Panorama Económico Latinoamericano – Del 26 de agosto al 2 de setiembre de 2026

CEPAL recomienda nueva reforma de pensiones en México

Las arcas públicas se enfrentan al envejecimiento de la población. Si bien México reformó su sistema de retiro hace seis años, las pensiones continúan ejerciendo una presión importante sobre las finanzas del país, dado que no se elimina el reto central: el envejecimiento de la población, alertó la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

“Las reformas de pensiones de 2020 y las modificaciones recientes han mejorado diversos aspectos del sistema, pero no eliminan el reto fiscal que representa del envejecimiento poblacional (…) El problema no es solamente cuánto cuesta una pensión. Es cuántos trabajadores habrá para financiar a cada pensionado. Mientras el bono demográfico está desapareciendo, la relación de dependencia comienza a aumentar”, expuso el organismo en respuesta a La Jornada.

De ahí que la Cepal recomienda, entre otras políticas, volver a abordar una reforma en la materia, pero con un enfoque de variables independientes, que incorpore “gradualmente algunos parámetros a la esperanza de vida y a la evolución demográfica”, expuso a este medio.

De acuerdo con proyecciones recuperadas por la Cepal, el llamado bono demográfico en México termina en 2030. Esto implica que la población dependiente –ancianos, niños y personas con discapacidad que pueden ver limitada su entrada a la fuerza laboral– crecerá a una mayor velocidad que las personas en edad de trabajar.

En un país que tendrá casi 138 millones de personas para 2030, 14.96 por ciento de ellos mayores de 60 años, según estimados del Consejo Nacional de Población, implica pensar en masivos sistemas de cuidado, en un aumento del gasto para salud y, claro, en el costo de las pensiones, las cuales se han vuelto una bola de nieve para el erario público.

“La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que las reformas han buscado reducir la fragmentación, mejorar la suficiencia y fortalecer la sostenibilidad, pero el gasto en pensiones continúa ejerciendo una presión importante sobre las finanzas públicas”, consigna la Cepal.

Más allá del diagnóstico, las cifras exhiben un peso cada vez mayor. En 2020, cuando se mandó la reforma al sistema de pensiones, de cada 100 pesos del gasto total de ese año, 15.92 pesos fueron para pensiones. Para 2026, Hacienda proyecta que represente 16.85 pesos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 plantea que las pensiones contributivas absorberán un billón 704 mil millones de pesos, de los casi 10 billones 115 mil que representa todo el gasto público. Esa primera cantidad no incluye el ingreso básico para adultos mayores, que se cuenta como un programa social de cobertura universal, y que asciende a 526 mil 508 millones de pesos anuales.

Si se cuentan ambos conceptos, las transferencias para adultos mayores representan 22 pesos de cada 100 en el presupuesto público.

Incorporar la variable de mayor expectativa de vida

Para atender esta creciente presión sobre las finanzas públicas, la Cepal no sólo recomienda “reformar nuevamente las pensiones, pero de manera paramétrica incorporando gradualmente algunas métricas de la esperanza de vida y a la evolución demográfica”; sino también fortalecer la trayectoria de los ingresos tributarios en el mediano plazo.

En ese punto, sugiere crear un fondo o reserva fiscal para atender a la población adulta mayor y también para inyectar a las pensiones. “La idea es que los ingresos extraordinarios o los ahorros presupuestarios de épocas de crecimiento no se utilicen completamente para gasto corriente.

“Una parte podría utilizarse para reducir deuda o constituir reservas destinadas a enfrentar las obligaciones futuras. Esto permitiría evitar que cada incremento del gasto en pensiones tenga que financiarse con deuda o desplazando inversión pública”, detalla la Cepal.

La otra parte sigue siendo aumentar la población económicamente activa y hacerlo en condiciones de formalidad en aras de aumentar la recaudación y ampliar la base de trabajadores que tienen el canal para contribuir a su pensión; así como incorporar a más mujeres a la fuerza de trabajo.

Y, de nueva cuenta, el crecimiento. “Si México crece poco, la presión fiscal aumenta, pero si se incrementan los impuestos en una economía de bajo crecimiento, puede reducir todavía más el dinamismo”.

Petroperú 2.0: Es posible

El Perú necesita seguridad energética y debe aspirar a una mayor soberanía energética en un mundo crecientemente incierto. Contar con una empresa integrada, una refinería moderna, infraestructura logística, capacidad técnica y presencia nacional.

