La revuelta de la juventud francesa consiguió unir fuerzas con los trabajadores

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Romaric Godin

El movimiento juvenil surgió a mediados de septiembre y en Francia no se había visto nada igual desde Mayo de 1968. Comenzó con peticiones concretas de estudiantes en liceos de ultramar para después extenderse hasta los suburbios donde acucia la escasez de recursos en el sistema educativo nacional, y ya se ha propagado por todo el país y sus universidades.

A partir del 17 de octubre, la ciudadanía, preocupada por la nueva subida de los precios de la energía y el estancamiento de los salarios, también empezó a sumarse al movimiento. El 5 de noviembre los sindicatos convocaron un día de huelga y manifestaciones por toda Francia. Más de un millón y medio de personas han marchado por las calles de Francia, de las que al menos 350 000 lo hicieron por París, según el sindicato CGT. A pesar de la violenta represión policial y las amenazas de las autoridades, el movimiento de convergencia entre la juventud y los trabajadores ha sido arrollador.La protesta estudiantil sacude Francia con el bloqueo de medio centenar ...

Desde el primer momento, el gobierno liderado por Sébastien Lecornu (quien no cuenta con ninguna mayoría en el Parlamento y cuya propuesta de presupuesto fue rechazada de forma unánime por todos los diputados presentes el 4 de noviembre) optó por recurrir a la violencia. Las fuerzas del orden recibieron la orden de despejar los bloqueos en los liceos, reprimir las manifestaciones y detener indiscriminadamente a quienes protestaban.

Antes incluso del 17 de octubre, una fecha que quedó marcada por la violencia y los saqueos, más de 6800 jóvenes ya habían sido detenidos. En apenas un mes, esta cifra supera el número total de personas detenidas durante el movimiento de los «chalecos amarillos» de 2018-2019, que abarcó varios meses.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, asumió la responsabilidad de la violencia de la represión y aseguró «no haber dado ninguna orden de moderación» a los oficiales de policía ni a los gendarmes en cuanto al trato hacia los manifestantes. Las consecuencias no se hicieron esperar: una granada aturdidora utilizada por la policía le arrancó la mano a un joven. Al menos otros 200 jóvenes resultaron heridos.

En las manifestaciones, las pancartas escritas por los jóvenes pasan por una revisión previa y algunas son confiscadas por la policía, lo cual vulnera la libertad de expresión.

Pero aún hay más. A partir de ahora, el Gobierno impugna abiertamente el derecho a manifestarse, uno de los pilares del Estado de derecho. El 22 de octubre Emmanuel Macron proclamó una nueva doctrina, contraria al espíritu de la Constitución: las manifestaciones quedarán «prohibidas» por principio, salvo que las organicen los sindicatos, que son los únicos que cuentan con la «legitimidad» requerida para organizarlas.

Sin embargo, en Francia, al igual que en el resto de Europa, el derecho a manifestarse no está supeditado a una autorización previa de las autoridades, ni a ningún tipo de legitimidad, sino que cualquiera puede ejercerlo mediante una simple declaración. Por el contrario, son las autoridades las que deben demostrar que la manifestación entraña el riesgo de alterar gravemente el orden público y que eso justifica su prohibición, en cuyo caso la manifestación puede convocarse en otro lugar, a elección de los organizadores.

En la actualidad, las autoridades eluden esta norma al anunciar prohibiciones de última hora, lo que impide presentar recursos en condiciones adecuadas. Esto equivale a prohibir de facto determinadas manifestaciones e imponer ciertos itinerarios. Los días 24 y 31 de octubre los manifestantes se vieron obligados a manifestarse en las afueras de París, lejos de los lugares de poder.

Estas medidas liberticidas por parte de las fuerzas del orden, junto a la violencia continua y desproporcionada, a menudo sin que haya habido ningún tipo de provocación previa, pretenden socavar el derecho a manifestarse. El acto de manifestarse se ha vuelto muy peligroso en la Francia de 2026 como resultado de un proceso autoritario que se viene desarrollando desde que Emmanuel Macron llegó al poder en 2017.

