Cúcuta, una ciudad fronteriza caliente, desempleada y hambrienta
Camilo Rengifo Marín|
El alcalde cucuteño César Rojas aseguró que cierre de frontera está agravando la crisis social existente en la ciudad y pidió al gobierno del ultraconservador Iván Duque repartir parte de la “ayuda humanitaria” que estaba destinada para Venezuela “para apalear la grave crisis de pobreza que viven nuestros barrios más humildes”.
A un periodista del diario conservador El Tiempo le señaló que “Nosotros como colombianos también necesitamos otro tipo de ayudas, como fomentar el empleo y derrotar la informalidad (contrabando), tras señalar que hay una problemática interna en Venezuela generada por los sectores económicos opuestos al gobierno, donde los ojos del mundo están puestos allí; pero también el gobierno central debe mirar la problemática interna de los colombianos.
Ya el fin de semana anterior, el excandidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro, había señalado que detrás de toda esta labor de llevar alimentos y medicinas a los venezolanos más pobres, lo que hay es un propósito de invadir a ese país para apoderarse de los recursos naturales, y puso en duda que hubieran sido los hombres de Maduro los que incendiaron los vehículos en los que era transportada la suhpuesta ayuda humanitaria.
Petro preguntó por qué los vehículos incendiados estaban en espacio colombiano cuidados por la gente del autroproclamado presidente Juan Guaidó y acusó al presidente Iván Duque de provocar una situación de facto de guerra con Venezuela. “Si la invasión se desencadena ya nuestros países no volverán a ser lo que han sido y nuestra vida cotidiana cambiará irreversiblemente”, dijo tras afirmar que el tránsito de los camiones contaba con apoyo de «jefes de las bandas contrabandistas de gasolina y droga».
Rojas señaló que el cierre de la frontera tiene un efecto negativo, porque los gremios, la comunidad y los comerciantes empiezan a verse afectados. “Eran 30.000 o 35.000 venezolanos que venían a comprar a Cúcuta. Con esa medida se registra una disminución en las ventas y en los ingresos”.
Cúcuta es una típica ciudad de frontera, con familias divididas entre dos países, acostumbradas a pasar libremente a uno y otro lado del puente internacional Simón Bolívar, abastecerse donde sea posible y más barato. Muchos de los pobladores tienen doble nacionalidad e incluso muchos colombo-venezolanos durante años se vieron beneficiados por los planes de salud y alimentación popular de los venezolanos.
Pero también es parte de una extensa franja fronteriza de más de 2.200 kilómetros, donde trabajadores zafreros, contrabandistas, paramilitares y grupos irregulares cruzan y dominan las trochas, a través de ríos y bosques
“Nosotros también tenemos muchas dificultades de pobreza extrema. No hay alternativas, ni proyectos que el Gobierno apoye y apalanque para mitigar la problemática de la informalidad (contrabando) y la pobreza. Nuestras casas de cambio que generan muchos ingresos gracias a los venezolanos, se encuentran prácticamente cerradas en un 95%”, agregó el alcalde.
“Mire lo que pasó en 2018, cuando a través la Cruz Roja Italiana se repartieron donativos, se formaron unos desórdenes en la ciudad de Cúcuta, porque los cucuteños reclamaban esta asistencia. Si se va a repartir eso, se tiene que repartir en toda la comunidad, no solamente a la venezolana, sino también a los cucuteños que estamos padeciendo la falta de oportunidades en la ciudad”, afirmó el burgomaestre..
Para Rojas, “Cúcuta sin los venezolanos, no es Cúcuta”. A partir de noviembre se dio el repunte en la economía de Cúcuta, porque ingresaban muchísimos venezolanos, que venían con un poder de compra para adquirir productos en los almacenes, electrodomésticos y elementos para la época de fin de año. Hoy no hay “turistas” y las medidas tomadas por la Migración colombiana ahuyenta a la gente.
