La prisionera política de Macri: Milagro sin justicia

Carlos A. Villalba| Contra ella ya se dijo todo. Prepotente, estafadora, puta, quilombera, chorra, desestabilizadora provincial, incorrecta turista en el Conrad de Punta del Este y, ya con Mauricio Macri presidente y Gerardo Morales al frente de la provincia de Jujuy, se le agregaron las cucardas de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, asociación ilícita, fraude, extorsión, “evasión fiscal y enriquecimiento ilícito” y hasta de «homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria».

No es poca cosa para una mujer de 52 años, que desde los 14 años vivió en la calle tras enterarse que le habían ocultado su origen adoptivo; militó en ATE en tiempos de su maestro Germán Abdala, organizó un movimiento social con más de 70 mil afiliados a los que les exigió el requisito de ir al colegio para pertenecer a la Tupac Amaru; administró recursos estatales para la construcción de barrios populares con cerca de 8.000 viviendas, instaló dos metalúrgicas, una carpintería, una fábrica de adoquines y bloquesy otra de caños, además de dos centros educativos y centros de salud, en uno de los cuales se instaló el primer tomógrafo disponible para los sectores empobrecidos y marginados.Tampoco es poca cosa.

El perseguidor, y otros cuentos

 El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, fue secretario de Desarrollo Social de la Nación durante de presidencia de Fernando De la Rúa entre julio de 2000 y agosto de 2001, cuando se cocinaba la explosión popular que el gobierno de aquella “Alianza” intentó apagar con decenas de muertos en las calles del país. Recaló en el Senado nacional, donde trepó hasta la presidencia del bloque de la UCR, y allí siguió hasta su asunción provincial. Durante todos esos años participó de un peloteo de denuncias y contradenuncias con Milagro Sala.

En 2009, junto al entonces titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, acusó a Sala de «daño agravado y amenazas» por el escrache que sufrieron durante una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el marco de una jornada en la que se analizaba el uso de los fondos que manejaban las organizaciones sociales en las que ella no estaba. Por esa causa empezó a ser  juzgada el pasado jueves 15.

Al promediar 2011 Morales la acusó de “enriquecimiento ilícito” y de la compra “con sobreprecio” de las tierras en las que su organización construyó casas en las zonas más carenciadas de Jujuy.  Semanas después, la líder de la agrupación Tupac Amaru denunció a su vez al titular del bloque de senadores de la UCR por lavado de dinero y lo señaló por el aumento de sus bienes en un 200%, según datos de la declaración jurada ante el Congreso.Además la Tupacmostró que las tierras utilizadas para la construcción del principal barrio a su cargo a las que se refirió Moralesfueron compradas por la provincia, como era habitual antes de ser entregadas para edificar, con la particularidad de que los vendedores eran diputados provinciales del PJ y de la UCR, entre ellos Freddy Morales, hermano del hoy gobernador y ex funcionario de la última dictadura cívico militar, quien sería coautor de un delito si se hubiesen registrado sobreprecios

En simultáneo, la líder social preparó un informe para la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, en el que constaron datos de punteros radicales vinculados a supuestos hechos vinculados con narcotráfico, violencia política y con lazos con la policía local.

La escalada no se interrumpió hasta que, al fin, el Morales que llegó a la gobernación de la mano de Sergio Massa, Margarita Stolbizer y el propio Macri, logró su objetivo y la máxima dirigente de la Tupac Amaru se convirtió el 16 de enero en la primera prisionera política de la administración PRO, por «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real», es decir… por protestar. De eso modo se aceleraron los tiempos de una persecución política que empieza a dañar la imagen y la credibilidad internacional del país, la armonía entre sus primeras espadas y también con sus aliados y a convocar el fantasma de la intervención federal a la provincia o, al menos, a su Poder Judicial.

Patinando entre bananas

Macri cerró su primer año de gobierno con gruesos errores y derrotas internacionales y 2017 amenaza con pegarle una nueva cachetada diplomática. La fantasía de instalar a su canciller, Susana Malcorra, al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas se estrelló, y antes de tiempo, contra los votos de más de la mitad de los países miembros del Consejo de Seguridad del organismo multilateral. También lo enchastró la desmentida oficial inglesa a su sobreactuación, impericia y falta de respeto por los valores de las relaciones exteriores que lo llevaron a asegurar alegremente que la premier Theresa May estaba dispuesta a “comenzar a conversar” sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

Sin embargo, para el Presidente y su canciller -que usó una escoba de las buenas para sacarse de encima a los pocos funcionarios cercanos respetuosos de la lógica de la política exterior- esas no fueron lecciones aprendidas. La decisión de atacar y embarrar a todo lo que tenga perfume a las políticas de doce años de gobierno kirchnerista pudo más, y el Ejecutivo nacional se embarcó en el viaje del Titanic jujeño de Morales.

Es una nave irremediablemente hundida para el oficialismo porque el empecinamiento y la decisión de violar normas provinciales, federales e internacionales lo dejó sin alternativas. La liberación de Milagro Sala, que debiera ser inmediata por mandato constitucional, sería leída como una derrota a dos bandas para las autoridades.

Mantener su detención constituye, a juicio del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, una situación “arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, conminó a las autoridades nacionales a liberar a Sala y guarda bajo la manga la posibilidad de aplicar una medida cautelar “para evitar daños irreparables a las personas” y aumentar el desprestigio del Gobierno de Mauricio Macri.

