El macrismo y el poder fáctico también manejan la Corte Suprema/ O macrismo e o poder fático agora também controlam a Corte Suprema
Rubén Armendáriz
Ricardo Lorenzetti fue desplazado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia después de un largo ejercicio del poder caracterizado por la impronta política y el manejo de los tiempos para sacar los fallos y reemplazado por Carlos Rozenkrantz, un abogado de grupos empresarios y del oligopolio mediático Clarín.
También dentro de la Corte se van dirimiendo las disputas de poder del macrismo. El máximo tribunal parece virar hacia otro orden y se teme que el próximo golpe de efecto será la expedición sobre la detención de Milagro Sala, dirigente política, social e indígena, líder de la Organización Túpac Amaru, ex diputada provincial, diputada al Parlamento del Mercosur, presa política desde enero de 2016 por orden del gobierno.
Rozenkrantz está excusado de intervenir en múltiples expedientes por su actividad en el pasado como abogado. Tiene un perfil ultraconservador. Lorenzetti fue víctima de un golpe palaciego que él mismo contribuyó a crear. Su salida se venía discutiendo desde hacía meses y los tiempos se precipitaron porque en diciembre vencía su mandato.
Manifestó su decisión de continuar, pero Rosatti y Rozenkrantz le dijeron “no”, lo que él consideró una traición, tras un largo acuerdo que demoró cuatro horas, pese a que la.elección no estaba en la agenda de temas de la reunión semanal de este martes.
Los medios señalan que la Acordada que designó a Rozenkrantz parecía estar redactada desde antes. La mayoría que ungió a Rozenkrantz es la misma que suscribió el “fallo Muiña”, que concedió el beneficio del dos por uno a los represores y genocidas de la dictadura cívico-militar.
El fallo de la Corte que decidió aplicar la ley 24.390, conocida como del 2×1, a los genocidas marca un cambio en la lógica del nuevo poder en el máximo tribunal. Luego de años de hegemonía de Lorenzetti como presidente de la magistratura, su lugar fue duramente cuestionado por actores políticos como la dirigente macrista Elisa Carrió y otros influyentes en el gobierno de Mauricio Macri, reflejando una disputa de poder.
“Lilita” Carrió celebró la renuncia de Lorenzetti a la presidencia de la Corte, con quien mantenía un largo enfrentamiento. “Gracias a Dios por lo que ocurrió, se acabó la impunidad y la extorsión”, manifestó y señaló que ella había trabajado para que eso sucediera. Déjenme gozar hoy, es un milagro. Yo no sé si el Presidente trabajó para esto, pero yo sí”, destacó.
Desde el entorno de Macri habían leído el fallo de la Corte sobre la coparticipación a fines de 2015 como un claro mensaje al nuevo gobierno, en una votación liderada por Lorenzetti y acompañada por Fayt y Maqueda, donde se declaraba inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la administración nacional le retenía a las provincias para financiar a la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El fallo también obligaba a la Nación a pagar a las provincias beneficiadas la suma de las cantidades retraídas desde 2006, sumado a los intereses, lo que condicionaba al nuevo gobierno a sentarse a negociar con todos los gobernadores, que se sumarían a los reclamos teniendo el visto bueno de la justicia.
Representante del poder fáctico
Rosenkrantz, un abogado de 59 años, asumió como Ministro de la Corte el 22 de agosto de 2016. Antes fue rector de la elitista Universidad de San Andrés.Fue promovido junto a Horacio Rossatti para integrar el Supremo Tribunal por el propio presidente Macri, que intentó nombrarlos por decreto, pero que ante el escándalo que esto generó tuvo que pasar sus pliegos por el Senado
Su estudio jurídico representa a importantes empresas y entidades como el Grupo Clarín, YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE, entre otras. Presume dentro de la Corte las mayores referencias académicas internacionales: un magíster y doctorado en la Universidad de Yale y fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses).
En la defensa de sus pliegos ante el Senado, el juez aseguraba “que es un momento muy particular en la historia jurídica argentina, en el que el pasado es pasado y hay que pensar en el futuro, y eso exige quizás distintas visiones o insumos”. Así explicaba sus concepciones sobre la historia argentina. Y completaba su discurso diciendo: “Yo creo que puedo aportar algunos (no todos) de esos insumos. No creo en los súperjueces”, en clara referencia a Lorenzetti.
El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo del año pasado por Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco. Los otros dos miembros votaron en disidencia. El nuevo presidente de la Corte, insiste con su postura “revisionista” en materia de derechos humanos, y con su firma confirmó en ese momento la reducción de condena para el torturador Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en 1976.
Muiña participó en uno de los casos más brutales de antisemitismo y tortura con empalamiento. Pese a los hechos probados, Rosenkrantz, buscó modificar la jurisprudencia sobre derechos humanos y el terrorismo de Estado apenas asumió.