Hablar de Petroperú exige abandonar dos extremos igualmente perjudiciales: defenderla simplemente porque pertenece al Estado o condenarla a desaparecer porque atraviesa una seria crisis financiera. Ninguna de estas posiciones ayuda a comprender el verdadero problema. Petroperú debe evaluarse por su valor económico, estratégico y energético para el Perú, pero también por su capacidad para operar eficientemente, generar utilidades y mantenerse alejada de la interferencia política.

La destrucción sistemática de empleo y condiciones laborales en la Argentina consolidó el fenómeno de trabajadores formales pobres, endeudados y desesperados. El contraste con la fiesta en una élite cada vez más opulenta y concentrada. La degradación del trabajo como objetivo estructural.

Adrián Murano

Tener empleo formal y registrado no garantiza llegar a fin de mes. La novedad irrumpió hace tiempo, pero se consolidó con el digesto de medidas, legislaciones y decisiones económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Barato para quien lo contrata, descartable en cuanto deja de convenir, el “trabajador basura” es el resultado de un programa que combinó destrucción de puestos, caída de salarios reales e informalidad récord.

El diagnóstico es compartido por especialistas de posiciones conceptuales diversas, incluso opuestas. El Bapro, banco público bonaerense; el IERAL de la Fundación Mediterránea, usina liberal cordobesa; el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina Claudio Lozano; y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicaron informes que describen el mismo fenómeno desde ángulos distintos: menos empresas, menos empleo registrado, salarios que no alcanzan y una porción creciente de la actividad concentrada en la élite. Componentes de un plan que parece tener la degradación del trabajo, y de los trabajadores, como objetivo estructural.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de mayo de 2026, los últimos disponibles y sistematizados, confirman una tendencia de trece meses consecutivos: en el mes se perdieron 6.971 puestos registrados y, contra noviembre de 2023, la caída acumulada llega a 337.365 asalariados formales menos. El sector privado completó un año de retrocesos ininterrumpidos, concentrados en la industria (-4,5% interanual) y el comercio (-3,1%).

Desde noviembre de 2023 solo se creó empleo neto en Neuquén y Río Negro, mientras siete provincias acumulan retrocesos superiores al 10%. El salario real medido por el SIPA se ubica un 2% debajo de noviembre de 2023 y la Encuesta de Indicadores Laborales de junio volvió a dar negativa, sin señales de piso.

El informe de CEPA, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, agrega una pieza clave: la crisis del empleo tiene como espejo la crisis del entramado empresario. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 30.633 empleadores, 33,5 por día, y se destruyeron 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, 450 por día. Sumando el empleo en casas particulares, que perdió 30.133 puestos, el total de empleo privado registrado cayó en 441.746 personas, 484 por jornada. Industria manufacturera, construcción y transporte lideran la pérdida de puestos, con una caída relativa del 16,8% en la construcción.

El dato más revelador aparece al cruzar el tamaño de las firmas: el 99,78% de las empresas que cerraron tenían hasta 500 trabajadores, apenas el 0,22% correspondía a grandes compañías. Pero esas mismas grandes empresas explican el 61% de los puestos de trabajo destruidos y, pese a haber recortado personal, todavía concentran cerca de la mitad de los 9,4 millones de trabajadores registrados en unidades productivas. Mientras miles de pymes desaparecen, un núcleo cada vez más reducido de grandes firmas retiene una porción creciente del empleo que queda en pie.

Un espejo que distorsiona

El informe N°944 de la Semana Económica del Bapro pone estos números en perspectiva histórica. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se destruyeron más de 235.000 empleos asalariados del sector privado registrado, una caída del 3,7% que supera a la crisis de 2018-2019, cuando el retroceso fue del 2,7%. Pero la comparación lineal, advierte el informe, puede resultar engañosa: mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 4,5% entre 2018 y 2019, en el ciclo actual creció un 7%. La destrucción de empleo formal, entonces, no solo persiste, también se acelera en plena expansión agregada.

El aporte más original del Bapro, sin embargo, consiste en seguir la trayectoria individual de los trabajadores a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares. El hallazgo es contundente: la probabilidad de que un asalariado privado registrado conserve esa condición durante un año es la más baja de la década, 76 sobre 100, contra 80 en 2024-2025 y 79 en 2018-2019. De quienes abandonan el empleo privado registrado, más del 60% permanece en el mercado de trabajo, pero casi todos en peores condiciones, como asalariados no registrados o cuentapropistas. Entre 2024 y 2026, la participación del asalariado registrado privado bajó de 32,4% a 30,5% del total de ocupados. Ese vaivén constante, entrar y salir del sistema en condiciones cada vez peores, es la marca de fábrica del trabajador basura.