Resta la peor de las alternativas: el deterioro de la salud psicofísica de la prisionera y, también, los riesgos de algún hecho de violencia en cárceles en las que los presos son presionados a, por lo menos, declarar contra ella. Las personas más cercanas a la dirigente popular y sus propios abogados consideran que los ya once meses de reclusión resienten su salud psíquica, con indicios de depresión, que requieren atención psicológica. Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, aseguró que el apoyo internacional hacia la presa de Morales provocó un “incremento del hostigamiento hacia la víctima, que apunta a desestabilizarla psicológicamente, induciendo sentimientos de indefensión, desamparo, ansiedad, angustia, aislamiento, abandono, culpa y frustración”.

El copatrocinador de la querella por privación ilegal de la libertad de Milagro, también denunció que la psicóloga asignada oficialmente, Laura Aguirre, “con quien Sala había establecido un excelente vínculo terapéutico”, fue “sumariada, amenazada y reemplazada por facultativos del poder judicial”, porque a juicio del jefe del servicio penitenciario Víctor Morales, la licenciada “fortalecía a la interna”.

En ese plano, el ex miembro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, les “recordó” a los jueces de Jujuy el artículo 18º de la Constitución Nacional, por el que ellos “son responsables de que no se mortifique a Milagro más allá de lo que la seguridad de su detención exija y, por ende, por si no se habían dado cuenta, son responsables de todo lo que pueda sucederle a Milagro por impedirle tener una asistencia psicológica adecuada”.

Inseguridad jurídica

Además de que la “lluvia de inversiones” brillará por su sequía también en 2017, a raíz de no haber alcanzado las metas económicas anunciadas por el PRO en campaña y en su “mini Davos”, el “caso Sala” también se mezcla con situaciones tan alejadas de su origen como lo es la “confianza” internacional.

El concepto de “seguridad jurídica” siempre es reclamado por quienes manejan los flujos financieros internaciones, los especulativos y ni qué decir los inversionistas productivos. El incumplimiento de un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, por específico que sea, es analizado con atención y antipatía por esos grupos ya que,a criterio de los centros de poder internacional, el rechazo al orden mundial, por pequeño que sea el desliz, muestra que el proceso político y económico del país en falta es “inestable”.

Eso se paga,aunque escudado en sus simplistas “te la debo”, Macri y su gente cree que todo es gratis. Su Cancillería no ha sido eficaz tampoco en esto, y corre también el riesgo de empezar a recibir críticas fuertes por no cumplir con la gestión de la inmensa cantidad de exhortos reclamados por la Justicia, a partir de las investigaciones abiertas contra el propio mandatario y su familia por cuentas offshore que podrían haberse utilizado para lavar dinero proveniente de acciones no legales o constituir transas incompatibles con sus funciones de alcalde porteño y, luego, presidenciales.

Obras son amores

En el caso de la Túpac Amaru, sostener las acusaciones se complica más aún si se dejan de lado las acusaciones públicas y los prejuicios y se miran los números. Aunque no hay datos exactos de los giros para la construcción de viviendas populares en Jujuy a cargo del grupo liderado por Milagro Sala, pueden resultar de mucha utilidad las proporcionadas por la Oficina Anticorrupción de Jujuy alos diariosClarín y La Nación, con la intención de dañar la imagen de la detenida.

Sobre 8.532 viviendas programadas, hasta el encarcelamiento había 6732 terminadas y más de 500 en obra. Cada una de ellas costó la mitad del valor de mercado y se construyeron cuatro veces más rápido que lo que tarda el sector privado, además de generar trabajo para miles de obreros que luego fueron propietarios de los inmuebles.

Lo que sí es cierto es que esas familias y, sobre todo sus hijos, disfrutan de piletas de natación, escuelas, parques recreativos, centros de salud, construidos con el ahorro logrado en la administración del total de los $1.383 millones recibidos.

Cuando Milagro Sala fue detenida el diario británico The Guardian y la revista italiana especializada Domus mostraron su sorpresa y decidieron volver a publicar sus galerías de fotos de las construcciones de la Tupac Amaru, registradas por el periodista enfocado en arquitectura y urbanismo, Justin McGuirk.

“Dentro del barrio se encuentra una vasta pileta de natación, un parque con figuras de Jurasic Park y una réplica del Templo Inca del Tiwanaku.A la distancia se parece a un barrio de clase trabajadora de Liverpool, excepto que es el noroeste argentino», se asombra McGuirk. Subraya que «la Tupac Amaru posee su propio sistema de construcción de viviendas, sus propias fábricas, escuelas y centros de salud, un título de autosuficiencia que nos da la conclusión de que la Tupac Amaru efectivamente es un Estado sin el Estado».

En este caso, la mirada de los que saben acompaña el grito de los compañeros de Milagro Sala que, en libertad, les preguntaba en cada uno de sus actos “¿Quiénes somos, compañeros?” y recibía la respuesta atronadora de “¡Trabajo, educación, salud! Todo lo que les empieza a faltar, a los jujeños y a los argentinos empobrecidos.

“¡Trabajo, educación, salud! ¡Trabajo, educación, salud!”. “¡Trabajo, educación, salud! ¡Trabajo, educación, salud!”. Todo lo que les empieza a faltar, a los jujeños y a los argentinos empobrecidos.

*Psicólogo y periodista argentino. Investigador asociado del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico