Elecciones en Colombia: Continuidades y desafíos

La primera vuelta electoral en Colombia fue una nueva evidencia de la falta de transparencia y justicia del sistema colombiano, que ha funcionado como una herramienta de poder para las élites. Sus resultados permiten ver cómo la señalada polarización actual no es un fenómeno aislado sino un síntoma de profundas desigualdades sociales no resueltas.

 En síntesis, este proceso electoral representa la continuación de la disputa entre la preservación del statu quo y la búsqueda de paz con justicia social.

En clases de teoría política se aprende que entre las características de las elecciones en democracia están el ser transparentes, justas, en el sentido en que las reglas son iguales para todos los actores y, sus resultados deben ser impredecibles; básicamente por las anteriores características. Sin embargo, un análisis de las elecciones en Colombia a partir del Frente Nacional muestra cómo las mismas no suelen tener ninguna de esas características.

No son transparentes, en el sentido de que prevalece información opaca como la referida al monto y las fuentes de financiación, entre otros aspectos. No son justas, porque el sistema electoral ha sido una herramienta de las élites en el poder para evitar los éxitos de fuerzas políticas del espectro político de izquierda, de carácter popular o regional; y, finalmente, en muchas ocasiones han sido bastante predecibles, basta mirar que entre el 2002 y hasta el 2014 y luego entre 2020 y hasta el 2024 los sectores políticos pertenecientes al Uribismo han ganado las elecciones presidenciales.

Hay que señalar también que en el lapso entre 2014 y 2020, en el que Santos, ya enfrentado al uribismo, ganó su reelección pero perdió el plebiscito, de modo que en esa ocasión los sectores alternativos, comprometidos con la paz y de izquierda perdieron también la esperanza de un pacto colectivo alrededor de la construcción de paz. Y este breve contexto no sólo es válido en clave de proponer un análisis que supere el cortoplacismo o esa tendencia tan común a ver cada elección de manera independiente, como la definitiva y definitoria, pero además como un escenario sin precedentes.

Los problemas del sistema electoral

Los sistemas electorales han sido objeto de investigación desde la ciencia política y uno de los autores más pedagógicos para comprender su funcionamiento en clave comparada es Dieter Nohlen (1998) quien los definió como el procedimiento para la emisión de los votos y la distribución de los cargos con base en ellos. Es importante señalar que hay múltiples tipos de procedimientos y su adopción depende de objetivos políticos, es decir, parte de su definición no es su neutralidad sino que abiertamente se usa con propósitos de poder. Por ejemplo, un sistema electoral puede estar constituido por reglas que favorecen a los partidos más grandes y esto llevará a tener menos partidos y a castigar a las minorías políticas.

En el caso colombiano, la adopción de la segunda vuelta, por ejemplo, sigue un sencillo principio: en la primera vuelta se presentan todos los candidatos posibles, lo que permitiría una mejora en clave de inclusión y representación política.

La segunda vuelta, en contraste, trata de neutralizar esa fragmentación de fuerzas en tanto sólo pasan las dos candidaturas que más hayan sacado votos lo cual obliga a concretar alianzas, transar, y en cierto sentido evitar las posiciones extremas que podrían espantar votantes.

Para quienes señalan con preocupación la “polarización política” de las elecciones presidenciales en curso, cabría señalar que no ha sido exclusiva de ellas sino que es una característica propia de un sistema político, como el colombiano, en el que hay características críticas en aspectos como: el sistema de conteo de votos, las regulaciones sobre financiación del campañas, la estructura (o falta de ella) de los partidos políticos, el presidencialismo, la personalización de la política y la animadversión de las élites a los sectores de izquierda, todo lo cual ha jugado un papel clave en las formas como las personas votan.

Todo lo cual suma para que no sea un caso excepcional, del 2026, sino algo que se registra cada cuatro años, de manera particular en las elecciones presidenciales.

En cuanto a los señalamientos de fraude, considero que el sistema político debe seguir trabajando para mejorar los déficits que evidentemente existen, como la falta de transparencia en la contratación y operación de software que recopila la información y establece los resultados, pero también, los relacionados con la dependencia del registro manual del conteo de votos que puede ser por cansancio, ineptitud o mala fe de las personas que integran los jurados de mesas de votación, puede llevar a errores.

