En Perú volvió resonar el “Que se vayan todos”
Mariana Álvarez Orellana
El jueves 5 de setiembre las peruanas y peruanos de a pie, cumplieron su compromiso: cansados de parlamentarios corruptos y dóciles a los intereses de los poderosos, por los que no se sienten representados, salieron a las calles para exigir que cierren el Congreso, se adelanten elecciones y…¡que se vayan todos!.
En el Congreso, de los 130 que ocupan una curul, hay una mayoría aplastante, respaldada por «bancadas satélites» que han hecho del Legislativo su trinchera sobre la base de la impunidad y el desprecio a los electores, para proteger sus negociados con la inmunidad-impunidad, impedir la lucha contra la corrupción y bombardear las reformas constitucionales y políticas imprescindibles para democratizar el país.
En sus declaraciones mediáticas los parlamentarios confrontan permanentemente al Ejecutivo, desprestigian el pedido de la gente, calificando de capricho el deseo popular por hacer que se vayan de una vez, respaldados por sus sicarios virtuales, porque saben que si no se hace una reforma política, seguirán teniendo los votos amarrados. Por eso el “que se vayan todos”, el “cerrar el Congreso ya” de los peruanos y peruanas de a pie.
La confrontación Ejecutivo-legislativo y el posible adelanto en un año de las elecciones o la renuncia del presidente Martín Vizcarra, pareciera ser una cortina de humo que esconde la posibilidad de imponer un gobierno que dependa directamente de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP),
Ante el clamor popular para que se cierre el Congreso y se supere la confrontación política y la crisis, el Presidente Martin Vizcarra propuso a finales de julio adelantar las elecciones generales al 2020, lo que implica recortar el mandato, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, en un año.
La iniciativa de adelanto electoral tiene el 70 por ciento de apoyo de la ciudadanía y cuenta con el respaldo de diferentes bancadas del Congreso, pero no la del fujimorismo y el aprismo, mayoritarias aún. La comisión parlamentaria que deberá discutir el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones mantiene su actitud obstruccionista y no descarta el escenario de vacancia presidencial para obligar a la definición de un nuevo escenario político.
Parlamentarios y el poder fáctico quieren torcerle el brazo a un presidente que no se atreve tampoco a tomar medidas drásticas, como cerrar el Congreso, quizá por temor a que lo tilden de dictador. La propuesta de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones solo podrá ser aprobada con la suficiente presión popular, pero los fujimoristas y apristas son expertos en hacer tiempo y tirar la pelota afuera.
El plan del empresariado
En este juego político se habla de una salida negociada, que dejaría en el primer plano a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, alejada del presidente Vizcarra, pero que cuenta con el apoyo de los grandes poderes económicos y mediáticos. Una renuncia de Vizcarra haría posible la asunción presidencial de Aráoz y la postergación de cualquier reforma política.
Mercedes Aráoz, es la segunda vicepresidenta, amiga del depuesto presidente Pedro Pablo Kuczinsky y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder en las elecciones de 2016.
El nuevo triángulo de poder elitista tendría a Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso fujinmorista-aprista, presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón, líder del grupo Tacama, con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza, del principal grupo minero nacional-extranjero del país, el Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde.
Los grupos económicos han quedado resentidos por la forma en que Vizcarra le ha sacado el cuerpo al conflicto de las comunidades aymaras con el proyecto minero Tía María de la empresa estadounidense Southern Copper, ya que le exigían al presidente una salida represiva presentada como “defensa del Estado de derecho”, como en Las Bambas.
La CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, han vuelto sus cabezas para buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones, señala el analista Francisco Durand.
Añade que de ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa.
En paralelo, la prensa hegemónica daría su apoyo poniendo énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.
El gran empresariado está preocupado por el ruido político y las investigaciones judiciales que tocan no solo al llamado Club de la Construcción, beneficiario de obras y sobornos, a varios estudios de abogados de asesoría corporativa y a tecnócratas y políticos que aprobaron los proyectos, incluyendo al propio expresidente Kuczinsky, cuya especial detención domiciliaria podría ser levantada.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
