España: El Senado no tiene quien le escriba

España no está al margen de esas tormentas. De hecho las crisis Ceuta, Irán, Palestina y la regulación de más de un millón de inmigrantes irregulares, han evidenciado la presión de los «amigos» de la OTAN y la UE para «disciplinar» al gobierno español. Ahí están, entre otros actores de la farsa: los voceros del imperio trumpista los llamamientos de Aznar, Feijóo, Abascal a una especie de golpe de estado en diferido, con la descarada manipulación de sectores del poder judicial, de la policía «patriótica», del empresariado oligopólico y de instituciones como el Senado, comunidades autónomas, ayuntamientos y élites ha formado parte también de esta estrategia de confrontación institucional.

No son cuestiones idénticas, pero sí elementos de un contexto que conviene tener presente cuando hablamos de las instituciones democráticas y de su futuro.

También convendría evitar lo que podríamos llamar wishful thinking: confundir lo que desearíamos que sucediera con las condiciones políticas necesarias para que pueda suceder. Porque una cosa es imaginar una candidatura progresista capaz de sumar todos los votos disponibles y otra muy distinta construirla.

Uno de los argumentos de la propuesta procede de los cálculos realizados por algunos de sus promotores a partir de una encuesta del grupo Prisa: 13 millones de votos para el bloque PP-Vox frente a 11 millones para la denominada «mayoría de investidura». Pero incluso aceptando esos números —que no coinciden necesariamente con los pronósticos de otras encuestas— hay que preguntarse si de ellos se deriva automáticamente una mayoría en el Senado.

No es lo mismo coincidir parlamentariamente en una investidura que presentar una candidatura conjunta al Senado. En Cataluña, Euskadi, Navarra o Galicia, y en otras circunscripciones, las fuerzas territoriales tienen sus propias estrategias y sus propios espacios políticos. Por tanto, la «mayoría de investidura» no puede convertirse mecánicamente en una «lista única progresista».

Y aquí aparece otra dificultad: la izquierda alternativa tiene actualmente una presencia mucho menor en la Cámara Alta. El PSOE concentra la mayor parte de la representación progresista, con 87 senadores, 69 electos y 18 designados autonómicamente. De ahí que una eventual candidatura unitaria plantee inmediatamente una cuestión delicada: ¿cómo se repartirían los senadores que eventualmente se consiguieran?

Hay pocos precedentes de candidaturas unitarias de la izquierda al Senado, y precisamente por eso resulta útil recordarlos.

El más conocido es la coalición de la Entesa dels Catalans, constituida para las primeras elecciones democráticas de 1977. Agrupó a socialistas, comunistas, republicanos e independientes y obtuvo 12 de los 16 senadores elegidos en Cataluña. Fue un éxito extraordinario, aunque las circunstancias eran muy particulares: aquella candidatura estaba articulada alrededor de objetivos compartidos de formidable fuerza política, como era  la salida del franquismo, la recuperación de las libertades democráticas, la amnistía y el autogobierno, decir una base social cohesionada en por a la consigna Llibertat, Amnistía i Estatut d´Autonomía.,

En 1979 la izquierda catalana concurrió dividida. Los resultados fueron radicalmente diferentes. La Nova Entesa, integrada fundamentalmente por PSC y ERC, obtuvo diez senadores, mientras la coalición de la Entesa (PSUC y el Partido del Trabajo), en un contexto marcado por la discusión entre las estrategias de reforma y ruptura con el franquismo, obtuvo sólo un senador.

La comparación demuestra que una candidatura unitaria no funciona simplemente porque se sumen siglas. Necesita una razón política suficientemente fuerte para que los electores entiendan que están votando una misma opción.

Existe otro antecedente particularmente significativo: el acuerdo alcanzado por PSOE e Izquierda Unida en las elecciones generales de 2000. Ambas fuerzas pactaron candidaturas coordinadas al Senado en 27 circunscripciones. La fórmula no consistía, sin embargo, en una lista única en sentido estricto. El PSOE presentaba dos candidatos e IU uno en esas circunscripciones y ambas organizaciones pedían el voto para los tres. El objetivo era aprovechar el sistema mayoritario de elección del Senado y evitar que la división de la izquierda facilitara la victoria del PP.

El resultado fue especialmente revelador: IU no consiguió elegir a ninguno de sus candidatos al Senado. El acuerdo, por tanto, no produjo una distribución proporcional de la representación entre las dos fuerzas.

La experiencia de 2000 resulta importante no tanto por su resultado concreto como por lo que enseña sobre la naturaleza del problema. No basta con decir «vamos juntos». Hay que decidir cómo se traduce electoralmente esa unidad.

Y aquí aparece lo que podríamos llamar la ingeniería electoral del acuerdo.

¿Se trataría de una candidatura verdaderamente común, con candidatos pactados entre todas las fuerzas? ¿O cada partido mantendría formalmente su propia candidatura y existiría simplemente un compromiso de voto conjunto? ¿Cuántos candidatos corresponderían a cada organización en cada circunscripción? ¿Se establecería el reparto en función de la representación parlamentaria actual, de los resultados electorales anteriores, de las encuestas o de algún otro criterio? ¿Quién decidiría los nombres? ¿Habría primarias, negociación entre las organizaciones, elección territorial o un sistema mixto?

Son preguntas que no tienen nada de secundarias, de hecho se trata de la médula de la propuesta misma.

El precedente de 2000 demuestra que una fórmula aparentemente sencilla —dos candidatos de la fuerza mayoritaria y uno de la minoritaria— puede terminar beneficiando  exclusivamente a la primera. Y eso sería difícilmente aceptable hoy para las fuerzas menores: ninguna tendría mucho interés en incorporarse a una candidatura unitaria si el resultado previsible fuera que sus electores acabasen eligiendo exclusivamente a los candidatos del partido mayoritario.

La unidad necesita también un contenido político

Hay, además, una segunda cuestión que no debería quedar relegada: ¿para qué se constituye esa candidatura? Si la respuesta es exclusivamente impedir que PP y Vox obtengan la mayoría del Senado, existe una razón electoral evidente y consistente. Pero una candidatura que aspire a movilizar a varios millones de electores necesitaría probablemente algo más que un voto negativo o defensivo.

En 1977 existía un poderoso elemento aglutinador: la salida del franquismo y la recuperación de las libertades y del autogobierno. En 2000 ese elemento de cohesión era mucho más débil y la experiencia del pacto PSOE-IU mostró las dificultades de una alianza construida esencialmente sobre una operación electoral.

Hoy, si la amenaza que se pretende conjurar es una eventual mayoría PP-Vox, ese objetivo resulta en sí mismo un poderoso incentivo para la unidad. Pero tendría que traducirse en un proyecto político reconocible y, sobre todo, en unas reglas electorales claras.La propuesta de Estefanía, por tanto, merece ser discutida. Pero la discusión debería abandonar cuanto antes el terreno de los conceptos genéricos —»unidad de la izquierda», «candidatura progresista», «mayoría de investidura»— para entrar en el terreno concreto.

La candidatura, en definitiva, está por escribir. Y quizá éste sea precisamente el momento de intentarlo. Porque las buenas ideas necesitan organización. Porque las tormentas que se avecinan no permiten limitarse a esperar. Es el tiempo de, como dice la Marsellesa:

«Aux armes, citoyens!

Formez vos bataillons!

Marchons, marchons!»

Y frente a ellas, quizá haya que recordar también a Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel: «Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad».

*Escritor, ensayista y analista político español con una larga trayectoria en la comunicación y la militancia