, qué es la manipulación de los medios. Hoy volvimos con mi familia a Los Teques y lo único que se nos ocurre es narrar lo que vivimos, el racismo, el desprecio, la xenofobia, la falta de solidaridad y de oportunidades que vivimos durante tres meses. Estamos contentos de estar en casa de nuevo”, decía Yudelysi Moró, una trabajadora de la salud que regresó de Argentina con su esposo y dos hijos.
* Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
Migrantes venezuelanos: uma realidade manipulada para justificar uma intervenção estrangeira
Por Victoria Korn
Há meses, mas sobretudo nas últimas duas semanas, a Venezuela tem sido vítima de uma poderosa campanha propagandística voltada a impor a narrativa de que há uma “crise de refugiados”, resultante de uma migração que vai em aumento, para tentar justificar uma intervenção “humanitária”.
Pós-verdades, fotos trucadas, migrantes mostrados como numa publicidade da Benettton, fake news que fazem parte deste arsenal de manipulações, nesta guerra de quinta geração alimentada principalmente pelos governos neoliberais latino-americanos, mas também pelos europeus e pelo terrorismo midiático cartelizado.
A realidade mostra milhares de venezuelanos à deriva em outros países (Peru, Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai e Equador), querendo se inscreve no plano Retorno à Pátria, lançado pelo governo de Caracas, que solicitou ajuda aos países da região e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para facilitar o retorno desses compatriotas – e algumas centenas já o fizeram.
Organismos multilaterais como a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional de Migrações (OIM) divulgaram paralelamente informes que desmontam o relato da “crise humanitária”. Em junho, a ACNUR, mostrou que somente 5,6 mil venezuelanos (menos de 1% dos habitantes do país) haviam sido reconhecidos como “refugiados” pelos principais países receptores da região.
Em agosto de 2018, a OIM publicou um informe sobre os vistos para venezuelanos entre 2015 e 2018, dizendo que houve 600 mil solicitações temporárias e outros mecanismos de regularização que foram apresentados pelos venezuelanos nos países receptores da América Latina e do Caribe nesse período. A OIM e a ACNUR, afirmam que a migração é impulsada por fatores econômicos, o que nada tem a ver com a condição de “refugiados” que se tenta projetar ao mundo.
A cifra de imigrantes venezuelanos (entre 1,5 e 2,3 milhões, aproximadamente), calculada inicialmente, poderia ser menor, de acordo a esses informes de organismo multilaterais. Há uma evidente manipulação dos números, que busca criar uma razão política para um cenário de intervenção internacional no país. A OIM defende que o centro da gestão sobre o tema migratório seja a regularização dos venezuelanos que buscam consolidar seu status de permanência nos países receptores, e não promove a instalação de “campos de refugiados”.
A OIM foi mais específica com o caso da Colômbia, exigiu que o país regularize os venezuelanos que emigraram recentemente, e que não crie campos de refugiados para atendê-los – como os meios de comunicação colombianos e os porta-vozes do governo de Iván Duque asseguram que pretendem fazer, para reforçar o relato de que essas pessoas estão fugindo de alguma perseguição governamental e que se trata de uma “crise humanitária”.
Enquanto isso, o governo venezuelano fazia um acordo com Jorge Baca, representante da OIM, sobre os recursos técnicos necessários para resguardar os direitos humanos dos migrantes, sob um marco de respeito à institucionalidade venezuelana.
Terrorismo midiático e o Grupo de Lima
Por exemplo, a revista The Economist, representante da oligarquia financeira britânica, com base em projeções, assegura que a “crise migratória” venezuelana poderia superar a da Síria, um país que ainda sofre os efeitos de uma guerra mercenária e terrorista financiada pelos Estados Unidos e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
Esse relato serviu como argumento para a campanha usada pela direita internacional e pelo setor radical da oposição venezuelana, teleguiada, instrumentalizada e financiada por Washington, Bogotá e Madrid, alcançando um alto nível de cartelização, e que defende o conceito da “crise de refugiados” como a única forma de definir o fenômeno da migração venezuelana.