“Esta medida no ayuda a nadie, porque estimularía el paso por las trochas, donde hay presencia de grupos irregulares, que suelen cobrar por cruzar por allí. Las personas de bien no se van a someter por esos pasos irregulares”, dijo Rojas, quien solicitó la apertura de la frontera para que unos 1.600 opositores venezolanos “ varados” tras el concierto Aid Venezuela y el frustrado intento de ingresar camiones con supuesta “ayuda humanitaria” del fin de semana anterior.
“Ellos (un grupo de encapuchados autodenominado La Resistencia, algunos de los cuales fueron acusados de violación de mujeres colombianas) ya se han convertido en un problema de salud y de seguridad para la municipalidad. La oposición venezolana es muy irresponsable al traerlos para el concierto y luego dejarlos tirados y abandonados aquí”, añadió.
“Yo creo que del lado colombiano de la frontera no puede haber encapuchados. Ellos dicen ser una resistencia, pero son una minoría de jóvenes que no van a conseguir absolutamente nada. Y las autoridades militares colombianas no pueden ser consecuentes con ellos y tienen que emprender acciones y reprimir estas agresiones contra la guardia venezolana (…) Esto solo busca alterar la armonía en el entorno de la ciudad de Cúcuta. Como Alcalde le pido a Guaidó y su combo que recojan a sus encapuchados y los regresen a donde los consiguieron”, añadió
Rojas recordó que la Policía colombiana tiene la orden impartida desde el Ministerio de Defensa 8” El Ejército ha sido muy respetuoso, está en retaguardia y no en los puentes, para evitar incidentes que podría desatar un conflicto,”), de estar en esos puentes sin armas, pero si un encapuchado agrede a un policía colombiano, eso puede desencadenar en una provocación que no es conveniente para nadie, y menos para Cúcuta.
“ No acepto que de los más de 1.600 venezolanos varados aquí en Cúcuta, 30 o 40 de ellos se quedaron debajo de los puentes para seguir lanzando piedras contra la Guardia venezolana. Los barrios se ven afectados y la gente no se siente segura, porque no sabe qué reacción pueda tomar la Guardia contra este reducto de personas”, enfatizó..
“Yo nunca he estado de acuerdo (con el operativos de ´ayuda humanitaria´) porque debemos atender primero la casa. Aquí estuvo el presidente Duque y nunca lo acompañé, porque no comparto estas acciones (…) Deja males para la ciudad de Cúcuta y no nos deja nada bueno. Aquí hay que sopesar las dificultades que nos dejen a la cucuteños, porque a quienes viven en el centro de país, esto no les afecta en nada, dijo.
Añadio que “Ellos (Nicolás Maduro y la oposición) deben solucionar sus problemas entre ellos, pero que Duque nos involucre a nosotros los colombianos es un gran error. Como mandatario me veo afectado por la falta de seguridad y la falta de políticas claras hacia las dificultades de Cúcuta y sus fronteras.
La realidad de Cúcuta
Con una tasa de desempleo que no baja del 14% desde 2009 y con casi un 70% de empleo informal (el promedio nacional es de 48%), según cifras oficiales, la economía del departamento empezó a depender única y exclusivamente de la situación de Venezuela. Uno de cada cinco niños padece de desnutrición severa, lo que puede llevar a un retraso del crecimiento y aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
Con la crisis económica venezolana, inducida por el sistemático sabotaje, bloqueo y boicot empresarial (además de la la falta de soluciones por parte del gobierno de Maduro), miles de venezolanos cruzaron la frontera. La cadena Caracol atribuyó el crecimiento del desempleo a la migración venezolana y no al problema estructural que esa ciudad vive a causa del contrabando desde Venezuela, la precariedad vial, y los ensayos neoliberales de Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque desde hace décadas.
El temor mayor de la población cucuteña es la posibilidad de una guerra entre vecinos. Cúcuta es “una ciudad donde imponer el caos al país vecino es la razón de ser de la economía, es el modelo que vende la élite oligárquica colombiana, es allí donde han aterrizado líderes del Grupo de Lima para activar sus baterías mediáticas de cerco y desprestigio contra Venezuela”, dice el analista venezolano Eder Peña.