Un régimen de desigualdad y austeridad

Los años del mandato de Emmanuel Macron se han caracterizado por el lento deterioro de la situación económica y social de Francia. Para comprender los verdaderos motivos de las revueltas actuales, así como su propagación, es necesario comprender también su contexto y su origen.

Macron es el fruto de un movimiento de radicalización en el seno del capital francés cuyo objetivo es acabar con la resistencia histórica de la población a las reformas neoliberales. Entre las décadas de 1990 y 2020, Francia había tomado una senda muy peculiar en el marco neoliberal, conservando varios derechos que en otros lugares habían sido atacados y destruidos, particularmente las pensiones y la protección de los trabajadores. Desde 2017, Francia ha sufrido una crisis sin precedentes a manos de los gobiernos macronistas.

El mercado laboral se ha liberalizado, las condiciones para recibir el subsidio por desempleo se han endurecido y los impuestos sobre el capital se han reducido, sobre todo con la supresión en 2018 del impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF), que gravaba el patrimonio de los más ricos. Además, se ha implantado una tasa máxima del 30 % sobre las rentas del capital, unos 15 puntos menos que la tasa más alta aplicada a las rentas del trabajo.

Este programa, que incluye muchas más medidas de las aquí enumeradas, no ha hecho sino debilitar aún más la economía francesa. En el tercer trimestre de 2026, el producto interno bruto de Francia retrocedió un 0,1 %, lo que situó el crecimiento en los nueve primeros meses del año en un 0,2 %, mientras que en 2025 el crecimiento había sido de tan solo un 0,8 %. Entre 2017 y 2026, el PIB francés creció 1,7 puntos porcentuales menos que la media de la zona euro.

Por el contrario, esta política ha acentuado las desigualdades y ha reforzado la rigidez de la estructura social. Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE), el índice de Gini, que mide las desigualdades, ha pasado de 0,289 a 0,302 en el transcurso del periodo comprendido entre 2017 y 2024 (cuanto más se aproxima al 1, mayor es la desigualdad). Se trata de un nivel sin precedentes en casi cincuenta años. En 1998, era de tan solo 0,276.

El modelo económico impulsado por la política de Emmanuel Macron concentra la creación de empleo y la actividad en sectores de servicios poco productivos donde las perspectivas de crecimiento y los salarios son bajos. Al mismo tiempo, los propietarios de capital reciben el apoyo y la ayuda del Estado, tanto directa como indirectamente.

Esta política de presión sobre los salarios ha desembocado en una depreciación de los salarios reales en Francia nunca vista en medio siglo. Cuando la inflación resurgió como fenómeno global en 2022-2023, la respuesta de las autoridades francesas fue de las más débiles de la Unión Europea, mientras que algunos grandes grupos empresariales del sector de la energía y la alimentación aprovecharon la situación para aumentar sus márgenes.

Según la OCDE, el salario medio real francés disminuyó un 1,31 % entre 2019 y 2025, lo cual significa que la mayor parte de la creación de valor durante este periodo se atribuyó al capital. Por el contrario, en ese mismo periodo, este indicador aumentó en Alemania en un 1,2 %. En otras palabras, el nivel de vida de los trabajadores ha sufrido un grave deterioro, dando lugar a dos fenómenos: un aumento del ahorro en detrimento del consumo y un repunte de la pobreza.

Según Eurostat, la tasa de pobreza monetaria afectó a un 16,3 % de la población en 2025, frente al 13,2 % de 2017. Este ascenso vertiginoso implica la caída de más de 800 000 personas en la pobreza. De nuevo, estas son cifras inéditas en más de treinta años y reflejan la desintegración de las protecciones sociales.

En 2024, la mitad más rica de los hogares de Francia poseía el 92 % del patrimonio bruto del país y el 10 % de los hogares con más recursos vieron su patrimonio crecer un 4 % en 20 años, mientras que el 10 % con menos recursos vio como el suyo se reducía un 2 %. El resultado es una sociedad estancada donde la reproducción social tiene lugar principalmente mediante la herencia y donde el trabajo no permite prosperar. La «meritocracia», que pretendía conceder las mismas oportunidades a todos los jóvenes, no es más que una ilusión para la inmensa mayoría, pues su posición social futura depende cada vez más del capital acumulado por sus progenitores.

