Empresas asesinas en la Amazonia: la impunidad de los ricos/ Empresas assassinas na Amazônia e a impunidade dos ricos
Eduardo Camin|
Es negro el cielo, y las camisas tendidas en el alambre se arruinan con ese malestar de un día velado, por la tragedia, en esa mañana inverosímil, la mitad de la selva ecuatoriana llora a mares. Por encima del rio viaja un sentimiento triste, ancho, solitario como un buque de guerra, un barco de granito piloteado por la muerte. El agua temblorosa se abre como una herida violenta desolada por su perpetua agonía de la flora y fauna mezclados con el lodo del petróleo. Una empresa petrolera, Chevron es responsable de uno de los peores desastres petroleros del planeta.
Durante 26 años, Chevron (entonces Texaco) extrajo petróleo en la Amazonía ecuatoriana y contaminó más de 450.000 hectáreas de una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo, destruyendo el lugar de vida y los medios de subsistencia de sus habitantes. Durante tiempo Chevron intencionalmente arrojó el equivalente a 30 veces el petróleo derramado durante el desastre del Exxon Valdez, en la selva tropical ecuatoriana. Más de 60.000 millones de litros de agua cargados con residuos tóxicos se derramaron en ríos y arroyos, y se excavaron 880 pozos para almacenar residuos de hidrocarburos.
Después de 22 años de litigio, y a pesar de la condena de la justicia ecuatoriana, la impunidad continúa para Chevron y las víctimas de sus actividades en Ecuador todavía esperan justicia y reparación. Chevron, por su parte, niega cualquier responsabilidad y dedica enormes recursos y esfuerzos a frustrar el juicio, acosar a las víctimas y silenciar a sus defensores.
Las corporaciones transnacionales son actores centrales en la gestión y promoción de la globalización neoliberal, y a la vez sus grandes beneficiarias. Detrás de la extracción y quema de combustibles fósiles, del aumento de la venta de coches, del peligro de la proliferación incontrolada de organismos modificados genéticamente, de la deforestación con daños incalculables, de las industrias contaminantes, de la concentración de la propiedad de la tierra y de la privación del acceso al agua, la educación o la salud, de la explotación laboral, así como de la presencia de regímenes de inversión que consagran los derechos del capital transnacional en detrimento de las mayorías del mundo, se hallan unas complejas dinámicas y políticas de empresas transnacionales
Está suficientemente demostrado que estas empresas necesitan de una arquitectura legal y política para operar con impunidad. Organismos multilaterales –como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio–, los tratados de libre comercio y de inversión, el lobby ilegal y sistemático ante las instituciones de la UE, la corrupción o los sistemas legales nacionales, crean las condiciones para la actividad impune de las transnacionales.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por ejemplo, es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y empresas de otros Estados.
Una de sus finalidades es dotar a las empresas transnacionales con una herramienta capaz de brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión extranjera directa sin ningún tipo de restricción ambiental o social, forzando a los Estados de países empobrecidos a someterse a reglas que van en desmedro de su economía y del bienestar de sus poblaciones más pobres.
Ante esta situación nos preguntamos si cabe esperar algo del poder judicial y de la vía jurídica para luchar contra esta impunidad y enjuiciar a las empresas por delitos ecológicos.
Algunas organizaciones intentan llevar adelante una lucha desigual pero ejemplar ,frente a la arroganciay la impunidad de estas multinacionales y merecen ser destacadas. Recientemente CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS presentaron un informe al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Tras esta interpelación, instó al gobierno de Eeuu a actuar.
El CETIM (Centro Europa-Tercer Mundo) y sus socios denuncian desde hace años los ataques de la multinacional Chevron contra los defensores de las víctimas de esta empresa en Estados Unidos y Ecuador. Enviaron un informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En el informe se instaba al Gobierno de los Estados Unidos a que dejara de criminalizar a quienes defienden los derechos de las comunidades afectadas por las actividades de las ETN en el Ecuador. Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Después de esta interpelación, el Relator Especial Michael Forst pidió cuentas al gobierno de Estados Unidos, señalando «sesgos y otras irregularidades procesales, incluyendo abusos en los procedimientos judiciales iniciados por Chevron Corporation ante los tribunales federales”.