El país partido al medio

Desde la antípoda ideológica, el IERAL relata una escena similar. En el informe «Mercado laboral 2026: algunos juegan lesionados y otros ni siquiera entran a la cancha», de Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, las autoras describen una macroeconomía que «comenzó a ordenarse» mientras el mercado de trabajo «sigue jugando otro partido».

«La recuperación todavía no llega al empleo» afirma la organización en otro informe, donde se explica por qué la pretendida “mejora macro” que sostiene el gobierno y elogia el establishment no derrama sobre el mercado laboral: energía, minería, agroindustria y algunos segmentos exportadores exhiben mejores perspectivas, mientras los sectores ligados al consumo interno siguen golpeados por salarios débiles.

Según reconoce el IERAL -que tributa a las corporaciones que sponsorearon el experimento en curso- las actividades beneficiadas por el modelo que gerencia Milei representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del privado registrado, de modo que su mejora no se traduce en más trabajo ni ingresos para el grueso de los hogares. El salario real privado formal, tras recuperar parte de la caída del 14% de 2024, volvió a terreno negativo en 2026 (-2,3%), y el público sufrió un golpe mayor, con una pérdida acumulada del 23% real entre marzo de 2023 y marzo de 2026.

Los informes del IERAL coinciden en que no existe un único mercado laboral argentino: hay, más bien, un mosaico de realidades provinciales. En densidad de empleo privado formal, Neuquén encabeza el ranking con 219 asalariados registrados cada mil habitantes, traccionado por la energía, mientras Formosa apenas alcanza 37, con una estructura más dependiente del empleo público.

Esa geografía se repite en la presión laboral: Córdoba y el interior bonaerense combinan alta participación con muchos trabajadores en busca de mejores ingresos, CABA y Santa Fe tienen menor desempleo relativo, y en Río Negro y Chubut la presión laboral es menor porque buena parte de la población está fuera del mercado de trabajo, no por una situación más saludable.

Trabajadores en la mesa de saldos

El IPyPP revisó los microdatos de la EPH del primer trimestre de 2026 y llegó a una conclusión que refuerza la del IERAL: el 7,8% de desocupación que difunde el INDEC resulta insuficiente para describir la fragilidad laboral. La subutilización de la fuerza de trabajo, que suma desempleo y subempleo, alcanza al 19% de la Población Económicamente Activa (PEA), y la presión efectiva llega al 23,7%, casi idéntica al 23,6% que había calculado el IERAL con otra metodología.

De todas maneras, el dato más elocuente del informe es otro: tres de cada diez desocupados llevan más de un año buscando empleo sin conseguirlo. La brecha de género agrava el cuadro: la tasa de empleo femenina, 39,1%, queda 11,7 puntos por debajo de la masculina, y la subutilización alcanza al 21,5% de las mujeres contra el 16,9% de los varones.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años la desocupación trepa al 19,5%.Los ingresos confirman la degradación: el promedio mensual del primer trimestre rondó los $1.076.056, pero los cuentapropistas percibieron $524.000, un 51% por debajo, y los asalariados informales, $700.000, un 35% por debajo. Frente a ingresos que no alcanzan, el pluriempleo se consolidó como estrategia de supervivencia: el 10,4% de los ocupados tiene dos o más trabajos. Es el retrato del trabajador formal pobre: cumple horario, factura o tiene recibo de sueldo, y aun así necesita un segundo ingreso para sostener el hogar.

El Trabajador Basura

Cuatro informes con propósitos, métodos y posiciones ideológicas distintas describen el mismo objeto: un mercado de trabajo que se degrada con mayor velocidad que en las peores crisis de la Argentina, incluso en un ciclo de crecimiento del producto, y que castiga con más fuerza a las mujeres, a los jóvenes y a quienes ya perdieron un empleo registrado.

La reforma laboral y las modificaciones incluidas en la Ley Bases, presentados como incentivo a la contratación registrada, no modificaron esa dinámica: las empresas siguen cerrando y los puestos, destruyéndose. Buena parte de la suba de la desocupación quedó contenida porque miles de personas, ante la caída del ingreso principal del hogar, aceptaron changas o trabajos informales que en otro contexto hubieran rechazado. Es el efecto llamado «trabajador adicional».

Mientras eso ocurre, un núcleo cada vez más chico de grandes empresas concentra una porción creciente del empleo que sobrevive en condiciones de precariedad. La escena describe el cuadro general: el trabajo, esa dimensión que estructura los derechos sociales y la dignidad cotidiana de las personas, retrocede hacia formas cada vez más baratas y descartables, mientras el poder económico se concentra y disfruta de una economía primarizada a la que le sobran millones de habitantes con habilidades laborales innecesarias para el país subdesarrollado y satélite que consolida la gestión Milei.

