Argentina: Covid 19, concentración económica y control social

Juan Guahán|

Entre las consecuencias de este coronavirus en Argentina está el hecho de haber sido puesto al servicio de la concentración económica y el control social. Sus consecuencias están a la vista de quienes quieran observarlas y sus efectos se harán sentir con mayor fuerza a la salida de esta pandemia. Ello tiene que ver con las tendencias preexistentes a esta peste, pero también a su modo de abordaje y la propaganda montada en torno a la misma.

En el escalón más bajo de la economía, los pobres y las pequeñas y medianas empresas (pymes) son los más perjudicados. Hay datos según los cuales más del 10% (15% en la Capital Federal) de las pymes no volverán abrir sus puertas producido el fin de la pandemia.

Además de la gigantesca masa de nuevos desocupados que ello acarreará está el hecho que esas actividades serán absorbidas por quienes están escalones arriba de esta nefasta pirámide económica, fortaleciendo la concentración de las actividades involucradas.

Además de esta circunstancia, que se repite en gran parte del planeta, tenemos otro hecho significativo y universalmente aceptado. Se trata del mayor control social que se está aplicando, usando al coronavirus como explicación y el dominio sobre nuestras vidas como objetivo. La circulación de las personas es observada por múltiples aplicaciones que deja a cada individuo sometido a diferentes sistemas de control.

Ello, junto a la masificación informática: en el sistema educativo, en las comunicaciones cotidianas, pagos estatales, operaciones bancarias y en buena parte de la actividad económica y laboral (teletrabajo). De ese modo se ha multiplicado la presencia de esta tecnología en la vida cotidiana. La cúspide de esas actividades, agrupadas en las empresas conocidas como GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), han tenido ganancias –desde mediados de marzo- que superan los 570 mil millones de dólares. En el mismo  período sus ventas aumentaron en un 17,4% y el valor de sus acciones creció un 19%.

Es probable que Bill Gates (Microsoft), conocido filántropo-capitalista, sea el símbolo más funesto de esta perspectiva que pretende universalizar las respuestas tecnológicas que ellos proporcionan. Según esa visión, la tecnología, particularmente la informática -que ellos controlan y debería ser un gran avance para el conjunto de la humanidad- es considerada como una religión que le permite al 1% dueño del mundo “civilizar” al resto de la población.

De ese modo la concentración económica y el control social se complementan y fortalecen mutuamente. Son dos patas del mismo bicho: El aplastante sistema que nos gobierna, transformado en una pandemia insoportable.

Provincias: deudas y actividad económica

A tres meses de haberse iniciado el aislamiento obligatorio, que nos encerró en las viviendas y paralizó la vida económica, en la mayor parte del país esas medidas se han flexibilizado en un alto porcentaje. Todo lo dicho es particularmente significativo para el interior del país y la actividad económica. En el territorio del AMBA (Capital y Gran Buenos Aires) los avances son mucho más limitados, en momentos que crecen las presiones para reducir la circulación e incrementar el aislamiento.

Para mediados de este mes de junio, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, han informado que 15 provincias tienen la autorización para que más del 80% de la actividad económica (industria y comercio) pueda retomar sus actividades, de acuerdo a protocolos previamente aprobados. En seis distritos tal autorización está entre el 70 y 80%. Solamente en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y el Chaco la actividad autorizada está por debajo del mencionado 70%.

Estos porcentajes son algo engañosos. Ellos dan la imagen que estamos superando los problemas y cercanos a la salida de la pandemia y solución de las dificultades. La cuestión es mucho más compleja. El derrumbe efectivo tiene sus puntos más críticos en la baja de los ingresos de grandes sectores de la población y una consecuente caída de las pymes. Todo ello da cuenta de una generalizada baja del consumo y una creciente concentración económica, que dejará sus secuelas con vistas al futuro.