En todo caso, considero que la crítica a los procedimientos electorales no necesariamente pone en cuestión la estabilidad institucional ni es antidemocrático, sobre todo cuando Colombia tiene una historia marcada por una supuesta fortaleza institucional que no ha significado ni más democracia ni inclusión política.

En todo caso fue muy particular la alocución del registrador Hernán Penagos al terminar la votación del 31 de mayo que salió, según él, a defender las instituciones y la democracia, mostrando unas elecciones limpias y transparentes en las que participa la ciudadanía, ya sea como votantes o jurados, que no deberían ser cuestionadas. Al oírlo me preguntaba, a quién le estaba hablando y para qué.

Seguramente no a las comunidades rurales que se quedan sin votar porque no se ubican puestos de votación cercanos a sus viviendas; tampoco a aquellas comunidades donde no se instalaron puestos por la violencia del conflicto armado, y menos a quienes les cambiaron sus puestos sin previo aviso y tampoco pudieron votar. La democracia electoral no debería tener que ver únicamente con que se pueda votar en Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, sino que toda persona que quiera hacerlo tenga la libertad, la autonomía y las condiciones materiales para hacerlo, y a eso no aludió el Registrador.

La disputa histórica poder el poder político entre bloques antagonistas

Es importante analizar también lo antes señalado sobre la mala memoria de quienes en este momento se encuentran preocupados por la polarización que evidencian los resultados de las presidenciales. Este análisis se haría corto si sólo se mencionara lo sucedido en el país a lo largo del siglo XX entre los partidos Conservador y Liberal: guerras civiles, terrorismo, cooptación del Estado para eliminar al otro, centralismo, acumulación de tierras y persecución al campesinado, muestras todas sin dudas de un clima político polarizado; pero es evidente que estas “nuevas polarizaciones” tienen otras características.

Para empezar considero que en Colombia no hay una polarización, sino que de hecho hay varias y muchas de ellas no se expresan sólo en elecciones. Por ejemplo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), cerca del 81% de la tierra rural pertenece solo al 1% de fincas de mayor tamaño, mientras que una gran mayoría de campesinos (99%) sobrevive con pequeñas parcelas. Cabe mencionar que solo tres de cada diez propietarios en el campo son mujeres.

Otro ejemplo es que, según datos del Ministerio de Educación (2021), la mayor parte de la oferta de educación superior se encuentra aún en Bogotá: allí están matriculados el 34% del total de estudiantes, en Antioquia el 13,1%, en el Valle del Cauca 7,0%, en Atlántico el 5,3% y en Santander el 5,04%, sumando entre Bogotá y estos 4 departamentos el 64,4% de los matriculados, frente al 35,6% restante en los demás departamentos.

Un último ejemplo de polarización: un informe presentado por The Economist (2026) muestra que el 10% de la población con mayores ingresos concentra cerca del 60% de la riqueza total del país, mientras que el 50% más pobre recibe apenas el 7%.

Estos y otros muchos datos muestran que en Colombia persiste una profunda división social, un antagonismo provocado por una historia de acumulación de capital y poder, que ha dejado atrás a las grandes mayorías sociales, que además no ven en las elecciones un mecanismo de mejora de su vida cotidiana, de bienestar o respeto a su dignidad humana. Muchas personas siguen pensando que la política es una disputa ajena a sus vidas y no tienen el menos interés en participar en elecciones y, de hecho, les da igual quien gane, lo que se refleja en alguna medida en el 42% de personas habilitadas para votar que no acudieron a las urnas (17.443.669 personas).

La polarización entonces trasciende las elecciones y tiene que ver con las promesas no cumplidas del Estado colombiano, de su democracia liberal y de sus élites que, aunque organizadas en distintos partidos, usan todos los medios a su alcance para mantener un statu quo desigual e injusto. Me asombran los análisis que se toman la cabeza por los resultados que muestras candidatos y candidatas que se presentan por el centro político con votaciones mínimas, cuando en realidad este es un escenario ya visto en Colombia. Podemos, por ejemplo, recordar que en las elecciones de 2002 y las de 2006 ni siquiera hubo segunda vuelta porque Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta al obtener más del 50% de los votos válidos (Ver tabla 1).