Perú: el dilema del subsidio al diésel y su costo para el fisco

El Gobierno aprobó un nuevo subsidio temporal al diésel para reducir el impacto del alza internacional del combustible sobre el transporte de pasajeros y carga. La medida, establecida mediante el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, estará vigente hasta el 31 de diciembre y contará con S/105 millones. El beneficio se otorgará mediante dos mecanismos: uno nacional y otro para Lima y Callao, con el fin de evitar que el mayor costo se traslade a los pasajes, los fletes y los alimentos.

Un mes antes de que asumiera el mandato, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) encontró indicios suficientes para recomendar activar la vigilancia de este fenómeno climático. Más allá de sus diferencias operativas, ambos mecanismos comparten una característica relevante: el subsidio no se entrega de manera indiscriminada.

Está dirigido únicamente a transportistas formales y utiliza mecanismos verificables —comprobantes electrónicos de compra de combustible o kilometraje registrado mediante GPS— para calcular el beneficio.Desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, ello representa un avance respecto de esquemas más generales como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que actúa reduciendo el precio del combustible para todos los consumidores de los productos incluidos, independientemente de quién los utilice.

Este es el tercer subsidio al diésel aprobado este año. En mayo, el Decreto de Urgencia N.° 004-2026 otorgó S/4.00 por galón al transporte de pasajeros y carga a nivel nacional. Días después, el Decreto de Urgencia N.° 006-2026 creó el subsidio ECO para los operadores de Lima y Callao, calculado según los kilómetros recorridos.

El decreto de agosto integró ambos mecanismos en una sola norma y mantuvo los montos otorgados por galón y kilómetro. Sin embargo, redujo de S/39 millones a S/35 millones el compromiso mensual del Estado, un 10% menos. Los recursos para el esquema nacional aumentaron de S/16.9 millones a S/20 millones, mientras que los destinados a Lima y Callao disminuyeron de S/22.1 millones a S/15 millones.

La discusión de fondo, sin embargo, no es si debe existir o no un subsidio. La evidencia internacional muestra que, frente a choques extraordinarios y transitorios como un aumento abrupto del precio internacional del petróleo, un apoyo temporal puede ser una herramienta legítima para evitar efectos económicos y sociales desproporcionados. El verdadero desafío consiste en diseñarlo adecuadamente para que no termine convirtiéndose en un gasto permanente.

En esa línea, el nuevo programa incorpora varios elementos consistentes con las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Tiene una duración definida, está focalizado en transportistas formales, utiliza mecanismos objetivos de verificación y limita el apoyo a un periodo excepcional. Estas características representan una mejora respecto a subsidios generalizados, que suelen beneficiar también a hogares de mayores ingresos y generan mayores distorsiones económicas.

Los desafíos

No obstante, persisten desafíos importantes. El primero es la ausencia de una estrategia explícita de salida. La norma establece cuándo comienza el subsidio, pero no bajo qué condiciones terminaría, cómo se evaluarán sus resultados o qué ocurrirá si los precios internacionales permanecen elevados al vencimiento del programa. La experiencia internacional muestra que muchos subsidios concebidos como temporales terminan prolongándose por presiones políticas o sociales, incrementando su costo fiscal.

Un segundo aspecto pendiente es la relación del nuevo subsidio con el FEPC. Si bien este mecanismo permanece vigente, su operación ha enfrentado importantes restricciones financieras y ha acumulado obligaciones pendientes con productores e importadores, lo que ha puesto en cuestión su sostenibilidad y ha motivado recomendaciones para su reforma o eliminación gradual.

En ese contexto, el nuevo subsidio se superpone parcialmente con un esquema cuya continuidad y articulación futura aún no han sido claramente definidas por el Ejecutivo. Por ello, transparentar el costo conjunto de ambos instrumentos, delimitar sus respectivos objetivos y establecer una hoja de ruta sobre su reemplazo contribuiría a mejorar la eficiencia del gasto público y la credibilidad de la política económica.

El Gobierno debe aclarar impacto fiscal

Un informe de la consultora Ronin advirtió que el Gobierno deberá aclarar el impacto fiscal del subsidio al diésel. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que podría recuperar recursos desembolsados cuando retrocedan los precios internacionales del petróleo, una lógica propia de un fondo de estabilización. Sin embargo, Ronin recordó que la experiencia del FEPC mostró dificultades políticas y operativas para retirar el apoyo. Por ello, sostuvo que no debe asumirse un costo fiscal nulo y que el Ejecutivo deberá demostrar que puede reponer los fondos utilizados.