Francia se ha convertido en una sociedad estancada, donde la reproducción social tiene lugar principalmente mediante la herencia y donde el trabajo no permite prosperar.

El último factor del descontento es el deterioro de los servicios públicos. A priori, esta cuestión puede parecer paradójica. Francia registra un déficit público considerable, superior al 5 % de su PIB, así como un elevado gasto público, equivalente a un 57 % del PIB. Entonces, ¿cómo es posible que los servicios públicos sean tan deficientes?

De hecho, la realidad cotidiana de la ciudadanía francesa es precisamente la de un sistema sanitario con deficiencias continuas, un transporte público lamentable (ni hablemos de tomar un autobús por la noche en París) y la falta de recursos para la educación. El movimiento juvenil actual surgió en los liceos de la Francia de ultramar para luego llegar a los suburbios donde las condiciones de estudio para los estudiantes y las condiciones laborales de los docentes son insoportables.

Esta paradoja entraña más de lo que parece. Para apoyar la acumulación de capital en Francia, el Estado dirigido por Emmanuel Macron ha destinado cada vez más recursos hacia el sector privado. Tal como ha admitido el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el sector privado se beneficiaría de casi 166 000 millones de euros en ayudas públicas de diversa índole. Esta es prácticamente la misma cantidad que el déficit público. E, indudablemente, la cifra real se aproxima más bien a los 200 000 millones.

Para financiar estas importantes transferencias hubo que recortar el gasto en servicios públicos y en redistribución. Al contrario de la creencia generalizada, el nivel de gasto público francés relativo al PIB fue menor en 2025 (un 57,3 %) que en 2014 (58,4 %).

Pero el respaldo al capital no ha reportado crecimiento y los ingresos públicos han disminuido: pasaron del 53,8 % del PIB en 2014 al 52 % en 2025. En consecuencia, la presión de las medidas de austeridad sobre los servicios públicos se ha recrudecido, a pesar de que el déficit se ha incrementado. Y con la reciente subida de las tasas de interés, el Gobierno trata, al mismo tiempo, de tranquilizar a los mercados y continuar apoyando al capital nacional. El mundo laboral y los servicios públicos se han convertido en la única variable de ajuste. Los candidatos centristas a las elecciones presidenciales están hablando ahora de que la austeridad es inevitable y de una nueva reforma de las pensiones.

Así es como Francia ha acabado teniendo un déficit público tan elevado y unos servicios públicos cada vez más deteriorados y sin perspectivas de mejora. Y la juventud francesa se encuentra atrapada en un callejón sin salida aparente: cursa sus estudios en malas condiciones para terminar desempeñando empleos aún más precarios, peor remunerados y que a menudo aceptan más por necesidad que por elección.

Una gestión autoritaria del poder

El movimiento social actual confirma el fracaso del macronismo y se convierte en el símbolo del fin de un mandato desastroso. La tensión en el país se ha intensificado ya que las autoridades macronistas adolecen de una profunda falta de legitimidad. Y es precisamente esa carencia la que tratan de compensar con ataques constantes a la democracia y al Estado de derecho.

, a segunda vuelta presidencial en Francia
Emmanuel Macron y Marine Le Pen

El macronismo siempre ha sido la opción por defecto para la mayoría de los franceses. En 2017 y en 2022, Emmanuel Macron fue elegido en la segunda vuelta para frenar a Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha de Agrupación Nacional (RN por sus siglas en francés). En ambas ocasiones, su elección se produjo pese al rechazo masivo a su programa y a su balance económico. Esto se tradujo en la falta de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional a partir de 2022 y, en las elecciones anticipadas de 2024, en la pérdida de la mayoría relativa con la que contaba.

No obstante, el presidente de la República nunca contempló perder el control ni revisar su política económica. Tras las elecciones de 2024, el sistema constitucional francés habría requerido que la iniciativa de formar un gobierno recayera en el Parlamento y que se alcanzaran compromisos entre ambos bloques, la izquierda en su conjunto y los macronistas, que habían impedido la victoria del RN en la segunda vuelta. Este compromiso debería haberse articulado en torno a un representante del bloque de izquierda, que había quedado en cabeza.

