Argentina, salir del pozo: No habrá plan de gobierno, mientras no se acuerde con los acreedores
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Horacio Rovelli
En primer lugar, el gobierno de la coalición neoliberal Cambiemos empujó a la pobreza a cinco millones de argentinos, endeudó al país por 129.000 millones de dólares de los cuales unos 85.000 millones fueron con tenedores privados (fundamentalmente grandes bancos y fondos de inversión financiera) y unos 44.000 millones de dólares con el FMI, y esa deuda obliga a subordinarse a ese organismo internacional.
Cuando el nuevo gobierno presentó el proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, que denominaron de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 17 de diciembre de 2019, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó a los Diputados que el 60% de los niños de este país son pobres y mes a mes ha bajado el consumo de leche.
Señaló que un millón y medio de jóvenes no trabajan ni estudian; y que la situación es más grave en el conurbano bonaerense y en localidades del interior del país. Sumemos a eso el cierre de empresas y la desocupación de trabajadores, que incluye el menor trabajo informal (changas), más el alto endeudamiento de las familias con préstamos personales y tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes, lo que en conjunto genera una fuerte vulnerabilidad social
En esa misma reunión el Ministro de Salud, Ginés González, al explicar la necesidad de declarar la emergencia sanitaria, sostuvo que fue tal el desmantelamiento de los hospitales y el desabastecimiento de los distintos programas del área que se necesita conformar y convocar a un Consejo Nacional Consultivo de Salud para evaluar la situación .
Asimismo, en forma urgente importar vacunas para el sarampión y otras enfermedades por riesgo de pandemia, incluso eximiéndoles de pagos de aranceles e impuestos, el ministro no lo dijo, pero sabe que, como decía Ramón Carillo, la pobreza es la mayor causante de enfermedades.
Si ese es el marco en que ha dejado al país el gobierno anterior, se entiende la urgencia de adoptar medidas para revertirlo, por ende más que justifica el estudio y revisión de las tarifas eléctricas y del gas, como la amplia e irrestricta moratoria para las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) del país.
Moratoria por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones, incluida las aduaneras, financiamiento de su pago en largo plazo y a tasas subsidiadas por el Estado[1], para que vuelvan a producir y a generar puesto de trabajo.
También, a costa del Estado nacional, la mejora a los créditos UVA (Unidad Valor Adquisitivo), que fueron los préstamos para la compra de viviendas ajustables por inflación, con lo cual no son pocos los casos en que la deuda es mayor que el valor de la vivienda y, el listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y por la Superintendencia de Servicios de Salud de insumos y medicamentos esenciales por banda terapéutica, a precios preferenciales
Del lado del ingreso se aplica un gravamen del 30% por la compra – venta de divisas por el término de cinco años a partir del día de vigencia de la ley, que incluye las compras de tarjetas de débitos y créditos y la adquisición de pasajes salvo que el destino sea un pueblo fronterizo[2]
Asimismo, la reimplantación de los aportes previsionales patronales; el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias; el aumento de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales (riqueza)[3] y hasta su duplicación de estar situado en el extranjero; el aumento del 3 por mil al 6 por mil de la tasa del impuesto a los débitos y créditos bancarios; llevar al 3 por ciento la tasa del derecho de estadísticas de las importaciones; y restablecer los impuestos internos a bienes de lujo[4].
Por supuesto reafirma los derechos de exportación (retenciones) a las exportaciones hasta el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para la soja; hasta el 15% para el maíz, sorgo, trigo, girasol, etc.; hasta el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales y hasta el 8% de los hidrocarburos y minerales, convirtiendo todo en un porcentaje en lugar de una suma fija que queda desvirtuada por el ajuste del valor del dólar.
Inclusive, la potestad de que el Poder Ejecutivo arbitre “mecanismos de segmentación y estímulo» para mejorar la rentabilidad de los productores afectados por los derechos de exportación, reintegrando su pago en los casos que se trate de pequeñas producciones.
Haberes previsionales
Donde la Ley de Emergencia derrapa es en el tema previsional, cuando en la reunión referida de presentación del Proyecto en la Cámara de Diputados el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que de los casi siete millones de jubilados y pensionados actuales, cuatro millones perciben el haber mínimo y que unos 400.000 jubilados reciben el 20% del total de lo que abona la ANSeS.
Por ende, defendiendo la suspensión por el plazo de 180 días de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241 y su índice de movilidad previsional del 70% por IPC y del 30% por RIPTE[5] aprobada por ley modificatoria en diciembre de 2017, para que el Poder Ejecutivo y una comisión ad hoc de Diputados y Senadores pueda fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración.
La premisa es atender prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, con lo cual, de hecho, frenan el ajuste de los haberes y lo subordinan a la disponibilidad de recursos del Estado nacional.
En efecto, el gobierno encabezado por Alberto Fernández decidió otorga un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero para los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima (14.068 pesos, unos 235 dólares). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta 5.000 pesos superior a la mínima (esto es hasta 19.068 pesos, unos 317 dólares).
El bono será menor a 5.000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de 19.068 pesos por mes.
La declaración de la Emergencia por ley, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que al haber pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, se trata de evitar lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias.
Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados para reclamar el mismo ajuste.
