EU y la OEA apuestan a desestabilizar la región, pero se encuentran con la resistencia popular

 

Aram Aharonian

Todo indica que en su plan de reelección, el presidente estadounidense Donald Trump, con el apoyo de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha desatado una ofensiva para la desestabilización de las naciones latinoamericanas y terminar no solo con gobiernos progresistas sino también con las organizaciones sociales que los sustentan.

El pasado 11 de septiembre 12 países miembros del belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaron la resolución según la cual “la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el Hemisferio”. Lo más desestabilizante parece ser la necesidad de EU de apoderarse de sus  riquezas energéticas y mineras y de robar sus recursos. Como las de Ecuador o de Bolivia.

La puesta en marcha del TIAR confirma el uso de los sectores civiles en los planes militares de Washington. La cosecha fue el paquetazo ecuatoriano, la poblada chilena, la puesta en marcha de un  golpe en Bolivia y el intento de un “cerco sanitario” a Venezuela.

Era evidente que el “paquetazo” ecuatoriano y el intento de golpe de estado en Bolivia iban a desembocar en fuertes tensiones sociales y disturbios. De allí el guión tan poco original de que la culpa la tiene Cuba y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Para la derecha, siempre la culpa es otros: nunca de sus planes de miseria y hambre para las grandes mayorías.

Pero quizá lo que no preveían los “guionistas” estadounidenses era la fuerza y resiliencia de la respuesta indígena y popular en Ecuador y la explosión chilena, luego del llamado de atención de las elecciones primarias argentinas el pasado 11 de agosto. Y, en Uruguay, aún no hallaron la fórmula para desalojar al frente Amplio del gobierno, tras 14 años de gestión.

Y tampoco tuvieron en cuenta que no todos los países están de acuerdo con las posiciones asumidas por el secretario general de la OEA Luis Almagro y tampoco con la misión de observación electoral (MOE) enviada a Bolivia. La representante permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños, dejó en claro que ninguna misión debe entrometerse en los comicios de un país y menos opinar cuando el mismo aún no concluye; su trabajo debe limitarse al asesoramiento técnico y no tratar de tomar decisiones vinculantes.

“El trabajo de la MOE es de naturaleza técnica y no vinculante. La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 23, brinda asesoramiento o asistencia, no dictamina elecciones”, prosiguió Baños, para quien el trabajo de las misiones debe ser neutral y no intervencionista.

Las reacciones surgieron luego de que el representante de Estados Unidos en la OEA exigió una segunda vuelta electoral en Bolivia, pese a que aún no se había terminado el conteo oficial de voto, mientras los delegado de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Canadá, hicieron de repetidores de la voz del amo y  hablaron de supuestos fraudes denunciados por el candidato perdedor, el derechista Carlos Mesa.

Casuales causalidades

Tres semanas después de la invocación al TIAR, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció su “paquetazo” económico, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, desatando un estallido social aún no resuelto. Al inicio de la segunda quincena de octubre, medidas anunciadas por el presidente chileno Sebastián Piñera desataron la protesta de los estudiantes secundarios, que pronto se tornó en estallido social, que aún persiste.

El 20 de octubre en Bolivia se realizaron las elecciones presidenciales, en las que el actual mandatario Evo Morales, lograra su reelección. La oposición de derecha desconoció los resultados y comenzó la desestabilización del país. Morales denunció que está en marcha un intento de golpe de Estado orquestado desde la derecha e hizo un llamado a los organismos internacionales a defender la democracia boliviana.

Bolivia, la OEA y el golpe

El miércoles, una masiva marcha en apoyo al presidente boliviano copó el centro de La Paz, mientras la oposición tuvo su protesta más fuerte en Santa Cruz de la Sierra, mientras continuaba el escrutinio definitivo que parece orientado a confirmar la victoria en primera vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS), evitando el ballotage.

Pero héte aquí que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA –sin vergüenza- pidió al gobierno que más allá del resultado que arroje la elección llame a segunda vuelta.

Hay claras diferencias en la naturaleza social de clase de los que en Bolivia alientan el golpe de Estado y  en las bases sociales que lideran las sociedades en rebeldía de Ecuador y Chile, pero el interés final es aterrorizar a la población argentina y uruguaya para que inclinen sus votos hacia los candidatos de derecha y no al Frente de Todos argentino o el Frente Amplio uruguayo.