Pero Emmanuel Macron nunca ha cedido la iniciativa al Parlamento porque siempre ha rechazado la posibilidad de un compromiso. Ha nombrado a primeros ministros de su propia facción, garantizando así que no se replantearan sus decisiones económicas. Estos gobiernos han sido derrocados por la Asamblea Nacional en dos ocasiones, un hecho que hasta 2024 solo había ocurrido una vez en la V República, en 1962.

Cuanto más rechazaba el Parlamento sus propuestas, más personas de su entorno nombraba el presidente en Matignon, sede de la jefatura de Gobierno. Sébastien Lecornu, el primer ministro actual, es un fiel seguidor del presidente desde hace muchos años y el único que ha formado parte de todos los gobiernos desde 2017; el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, estuvo en casi todos.

A continuación, Emmanuel Macron corrompió las instituciones al dejar inoperante al contrapoder parlamentario: el derrocamiento del Gobierno aseguró la continuación de la misma política. En ocasiones, esto dio lugar a episodios grotescos. En otoño de 2025, Sébastien Lecornu presentó su dimisión tras unos desacuerdos con el Parlamento, antes de que Emmanuel Macron renovase su nombramiento. El mensaje había quedado claro: la destitución de un gobierno de Lecornu bien podría dar lugar al nombramiento de un nuevo gobierno de Lecornu. El poder está blindado y la ausencia de mayoría parlamentaria refuerza el poder del presidente.Actualidad - ¿Qué está pasando en Francia y por qué Macron disolvió el ...

Este blindaje de poder también ha quedado evidenciado por las dimisiones anticipadas de varios altos funcionarios a fin de poder controlar determinados cargos tras las elecciones de 2027. El nuevo gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, es el antiguo jefe de gabinete del ministro de Hacienda y antiguo secretario general del Elíseo. El nuevo presidente del Consejo Constitucional, Richard Ferrand, es también un antiguo ministro, así como antiguo presidente de la Asamblea Nacional, próximo al Elíseo. A falta de legitimidad política, el macronismo pretende seguir controlando la política económica del país.

Vía libre para la extrema derecha

La otra cara de este blindaje es la profunda falta de popularidad de Emmanuel Macron. Incluso antiguos primeros ministros suyos como Gabriel Attal y Édouard Philippe (ambos candidatos a las elecciones presidenciales de 2027) compiten por demostrar su distanciamiento del actual presidente. Pero, en realidad, lo que se rechaza y lo que se trata de preservar cueste lo que cueste es la política macronista.

Esto también explica que el macronismo recurra constantemente a la violencia contra los manifestantes desde 2017. Aunque la represión de las manifestaciones había comenzado durante el mandato de François Hollande (2012-2017), con Emmanuel Macron se ha convertido en la forma habitual de gestionar el descontento, sobre todo durante la crisis de los «chalecos amarillos». Ya en 2019 las Naciones Unidas habían expresado su preocupación por las graves «restricciones de derechos».

Los dos movimientos contra las reformas de las pensiones, el de 2020 y el de 2023, también se vieron salpicados frecuentemente por la violencia policial. Así pues, el trato recibido por el movimiento de los estudiantes de secundaria forma parte de la gestión policial de Emmanuel Macron de las protestas.

Privado de toda legitimidad, el poder macronista se atrinchera tras la policía para pretender así proteger un supuesto «orden republicano», cuando en realidad constituye un ataque frontal al Estado de derecho. De hecho, Emmanuel Macron se ve obligado a proporcionar garantías constantemente a las fuerzas del orden, que, en un sentido político, se inclinan hacia la extrema derecha.

Por lo tanto, el Estado concede cada vez más derechos a la policía, a la vez que reduce los de los manifestantes y los opositores. Mientras que los diputados macronistas han votado, junto con la extrema derecha, a favor de una «presunción de legítima defensa» para las fuerzas del orden (equivalente a concederles un «permiso para matar»), el 28 de octubre, la portavoz del Gobierno, Maud Brégeon, negó, en un gesto propio del trumpismo, la existencia de los actos de violencia policial documentados y probados que ocurrieron durante las manifestaciones del 24 de octubre.

