Recrudece la protesta contra la masacre policial en Colombia: ¿Bogotazo II?
Camilo Rengifo Marín|
El dolor y la rabia popular parecen ser incontenibles en Bogotá y toda Colombia: la masacre número 56 del año indignó aún más a los jóvenes y ciudadanos que exigen al Estado protección a sus vidas en vez de ser acribillados mientras reclaman sus derechos.
En medio del confinamiento, el pueblo colombiano venía condenando virtualmente el asesinato de 230 personasen lo que va del año. La indignación por el homicidio del abogado Javier Ordóñez que quedó registrado en video mientras suplicaba “por favor” llevó la gente a las calles. La represión policial cobró 13 vidas y más de un centenar de heridos.
Este 2020, con la ultraderecha en el poder, ha incluido el record del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc.
¿Segundo Bogotazo?
Ante el Senado, el director (e) de lapolicía, general Gustavo Moreno, pidió nuevamente perdón en nombre de la institución a los familiares del abogado Javier Ordóñez que murió a manos de agentes de la policía. Dijo que lo ocurrido puede ser catalogado como un segundo ‘Bogotazo’, por ser uno de los hechos de violencia más importantes de la historia.
Moreno contó que hay 50 videos de redes sociales en los que hay actos cuestionables de la fuerza pública. En total, hay 56 policías que estarían involucrados en actos indebidos. Asimismo, hay 35 policías plenamente identificados que reconocen haber disparado entre los días 9 y 10 de septiembre, y 23 uniformados “que presentan faltantes de munición”.
Mintras, el testigo clave del abuso que cometió la Policía con el abogado Javier Ordóñez (cuyo nombre se mantiene en el anonimato) ha recibido amenazas de muerte en su contra de los asesinos que siguen en libertad. “Le pido a los entes de control encargados que por favor no me dejen solo en esta situación”, dijo a Semana.
Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena, y el hostigamiento no solo de grupos armados que se disputan sus territorios ha ido en aumento. Los operativos armados por la erradicación de la coca se llevan por delante a quienes se empeñan a defender el programa de sustitución voluntaria suscritos en los acuerdos de paz con las FARC en La Habana.
Los analistas advierten que hay un malestar general en la sociedad colombiana que viene creciendo y que se ha manifestado en los últimos diez años con movilizaciones en los sectores indígenas y campesinos. En el sector urbano, los últimos tres años se ha tenido una fuerte movilización con el Paro Nacional del año pasado, interrumpido por la pandemia. Ahora la gente volvió a las calles tras el asesinato de Ordónez.
Lo que se expresa en las calles de Colombia es la respuesta a la exclusión social y política, el malestar que tiene el pueblo por las pruebas de la relación entre el narcotráfico y el equipo del actual gobierno de Iván Duque y el dolor por la violencia policial que le arrebata la vida a los más jóvenes .
La cción represiva va levantando también otro tipo de denuncias: abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irreguales, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alegó insubordinación en la Policía, mientras los movimientos estudiantiles, organizaciones y ciudadanos siguen manifestándose a diario. Los videos muestran cómo la policía ataca casas en barrios periféricos, amenaza los vecinos en los balcones, dispara contra conjuntos residenciales, ataca a transeúntes desprevenidos y les propinan golpizas.
El sacerdotee Alejandro Angulo, del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, asegura que en Colombia las protestas suelen ser infiltradas por agitadores profesionales. En las redes sociales, muchos afirman que quienes destruyen el comercio podrían ser policías o vándalos pagados por policías para generar caos y deslegitimar la protesta. Por su lado, el gobierno y el empresariado acusan a guerrillas urbana de los desórdenes.
Bibliotecas populares, no centros de tortura
Ya se cumple una semana de protestas no solo en las calles, plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural y doctrinaria del cuerpo policial, que tiene su objetivo en “el enemigo interno”, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que se judicialice a los policías y políticos responsables.
Mientras, los medios hegemónicos se preocupan más por las paredes dañadas que por los cuerpos de sus conciudadanos abatidos por quienes deberían cuidarles y especularon con una eventual confabulación internacional del supuesto grupo ACAB, hasta descubrir que esta sigla utilizada por grupos contrahegemónicos a nivel mundial, solamente significa All Cops Are Bastards (Todos los policías son bastardos)
En los puestos de policía (muchos utilizados para la tortura de los ciudadanos) que fueron incendiados y dañados durante las protestas, grupos culturales y vecinos instauraron bibliotecas y llevan a cabo veladas musicales donde invitan a educar la rebeldía y cesar la violencia.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