CEPAL: Canal de Panamá mantiene liderazgo económico del país

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Producto Interno Bruto (PIB) panameño crecerá 4,4 por ciento este año y 4,6 por ciento el próximo, por encima del promedio previsto para Centroamérica y prácticamente el doble del estimado para el conjunto de la región, de 2,2 por ciento.

El organismo atribuye buena parte de ese comportamiento al papel estratégico de Panamá como plataforma logística y financiera, con la vía interoceánica como eje articulador de actividades vinculadas al comercio, el transporte, las zonas francas, el turismo y los servicios financieros.

El redireccionamiento de rutas comerciales y energéticas asociado a las tensiones en Medio Oriente ha favorecido además un incremento de la demanda de tránsito por la ruta fluvial, con efectos positivos sobre diversos sectores de la economía nacional.

No obstante, Cepal advierte que ese desempeño también revela una vulnerabilidad estructural, debido a la concentración del crecimiento en pocos sectores y a la exposición de la economía panameña a factores externos.

Entre los principales riesgos figura el fenómeno de El Niño, cuyas condiciones de sequía podrían afectar la disponibilidad de agua necesaria para las operaciones canaleras y limitar el tránsito de buques, con consecuencias directas sobre los ingresos de la vía.

A ello se suma la posibilidad de una disminución del desvío de las rutas marítimas hacia Panamá si disminuyen las tensiones en Medio Oriente, así como una eventual ralentización del comercio mundial, factores que podrían moderar las perspectivas de expansión.

La Cepal también reconoce el atractivo de Panamá para la inversión extranjera directa, sustentado en su estabilidad macroeconómica, ubicación geográfica y condición de centro logístico regional. Sin embargo, considera necesario avanzar hacia una estructura productiva más diversificada y sostenible.

En el ámbito interno, el país enfrenta desafíos relacionados con el desempleo, la elevada informalidad laboral y las desigualdades territoriales. La tasa de desempleo alcanzó 10,4 por ciento en 2025, mientras la informalidad supera el 47 por ciento, según los datos citados en el análisis.

El fortalecimiento de la educación y su mayor articulación con las necesidades del mercado laboral aparecen entre las prioridades para transformar el crecimiento económico en empleos formales, estables y mejor remunerados.

En ese contexto, las inversiones públicas en infraestructura, incluida la Línea 3 del Metro de Panamá y obras vinculadas al Canal, podrían contribuir a la generación de puestos de trabajo y al impulso de otras ramas productivas.

Para el organismo regional, el desafío de Panamá no radica únicamente en mantener elevadas tasas de crecimiento, sino en convertir ese dinamismo en desarrollo inclusivo, reducir las brechas entre la capital y las provincias y ampliar las oportunidades para la población.

Así, las perspectivas favorables para los próximos dos años conviven con la necesidad de disminuir la dependencia del Canal y construir una economía con mayor capacidad para resistir los choques climáticos, comerciales y geopolíticos externos.

Barbados y Venezuela amplían su agenda económica

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llegó este lunes a la República Bolivariana de Venezuela al frente de una delegación oficial de alto nivel, y fue recibida con honores por la presidenta Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. La visita de Estado tiene como propósito fundamental profundizar los lazos diplomáticos históricos y dinamizar la ejecución de los acuerdos comerciales bilaterales vigentes entre ambas naciones vecinas.

Ambos gobiernos instalaron nuevas mesas técnicas destinadas a masificar programas de educación bilingüe y coordinar estrategias para la preservación ambiental en las islas del Caribe

Al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la dignataria barbadense fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia.

En el comité de recepción oficial también participaron el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi, y el embajador de Barbados acreditado en el país, Aquines M. Clarke.

Seguimiento a los acuerdos suscritos con Delcy Rodríguez

Esta jornada de trabajo en Caracas responde directamente a la hoja de ruta ya los compromisos institucionales pautados a principios de año. Dichos mecanismos se consolidaron tras la reunión oficial que celebró la presidenta Delcy Rodríguez durante su visita estratégica a la isla caribeña en el pasado mes de abril.