Emmanuel Macron recorre el mundo autoproclamándose defensor de «los valores democráticos» mientras aplica en su propio país una hoja de ruta clásica del neofascismo contemporáneo, en la que el ámbito de la democracia mengua cada vez más hasta quedar limitado a un acto de voto puntual. El «aliento» democrático y el debate en el marco del Estado de derecho empalidecen más y más frente a la impunidad policial y las medidas autoritarias del poder.

De este modo, el bando neoliberal francés allana el terreno para la extrema derecha. Resulta cada vez más evidente que no existe más que una diferencia de grado, y no de naturaleza, entre el macronismo y el RN. Las líneas generales del programa de este último se inscriben en la continuidad del primero. El 25 de octubre este partido anunció su intención de dejar de financiar la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos franceses.

Este ataque sería nada más y nada menos que la culminación de la labor de desmantelamiento llevada a cabo por el macronismo, que siempre se ha negado a dialogar con los sindicatos (sobre todo en lo que respecta a las reformas de las pensiones) y que no ha cesado de recortar los derechos de los trabajadores y de intentar deslegitimar cualquier movimiento social.

Entre el macronismo y la extrema derecha no existe más que una diferencia de grado, y no de naturaleza.

Los ataques del macronismo contra la democracia y su creciente autoritarismo ofrecen a la extrema derecha la oportunidad de continuar en su empeño por hacerse con el control del país y debilitar las futuras resistencias y oposiciones. El clima permanente de estado de emergencia y los poderes otorgados a la policía serán poderosas armas para el RN.

Por último, los propios «liberales», en un intento por ganar un poco de popularidad barata y desviar la atención de su balance, han contribuido a su vez a hacer de la inmigración y el islam un tema de debate central en la sociedad francesa. Ya por 2023, el entonces ministro de Educación Nacional, Gabriel Attal (quien sería también primer ministro durante un breve periodo en 2024, de enero a septiembre, y que ahora es uno de los candidatos del macronismo para las elecciones de 2027), se lanzó a la caza de las «abayas», unas prendas consideradas «islamistas».

A finales de 2023, los partidarios del presidente aprobaron una «ley de inmigración» tan restrictiva y contraria a la Constitución que el Consejo Constitucional se vio obligado a reescribirla de forma considerable. Más recientemente, ningún miembro del Gobierno asistió a los actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de los atentados racistas de Trappes y La Verrière. Peor aún, el Gobierno aprovechó este suceso, fruto del odio difundido por los medios de comunicación de extrema derecha en el país, para poner en el mismo saco «los actos de violencia», equiparando un atentado racista con los saqueos de tiendas que no se cobraron ninguna víctima.

Al instrumentalizar estos temas xenófobos e islamófobos, los macronistas han acabado legitimando las obsesiones del RN. Se ha producido un cambio de tendencia: «La Francia Insumisa» (LFI), de izquierda, ha pasado a ser un partido inaceptable, mientras que la extrema derechaLa CGT y La Francia Insumisa rechazan las medidas de Macroncomparte puntos de vista con el «bloque central». Esta evolución concuerda con lo expuesto anteriormente: el capital francés rechaza ahora cualquier compromiso con la izquierda, incluso con la reformista y keynesiana como LFI, y en cambio encuentra puntos en común con los partidos racistas y xenófobos.

Por otra parte, una de las tendencias dominantes del macronismo en declive es el creciente apoyo de una parte de la patronal francesa a la extrema derecha. Dos de los hombres más ricos de Francia, Bernard Arnault y Vincent Bolloré, que controlan gran parte de los medios de comunicación franceses (el primero, además, influye sobre buena parte de la prensa a través de la publicidad), ahora han adoptado abiertamente una agenda de apoyo a la extrema derecha. Sin embargo, el movimiento es más profundo e implica a muchos pequeños empresarios.

La esperanza llega de la mano de la juventud

El macronismo deja una Francia rota en pedazos, indefensa ante la extrema derecha y, a decir verdad, inmersa en una lógica autoritaria. Pero el movimiento juvenil no es un movimiento como los demás. Lejos de apaciguar la protesta, la represión no hace más que avivarla.

Durante la semana del 26 de octubre, el Gobierno intentó entablar negociaciones y anunció algunas concesiones sobre la financiación de la educación pública. El Gobierno llegó incluso a plantear un aumento del salario mínimo para calmar el descontento.