Para tener una idea del punto desde el cual está arrancando este relanzamiento económico -que nuevamente se ha paralizado- tengamos presente que el Programa IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que puso en marcha el gobierno nacional, está beneficiando a 8,4 millones de personas evitando que entraran en la pobreza o indigencia unos 3 millones de compatriotas, de este Programa se abonó una cuota –correspondiente a mayo-  y la segunda se hará efectiva durante el mes de julio.

Otra ayuda estatal es el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Por el mismo el Estado asiste a las empresas para el pago del 50% del salario. Las empresas beneficiadas superan las 200 mil y los trabajadores incluidos fueron 2,34 millones durante el mes de abril y unos 2,04 millones, correspondientes al mes de  mayo, los funcionarios confían en que esas cantidades se reduzcan notoriamente para el mes de junio-

Lo dicho, más las herencias recibidas, han colocado a varias provincias en situaciones críticas.

Cinco de ellas (Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza y Río Negro) están esperando, que la Nación arregle sus cuentas por las deudas reclamadas, para poner en marcha sus propios procesos de reestructuración de deudas. A tales fines ya tienen autorización de sus respectivas legislaturas para realizar esas gestiones. Otras 2 provincias (La Rioja y Salta) están por iniciar idéntico camino. Las deudas totales de estas provincias (unos 11 mil millones de dólares, encabezadas por los 7.148 millones de dólares que debe Buenos Aires) según algunas consultoras, pasó –entre 2015 y 2010- del 35% al 51% de los ingresos provinciales.

A eso hay que agregar que la coparticipación federal a las provincias se redujo un 29% en abril y un 25% en mayo. A su vez la baja de recaudación en las provincias se redujo en un 24% de promedio.

El gobierno y sus problemas

El gobierne quiere que esta olvidable semana termine los antes posibles. Es acosado desde distintos lugares. Los temas y circunstancias de cada una de esas situaciones son variados. En general se trata de problemas reales cuyo abordaje no fue el mejor. Hagamos el esfuerzo de señalarlos brevemente.

Covid 19: La inicialmente correcta política sanitaria no pudo ser adecuadamente sostenida e integrada a las demandas económicas. Hoy el gobierno muestra la presión de un virus que en el área de Capital y Gran Buenos Aires está en pleno crecimiento, en momentos que la sociedad está decidiendo y necesitando “salir”, agravando la circulación del virus. En algunos casos por razones de salud y en otros para sobrevivir, dado que no siempre llega la ayuda estatal o ésta es insuficiente.  

Arreglo deuda: Ya tenemos dicho que este arreglo con bonistas y el FMI, al igual que los varios anteriormente efectuados, no es bueno para la sociedad y lo que hace es “patear para adelante” un problema histórico, hasta que vuelva a reaparecer. De todas maneras al gobierno lo separan pequeñas diferencias que impiden el cierre. Si esas diferencias no son salvadas, Argentina quedará formalmente en un default que padece hace tiempo. Ahora ha puesto al 24 de julio como fecha tope para una definición.

Agroexportadora Vicentín: El gobierno tenía varias alternativas para el rescate estatal del consorcio agroexportador  Vicentin (con una deuda de 1.350 millones de dólares, incluso con el Banco de la Nación por unos 350 millones de dólares). No eligió el mejor camino con eso embarró su propio pla de expropiación. El viernes hubo dos novedades que parecen ir definiendo el camino futuro. El juez de la Convocatoria ordenó reintegrar a los directivos de la empresa en la conducción de la misma; los interventores del gobierno quedaron acreditados como “veedores”.

De un modo casi simultáneo, la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe solicitó  –en acuerdo con el gobierno nacional- requerir al Juez que revise esa decisión, peticionando que ordene una intervención designando para la misma a los dos funcionarios nombrados por el gobierno nacional y un tercero de Santa Fe. También le comunicaron al juez que –en ese caso- el gobierno nacional desistiría de su proyecto de expropiación.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)