Los convenios alcanzados en ese encuentro previo establecieron las bases para el relanzamiento de las relaciones mutuas.Entre los compromisos bilaterales asumidos entonces y evaluados en la agenda actual destacan:

• Soberanía alimentaria: El diseño de un esquema de complementariedad productiva que permite la producción agrícola en suelo venezolano con destino al abastecimiento de Barbados.
• Hub logístico caribeño: El posicionamiento geográfico de Barbados como el puerto base y centro de distribución de las exportaciones de alimentos venezolanos hacia otros mercados del Caribe y África.
• Cooperación energética: La apertura de inversiones conjuntas para el aprovechamiento de campos de petróleo y gas, bajo condiciones comerciales favorables y de beneficio mutuo.

Nuevas áreas de integración y desarrollo sostenible

Durante las sesiones de trabajo fijadas para esta semana, las delegaciones ministeriales de ambos países abordarán el fortalecimiento de la integración energética regional y la puesta en marcha de proyectos económicos y comerciales.

Asimismo, la agenda oficial contempla avanzar de manera prioritaria en planes de desarrollo sostenible. Esto se ejecutará a través del intercambio de transferencia tecnológica para la promoción de energías limpias, la fabricación de paneles solares y la preservación ambiental frente a los efectos del cambio climático en la región caribeña. Finalmente, se revisarán los programas de intercambio educativo que contemplan la enseñanza masiva de los idiomas inglés y español en ambas poblaciones.

Panorama internacional

La deuda de EEUU supera los 40 mil millones de dólares

Jesús Sérvulo González *

El endeudamiento bruto representa ya el 124% del PIB cuando el bono a 30 años cotiza en máximos en dos décadas

A Donald Trump le gusta presumir de la marcha de la economía. Le gusta alardear de que bajo su mandato Estados Unidos es el país más “caliente” del mundo, pese a que los datos comienzan a resquebrajar ese relato. La deuda pública bruta estadounidense superó este martes la barrera psicológica de los 40 mil millones de dólares, según informó el Departamento del Tesoro en su informe financiero diario.

El dato se conoce en medio de las preocupaciones por el aumento de los costes de financiación de la economía, con los bonos a 30 años alcanzando máximos en casi dos décadas. El rendimiento de estos títulos a largo plazo ha escalado hasta el 5,3%, el mayor nivel desde 2007 por las dudas de que la Administración Trump pueda controlar la inflación, embridar el déficit público y por la fiebre por la inteligencia artificial (IA), que está llevando a las grandes tecnológicas a endeudarse.

El desfase presupuestario se ha agravado desde que Trump regresó al Despacho Oval. El Gobierno estadounidense ha disparado el gasto por la guerra de Irán y ha desplomado los ingresos por la devolución de los aranceles y las rebajas fiscales a empresas y grandes patrimonios incluidos en la Ley Grande y Hermosa (OBBBA, en sus siglas inglesas), aprobada por Trump al poco de desembarcar en la Casa Blanca para su segundo mandato. Se espera que el desequilibrio presupuestario supere este año los dos billones de dólares, cerca del 6% del PIB.

Estados Unidos nunca ha debido tanto dinero. La cifra exacta asciende a 40.047.425.768.420 dólares. Y, según el departamento que dirige el ministro de Finanzas, Scott Bessent, “esa cantidad es el monto total de los préstamos pendientes del Gobierno Federal de los Estados Unidos acumulados a lo largo de la historia del país”.

Por tanto, el elevado volumen de deuda no se puede achacar solamente a Trump. También aumentó a gran ritmo bajo el mandato de Joe Biden. El demócrata lanzó ingentes planes de gasto e inversión para sostener la economía en plena crisis de la covid-19 y el azote inflacionario posterior, que alimentaron el endeudamiento.

“Cuarenta billones de dólares de deuda no existen únicamente en los libros de contabilidad del gobierno; se sienten en toda la economía y, de una forma u otra, acaban repercutiendo en los bolsillos de la gente”, aseguró Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista.

“Cuanto más nos endeudamos, más exacerbamos la inflación, más dejamos de lado otras prioridades en el presupuesto y más vulnerables nos volvemos ante emergencias internas y turbulencias en el extranjero”, dijo MacGuineas.

El nivel de endeudamiento: 124% del PIB.

El dato por sí mismo es poco representativo. Para determinar su importancia, se suele comparar con el tamaño de la economía. La deuda bruta representa el 124% del PIB de Estados Unidos, el mayor nivel desde, al menos, la Segunda Guerra Mundial.

Además, los 40 billones de dólares corresponden a la deuda bruta, que recoge la deuda pública neta o deuda interna y la deuda intragubernamental. Para equiparar la salud financiera de un país, los analistas, expertos y organismos internacionales suelen tomar como referencia la deuda neta en manos de los inversores que en Estados Unidos asciende a 37,64 billones de dólares, el equivalente al 99% del PIB. El resto, unos 7,7 billones, corresponde a deuda de los estados y diferentes departamentos federales.