Ostenta una de las cifras de exclusión más graves de Colombia con el rol de base operativa de una guerra continuada y multiforme contra un proceso que busca inclusión como el venezolano, en una concurrencia impuesta por la oligarquía más cruel de América Latina, que lucró con seis décadas de guerra interna y el financiamiento estadounidense de una supuesta guerra al narcotráfico, que sólo favoreció a los traficantes y garantizó el abastcimiento de coc a EEUU..
Tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos, han tenido la oportunidad de integrar a Cúcuta al resto del país y han preferido convertirla en un campo de experimentación de guerra y crudo neoliberalismo.
Se ha convertido en la frontera de los intentos de desestabilización de su cecino del norte, sede habitual de la deformación cambiaria para destruir el bolívar (data de la presidencia del conservador Andrés Pastrana, en 2000) y lavar el dinero del narcotráfico, el contrabando de extracción y de efectivo, así como el tráfico de gasolina y alimentos son lo usual y cotidiano.
Algunos analistas sugieren que el contrabando y el fraude cambiario movilizan más de 10 veces los dólares que el intercambio legal: domina circuitos de producción, distribución, consumo, rutas de extracción marítima, terrestre e incluso aérea creando una asimetría que se comporta como un vórtice que devora todo producto manufacturado o importado por Venezuela y lo pone fuera de sus fronteras mediante redes multiformes, señala Peña.
Norte de Santander es uno de los departamentos con alta tasa de asesinatos de líderes sociales, donde se registraron unas tres decenas de muertes violentas de activistas comunitarios en el último año.
Una prensa guerrerista
Tras el fracaso de la Operación Cúcuta, los servicios de inteligencia estadounidense y colombiano se reactivaron en sus ataques al gobierno constitucional venezolano. La revista Semana reveló “un informe” que reflejaba la preocupación de las agencias de inteligencia colombianas sobre la entrada de espías y agentes encubiertos enviados por el “régimen” de Maduro, bajo la fachada de ser parte del grupo de desertores. Este caso de la mujer policía es la primera confirmación de esa situación.
“Bajo la cubierta de ser desertores, que buscaron refugio, puedan desarrollar actividades de recolección de información estratégica de Colombia para los servicios y Fuerzas Armadas venezolanas”, señala revista y portal..
Migración Colombia determinó el jueves 1 de marzo la expulsión a su país de una policía venezolana, a quien identificó como Pau Pau, que había llegado como desertora, junto a otros 566 exmilitares y policías (información oficial colombiana).
“En un trabajo coordinado con el Ejército Nacional, se evidenció una serie de inconsistencias en las declaraciones por parte de la extranjera, quien manifestaba estar huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro». Esto hizo sospechar que su verdadero interés podría ser otro, incluso, inteligencia sobre sus compañeros que han huido de Venezuela.
El Espectador sigue con la desinformación de la inteligencia colombiana, tan propensa a mostrar “falsos positivos” y señala que habitantes de Ureña, San Antonio y otras ciudades fronterizas venezolanas “despertaron con un hecho preocupante: las paredes de los hogares de líderes comunitarios que están en contra del régimen venezolano fueron señaladas con un círculo al que lo atraviesa una línea en pintura roja”.
En otro “informe” advierte que una opción militar terminaría provocando un efecto no esperado en la zona centro y sur de Venezuela, área estratégica por su importancia minera y su cercanía con países como Colombia, Brasil y Guyana, debido a la presencia de distintos “grupos ilegales” (entre ellos apunta al Ejército de Liberación Nacional colombiano) dispuestos a defender Maduro y su gobierno.
El informe, “Gold and Grief in Venezuela’s Violent South” (Oro y dolor en el violento sur de Venezuela).es de una ONG estadounidense (International Crisis Group) del magnate George Soros, por demás interesado en el oro venezolano.
El Tiempo señala, asimismo, que para permitir el cruce por las trochas sobre el fronterizo Río Táchira, los extranjeros deben pactar la ruta con un coyote o trochero, en las poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña, y pagar una suma de entre 15.000 y 35.000 pesos colombianos, casi un salario mínimo en Venezuela.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