La desestabilización e intento de golpe de Estado que la derecha vernácula, con el apoyo estadounidense y de la OEA, se está desarrollando en Bolivia a pocos días de la primera vuelta electoral en los dos países del Río de la Plata y trata de incidir en el miedo a situaciones similares que alimentan las derechas en ambas naciones.

No pueden sorprender, en este contexto, las declaraciones del estadounidense Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, donde exige a Bolivia “restaurar la credibilidad en el proceso de recuento de votos”, como si no hubiera sido cuidadosamente respetado. Es una forma de crear el imaginario colectivo de que hubo anomalías.

Luego que el canciller de Bolivia Diego Pary hiciera pública la carta a Almagro solicitando una completa auditoría de los resultados electorales, la oposición, alentada por Washington y la secretaría de la OEA, impide que se haga el conteo de los votos, quemando instituciones del estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo Electoral en los departamentos (provincias)  como Chuquisaca, Santa Cruz y Potosí.

El cinismo de la OEA

Es de un cinismo sin precedentes el comunicado de la secretaría General de la OEA, que señala que “las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”.

La comunicación hecha en nombre del conjunto de naciones del continente, afirma que la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente. “Sin embargo, lo que también han demostrado los hechos recientes es que la estrategia intencional y sistemática de las dos dictaduras para desestabilizar las democracias ya no es efectiva como en el pasado”, añade.

Y también aboga la posibilidad de intervenir (¿a tavés del TIAR?) para “proteger los principios democráticos y los derechos humanos, y de defenderlos donde éstos sean amenazados”, y “hacer frente a los factores de desestabilización organizados por la dictadura venezolana y cubana”.

Ecuador, roto el diálogo ¿qué viene?

La movilización del pueblo ecuatoriano fue más allá de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (COAIE) -algunos dirigentes quisieron apagarla-, mientras el gobierno de Moreno mostró su raíz xde clase, subordinada a los mandatos de Washington y del FMI.

Pero no solo el mandatario sale con plomo en el ala, sino también los cuadros de la derecha como Jaime Nebot, Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, Abdalá Bucaram y los “socialistas” de Carlos Ayala.

También el correísmo salió chamuscado y pagó el costo de su lógica caudillesca. Cuando era gobierno intentó cooptar al movimiento indígena; no intentó siquiera sustraerlo de la influencia de las ONGs socialdemócratas y las sectas religiosas extranjerizantes, sino que las arrinconó y no lo incorporó al proceso de cambios.

Aquellos que desde afuera trazaron los planes de Moreno, lograron por el momento impedir la conformación de un Frente amplio. Su meta era destruir al correísmo: encarcelaron a su principal dirigente, la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón y obligaron a la expresidenta de la Asamblea nacional, Gabriela Rivadeneira a pedir asilo en la embajada de México.

El miércoles 23, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, informó que la organización decidió suspender el diálogo con el Gobierno, que mantenían desde el 13 de octubre y que puso fin a duras protestas antigubernamentales. «Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo», dijo Vargas.

Vargas denunció que desde el gobierno, emprendieron una persecución contra los dirigentes de la CONAIE. «No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo», agregó. Vargas es uno de los perseguidos y se le abrió juicio por hablar en Macas sobre la formación de un ejército indígena.

Chile y los falsos positivos

Chile es un país donde la «primera dama» (léase esposa del presidente Piñera) teme a la invasión alienígena y pide a sus amigas burguesas reducir «privilegios».

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, anunció el pedido de la visita de una Misión de trabajo y observación de la Comisión Interamericana de DDHH y un observador de la Comisión de DDHH de la ONU, que dirige Michelle Bachelet.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) expresó su preocupación por denuncias hechas al Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre violencia sexual, desnudamientos forzados y torturas en el contexto de las detenciones de manifestantes. «Chile debe investigar y sancionar estos hechos con diligencia, así como la actuación policial y militar en las que se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», expresó la CIDH.

Primero fueron los golpes, las humillaciones y las amenazas, pero en las últimas horas las torturas y violaciones de mujeres en Chile se convirtieron en una realidad. El estado de excepción que implementó el gobierno de Sebastián Piñera trajo las prácticas de la dictadura, también respecto a las desapariciones. Muchas de las mujeres que han sido detenidas hasta el momento se encuentran desaparecidas, denunciaron organismos humanitarios.

Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante del personal masculino, manoseadas en sus genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal como surge de los testimonios recogidos por compañeras de detención.

Otras denuncias hablan de detenidos que fueron «crucificados» en Comisaría de Peñalolén y de torturas en la estación de Metro Baquedano en Santiago.

En una guerra, la primera víctima es siempre la verdad. Y también lo es en estas guerras de quinta generación, donde la información juega un papel importante sobre la percepción, los sentimientos de la ciudadanía. La lucha no solo se da en las calles sino también en las llamadas redes sociales y, sobre todo, en los medios hegemónicos de comunicación e información, nacionales y trasnacionales.

El miedo al pueblo ha puesto a temblar a la clase dominante, que teme a un pueblo harto de abusos, segregaciones,  humillaciones y desigualdad. La indignación acumulada por años se ha volcado a las calles y no da señales de retornar a la línea de resignación que era su refugio.

Hace más de 45 años que la opinión de los ciudadanos no ha sido escuchada, ni la sensibilidad de la clase política ha sido capaz de darse cuenta de las profundas inequidades existentes en el país, y la complicidad y corrupción de la clase política. Todo eso está hoy impugnado.

Se trata de una insurrección popular espontánea, pacífica, sin dirección ni programa, pero que ha incorporado a vastos sectores sociales. Es un malestar profundo que no solo tiene motivaciones económicas y que no disminuyó con el anuncio del aún presidente Sebastián Piñera de una agenda social, un ofertón de campaña electoral consensuada con los partidos del sistema.

En los últimos días se desató un verdadero festival de la demagogia –ofreciendo caridad y no justicia- desde el gobierno y el empresariado multimillonario en dólares, en un país donde 650 mil jóvenes, entre 18 y 29 años, no estudian ni trabajan; suman altas tasas de enfermedades mentales y suicidios entre ellos; miles de ancianos solos, abandonados, de los que nadie se preocupa, con tasas de suicidio cada vez mayores…

La violencia y la soledad en Chile son una pandemia, denunciaba desde la sureña Concepción el obispo Fernando Chomalí.

Mucha información sobre lo que acontece en Chile ha llegado a los chilenos y al mundo por redes sociales. La diferencia mayor que hay con levantamientos anteriores es que ahora todos cargan celulares y graban los acontecimientos. Es la realidad real, dicen.

Pero muchos de esos videos salen de los laboratorios de los servicios de inteligencia, para imponer un imaginario colectivo de anarquía, protesta desmadrada. Una realidad virtual que permita una mayor y mejor represión.

Hay mucha información que no cierra. Mucha des-información alentada por la televisión y los medios hegemónicos, que cubrieron  la poblada de la Alameda santiagueña, donde no había policía ni  fuerzas armadas, que llegaron luego a reprimir. La idea de los laboratorios mediáticos es crear el imaginario de que está todo sobrepasado, para que sea la clase media, la gente, la que pida mayor represión.

Videos difundidos por redes sociales muestran que carabineros son causantes de incendios y saqueos, que disparan contra jóvenes desarmados y a cara descubierta, que hoy son identificados por los programas de reconocimiento facial de la seguridad del estado.

No hay que subestimar a esta derecha que se ha mantenido en el poder por 46 años, que cuenta con servicios de inteligencia bien asesorados por expertos estadounidenses e israelíes. Una de las estrategias del poder es poner a la gente contra la gente para poder validar las acciones programadas, una represión mayor, alertan organizaciones sociales.

Desde los medios hegemónicos lanzan la información de que están saqueando casas, y es cierto. Y las fuerzas policiales los dejan actuar, en zonas de clase media y alta, para que luego la gente, a gritos, pida más militares en la calle, más seguridad. Es crear el imaginario colectivo de la necesidad de mayor presencia policial y militar para retomar el poder, sin que se tenga a un amplio espectro de la población cuestionando las medidas.

Es necesario permanecer atentos. El presidente estadounidense es capaz de cualquier desmán o tropelía para apuntalar su cada vez más difícil reelección, con su cabeza pendiente de un juicio político.