Para hacerse una idea, la deuda pública española comparable es de 1,5 billones, que representan el 89% del PIB.

El rápido crecimiento de la deuda estadounidense es un problema que ha desatado la preocupación de los analistas. El coste de financiación de la deuda pública de Estados Unidos se elevará este año hasta los 1,4 billones y se espera que en dos años supere a la Seguridad Social como el mayor gasto del gobierno.

La situación alimenta las dudas de los inversores, que empiezan a exigir más rentabilidad por comprar los bonos del Tesoro para que Estados Unidos pueda financiarse. Precisamente, este miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que duplicaría las recompras de deuda pública en los mercados secundarios para inyectar liquidez al sistema y rebajar los costes de la deuda, que terminan repercutiendo también en los tipos exigidos para las hipotecas y los préstamos para coches o estudios que financian las familias estadounidenses.

Por ese motivo, el presidente estadounidense lleva meses intentando presionar a la Reserva Federal para rebajar los tipos de interés. Este miércoles ha vuelto a lanzar un mensaje para el nuevo gobernador de la Fed, Kevin Warsh: “Ahora, cuando anunciamos buenos números, lo que estamos haciendo todo el tiempo, siguen elevando las tasas de interés, porque tienen tanto miedo a la inflación”, dijo el presidente estadounidense en referencia al aumento de los rendimientos de los bonos.

“Y no deberían. Deberían permitir que las tasas de interés bajen”, apostilló. Trump añadió a preguntas de los periodistas sobre el aumento de los bonos: “Creo que tenemos un país muy poderoso y estamos superando estas tasas de interés ridículas; son ridículas. Miren, cuando nuestro país es fuerte, las tasas de interés deberían bajar”.

La inquietud por la deriva de la deuda estadounidense no es nueva. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en sus siglas en inglés), que se encarga de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, advirtió a principios de año sobre el asunto. “Nuestras proyecciones presupuestarias siguen indicando que la trayectoria fiscal no es sostenible”, avisó Phillip Swagel, director de la CBO. “Entre 2026 y 2036, los grandes y crecientes déficits públicos provocarán un aumento de la deuda”, augura el organismo en el documento.

“La deuda federal en manos del público sube del 101% del PIB este año al 120% en 2036, superando su anterior máximo del 106% del PIB en 1946″, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, añadió.

*Corresponsal de El País de España en Washington

Petrolera vinculada a Trump perforará en Groenlandia

Una petrolera estadounidense vinculada al presidente Trump, llamada Greenland Energy, se prepara para perforar en Groenlandia sin autorización local. La empresa desembarcó recientemente equipos de perforación en la costa este de Groenlandia, mientras el presidente Trump reitera sus amenazas de apoderarse del territorio ártico. El gobierno de Groenlandia emitió una «severa advertencia» de que no se había otorgado ningún permiso. La Autoridad de Recursos Minerales de la isla debe aprobar todas las operaciones logísticas futuras antes de que se lleven a cabo, según informaron las autoridades.

Mientras el presidente de Estados Unidos renueva sus amenazas de reclamar el vasto territorio ártico, en los últimos días se han desembarcado en la costa oriental de Groenlandia materiales para preparar las perforaciones.

Esto ha llevado al gobierno de Groenlandia a emitir una «severa advertencia» de que no se había otorgado ninguna autorización para el desembarco del equipo. «Todas las cuestiones logísticas futuras deben ser consultadas y aprobadas por la autoridad de recursos minerales antes de llevarse a cabo», declaró el gobierno en un comunicado . Dos días después, Trump publicó su último mensaje amenazante en Truth Social, mostrándose a sí mismo dominando una aldea de Groenlandia.

Los directivos de Greenland Energy, una empresa texana fundada el año pasado, afirman que podría haber un billón de dólares en crudo bajo la región de Jameson Land. Anunciaron planes para invertir 60 millones de dólares en la perforación de dos pozos para averiguarlo.

Aunque Groenlandia dejó de emitir nuevas licencias petroleras en 2021 por motivos medioambientales, una empresa británica llamada 80 Mile había obtenido derechos de exploración en Jameson Land. Según los documentos corporativos de Greenland Energy, la empresa adquirirá una participación mayoritaria en el proyecto a cambio de financiar la exploración, si bien aún necesita la autorización del gobierno para proceder.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, lanzó un mensaje que causó estupor entre los defensores del medio ambiente: «¡Perforar y perforar!». El presidente estadounidense dejó claro que su objetivo era sacarle a la tierra todos los recursos posibles, sin reparar en los efectos secundarios de esa explotación. Y ha cumplido. Y no sólo en su país.