El gobierno de los EE. UU. respondió que el caso «involucraba un asunto de litigio privado en el que el gobierno de los EE. UU. no es y no necesita ser parte. Curioso razonamiento por parte de un gobierno que se supone deba luchar contra las violaciones de los derechos humanos contra las acciones de terceros, incluso las empresas transnacionales.
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos deplora hoy que el gobierno de Estados Unidos no haya respondido a preguntas específicas sobre las acciones de la empresa. Por lo tanto, reivindicó las afirmaciones contenidas en el informe y confirmó la legitimidad de esta lucha.
Pensamos que, si el cambio climático es el problema ambiental y social más grave de la humanidad, ¿cómo es posible que no abunden las demandas contra numerosas empresas por emitir cada vez más gases que provocan el calentamiento global? ¿Por qué no hay querellas contra los bancos que financian autopistas, oleoductos y refinerías?
¿O reclamar responsabilidades a las empresas que producen automóviles y los medios de comunicación que anuncian sus productos? ¿Preguntas demasiado audaces en una realidad política y económica cuyo objetivo dominante es perpetuar un crecimiento económico? La impunidad campea a sus anchas, a pesar de lo que nos quieran hacer creer.
Notas:
Lea aquí el informe completo sometido por CETIM, UDAPT y FORUM NOBIS al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Lea la respuesta del gobierno de los Estados Unidosaquí.
*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Coresponsales de Prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
EN PORTUGUÉS
Empresas assassinas na Amazônia e a impunidade dos ricos
Depois de 22 anos de litígio, e apesar da condenação da justiça equatoriana, a Chevron ainda desfruta da impunidade, enquanto as vítimas de suas atividades no Equador ainda esperam justiça e reparação
Por Eduardo Camín
O céu é negro na Suíça, e as camisas penduradas no arame se secam em meio ao mal-estar de um dia velado pela tragédia da selva equatoriana, que chora mares de lágrimas numa manhã inverossímil. Pelo rio, viaja um sentimento triste, solitário como um navio de guerra, um barco de granito pilotado pela morte. As águas agitadas se abrem como uma ferida violenta desolada por sua perpétua agonia da flora e fauna mescladas com o lodo do petróleo. Uma empresa petroleira (Chevron) é responsável por um dos piores desastres petroleiros do planeta.
Durante 26 anos, a Chevron (outrora Texaco) extraiu petróleo na Amazônia equatoriana e contaminou mais de 450 mil hectares de uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, destruindo o lugar de vida e os meios de subsistência de seus habitantes. Durante muito tempo, a Chevron despejou intencionalmente, na selva tropical equatoriana, o equivalente a 30 vezes o petróleo derramado no desastre do navio Exxon Valdez (1989). Mais de 60 bilhões de litros de água carregados com resíduos tóxicos foram derramados nos rios e afluentes, e logo foram cavados 880 poços para armazenar resíduos de hidrocarbonetos.
Depois de 22 anos de litígio, e apesar da condenação da justiça equatoriana, a Chevron ainda desfruta da impunidade, enquanto as vítimas de suas atividades no Equador ainda esperam justiça e reparação. Por sua parte, a empresa nega qualquer responsabilidade, e dedica enormes recursos e esforços comunicacionais para evitar o julgamento, além de acossar as vítimas e tentar silenciar os seus defensores.
As corporações multinacionais são entidades centrais na promoção e gestão da globalização neoliberal, e também as grandes beneficiadas do sistema. Por trás da extração e da queima de combustíveis fósseis, do aumento da venda de carros, do perigo da proliferação descontrolada de organismos modificados geneticamente, do desflorestamento com danos incalculáveis, das indústrias contaminantes, da concentração da propriedade da terra e da privação do acesso à água, à educação ou à saúde, da exploração do trabalho, assim como da presença de regimes de investimento que consagram os direitos do capital multinacional em detrimento das maiorias do mundo, se encontram algumas complexas dinâmicas e políticas de empresas multinacionais.