Três dias depois, o senador ultraconservador estadunidense Marco Rubio – apesar da forte queda que vem percebendo em sua credibilidade, dentro do seu país, – afirmou que a Venezuela é uma “ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos”. O mesmo discurso foi usado pelos altos funcionários da área da defesa e da segurança, como James Mattis, John Bolton e Kurt Tidd, em suas viagens à América Latina, na mesma linha do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o diplomata uruguaio Luis Almagro, que decidiu convocar uma nova sessão do Conselho Permanente da organização pan-americana para debater as novas ações a serem tomadas contra o governo de Maduro. Também houve uma “reunião técnica”, realizada no começo desta semana, em Quito, com representantes dos países agrupados no Grupo de Lima (GL), que passou praticamente desapercebida.
“Nesses países há dezenas de milhões de pessoas passando fome, sofrendo com o analfabetismo, e que também são forçadas a emigrar, pois também são vítimas da crise da saúde pública, com jovens sem educação nem trabalho digno, que carecem de qualquer esperança, que enfrentam os flagelos agravados escandalosamente pelo modelo neoliberal. Mas isso não preocupa a OEA nem os governos do GL”, ironiza o jornalista Ángel Cabrera, em artigo para o diário mexicano La Jornada.
Não se pode esquecer que a Venezuela é considerada “uma ameaça extraordinária e inusual à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos”, situação que foi formalizada por um decreto emitido pelo ex-presidente Barack Obama, e ratificado por Donald Trump.
A reunião foi mais um passo na agenda da guerra híbrida contra a Venezuela, desenhada pelo Comando Sul estadunidense, que se desdobra em diferentes planos, como o “Venezuela Freedom I”, o “Venezuela Freedom II” e o chamado “ Golpe de Mestre”. Esse aparato militar pretende avançar com a militarização estadunidense na América Latina e no Caribe com a finalidade de controlar os países e seus recursos naturais, e possibilitar a intervenção armada, direta ou camuflada, quando necessário.
O Grupo de Lima se transformou no braço político do Comando Sul e é cúmplice da agressão militar que se organiza contra a Venezuela. Não é nenhum segredo que o grande interesse do presidente Donald Trump em realizar una intervenção direta no país caribenho é uma ideia da qual ele tem sido dissuadido pelos mais altos chefes militares estadunidenses, que temem o alto custo político e o extraordinário esforço militar que isso poderia requerer.
Os radicais da oposição venezuelana, acreditando que sua melhor oportunidade está na intervenção estrangeira, insistem na campanha: os ex-prefeitos e prófugos da Justiça, como David Smolansky e Antonio Ledesma, além de figuras como Gaby Arellano, María Corina Machado e Julio Borges são os mais destacados ícones desse clamor.
Várias organizações financiadas por Washington tentam reforçar o coro, como fez a Human Rights Watch (que também é uma das patrocinadas), com um comunicado no dia 3 de setembro, dizendo que “urge uma resposta regional diante de uma crise migratória sem precedentes”, para logo convocar os países da região a atender a “crise de refugiados venezuelanos”, com o objetivo de permitir a permanência e a atenção necessária que justifique um desembolso maior por parte dos organismos multilaterais encarregados de administrar os temas migratórios.
“Esta foi uma experiência dolorosa, mas de aprendizagem. Aprendemos realmente o que é o capitalismo, o que é a manipulação dos meios. Hoje, eu e minha família regressamos a Los Teques, e gostaríamos de narrar o que vivemos: o racismo, o desprezo, a xenofobia, a falta de solidariedade e de oportunidades que enfrentamos durante três meses. Estamos felizes por estar em casa de novo”, dizia Yudelysi Moró, uma trabalhadora venezuelana que voltou da Argentina.
Victoria Korn é jornalista venezuelana associada ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
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