En aquel inicio de su segundo mandato, el líder republicano reclamó además el control sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Para Trump, este inmenso suelo helado es un tesoro lleno de minerales para sus industrias. También quiere alcanzar este objetivo. El Gobierno groenlandés acaba de lanzar una «seria advertencia» por la presencia en la isla de una empresa petrolera norteamericana vinculada al magnate, Greenland Energy, dispuesta a perforar allí sin permiso de las autoridades locales.

Bajo el manto blanco de la isla hay enormes reservas de oro negro. Este verano ha desembarcado en la costa oriental un delegación de esta compañía con material para preparar las perforaciones, según informa el diario ‘The Guardian’. Atónito, el Gobierno de Groenlandia la lanzado una alerta sobre esta inesperada acción. «Todas las cuestiones logísticas futuras deben ser consultadas y aprobadas por la autoridad de recursos minerales antes de llevarse a cabo», recordó el Ejecutivo. A esa advertencia, Trump respondió con una imagen en su red digital, Truth Social, en la que aparece como si fuera el dueño de la isla.

Aunque Groenlandia dejó de emitir nuevas licencias petrolíferas en 2021 por motivos medioambientales, la compañía británica 80 Mile Plc ha obtenido derechos de exploración en la Tierra de Jameson, una península situada en el este. Greenland Energy adquirirá una participación mayoritaria en el proyecto a cambio de financiar la exploración. Pero aún no cuenta con permiso de la administración groenlandesa.

Pese a todo y con el apoyo de Trump, empleados de la compañía tejana –creada en 2025– ya están en la isla preparando el terreno. Cuentan con un presupuesto de 50 millones de dólares para perforar dos pozos y así averiguar si son ciertas las prospecciones de hablan de un yacimiento cuyo valor podría alcanzar cientos de miles de millones.

El presidente de EE UU ha colocado en la compañía a un militar que trabaja en el plan de defensa antimisiles

Un enorme botín. Trump olfatea el negocio y ha puesto su maquinaria a funcionar. Al más puro estilo americano, Greenland Energy ha contratado a Phil McGraw, un conocido presentador en cadenas conservadoras, para realizar una serie documental sobre esta misión de búsqueda. Conocido como ‘Dr. Phil’, es un viejo conocido de Trump, al igual que el presidente de la empresa, Larry Swets.

Todo guarda relación con el inquilino de la Casa Blanca. La compañía tejana ha incorporado en su equipo directivo a un veterano de la Marina estadounidense que forma parte del proyecto ‘Cúpula Dorada’, el sistema de defensa antimisiles. El presidente de EE UU recuerda a menudo que su interés por Groenlandia pasa también por establecer un muro defensivo en la isla ártica para disuadir a China y Rusia. «Por eso controlar Groenlandia es vital», argumenta.

Explotación prevista para 2027

Y así, sin autorización del Gobierno de la isla, un remolcador arrastró un barco hasta la costa de la Tierra de Jameson, donde «dejó una docena de contenedores con material para realizar perforaciones de exploración», según denuncian las autoridades locales. El medio danés ‘Danwatch’ confirmó que el envío tenía como destinatario a Greenland Energy. En una carta enviada a sus accionistas, la empresa estadounidense asegura que «las recientes reuniones de alto nivel entre los responsables del proyecto y las autoridades reguladoras y de supervisión de Groenlandia han sido constructivas, y somos optimistas ante el progreso logrado para obtener las aprobaciones restantes necesarias para la perforación». La compañía dice que solo abrirá un pozo.

Groenlandia es territorio autónomo de Dinamarca y entre sus competencias figura la gestión de los recursos naturales. Trump ha colocado a sus gobernantes entre la espada y la pared: pueden autorizar la exploración en una zona protegida por el valor ecológico de sus humedales o negarse a tramitar el permiso y enfrentarse al magnate neoyorquino, que desde que recuperó el poder ha repetido que esta isla formará parte de Estados Unidos por las buenas o por las malas, pese que esa segunda opción supondría una agresión a Dinamarca, aliado en la OTAN.

Greenland Energy no espera. Un mercante con 300 contenedores cargados con equipos de perforación zarpará desde Canadá el 12 de septiembre. El inicio de la perforación está previsto para octubre. La hoja de ruta ya está trazada. Jeff Landry, el enviado de Trump para Groenlandia, ha anunciado que el bombeo de petróleo podría comenzar en 2027.