Su designación como miembro de la Corte fué rechazada por decenas de organismos de derechos humanos, víctimas y familiares de la dictadura genocida. A comienzos de 2017, la Corte Suprema con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías, respecto a los crímenes de lesa humanidad, se debe tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en estos delitos y cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, “los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’, algo que no requiere necesariamente de penas”, arguyó.
De acuerdo a una investigación periodística del programa ADN, Rosenkrantz avaló la venta de activos de una empresa que debía más de 20 millones. La maniobra la dejó insolvente y le impidió cobrar a los empleados que se quedaron sin trabajo y a la Administración Federal de Recursos Públicos.
Tras el embargo, la empresa y la multinacional que era asesorada por Rosenkrantz vendieron fraudulentamente todos los bienes. Para eludir la ley, utilizaron un acta de directorio y una fecha de asamblea falsa ya que uno de los socios no se encontraba en el país. El representante legal de la contraparte era Rosenkrantz.
El próximo presidente de la Corte opina que los derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales, que “carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad”.
La tensión de Lorenzetti con Elena Highton, la única mujer dentro de la Corte, escaló a un punto sin retorno con la resolución del expediente “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional», en el que se discutió la validez de una cláusula de la Constitución incorporada en 1994 por la cual los magistrados deben jubilarse después de los 75 años. A través de un amparo la magistrada logró su permanencia, lo que no fue apelado por el Poder Ejecutivo. Eso la dejó como deudora del poder.
En medio de un ajuste, recesión, grave crisis económica y social, el gobierno de Macri ajusta los tuercas del poder judicial para poder avanzar en las reformas laboral y previsional y el “disciplinamiento” de los sindicatos y movimientos sociales.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
VERSIÓN EN PORTUGUÉS
O macrismo e o poder fático agora também controlam a Corte Suprema
Por Rubén Armendáriz
O juiz Ricardo Lorenzetti foi substituído na presidência da Corte Suprema de Justiça da Argentina, depois de um longo período no poder – caracterizado pela atuação política e pelo manejo dos tempos para a publicação das decisões –, e em seu lugar assumirá Carlos Rosenkrantz, conhecido por seu papel de advogado de grupos empresariais como o oligopólio midiático Clarín.
Assim, a Corte passa a ser mais um espaço onde vão sendo dirimidas as disputas de poder do macrismo. O máximo tribunal parece tomar um novo rumo, e há o temor de que o próximo golpe de efeito seja uma nova sentença sobre o caso da líder indígena Milagro Sala, fundadora da Organização Tupac Amaru, ex-deputada provincial, deputada do Parlamento do Mercosul e presa política desde janeiro de 2016 por ordem do governo de Maurício Macri.
Rosenkrantz está impedido de intervir em muitos expedientes, por sua atividade no passado como advogado. Tem um perfil ultraconservador. O próprio Lorenzetti foi vítima de um golpe palaciano que seu substituto ajudou a gerar – sua saída vinha sendo discutida há meses e os tempos se adiantaram, porque seu mandato vence em dezembro, embora ele tenha manifestado sua intenção de continuar, o que foi negado por Rosenkrantz e Horacio Rosatti, numa atitude que ele considerou uma traição, mas aceitou após um acordo.
Os meios de comunicação afirmam que o documento do acordo que oficializa a designação de Rosenkrantz dá a impressão de ter sido escrito há algum tempo. A maioria dos magistrados que apoiou Rosenkrantz é a mesma que conformou a sentença do Caso Muiña, concedendo benefício de anistias (total ou parcialmente) às penas de um grupo de repressores e genocidas da ditadura cívico-militar. A decisão da Corte no caso foi a de aplicar a chamada Lei 24390, conhecida como “Lei Dois por Um”, marcando uma mudança na lógica do máximo tribunal.
Os anos de hegemonia de Lorenzetti como presidente foram marcados por duros questionamentos dos setores políticos de direita e de figuras governistas, como a dirigente macrista Elisa Carrió e outros influentes no governo de Mauricio Macri, refletindo uma disputa de poder no Judiciário argentino. Carrió inclusive celebrou a renúncia de Lorenzetti, com quem mantinha um enfrentamento aberto: “graças a Deus pelo que ocorreu (a renúncia), acabou-se a impunidade e a extorsão”, manifestou a deputada, afirmando que ela mesma havia trabalhado para que isso acontecesse. “Deixem-me aproveitar hoje, porque isso é um milagre. Não sei se o presidente trabalhou para isto, mas eu sim”, destacou.
Nos setores mais próximos a Macri, a decisão da Corte sobre a coparticipação da administração federal (junto com as províncias) para financiar a ANSES (Administração Nacional de Seguridade Social), publicada no final de 2015, dias depois da pose do presidente, foi vista como uma mensagem ao governo recém chegado. Aquela votação foi liderada por Lorenzetti e acompanhada por Carlos Fayt e Juan Maqueda, e declarava inconstitucional o abatimento de 15% da massa de impostos que mantém a ANSES.