Pero cuando el tema se debatió en el recinto, los Diputados acordaron excluir de ese artículo de la ley que suspende los ajustes de los haberes al Régimen especial para docentes, a la pensión graciable para ex presos políticos, a los beneficiado de la ley Brisa[6] y, al régimen jubilatorio específico para el personal que cumple tareas técnico científicas de investigación o desarrollo.
No quedó muy claro si también se excluía a los beneficiados de la ley 24.018 que son las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial[7], del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación; y Legisladores Nacionales.
Tampoco los de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Procurador General del Tesoro, Disposiciones comunes y transitorias que fuera sancionada en 1991.
Esto provocó que el día 20 se frenara el tratamiento de la media sanción en el Senado de la Nación que, se destrabó cuando por twitter el Presidente Alberto Fernández, anunció que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar las jubilaciones de privilegio. Obviamente se debe ver cómo es el Proyecto, pero es sin lugar a duda un avance cuando según la ANSeS se trata de 4.938 jubilados que perciben un haber promedio de 210.000 pesos por mes (unos 3.500 dólares) y un haber máximo que puede duplicar esa cifra.
Según el Informe de la ANSES, a mayo pasado, el haber medio era de 11,9 veces el haber medio de los jubilados del sistema general. Y de 17 veces el haber mínimo.
Si el total de jubilados y pensionados, que según la Ley 27.467 de Presupuesto 2019 suman 6.990.099 beneficiarios, quienes en conjunto percibieron haberes en el mes de octubre 2019 por un total de 156.853 millones de pesos, según informa la Secretaría de Hacienda de la Nación, por lo que la remuneración promedio mensual es en torno a los 22.500 pesos.-, pero, al decir del Ministro Moroni, 400.000 perciben 31.370,6 millones (a razón de 79.000 pesos por mes) de los cuales se debe excluir a su vez los 4.938 casos de la ley 24.018.
Por ende, lo que debería hacerse es dividir por monto del beneficio y ajustar a la mitad de los jubilados y pensionados que perciben la mínima con un ajuste incluso mayor que el de la formula de Cambiemos, ajustar por la fórmula a los que perciben menos de lo que a su vez el INDEC consideró que vale la canasta básica total para no caer en la pobreza de 37.596 pesos[8].
Y de esa manera se les mantiene el poder adquisitivo y, a los otros que llegan a ganar hasta 400.000 por mes (unos 6.700 dólares), también con una debida escala, suspenderles el ajuste y actualizarlos según los ingresos de la ANSeS, que, por otra parte, son reforzados por la misma ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
El tema clave de la deuda
No se puede tener un plan de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional 2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores.
La consistencia macroeconómica requiere que el esquema previsional, las tarifas, el gasto público, el esquema cambiario (incluyendo la recomposición lógica de la alícuota de retenciones) y el monetario se inserten en la nominalidad buscada en el acuerdo de precios y salarios.
Máxime que se debe tener en cuenta que en 2020 vencen “neteados” de la deuda intrasector público en torno a los 24 mil millones de dólares, mitad en dólares, mitad en pesos, por lo que se debe confluir en un dólar competitivo que garantice un superávit comercial sostenible en el tiempo y que se extremen las medidas de control ante la fuga
El ministro de economía, Martín Guzmán, lo señaló las dos veces que habló por televisión desde que asumió: busca una suspensión del pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer, empujar a la suba el gasto público en el año 2020, cobrar más impuestos, armar un plan de emergencia para los más necesitados, inyectar créditos subsidiados a las pymes, tasa de interés negativa contra la inflación y créditos no bancarios para las familias.
Pero hasta llegar a ese momento debe seguir pagando la deuda, de allí que por un lado en la ley de de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, prevé la colocación de una Letra intransferible del Tesoro de la Nación a 10 (diez) años de plazo por 4.571 millones de dólares que se amortiza íntegramente a su vencimiento y pagará una tasa igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período, y hasta un máximo de la tasa Libor anual menos un punto porcentual con intereses se cancelará semestralmente.
Por otra parte, consiguió el viernes 20 de diciembre de 2019 que el mercado local le prestara 18.846 millones de pesos- hasta el 22 de junio de 2020, cuando el 28 de agosto de 2019 el ex ministro macrista Lacunza había declarado desierta esa posibilidad.
Paralelamente, el Gobierno, mediante el Decreto 49/2019 de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes (letras en dólares) hasta el 31 de agosto del 2020. De esta manera, se difieren pagos por casi unos 9.000 millones de dólares. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores.
Advertimos que se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existiera del lado argentino la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan.
Por otra parte, se deben extremar las medidas de control cambiario, porque un impuesto del 30% encarece el tipo de cambio y es una tentación tanto para los exportadores (que subfacturan sus ventas oficiales para vender en negro o fugar) y para los importadores (que sobre facturan importaciones en blanco para quedarse con dólares comerciales), a lo que se suma la posibilidad cierta que parte de ese incremento del dólar por el gravamen del 30%, se traslade a precios.
La solución del tema deuda permitirá implementar la segunda etapa que es el Plan Económico, pero la carta fuerte del gobierno sigue siendo, de complicarse la renegociación, la de declarar el default y obligar de ese modo a los acreedores de todo tipo a aceptar la suspensión total de pago de capital e interés por un plazo prudencial.
El mismo Ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había estimado en dos años. El presidente Fernández le dijo al director del Cohete a la Luna que serían cuatro, toda la duración de su mandato.
(*) Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Universidad de Buenos Aires. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en elcohetealaluna.com
