Argentina: El gobierno busca su identidad y Alberto construir hegemonía con otros sectores
Juan Guahán
El gobierno argentino trata de construir su identidad, marcar sus objetivos, elaborar sus planes de gobierno y moverse en la coyuntura diferenciándose de otras experiencias anteriores… y trata de evitar o al menos amortiguar el “fuego amigo”..
La coalición de gobierno trata de recorrer su propio camino. Dentro del cúmulo de intereses -no siempre coincidentes- que la integran, el presidente Alberto Fernández intenta alcanzar la hegemonía. Tiene la ventaja de ser quien ocupa el escalón más alto de un sistema profundamente presidencialista y por ello, sus actos tienen un agregado con el que ninguna otra persona cuenta en estos próximos cuatro años.
Al mismo tiempo tiene el problema que la figura más representativa y quien lo nominara para ese cargo es Cristina Fernández de Kirchner, su actual vicepresidenta: ¡Pavada de problema! En cualquier institución, y con más razón tratándose del gobierno de un país, es lógico que nadie puede aspirar a que se impongan el 100% de sus ideas.
El tema es evitar que los no acuerdos se transformen en políticas opuestas y que ellas atraviesen los principales aspectos del gobierno porque pueden debilitar al conjunto de la gestión. Este es un dilema que acosa al círculo más íntimo del actual Presidente, que no por previsible sea menos ineludible.
Del conjunto de temas donde aparecen divergencias destacan la negociación por la deuda externa; la cuestión de los “presos políticos” y algunos cortocircuitos entre el gobierno nacional y el gobierno de la importante provincia de Buenos Aires.
Ante ese entramado de problemas hay una serie de cuestiones que no se pueden pasar por alto. Una es el hecho que la mayor parte de los actores políticos de la coalición procuran que “la sangre no llegue al río”, dando muestras de unidad e intentando evitar que las diferencias tomen cuerpo, temiendo que se vuelva realidad realidad aquella fábula del escorpión y la rana.
Segundo, el “albertismo” no resigna su objetivo de alcanzar la hegemonía interna de la coalición gobernante. Tres, esta situación más las características personales de sus protagonistas conduce al hecho que Alberto tenga –desde el primer día- gestos amistosos hacia algunos sectores de la Unión Cívica Radical.
Esa política es acompañada -por momentos promovida- por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Las reiteradas menciones de Alberto al expresidente Raúl Alfonsín y la designación de su hijo Ricardo en la embajada de España, fortalecen la idea de ese acercamiento a franjas opositoras. Esa perspectiva crece cuando el “fuego amigo” (críticas o ataques de otros miembros de la coalición) cuestionan algunas de sus políticas.
La negociación por la deuda
En este tema, crucial para los tiempos que corren y cuyo desenlace está absolutamente abierto, se han manifestado perspectivas diferenciadas. Es sabido que Argentina está imposibilitado de cumplir con sus compromisos financieros reclamados desde dos instancias: los organismos financieros internacionales -con el FMI a la cabeza- y los banqueros tenedores de bonos.
En estas cuestiones ha sido Cristina la que ha puesto las primeras condiciones al advertir la necesidad de una quita, prohibida por los Estatutos del FMI. Cristina les ha advertido que también estaba prohibido “utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital». Rápidamente Alberto adhirió a esa posición evitando abrir una compleja brecha interna en medio de las negociaciones.
En este tema las posiciones de Cristina, aunque se encuentren a distancias considerables, tratan de estar más cerca de lo que ha venido sosteniendo el peronismo a lo largo de la historia. Ello es así más allá que aquellas banderas del ¡No pago! y la ¡Investigación previa para determinar la deuda legítima! No forman parte del bagaje de la actual coalición.
Esta cuestión ha sido uno de los temas donde fue más eficaz el acercamiento del tándem Alberto y Massa para lograr acuerdos con el radicalismo. Es probable que ello influyó en el fuero más íntimo de Cristina para no presidir la sesión parlamentaria de senadores dándole mayores poderes al Ejecutivo y transfiriendo nuestra soberanía jurisdiccional a otros países.
La cuestión de los “presos políticos”
Son vastos los sectores peronistas que presionan a Alberto para que funcionarios peronistas sometidos a proceso o condenados, por acusaciones de corrupción, recuperen su libertad. Esa reivindicación parte –en general- desde sectores que adhieren a Cristina, aunque ella no suele acompañarlos personalmente.
El gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, presidente del Bloque de legisladores oficialistas, figuras estrechamente ligadas a Cristina, se expresaron en esa dirección y contrariamente a lo que manifiesta Alberto y su Jefe de Gabinete. Éstos se escudan en el hecho formal que no son presos a disposición del Ejecutivo y demandan una solución judicial, el órgano estatal pertinente.
Desde estos distintos posicionamientos se trata de evitar que las diferencias sigan escalando y se trabaja para que las causas, de las personas involucradas, pasen a consideración de la Corte Suprema de Justicia y ésta invocando un “lawfare”, que es la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra y su efecto la existencia de vastos errores procesales, les otorgue la libertad.
Cortocircuitos entre gobierno nacional y bonaerense
Un trato fluido entre el gobierno nacional y el bonaerense es indispensable, mucho más cuando se trata de gobiernos del mismo signo político. Allí reside cerca del 40% de la población total del país y un mismo territorio cobija la exhuberante riqueza de la pampa húmeda junto a la lacerante pobreza del conurbano bonaerense.
En esa relación hubo un par de manifestaciones y problemas que se intentaron disimular. El gobernador Kicillof tiene una característica fundamental: solo reporta a Cristina. Ni Alberto, ni los poderosos intendentes del conurbano, forman del insumo fundamental para su toma de decisiones. Algo de ello apareció con la negociación frustrada que intentó Kicillof respecto de un bono. Esa situación lo llevó a la obligación de retroceder y pagarlo.
Más compleja es la situación planteada en el tema de seguridad. Allí llama la atención que la política de seguridad bonaerense –de la mano del inefable médico y teniente coronel retirado Sergio Berni- tiene varios puntos de contacto con la gestión anterior y las fuerzas de seguridad, que los que exhibe nacionalmente Sabina Frederic, Ministra de Seguridad, identificada con posiciones más progresistas y garantistas.
Esas públicas diferencias demandaron una reunión entre el Presidente y el gobernador de Buenos Aires y luego de ambos funcionarios. Esas reuniones terminaron en el “humo blanco” de un acuerdo que volvió a resquebrajarse antes que el humo se disolviera.
Lo grave del caso es que esas contradicciones se dan sobre un tema my sensible como lo es la cuestión de seguridad, permanentemente azuzada por la prensa. De allí la trascendencia pública que adquiere ese problema.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
