Colombia: Fin del diálogo con las guerrillas

Camilo Rengifo Marín

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó la resolución 391 de 2026 con la que revocó la designación de los representantes del gobierno en la mesa de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con esta última decisión, el presidente da por terminados todos los procesos de negociación con grupos armados que sostenía el gobierno de Gustavo Petro en el marco de su política de paz total.

 La decisión se tomó tras considerar que los procesos de diálogo no habían permitido conseguir avances suficientes en materia de paz,  desarme o sometimiento a la justicia. La nueva doctrina del Ejecutivo plantea como salida el sometimiento a la justicia y, en caso contrario, la actuación de la Fuerza Pública. “En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad.“Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, afirmó De la Espriella. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, añadió.

De la Espriella cerró los espacios socio jurídicos con los combos dde Antioquia, las mesas con los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, las disidencias de “Calarcá” —el Estado Mayor de Bloques y Frentes, Embf—, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, que se oficializó con la resolución 390 de 2026.

El presidente sostuvo que el gobierno se gastó más de siete mil millones de pesos en honorarios de voceros, representantes y negociadores en los últimos cuatro años, “mientras las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra fuerza pública”. La mesa con el ELN estaba suspendida desde enero de 2025. La jefa negociadora del gobierno era Vera Grabe, exsenadora y exintegrante del M-19. El senador opositor Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro y el dirigente gremial José Félix Lafaurie fueron miembros de la delegación.

• El gobierno decidió suspender las mesas tras los ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo (Norte de Santander), que derivaron en enfrentamientos con las disidencias de las Farc.
• Otty Patiño, entonces comisionado de paz, sostuvo que el proceso de paz con el ELN se había venido desgastando en “conversaciones cada vez más inútiles”.
• En 2024 se cocinó con fuerza el agotamiento del gobierno de Gustavo Petro con la mesa con el ELN, que también se recrudeció luego de un ataque a la Base Militar de Puerto Jordán, Arauca.

El fin de la “paz total”

El presidente ya había dado las últimas pistas sobre la terminación de esa política en el reconocimiento de la nueva cúpula militar. Endureció el tono y descartó, de hecho, cualquier salida dialogada con los grupos criminales, a los que se refiere sin distinción como terroristas, mientras su gobierno prepara un estatuto antiterrorista que llevará al Congreso. “En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras las organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente gracias a la complicidad de ese régimen”, dijo.

En su primer mes, las políticas públicas de Abelardo derogan las de su antecesor: 26 de sus más de 39 decisiones —más allá de los decretos— tumban una norma anterior.Más de una docena de resoluciones desmontan la paz total y retiran el reconocimiento a más de 70 voceros, gestores de paz y miembros del propio equipo negociador del gobierno.

Las decisiones afectan a diferentes organizaciones que mantenían mesas de negociación, procesos de diálogo o mecanismos sociojurídicos con el Estado colombiano.Entre ellas figura el ELN, además del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, así como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. También se ponen fin a espacios establecidos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con distintas estructuras criminales presentes en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.