Está suficientemente demonstrado que essas empresas necessitam de uma arquitetura legal e política para operar com impunidade. Organismos multilaterais – como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) –, os tratados de livre comércio e de investimentos, o lobby ilegal e sistemático sobre as instituições da União Europeia, a corrupção e os sistemas legais nacionais, criam as condições para a atividade impune das multinacionais.
O Centro Internacional de Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI), por exemplo, é uma instituição do grupo do Banco Mundial, especialmente desenhada para propiciar soluções de disputas entre governos e empresas de outros Estados.
Uma das suas finalidades é dotar as empresas multinacionais com uma ferramenta capaz de dar segurança jurídica aos fluxos de investimento estrangeiros, de forma direta, sem nenhum tipo de restrição ambiental ou social, forçando os Estados de países empobrecidos a se submeter às regras que prejudicam a sua economia e o bem-estar de sua população mais pobre.
Diante desta situação, nos perguntamos se é correto esperar algo do Poder Judiciário e da via judicial na luta contra esta impunidade e processar as empresas por delitos ecológicos.
Algumas organizações tentam impulsar uma luta desigual, mas exemplar, contra a arrogância e a impunidade destas multinacionais e merecem ser destacadas. Recentemente, as organizações CETIM, UDAPT e Forum Nobis apresentaram um informe ao relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação dos defensores dos direitos humanos. Após esta interpelação, instou o governo dos Estados Unidos a atuar.
O CETIM (Centro Europa-Terceiro Mundo) e suas organizações associadas denunciam há anos os ataques da multinacional Chevron contra os defensores das vítimas desta empresa nos Estados Unidos e no Equador. Enviaram um informe ao Relator Especial da ONU sobre a situação dos defensores dos direitos humanos. O informe exigia que o governo dos Estados Unidos deixasse de criminalizar aqueles que defendem os direitos das comunidades afetadas pelas atividades das petroleiras no Equador, especialmente os povos indígenas da Amazônia equatoriana.
Depois desta interpelação, o Relator Especial Michael Forst pediu esclarecimentos ao governo dos Estados Unidos, dizendo que “há erros de procedimento e outras irregularidades processuais, incluindo abusos nos processos judiciais iniciados pela Chevron Corporation nos tribunais federais norte-americanos”.
O governo dos Estados Unidos respondeu dizendo que o caso “envolve um assunto de litígio privado, no qual o governo não é nem necessita ser parte. Curiosa resolução por parte de uma entidade da qual se esperava que lutasse pelos direitos humanos contra as ações de terceiros, inclusive das empresas multinacionais.
O Relator Especial da ONU sobre a situação dos defensores dos direitos humanos respondeu e disse deplorar o fato de que o governo dos Estados Unidos não tenha respondido até hoje as perguntas específicas sobre as ações da empresa. Portanto, reivindicou as afirmações contidas no informe e confirmou a legitimidade dessa luta.
Se a crise climática é o problema ambiental e social mais grave que a humanidade já enfrentou em sua história, como é possível que não abundem as demandas contra numerosas empresas, por emitir cada vez mais gases que provocam o aquecimento global? Por que não há grandes processos e sanções dos próprios países às empresas responsáveis pelos grandes desastres ecológicos e aos bancos que as financiam?
Por que não exigir responsabilidade das empresas que produzem automóveis? E por que não, também, dos meios de comunicação que anunciam os produtos? Seriam perguntas ousadas demais para uma realidade política e econômica cujo objetivo dominante é perpetuar um crescimento econômico irresponsável?
Eduardo Camín é jornalista, ex-diretor do semanário Siete Sobre Siete, membro da Associação de Correspondentes de Imprensa da ONU, redator-chefe internacional do Hebdolatino e analista associado ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