A decisão também obrigava o governo federal a pagar às províncias beneficiadas os valores arrecadados desde 2006, incluindo juros, o que condicionava o novo governo a se sentar para negociar com todos os governadores, que aproveitaram o aval da Justiça para incluir outros pedidos.
Representante do poder fático
Rosenkrantz, é um advogado de 59 anos. Assumiu como Ministro da Corte Suprema no dia 22 de agosto de 2016. Antes, exerceu como reitor da elitista Universidade de San Andrés. Foi conduzido ao órgão máximo da Justiça argentina pelo próprio presidente Macri, junto com Horacio Rosatti, em uma medida que causou polêmica, por se tratar de uma tentativa de nomear ministros por decreto, sem passar pela tradicional sabatina no Senado – após o escândalo, o presidente voltou atrás e os indicou através das vias regulares.
Seu escritório jurídico representa algumas das empresas mais importantes do país, como o Grupo Clarín, YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE, entre outras. Dentro da Corte, o ministro Rosenkrantz é um dos que ostenta as maiores referências acadêmicas internacionais: um magister e um doutorado na Universidade de Yale, além de ter sido professor na Universidade de Nova York, na Escola de Leis de Richmond e na Universidade de Denver – todas nos Estados Unidos.
Durante a sabatina no Senado, o juiz explicou que “este é um momento muito particular na história jurídica argentina, no qual o passado é passado e é preciso pensar no futuro, e isso exige talvez diferentes visões ou conteúdos”. Esse pensamento foi usado ao apresentar seus conceitos sobre a história argentina. Completou seu discurso dizendo: “talvez eu possa contribuir com alguns (mas não todos) esses conteúdos. Não creio nos super juízes”, em clara referência a Lorenzetti.
A decisão de aplicar a Lei Dois Por Um no Caso Muiña foi alcançada no dia 3 de maio de 2017, com os votos de Rosenkrantz, Rosatti e Elena Highton. Os outros dois membros votaram em dissidência. O novo presidente da Corte insiste com sua postura “revisionista” em matéria de direitos humanos, e seu voto foi o que confirmou a redução da pena para o torturador Luis Muiña, membro de um comando que operou no Hospital Posadas de Haedo, em 1976.
Muiña participou em um dos casos mais brutais de antissemitismo e tortura, usando técnicas de empalação. Apesar dos fatos serem comprovados, Rosenkrantz impôs sua leitura, que foi trabalhada desde que assumiu como ministro, tentando modificar a jurisprudência sobre os direitos humanos e o terrorismo de Estado.
Sua designação como membro da Corte foi repudiada por dezenas de organismos de direitos humanos, vítimas e familiares de vítimas da ditadura genocida. No começo de 2017, a Corte Suprema já moldada por Macri, encabeçada por seus dois novos integrantes, colocou em dúvida a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A respeito dos crimes de lesa humanidade, Rosenkrantz e seu atual secretário, José Elías, devem ter cuidado, se pretendem contrariar as tendências observadas nas sentenças internacionais sobre essa matéria e ao mesmo tempo lidar com o repúdio que costuma haver com respeito às anistias. “Certas anistias podem ser legítimas, os Estados não têm uma obrigação de acusar penalmente e sancionar esses crimes, apenas a de `responsabilizar´ por algo que não necessariamente requer uma pena”, argumentou.
De acordo com uma investigação jornalística do programa ADN, Rosenkrantz deu aval à venta de ativos de uma empresa que devia mais de 20 milhões de dólares. A manobra a deixou em quebra e impossibilitou os empregados de cobrar os salários atrasado e as contribuições à Administração Federal de Recursos Públicos.
Após o embargo dos bens, a empresa e a multinacional que era assessorada por Rosenkrantz venderam fraudulentamente todos o patrimônio. Para eludir a lei, utilizaram uma ata de diretório falsificando a data de assembleia, já que um dos sócios não se encontrava no país. O representante legal da contraparte era Rosenkrantz.
O próximo presidente da Corte Suprema opina que os direitos econômicos e sociais como saúde, moradia e educação não são passíveis de serem exigidos nos tribunais, que “carecem do equipamento institucional necessário para tratar de problemas de tão longo alcance e tanta dimensão, como o problema da pobreza numa sociedade”.
A tensão entre Ricardo Lorenzetti e Elena Highton, a única mulher dentro da Corte, chegou a um ponto sem volta com a resolução do Caso Schiffrin, no qual se discutiu a validez de uma cláusula da Constituição incorporada em 1994 pela qual os magistrados devem se aposentar ao completar 75 anos. Através de um recurso de amparo, a magistrada conseguiu sua permanência, o que não foi apelado pelo Poder Executivo. O episódio a deixou em dívida com o governo.
Em meio a um ajuste fiscal fortíssimo, com recessão e grave crise econômica e social incluídas, o governo de Macri ajusta os parafusos do Poder Judiciário para poder avançar com as reformas trabalhista e previdenciária, o “disciplinamento” dos sindicatos e dos movimentos sociais.
Rubén Armendáriz é jornalista e cientista político uruguaio, analista do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