No obstante, es poco probable que estas medidas de cara a la galería tengan un impacto duradero, habida cuenta de la degradación de la situación en la última década y el reciente aumento de la inflación. Al igual que en la época de los «chalecos amarillos», Emmanuel Macron pretende, a cambio de unas migajas, salvar lo esencial: su política desigualitaria de apoyo al capital.Siguen las protestas estudiantiles en Francia (Foto: EFE)

Pero, claramente, ya es demasiado tarde. La juventud representa hoy en día el principal motor del movimiento, es quien determina su tono y su ritmo y la que obliga a los sindicatos y a los partidos de izquierda a seguirla. Ahora bien, la revuelta juvenil ha pasado de una lógica de reivindicaciones a una lógica de protesta más global contra un régimen represivo que apenas le ofrece perspectivas de futuro.

El movimiento tiene dinámica propia. Por supuesto, la mayoría de los jóvenes movilizados se identifican con LFI y con su candidato, Jean-Luc Mélenchon, que representa la principal oposición de izquierda a Emmanuel Macron. A diferencia de lo que afirman los macronistas y el RN, la juventud no está siendo «manipulada» por la LFI.

Más bien al contrario, rechazan la imposición de Emmanuel Macron de limitar el debate a las elecciones presidenciales. Se politizan y se involucran con la protesta en sus asambleas generales, en sus bloqueos y en sus manifestaciones. En este sentido, es más bien la LFI quien podría tener que rendir cuentas ante el movimiento, y no al revés.

La juventud es hoy el principal motor del movimiento: marca su tono y su ritmo, y obliga a los sindicatos y a los partidos de izquierda a seguirla.

Teniendo en cuenta que parte de los trabajadores se ha sumado a la huelga del 5 de noviembre, las elecciones presidenciales se verán divididas entre dos imposiciones contradictorias: por un lado, la presión del movimiento social, y por otro, la de los mercados financieros, que han lanzado un ataque contra Francia para obligar al país a intensificar su política de austeridad.

En medio de este dilema, los herederos del macronismo no se encuentran en posición de ofrecer alternativas creíbles al país. El fracaso del presidente saliente está provocando una desintegración del bloque central en torno a ambiciones personales, justo en el momento en el que el apoyo del electorado a este espacio se encuentra en su punto más bajo. Incluso si llegaran a la segunda vuelta, las posibilidades de que esta facción ganara en mayo son escasas.

En este contexto, son muchos quienes piensan que la victoria del RN está asegurada, reforzada por un deseo de «vuelta al orden» que el macronismo ya no es capaz de materializar. El apoyo al capital, los medios de comunicación y la policía son cartas adicionales a favor de la extrema derecha. Sin embargo, el RN debería, bajo la presión de los mercados, garantizar la continuidad de las políticas económicas. Esto presagia el afianzamiento de la lógica autoritaria.Nuevas protestas estudiantiles en Francia (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Pero aún no hay nada escrito. El movimiento estudiantil, que ahora engloba a los sectores de los trabajadores asalariados y el funcionariado, puede representar una esperanza y contrarrestar la victoria anunciada del RN. No cabe duda de que esto podría impulsar a Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta. Aun así, la victoria será difícil de alcanzar y aún más de gestionar, porque un éxito de la LFI provocará de inmediato la reacción negativa de los mercados.

En este sentido, el 5 de noviembre constituye una doble garantía. Si la extrema derecha se alza con la victoria, la alianza entre la juventud y los trabajadores ha demostrado que está dispuesta a resistir contra el autoritarismo al servicio del capital y contra una sociedad basada en el odio y la discriminación, así como a luchar por un futuro mejor.

Pero esta resistencia también habrá de desempeñar un papel en el caso de que la izquierda se alce con la victoria, para así garantizar que el dictado de los mercados financieros no desemboque en una devastación social y ecológica. Sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales, este movimiento del otoño de 2026 demuestra que a partir de ahora habrá que contar con resistencia y determinación. En una Francia devastada, son un rayo de esperanza.

*Periodista del medio francés Mediapart, donde cubre temas de macroeconomía