En las elecciones de 2010, que enfrentaron a Santos y Mockus, la diferencia en la segunda vuelta fue enorme: el primero obtuvo el 69,05% de los votos y Mockus apenas el 27,52%. Las posteriores elecciones muestran escenarios de alta polarización, precisamente porque eso caracteriza al diseño institucional de la segunda vuelta, y tal vez lo que podría verse como ruptura desde 2022 es que un actor de izquierda se posiciona como la principal fuerza política electoral del país con capacidad, incluso, de impedir que un líder oportunista de ultraderecha, cuya financiación es más que opaca, que usa lo peor de las técnicas de propaganda política, incluido el miedo y el fanatismo, ganara en primera vuelta. (Ver tabla resultados históricos de la segunda vuelta en Colombia)

Más allá de las posiciones que se quedan en el argumento de la polarización, los datos históricos nos muestran que las elecciones de 1994, 1998, 2014 y 2022, se definieron por márgenes muy estrechos, y que tal vez no es Petro presidente, ni la campaña de Iván Cepeda los que provocan o abonan la ruptura social, sino una serie de injusticias históricas, entre las que también se incluye la violencia política contra cualquier proyecto político que proponga medidas de justicia social, reparación histórica, o la construcción de un país menos desigual y jerárquico.

Mirada territorial a los resultados

La distribución territorial de los resultados del 31 de mayo pasado, como lo han señalado varias fuentes, es muy similar a lo arrojado por los resultados del plebiscito por la paz de 2016. Eso muestra que el Pacto Histórico sigue representando la fuerza política que en medio de todas las dificultades, y también cometiendo muchos errores, sigue comprometido con la paz. Iván Cepeda consiguió la victoria en 18 departamentos, con apoyos bastante altos en Chocó y Vaupés con 75%, Cauca y Nariño con 68%, y ganando plazas clave como Bogotá con el 41% y Valle del Cauca con 53% (Ver mapa).

Por otro lado, Abelardo de la Espriella resultó ganador en 14 departamentos, con amplia ventaja en regiones como Antioquia con un 54%, Casanare con 61% y Norte de Santander con un 70%. La candidata oficial del Centro Democrático Paloma Valencia, tercera en votación, no logró la mayoría de los votos en ninguno de los departamentos.

No se deberían dejar de lado los resultados de Norte de Santander, donde se ubica la región del Catatumbo duramente golpeada por el escalamiento del conflicto armado durante este gobierno, en la que De La Espriella sumó el 70% de los votos. Casi por oposición se encuentra el departamento de Cauca departamento que también ha sido fuertemente afectado por múltiples hechos de violencia en los últimos meses donde Cepeda obtuvo 68% de los sufragios.

En otros departamentos se evidencian disputas cerradas, como en el Cesar que prácticamente presenta un empate técnico en términos de porcentaje (46% ambos), aunque Cepeda lidera por un margen mínimo de votos (224,457 frente a 223,840). Una situación similar ocurre en San Andrés, donde la diferencia es de apenas un 1 punto porcentual.

En estas circunstancias, la disputa en segunda vuelta sigue abierta y se hará necesario observar las dinámicas de campaña, los discursos y los debates públicos para convocar a quienes votaron en blanco, a quienes se abstuvieron y a quienes votaron por otros candidatos para intentar, a través de este imperfecto sistema político, seguir avanzando en la construcción de un país más justo para los pueblos étnicos, el campesinados, las mujeres, las juventudes y las disidencias sexuales, las personas con discapacidad y todos aquellos colectivos sociales para quienes la político no es un asunto de cada cuatro años sino la diferencia entre vivir o morir, entre seguir en guerra o continuar en el arduo pero necesario camino de construir la paz con justicia social.

* Doctora en Filosofía, Politóloga y Magister en Estudios Políticos.  Publicado en Otra Mirada